Notas para un acuerdo institucional

PRÓXIMOS A LAS CUARTAS ELECCIONES GENERALES CONSECUTIVAS

Notas para un acuerdo institucional

Por César Azabache Caracciolo

Los últimos 45 años de nuestra historia muestran un proceso limitado de creación de reglas fundamentales de verdadera vigencia práctica en la formación de nuestro tejido institucional. Así, la libertad de prensa emergió como respuesta normativa a la dictadura de la década de 1970.

La conservación del equilibrio macroeconómico y la primacía de la libre competencia fueron resultado del final de la crisis de la segunda mitad de la década de 1980, pero el proceso de formación de reglas verdaderamente aceptadas por todos concluye allí.

La transición iniciada a fines del 2000 no transformó el cierre de la década de 1990 en plataforma para verdaderos consensos prácticos sobre derechos humanos y la lucha anticorrupción. Los últimos 15 años de nuestra historia muestran una parálisis institucional sorprendente, si tomamos en cuenta que estamos por entrar, por primera vez en todo el período, a las cuartas elecciones generales consecutivas.

Vamos entonces atrasados en el proceso de formación de consensos prácticos. Y esto es grave. Los acuerdos institucionales no se imponen al azar. Se cimientan unos sobre otros.

La imposición de reglas de transparencia en el financiamiento de la política, la cuestión institucionalmente más importante que ha surgido en este último año, requiere claridad sobre el alcance de las prohibiciones asociadas con la lucha anticorrupción. Y la expansión del sistema judicial hasta niveles municipales, condición imprescindible para estabilizar nuestra crisis de seguridad ciudadana, necesita una plataforma clara sobre el alcance de los derechos humanos.

Estamos exhibiendo una cuota alta de incapacidad para desarrollar nuestro sistema institucional. En lugar de aprovechar el poco tiempo que nos queda antes de las elecciones, estamos sobreconcentrados en las consecuencias judiciales de los últimos escándalos que se han acumulado sobre la mesa.

Sin duda, los casos en discusión (‘Petroaudios’, Facundo Chinguel, Ecoteva, Daniel Urresti y Nadine Heredia, especialmente) tendrán algún final con alguna cuota de polémica. Sin embargo, las condiciones institucionales que han provocado estos casos no serán restablecidas por los tribunales. Tienen que ser establecidas por la comunidad en un proceso aún pendiente de revisión de los fundamentos institucionales de nuestra coexistencia.

No creo, honestamente, que esa especie de guerra desatada entre “buenos” y “malos” en la que estamos cayendo contribuya en absoluto a fijar fundamentos institucionales útiles para salir del entrampamiento en el que estamos. Pienso que ayuda más un acuerdo amplio en favor de la estabilidad del sistema que fije la manera de cerrar las cuestiones pendientes en materia de derechos humanos sin excluir a nadie.

Además, que liste los compromisos anticorrupción que deben poner fin a olas de casos como las que resultaron de la intervención a los gobiernos regionales y a la organización de Rodolfo Orellana. También que defina de manera clara los términos en que de aquí en adelante se relacionarán el dinero y la política, y ofrezca las explicaciones y pedidos de perdón que necesitamos para despejar las enormes dudas generadas en el último año de este ciclo.

Necesitamos pasar la página en que estamos atorados, no con un borrón y cuenta nueva, sino con una actitud que quiebre ese clima de cinismo y agresión que se está impregnando en nuestra comunicación institucional. Lo que tenemos entre manos es una crisis de dimensiones impresionantes. Los tribunales no sirven para resolver crisis de este tipo. Para eso se ha inventado la política.


Publicado en El Comercio el lunes 28 de septiembre del 2015

Entrevista en N Portada sobre el Caso Martín Belaúnde y la Comisión Investigadora López Meneses

César Azabache se presentó en el programa N Portada de Canal N, junto al analista político Ricardo Vásquez, para comentar el último escándalo del ministro de Justicia Daniel Figallo.

"A mi me parece un comportamiento totalmente inapropiado", señaló Azabache sobre la reunión entre el ministro Figallo y el fiscal .

Azabache señala que el procurador Christian Salas nunca debió hablar de convenios de colaboración eficaz en público. También explicó que Yeni Vilcatoma es una procuradora adjunta y ella tiene un jefe que es un procurador quien debió poner las cosas en orden. "Donde está el procurador en esa escena", agregó Azabache.

Azabache también comentó la próxima presentación del Informe Final de la Comisión Investigadora López Meneses del Congreso de la República. Señaló que falta aclarar cuando debe actuar la Fiscalía y cuando la Comisión Investigadora, porque se dispersa la información.

Entrevista en Buenos Días Perú sobre el caso Martín Belaúnde

César Azabache comenta en el programa de Panamericana Televisión que Martín Belaúnde no es sujeto a colaborador eficaz, explicando que un colaborar es generalmente alguien anónimo, quien va a pedir cambio de nombre, protección y que debe ser protegido por el fiscal. Señaló que Martín Belaúnde está involucrado en los casos de la Centralita, Madre de Dios y Antalsis.

"El éxito de un proceso de colaboración eficaz guarda relación inversamente proporcional con la publicidad del colaborador y con la dependencia de sus declaraciones en el futuro", señaló Azabache

Fondos de origen incierto

EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA

Fondos de origen incierto

Por César Azabache Caracciolo

El inicio del ciclo anticorrupción en el que estamos involucrados ha puesto en evidencia el nivel de corrosión que el lavado de activos causa en el sistema institucional. Los desfalcos que generaron la crisis por corrupción de finales de la década de 1990 y los que están en la base de la actual crisis regional han sido posibles porque existe entre nosotros un mercado extenso que ofrece alternativas de inversión y consumo clandestino con bajos riesgos legales a los tenedores de fondos de origen incierto. Si queremos romper el ciclo que conduce a la repetición de crisis como la actual, tenemos que intervenir ese mercado con urgencia.

Como es evidente, dentro de ciertos márgenes, el dinero disponible impulsa el desarrollo de intercambios. Y si el dinero es clandestino, los intercambios que impulsará serán también clandestinos. Los sobornos se pagan con dinero negro, que debe ser lavado en actividades cuyo encubrimiento requiere nuevos sobornos. Los terrenos invadidos en todas las zonas periféricas de Lima se compran y venden con dinero de origen y destino invisibles, y los fondos acumulados por estas transacciones son reinvertidos sin dejar rastro. Las fuerzas de choque que se contratan para organizar invasiones y para repelerlas se pagan con fondos de origen incierto, y las extorsiones y secuestros que refuerzan nuestra inseguridad tienen como víctimas a tenedores de dinero en efectivo. Agreguemos a la relación el narcotráfico y la minería informal, además de la expansión del sicariato y tendremos casi completa la escena sobre la que estamos instalados.

Hace un año, antes de la crisis de los gobiernos regionales, la Fiscalía de la Nación estimaba que el mercado de circulación de fondos clandestinos absorbía anualmente un volumen equivalente al tercio de la recaudación pública por impuestos (US$ 10mil millones, más del 5% del PBI). Es imposible neutralizar la expansión de un mercado de estas dimensiones solo organizando casos legales de impacto limitado. El asunto, sin duda, debe ingresar a la agenda de economistas y expertos en políticas públicas.

Por lo demás, los expertos en estos asuntos dan cuenta ya de un menú de medidas de impacto directo en prueba. Entre ellas está la oferta intensiva de cuentas de ahorro y de herramientas para manejar dinero desde aparatos móviles; la creación de planes promocionales para captar fondos y canalizar pagos y la flexibilización del sistema de garantías y créditos de bajo costo. En paralelo, por cierto, parece urgente retomar los esfuerzos iniciados en la década de 1980 por ordenar los registros que validan la propiedad inmobiliaria.

En el medio de estas discusiones, urge considerar un ciclo de amnistías tributarias y penales que refuerce la absorción de fondos de origen incierto por el sistema formal. Un período de amnistía semejante al que se emplea para desmovilizar guerrillas debe ser secundado después por una reforma legal que simplifique las leyes para comenzar a sancionar, de manera abierta, clara y sencilla, la tenencia de fondos de origen incierto. Para eso habrá que abandonar fórmulas legales de uso ambiguo como la referencia a los llamados delitos previos que rige actualmente, que ha mostrado en nuestra práctica servir solo para multiplicar las confusiones y perder de vista la cuestión que las leyes penales deben ayudar a combatir: la tenencia y circulación de fondos de origen incierto.

Publicado en El Comercio el lunes 24 de noviembre del 2014

El hombre más buscado llegó como si nada en un taxi al juzgado

El Comercio Perú 

Tema del día

14 de Noviembre 2008

Ex ministro aprista se entregó luego de 38 días de clandestinidad. Durmió en la carceleta judicial y hoy será llevado a un penal de Lima

Por Luis García Panta / Mario Mejía Huaraca / Alberto Villar Campos / Gerardo Caballero

Después de 38 días de haber esquivado la justicia, y luego de un infructuoso plan de la Policía Nacional para capturarlo (incluida una recompensa pecuniaria), el ex ministro aprista Rómulo León Alegría se puso ayer a derecho ante el Tercer Juzgado Especial de Lima que despacha Jorge Barreto Herrera, en la sede de los juzgados anticorrupción, en Lince. León lucía más delgado, tenía barba y llevaba lentes oscuros.

Su sorpresiva aparición se produjo a eso de las 2:15 de la tarde y desconcertó a los pocos periodistas que aguardaban su llegada a esa sede judicial, anunciada dos días antes a algunos medios por uno de sus abogados.

El cuestionado ex funcionario, acusado de favorecer a una empresa extranjera en la adjudicación de cinco lotes petroleros, llegó en un taxi acompañado por Eduardo Roy Gates, hijo del abogado penalista Luis Roy Freire y segundo miembro de su defensa. En ese mismo momento, Roy Freire declaraba a la prensa en las escaleras del recinto jurídico, ubicado en la cuadra 26 de la avenida Arenales.

Sin dar declaraciones, León Alegría ingresó junto con sus abogados, custodiado por personal de seguridad del edificio, que evitó en todo momento el ingreso de la prensa.

Una hora y media después, en medio de estrictas medidas de seguridad, el ex ministro aprista fue llevado a la carceleta del Palacio de Justicia, donde pernoctó, debido a que el Consejo Técnico Penitenciario de esa entidad, encargado de decidir a qué penal debía ser trasladado, había concluido ya su jornada laboral. Hoy León Alegría podría ser trasladado al penal de procesados primarios de Lima (antes San Jorge) o al penal Miguel Castro Castro.

Horas antes de su aparición, Roy Freire había señalado que la entrega de León Alegría no podía darse, pues no existían las garantías suficientes para su patrocinado.

Por la mañana, el abogado llegó a los juzgados anticorrupción con el fin de averiguar el resultado de la apelación solicitada para cambiar el mandato de detención del ex ministro aprista por el de comparecencia.

EN NOMBRE DE LOS HIJOS

"Me entrego por mis hijos, en especial por haber afectado la carrera política de mi hija Luciana. Pensé en hacerlo desde hace días, pero el abogado dilató mi entrega. Nunca salí de Lima, todo este tiempo estuve en un escondite en San Juan de Lurigancho", dijo Rómulo León Alegría a uno de los agentes de la Policía Judicial que lo trasladó. El oficial narró que León se mostró muy arrepentido y afectado por todo lo que se dijo en su contra, en especial, porque se vinculó a sus hijos en los presuntos actos de corrupción por los que se le juzgará.

Rómulo León Romero acudió a la sede judicial de Lince y respaldó la decisión de su padre de entregarse a la justicia. Asimismo, dijo haber ignorado en todo momento el paradero de su progenitor y manifestó su confianza en que la justicia demostrará su inocencia. Finalmente, señaló estar preocupado por el estado de salud de León Alegría.

EL HOMBRE MÁS BUSCADO

Rómulo León era el hombre más buscado del país. Tras él estuvieron más de cien agentes de la Policía Judicial, de Anticorrupción, de la División de Investigación de Secuestros y de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Desde que el 6 de octubre el juez Barreto dictó orden de detención en su contra, los agentes buscaron al ex funcionario estatal en 20 domicilios de la capital. Varios grupos de policías se movilizaron también a Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huacho y, en los últimos días, a Huancayo.

En todas esas ciudades, la Policía Nacional tenía pistas de su paradero. Hace unas semanas, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de S/.100 mil a quien diera pistas o información sobre el lugar donde se encontraba el ahora procesado.

CRONOLOGÍA

4Un Gabinete entero cayó

[5 de octubre]

Fernando Rospigliosi presenta cuatro audios en los que Alberto Quimper y Rómulo León Alegría negocian la adjudicación de cinco lotes petroleros a Discover Petroleum.

[7 de octubre]

El ex director de Perú-Petro Alberto Quimper Herrera es detenido por orden del Juzgado Anticorrupción.

[8 de octubre]Sesión del Gabinete Ministerial en pleno, en el cual sus integrantes ponen sus cargos a disposición del presidente.

[10 de octubre]El presidente Alan García acepta la renuncia del Gabinete Ministerial en pleno. El reemplazante de Jorge del Castillo sería Yehude Simon. La Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas solicita a la Fiscalía Anticorrupción la detención o arresto domiciliario del abogado Ernesto Arias Schreiber.

[17 de octubre]Rómulo León envía un video a diferentes canales de televisión con sus descargos.

[23 de octubre]El Congreso crea una comisión para que investigue sobre interceptaciones telefónicas.

[7 de noviembre]Palacio de Gobierno difunde una carta enviada por Rómulo León a Alan García en su desesperación por acercarse al mandatario.

EL PERFIL

Los antecedentes del ex ministroNació el 7 de octubre de 1946, en Trujillo. Estudió Sociología. Durante el primer gobierno de Alan García fue diputado por Lima y ministro de Pesquería.

En junio de 1988, el entonces diputado Fernando Olivera lo acusó de cobrar coimas, lo cual desencadenó una trifulca. El 15 de abril de 1991 fue acusado constitucionalmente por irregularidades en la construcción del muelle pesquero de Chimbote.

El 20 de octubre de 1994 fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

RÓMULO LEÓN ALEGRÍA. EX MINISTRO APRISTA DEL CONSULTOR

Simplemente, un prófugo*

El Caso León Alegría, con las distancias que hay que salvar, ha repetido en nuestro imaginario colectivo varias de las estampas que dejó Montesinos.

Si al video de Kouri siguieron cientos de videos, no todos relevantes, al audio de León siguieron otros, no todos útiles. Si fugó Montesinos, fugó también León. Si la fuga de Montesinos llevó la atención de todos hacia su pareja sentimental, la fuga de León dejó expuestos a los hijos. Si tanto se repiten las cosas, esperemos que ahora no terminemos revistiendo al prófugo con esa aura mítica de pitoniso atesorador de verdades ocultas que tan ingenuamente concedimos a Montesinos, al que por un tiempo dejamos jugar a ser el factor que separaba (o pretendía separar) la verdad de la mentira en lo que a corrupción se refería. La fuga crea tres efectos perversos: el prófugo incrementa su imagen de poder, porque muestra que nadie es capaz de encontrarlo. Crea una estela de víctimas que confunden al espectador, porque las arbitrariedades o excesos que se imponen a su familia y a su entorno dañan la imagen de seriedad del caso en su contra. Lo que es más grave, crea expectativas desproporcionadas sobre lo que vaya a decir, y esas expectativas pueden hacernos olvidar cuál es su papel en la historia: el de un prófugo. Nada más.

* César Azabache Caracciolo. Ex procurador anticorrupción

La corrupción y sus pruebas

Entre corrupción e intromisión

César Azabache Caracciolo

En estos días se ha registrado una denuncia especialmente grave asociada a grabaciones privadas de conversaciones aparentemente sostenidas entre abogados locales. La trascripción de las cintas parece mostrar diálogos sobre aparentes pagos ilegales hechos a Magistrados del judicial. La reacción ante el hecho ha sido de alarma y la fiscalía ha iniciado ya una investigación formal sobre los hechos.

La denuncia ha caído en medio de un momento de profundo desconcierto. La comunidad siente que las autoridades no son confiables y que el sistema se ha vuelto demasiado vulnerable a presiones ilegales. Imperceptiblemente, la desesperación que esto provoca está generando un clima de tolerancia a prácticas repudiables como la intromisión en comunicaciones telefónicas y electrónicas de terceros. Aparentemente estamos ante un dilema: ¿No es ilegal entrometerse en comunicaciones de terceros? ¿Pero vamos a renunciar a enfrentar al monstruo de la corrupción por simples detalles legales? ¿Toleramos la corrupción o toleramos el uso de procedimientos ilegales para obtener pruebas contra ella? Más de uno se sentirá tentado a reclamar el derecho de todos a que se use los medios que estén a nuestro alcance para llevar a juicio a quienes aparecen registrados en conversaciones sospechosas. Pero ¿Es la intromisión el camino correcto? Finalmente ¿No fue eso lo que hicimos para enfrentar a la organización de Montesinos?

Primero aclaremos las cosas. Las cintas de Montesinos no eran grabaciones de comunicaciones de terceros. Eran el registro de las reuniones que el propio Montesinos celebró. Puede parecer una sutileza, pero no es lo mismo usar las pruebas que un acusado genera de su propio comportamiento que entrometerse sin autorización de un Juez en comunicaciones de terceros. Las intromisiones privadas son una cosa distinta al registro de los actos propios.

Hablamos entonces de intromisiones privadas en comunicaciones de terceros. Cuando la intromisión halla las pistas de un delito grave, la comunidad tiende a ver con tolerancia lo ocurrido. Pero quienes intentan salvar el uso de cintas como las que se han difundido en estos días olvidan que la intromisión no se genera en un solo día ni con un solo acto. La obtención de esas grabaciones supone la puesta en marcha de un complejo negocio particular que consiste en montar equipos de escucha e intromisión electrónica, obtener la información necesaria para iniciar la vigilancia, ubicar el fragmento que se puede difundir y cobrar dinero por el resultado. Como se trata de un negocio, el éxito de cada caso promueve el consumo del producto en el mercado, incrementa la demanda y eleva los precios del servicio. Y como el mercado se orienta por las ganancias, es imposible no descubrir que la promoción comercial de este tipo de servicios alienta la competencia, es decir, la aparición de nuevas firmas ofertando el mismo producto. Y como los productos exitosos tienden a expandir su mercado de referencia, de los casos de corrupción pasamos de inmediato a los divorcios y al espionaje industrial y de negocios. Y con cada “descubrimiento” tolerado, nuevas ganancias para el mercado ilegal de las intromisiones.

Admitir el uso legal de grabaciones de conversaciones de terceros implica autorizar el desarrollo de un mercado ilegal de intromisión en la privacidad. Cada vez que toleramos el uso de cintas como las recientemente difundidas multiplicamos las probabilidades de nuevas grabaciones. Y no están expuestos solo quienes cometen delitos o tienen algo que ocultar. También están expuestos quienes negocian con valores bursátiles, descubren procedimientos de industria o simplemente prestan servicios en una empresa que se puede sentir amenazada por un sindicato. En todos los casos el producto es el mismo y se legitima en el mercado de la misma manera: Cortando el camino difícil, pero más estable, de los procedimientos legales.

¿Deben detenerse las investigaciones iniciadas? No, pero las autoridades deben ser capaces de continuar las pesquisas por otras vías, sin enviar a la comunidad un mensaje que aliente el uso de este tipo de servicios.

La función de la ley es alentar los comportamientos regulares y desalentar el uso de marcados ilegales. El sistema legal debe demostrarnos a todos que no es inútil. Pero también que no se contradice a sí mismo.

El debate que comienza

El debate que comienza

César Azabache Caracciolo

Sería impertinente que Fujimori abriera su caso proclamando su inocencia. Los tribunales de extradición no actúan como tribunales penales, de modo que a ellos no les corresponde discutir si el requerido es o no culpable de los cargos por los que se le acusa. Los tribunales de extradición actúan como una suerte de cortes de audiencias preliminares, en las que se discute si el Estado requirente tiene o no derecho a llevar a juicio al requerido. Y este derecho no depende de que tenga ya ganado el caso, sino de que pueda exhibir razones para intentarlo.

            La pregunta básica del proceso es entonces esta: ¿Una fiscalía chilena haría lo mismo que las fiscalías peruanas si tuviera ante sí la misma cantidad de pruebas en contra de un ex mandatario?

            Las teorías legales que Fujimori ha exhibido hasta este momento no van a servirle en este debate. Su defensa ha sostenido, con diferentes matices, que en el Perú Fujimori sería condenado aunque no lo merezca, sin contar con ninguna oportunidad real de defensa. A favor de esta teoría Fujimori puede exhibir –no reconocerlo sería, en mi opinión, un acto de ceguera- una limitada, pero importante lista de medidas judiciales y parlamentarias innecesarias, confusas, difíciles de explicar o discutibles, las más visibles adoptadas en perjuicio de algunas personas que conformaron su gobierno o su bancada  parlamentaria ¿Alcanza esto para demostrar que los casos contra el ex mandatario son insostenibles? Sinceramente, no lo creo. El sistema anticorrupción tiene, como todo sistema judicial, un importante número de asuntos discutibles y errores que deben asumirse. Pero de ahí a considerarlo algo semejante a los tribunales sin rostro, hay una enorme distancia.

Se discute si los tribunales anticorrupción ofrecen verdaderas posibilidades de defensa a los acusados. Al margen de mi propia opinión, creo que el debate es impertinente en este caso. A consecuencia de su condición de ex mandatario Fujimori no está requerido por estos tribunales, sino por la Corte Suprema. La misma Corte Suprema, hay que decirlo, que acaba de absolverlo en el caso Mobotec, que ha admitido a debate las objeciones de su defensa contra los abogados de oficio y que ordenó su detención sólo después del levantamiento de su inmunidad y de su autoexilio en el Japón. En estas condiciones, creo, es difícil que un tribunal imparcial admita que su detención o los procesos en su contra son exclusivamente resultado de venganzas políticas.

Pero además ¿podría algún tribunal en el mundo poner en duda que un Estado tiene derecho a llevar a juicio a un ex mandatario cuando su principal asesor ha terminado envuelto en crímenes como los que cometió Montesinos? Montesinos no ha sido acusado por uno o dos fraudes, sino por casos que van desde desviaciones sistemáticas de fondos del Estado hasta violaciones a los derechos humanos, y comprenden un periodo que cubre casi una década ¿Puede el principal asesor de un mandatario hacer todo esto sin involucrar al Jefe de Estado?

El debate no es sencillo. Esta cuestión estuvo en la base de los casos Pinochet y Contreras en Chile; ha estado en al base de los casos de la dictadura Argentina; está en la base de los principales juicios contra los ex mandatarios de Ruanda y Yugoslavia y es la principal cuestión a discutir en los juicios por corrupción en todo el mundo ¿Qué tiene que probar el Estado? Que en el derecho comparado existen reglas claras y precisas que permiten llevar a juicio a un ex mandatario en estas circunstancias; que las reglas de derecho penal vigentes en el Perú para estos casos (en nada semejantes a los de Borobbio y Calmell del Solar por cierto) no son esencialmente distintas a las chilenas, y que la cantidad de pruebas que hasta ahora se ha reunido en contra del ex mandatario responde los estándares habituales que exige el derecho comparado para llevar a juicio a un ex mandatario.

En estas condiciones, aunque no se juegue aquí la partida final, esta vez las dos partes de la controversia se juegan la primera batalla por el reconocimiento definitivo de su credibilidad internacional.

¿Se pierde la lucha contra la corrupción?

¿Se pierde la lucha contra la corrupción?

César Azabache Caracciolo

Tal vez desde el punto de vista legal los casos apoyados en videos no sean los más graves que enfrenta la justicia. Otros asuntos, como el caso Colina, el tráfico de armas de las FARC, los casos de apoyo y extorsión al narcotráfico o las comisiones ilegales por la compra de los MIG merecen ante la ley condenas de mayor envergadura. Pero los casos apoyados en videos representan mucho, porque han marcado una huella imborrable en la memoria colectiva que impulsó el proceso anticorrupción. El origen y el destino del sistema anticorrupción están atados simbólicamente a la suerte que puedan tener estos procesos. Por eso se entiende que el acuerdo de colaboración de los hermanos Winter (que al fin y al cabo representa una rendición clara de la defensa) haya sido aceptado socialmente sin demasiado esfuerzo. Y se entiende también que la Procuraduría y la Fiscalía expresen abiertamente su satisfacción por el éxito de la defensa del Estado en la primera instancia del caso Croussillat en Argentina.

            Pero en particular el destino final de éste último caso es todavía incierto. El Estado ganó la primera instancia del caso Croussillat, pero todavía falta una apelación. Pasados ya cuatro años desde el inicio del proceso, el éxito definitivo podría llegar cuando esté casi vencido el tiempo para enjuiciar a los acusados. El tiempo es, en estos asuntos, un factor altamente corrosivo. Deteriora la imagen que puede ofrecer el resultado del proceso. Y es que las terminaciones por  prescripción o las liberaciones por beneficios penitenciarios rápidos son socialmente difíciles de explicar.

            Quizá esta sea la principal paradoja que debemos enfrentar. Cuesta entender que asuntos tan visibles merezcan condenas aparentemente menores. Acostumbrados como estamos a debatir sobre condenas a perpetuidad o a 30 años, muchas de las condenas posibles en casos de corrupción nos terminan pareciendo diminutas. Pero no se trata de cambiar las leyes para ponerlas a la medida de nuestras preferencias personales. Se trata, al contrario, de reordenar nuestras expectativas para hacerlas proporcionadas y razonables. Y esto significa reconocer lo avanzado, que no es poco, aprovechar positivamente lo logrado y relanzar el debate sobre justicia y corrupción para tener claro, como sociedad, hacia donde vamos ahora, cinco años después del inicio del proceso.

            Tal vez no nos hemos preparado colectivamente para comprender en toda su dimensión que el proceso anticorrupción iniciado a finales del año 2000 tiene que terminar en algún momento. Quizá no sea mañana o pasado, pero tiene que terminar, y no por una ley de amnistía u otra medida abrupta, sino por una conclusión ordenada y socialmente útil de los principales casos anticorrupción. Para poder hacer esto, es probable que muchos casos, los menos importantes, deban ser transferidos en algún momento al sistema ordinario para concluir allí. Pero al mismo tiempo, la justicia ordinaria debería comenzar a absorber, impregnarse y desarrollarse en base a la enorme reserva moral que se ha acumulado en jueces, fiscales y procuradores y abogados que ahora forman parte del Estado y han lidiado con asuntos sumamente complejos de manera óptima. En lugar de apostar a mantener esa enorme reserva moral acumulada aislada; en lugar de intentar expandir esa pequeña isla cada vez más hacia asuntos distintos a los que le dieron origen, deberíamos apostar por un balance honesto del proceso y reforzar, a partir de esta experiencia, el sistema judicial que queremos todos.

            Quizá con eso detengamos el daño que el tiempo y el retraso pueden hacer sobre una de las mejores experiencias que hemos logrado en materia de justicia.

Hora clave para la corrupción

Hora clave para la corrupción

César Azabache Caracciolo

El periodo que se ha abierto nos aproxima al momento de terminar, de manera masiva, con los juicios pendientes por los delitos del periodo 1990-2000. Más de cuatro años después  del comienzo de la historia el sistema debe comenzar a tomar decisiones definitivas. Y es innegable que nos está costando aceptar que hay personas que deben ser excarceladas porque el sistema no logró llevarlas a juicio a tiempo, otras que deben ser absueltas porque no se logró probar que sean, en verdad, los responsables de lo que pasó, y que incluso hay personas que probablemente jamás debieron sufrir los rigores que el sistema impone y otras que sencillamente lograron escaparse (al menos hasta ahora). Y sin embargo debemos, responsablemente, aceptar que esto ocurre. Y no debe sorprendernos que ocurra.

Recuerdo que hacia 1993 varios abogados de Lima intentábamos probar que el sistema de jueces sin rostro no podía ser reconocido como “bueno” o “útil” usando razones que salieran de los lugares comunes que usábamos siempre en la comunidad de derechos humanos de entonces. Una de las evidencias que empleamos fue esta: Hasta donde conocíamos, en ese momento los tribunales sin rostro habían condenado al 100% de acusados llevados a juicio. En las condiciones en que funciona el procedimiento judicial, aquí y en cualquier parte del mundo, el que se haya condenado al 100% de los acusados no podía ser una buena noticia. No significaba que el sistema sea “bueno” o “eficiente”. Todo lo contrario, significaba que el sistema no estaba haciendo su trabajo, que justamente es diferenciar entre culpables e inocentes. La única manera de creer que era correcto condenar al 100% de acusados habría sido asumir que la Fiscalía y la policía jamás se equivocaban. Y eso es un absurdo. Tan absurdo como creer que el caso contrario (todos los acusados absueltos) muestra gran respeto a los derechos humanos. Cien por ciento de condenados es autoritarismo, cien por ciento de absueltos, impunidad. En estas condiciones ¿Sería acaso tolerable que el sistema anticorrupción terminara condenado al 100% de acusados o negando la libertad al 100% de solicitantes?

Y es que en el caso de la libertad por exceso en el tiempo de detención la situación es la misma. Imaginemos por un momento un sistema en el que nadie jamás obtiene la libertad por exceso en el plazo de detención ¿Significaría eso que el sistema es eficiente y jamás se atrasa? No, simplemente significaría que el plazo máximo de vigencia de detención ha sido puesto tan arriba (en nuestro caso ya camina por los ¡72 meses!) que nadie jamás lo puede alcanzar…. Insisto, un sistema que no es capaz de identificar errores no está funcionando. En la vida personal es igual, quien cree que jamás se equivoca no es perfecto, sólo padece de un bloqueo que puede llegar a la patología.

            El funcionamiento adecuado del sistema sólo se produce en condiciones en que se puede probar estadísticamente que es posible ejercer la defensa de manera exitosa. Los abogados de la defensa siempre encontrarán razones fundadas para sospechar de la imparcialidad de un sistema que no es capaz de demostrar que sabe reconocer errores y actuar en consecuencia. Si no comenzamos, entonces, por reconocer que habrá que aceptar lo que viene cometeremos tantos desaciertos en este tramo que quizá terminemos, igual que en el caso del terrorismo, aprobando indultos y pidiendo disculpas públicas a quienes sin razón, pagaron los rigores de nuestra propia ceguera.

La agenda pendiente

La agenda pendiente

César Azabache Caracciolo

El proceso anticorrupción iniciado el año 2000 forma un capítulo que debe ser entendido como resultado de las especiales condiciones en que ocurrieron las cosas. Habría sido ideal que el liderazgo comunicacional que ha ejercido la Procuraduría desde su instalación hubiera sido asumido por los Fiscales. Pero el Ministerio Público en noviembre del año 2000 estaba fuertemente debilitado, diría mejor dañado por las condiciones que le impusieron durante los noventa. Y como quedó claro a consecuencia de la crisis en el caso Guzmán Reynoso, todavía ahora las fiscalías no terminan de estar listas, por más esfuerzos que han hecho, para asumir por completo el papel que les toca como encargadas no sólo legales sino también morales, de la conducción de la pelea institucional contra el crimen organizado y la impunidad.

Pasa lo mismo con los tribunales especializados. Habría sido ideal que las Salas que juzgan todavía ahora a los acusados por sus relaciones con la organización montada por Montesinos no guardaran ninguna diferencia con los demás tribunales de justicia. Pero en noviembre del año 2000, cuando comenzó el primer proceso contra la mafia, los tribunales establecidos para casos como éstos pertenecían a la tristemente célebre Sala para Delitos Tributarios y Aduaneros, que tuvo que ser de inmediato desactivada y eliminada del sistema por los escándalos legales en que terminó involucrada. Tener una Sala intachable era entonces y es aún ahora, que no cesan los escándalos judiciales, un imperativo.

Pero no es así como deben pasar las cosas. Transferir la cuota de legitimidad y transparencia que acumulan a su favor la Procuraduría Ad Hoc, el equipo especial de fiscales para estos casos, y las Salas y Juzgados especializados es una tarea impostergable. ¿Por qué? Porque la condición de legitimidad de todo proceso que tiene algo de excepcional es que las autoridades que detentan poderes o cuotas de influencia relativamente extraordinarias sean capaces de renunciar a ellas y transferirlas a autoridades estables y permanentes. Claro, una transferencia como esta requiere que tales autoridades estables y permanentes existan. Crearlas o consolidarlas, como se prefiera, es nuestro principal reto pendiente.

Difícil. Difícil por las dudas que afectan la imagen de nuestro sistema legal. Pero impostergable sin queremos hacer madurar nuestra institucionalidad. Como país no podemos consolarnos con usar permanentemente al sistema anticorrupción como única reserva moral para asuntos legales. No es correcto desde el punto de vista de la política y del desarrollo de nuestra institucionalidad. Aunque parezca ingenuo, debemos intentar que todos los ámbitos del sistema judicial y legal puedan comenzar a impregnarse de la legitimidad que, más allá de crisis parciales, ha acumulado el sistema anticorrupción en torno a sí. Aunque resulte difícil, creo que el reto está aquí: En aprovechar lo ganado hasta ahora para poner en forma nuestra capacidad institucional de procesar en forma honesta nuestras crisis legales.

Y no es que no haya asuntos muy concretos que aún están pendientes. Antonio Maldonado asume el desafío de dirigir a un equipo que debe poner en su lugar la agenda de juicios pendientes. Ahí está el caso de las FARC, el caso de las compras de aviones y el caso de las transferencias de fondos al SIN, para enumerar sólo algunos. Pero quizá la tarea mayor sea esa: Comenzar a andar el camino hacia la búsqueda de nuestra propia estabilidad institucional.

Una visita de la CIDH piden abogados de los acusados por corrupción

El tiempo en la ley anticorrupción

El tiempo en la ley anticorrupción

César Azabache Caracciolo

Un procedimiento penal permite discutir dos tipos de asuntos: La reparación de los daños y el castigo de los infractores. En los casos anticorrupción, una serie de reglas del procedimiento y de acuerdos con los denunciados permitieron anticipar en buena medida el pago de las indemnizaciones por los daños causados. Las estadísticas del Fedadoi a finales del 2001 ya mostraban en este ámbito resultados notables, si se los compara con el comportamiento global de los procedimientos judiciales en materia de daños y perjuicios. Faltan sin duda, muchos fondos por ubicar y recuperar. Pero las reglas están establecidas y los primeros resultados ya han sido registrados hace un par de años.

En alguna medida, el adelantamiento del problema de la recuperación de los fondos (insisto, inconcluso pero ya asumido por el sistema) ha dejado a los procedimientos judiciales al frente de un solo objetivo: Condenar a los culpables y absolver a los inocentes. Los problemas vinculados a la libertad de los denunciados y los problemas vinculados al tiempo (porque las detenciones no pueden durar eternamente) asumen entonces el centro del debate sobre el rendimiento del sistema. Hay una serie de casos de personas que saldrán de prisión por retardo en el juzgamiento. Otros saldrán de prisión por una discutible aplicación de las reglas sobre beneficios penitenciarios vigentes antes de las condenas. La cercanía de los principales juicios sobre estos temas (los principales están aún pendientes) ha creado un dilema difícil de resolver: Muchas de las sentencias que hemos venido esperando serán finalmente dictadas. Pero si de ellas resultan condenas, entonces es posible que los vencidos pasen poco tiempo en prisión. Poco, claro, si se lo compara con el tiempo transcurrido desde noviembre del año 2.000.

Un sistema como el que opera en los casos anticorrupción encuentra su punto de quiebre en el momento en que los condenados comienzan a recuperar la libertad. Y tendremos que decir que ese momento ha llegado si se confirma el fallo sobre beneficios penitenciarios del caso Gamarra. Pero si el fallo fuera anulado, entonces lo único que habremos logrado (en términos globales) será retardar el punto de quiebre en dos o tres años más. No es mucho tiempo. Y a juzgar por el clima que se ha formado en torno a este tema, la proximidad de este momento provoca angustia. Pero ¿no está acaso claro que los castigos que impone el sistema legal son siempre temporales, y que en consecuencia los condenados por corrupción recuperarán la libertad en algún momento? ¿por qué debe ser ese momento crítico -el de recuperación de la libertad- un índice de fracaso o de derrota del sistema anticorrupción?

La permanencia en prisión de los acusados tiene, sobre la sociedad, un efecto mágico y tiene también un elevado rendimiento comunicacional. El castigo, desde antiguo, ha sido uno de los instrumentos más eficaces de comunicación política entre autoridades y ciudadanos. Recuérdese que mientras fuimos colonia los autos sacramentales se instrumentaron en la Plaza Mayor, de cara al público, y todavía algo de este ritual sobre obediencia y vigencia de las normas persiste en los linchamientos populares. Pues bien, resulta que el castigo anterior a la República y al surgimiento de los derechos del acusado, era un castigo definitivo: La muerte, la mutilación, la flagelación operaban sobre el cuerpo del condenado e imprimían en él sus huellas de sanción. La abolición de las penas corporales, producida con el surgimiento de los derechos del acusado, ha creado un quiebre en este aspecto: Los castigos empleados por la República son temporales. Concluyen y se levantan.

Quizá por eso tuvimos que reimplantar en nuestro medio al pena de prisión perpetua para los casos de terrorismo. Para evitar la angustia que todavía genera entre nosotros la liberación del condenado. Y quizá estamos desconcertados precisamente por la huella que ha impreso entre nosotros el uso de la prisión perpetua en ese tipo de casos (los más graves antes de los casos sobre corrupción). Ahora no podemos enfrentar el fantasma de la liberación del culpable acudiendo a la prisión perpetua. Tenemos que aceptar que las penas son temporales, y que los castigos, en algún momento, encontrarán su fin.

El rendimiento del sistema anticorrupción no puede depender de la duración de las condenas. Ellas tienen que se proporcionales a los delitos cometidos, sin duda, pero algún día serán cumplidas, y los condenados tendrán derecho a recuperar la libertad. El rendimiento del sistema no puede depender de la duración de las condenadas. Tiene que depender de lo que pueda enseñarlos: La diferencia entre lo justo, y lo legalmente inadmisible.