Tráfico de dosis y red de influencias

Ni siquiera los números parecen estables. Al cierre de estas notas, son 479 personas identificadas, más de 200 que ni siquiera estaban vinculadas a los ensayos, las que recibieron dosis en prueba o ya autorizadas en estos últimos 6 meses.

En total, 1,200 unidades internadas al país a solicitud de la embajada China, no sabemos para qué. Otras 2.000 destinadas al tráfico interno.

Hasta hoy son 122 funcionarios por investigar; 8 negociadores, dos ministras y un expresidente que violaron de manera grosera las reglas sobre imparcialidad al intervenir o no detener el tráfico de estas dosis.

Pero ¿quién o quiénes decidieron que estas unidades ingresen al país? ¿Por qué 3,200? ¿Quién o cuántas personas eligieron a los beneficiarios no vinculados a las pruebas clínicas? Los estudiantes, los padres de quienes hicieron este reparto, sus hijos e hijas y las parejas que dependan de ellos, no todas, podrán alegar que confiaron en quien les dijo que podían vacunarse.

Algunos investigadores podrán alegar que confiaron en esa cláusula del protocolo que, aunque en violación de la imparcialidad científica, les permitía vacunarse. El trabajo de la fiscalía, más que extender la lista ciegamente, consistirá en encontrar a los responsables del internamiento de estos compuestos; identificar a quienes calcularon cuántas unidades necesitarían y a quienes organizaron el reparto de estas dosis.

Aquí se tejió una red. No se trata exactamente de una organización criminal, porque no parece tener la vocación de permanencia que caracterizó por ejemplo al “grupo Orellana”, entre otros tantos. Las redes son algo distinto a las organizaciones criminales, pero existen.

Reconstruirlas permite entender el modo en que se organizan los procesos de este tipo, aunque este que parece haberse interrumpido cuando aún quedaban las 861 unidades que ha encontrado la fiscalía estos días; aparentemente el saldo del lote de 2,000 y de las 400 unidades de respaldo que no se emplearon en las pruebas clínicas.

Las tesis sobre conspiraciones casi nunca aciertan, pero los crímenes de tráfico responden casi siempre a una conspiración. Lo que no sabemos es si la red de influencias que se tejió o se estaba tejiendo llegó a utilizarse efectivamente en algún momento, ¿este tráfico fue parte de las condiciones que determinaron que los primeros ensayos aprobados sean los de Sinopharm? ¿Quienes iban a recibir estas dosis retrasaron de alguna manera las negociaciones con otros laboratorios?

Sabemos que la red fue tejida. Sabemos que se le quiso encubrir mezclando autoridades y personas elegidas por ellas con investigadores, enfermeras, estudiantes, asistentes y voluntarios usados como pretexto o como factor de encubrimiento del tráfico. Lo que no sabemos es si la red fue usada alguna vez para algún fin en particular. Al menos no lo sabemos todavía.

Despejar estas dudas requerirá de las autoridades un plan de aproximación al gobierno chino y requerirá además una oferta abierta de clemencia a las personas que recibieron las vacunas; a Sinopharm y a sus representantes. Solo en base a estas aproximaciones las autoridades podrán obtener a una velocidad razonable los testimonios, los documentos y las demás evidencias que necesitan para completar esta historia.

Los procesos por delación y colaboración con la justicia siempre generan escenarios difíciles de manejar. Son procesos incómodos. Pero es imposible dejar de usarlos ante casos plagados de incógnitas como estos.

Esta es aún una historia incompleta. Tendrá culpables, arrepentidos e inocentes. Pondrá a prueba nuestra capacidad para ensamblarnos en pleno desmoronamiento de nuestra confianza en las autoridades.

Pero porque queremos recuperar la confianza, tendremos que intentarlo.

Publicado en La República el 21 de febrero de 2021

Cárceles - COVID 19

Día octavo

EL SISTEMA INSTITUCIONAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE REZAGADO COMO PARA ARRIESGARNOS A POSTERGARLO POR MÁS TIEMPO.

No puede ser simple para nadie enfrentar la incertidumbre que representa que de pronto cambien nuestras rutinas y nuestro abordaje al futuro inmediato. Puede entenderse el desconcierto que ha predominado en nuestras reacciones colectivas durante toda la semana pasada. Incluso, puede entenderse la negación, tantas veces expresada en formas absurdas de desobediencia. Pero no tendría sentido que en el día octavo mantengamos la relativa parálisis que ha seguido al inicio de la cuarentena. No me refiero, por cierto, a los sectores vinculados a las áreas de abastecimientos, energía, salud y seguridad pública, todos ellos ejemplarmente activos en estos días. Me refiero a las áreas de discusión y organización institucional, que se mantienen relativamente inmovilizadas aún.

Sin duda hay algunas señales positivas: el día dos, el Congreso, ya instalado, se concedió a sí mismo seis meses para revisar las reformas políticas que deberán aplicarse a las elecciones del 2021. Los expertos en regulaciones electorales han coincidido en que la medida puede requerir mayores precisiones, pero en todo caso la decisión anuncia el inicio de un debate que no puede seguir aplazándose. El mismo día, asimismo, se presentó un nuevo proyecto de ley para reformar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Además del texto, propuesto por Somos Perú, otras bancadas anunciaron que están preparando sus propias opciones para reformar el procedimiento de elección de nuevos magistrados.

No hay, en cambio, señales que muestren que la Junta Nacional de Justicia esté en posición de superar los efectos de la cuarentena y encuentre la manera de sesionar por medios virtuales. Tampoco hubo señales que muestren que el sector Justicia o la Corte Suprema están en posición de retomar el debate sobre la reforma de los tribunales. Y no hay señales de que las organizaciones civiles que observan estos procesos estén tratando de abrir foros públicos de debate sobre los fundamentos de las reformas pendientes de ser discutidas.

Mi punto es el siguiente: no existen razones que impidan que el Congreso, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia o las organizaciones de la sociedad civil que vienen observando estos procesos abran foros digitales que permitan comenzar a organizar debates que no tienen por qué paralizarse por la cuarentena. Nada impide que usemos las vías digitales a nuestra disposición para iniciar intercambios sobre las propuestas que ya están puestas en la mesa.

En teoría, la cuarentena tendría que levantarse en una semana. Pero aunque esto ocurra, el distanciamiento social deberá prologarse hasta que el virus haya remitido completamente entre nosotros. No tiene sentido, entonces, sentarse a esperar. El sistema institucional es un espacio suficientemente denso y está suficientemente rezagado como para arriesgarnos a postergarlo por más tiempo.

Tal vez toque aprender que los espacios digitales sirven también para tomar decisiones sobre asuntos de políticas públicas, aunque haya que hacer cierto esfuerzo para aprender a usarlos eficientemente.

Necesitamos pensar y necesitamos aprender a ensamblar debates. Tal vez sea el momento de generar espacios de intercambio más intensos que los que se logran desarrollar a través del contacto físico y de las redes sociales. Tal vez nuestra forma de contacto físico y nuestra forma de usar las redes sociales hayan sido en este último tiempo factores contributivos a la formación de la densa neblina que nos ha impedido reconocernos. Y tal vez necesitamos ahora cambiar el sentido de nuestras vías de encuentro para avanzar en lo que a la formación de espacios de debate se refiere.

Abrir foros y audiencias públicas administradas por vías digitales, desde el Estado y desde la sociedad civil, parece entonces urgente. Avanzar. Desengancharnos. Y aprovechar este momento en el que la interacción física se ha convertido en una actividad contraindicada para generar ideas que requieran ser meditadas para poder ser escritas, y escritas para poder ser entonces discutidas. Y discutidas sin las etiquetas que aparecen cuando nos confrontamos físicamente, sin intermediación semántica alguna, en un cara a cara que se ha vuelto propenso al insulto, a la descalificación y a la condena.

Tal vez la tensión que produce la supresión de los espacios de encuentro físico nos ofrezca la mejor oportunidad imaginable para instalar la palabra como vehículo de intermediación entre personas que se reconozcan una a otra como tales, en espacios meditados reflexivamente.

Tal vez nos hacía falta este silencio abrumador para descubrir el verdadero sentido de comunicarnos. Tal vez nos hacía falta esta distancia para poder reconocernos.

Toca cambiar el eje desde el que abordamos los problemas de nuestra fragilidad institucional. Abandonar construcciones abstractas que usamos para rechazar al otro y comenzar a construir desde esa solidaridad que hemos visto actuar en detalles simples, cotidianos.

Puerta por puerta. Persona por persona. Palabra por palabra. Para que podamos reconocernos como personas distintas cuando las puertas se abran.

Publicado en El Comercio el 23 de marzo de 2020

Las prisiones

DEPENDE DE LAS FISCALÍAS PODER SACAR DE  PRISIÓN AL MENOS A BUENA PARTE DE LAS APROXIMADAMENTE 36 MIL PERSONAS QUE ESTAN BAJO PRISION PREVENTIVA

El miércoles 22, el ministro Fernando Castañeda anunció que el programa de indultos del Ejecutivo alcanzaría a tres mil personas. Es un anuncio importante si tenemos en cuenta que los programas de indultos de la Comisión Lanssier y de la Comisión Especial de 1991 anduvieron por debajo de 500 beneficiados, y que los beneficiarios de esos programas fueron elegidos en plazos bastante menos apremiantes que los que tenemos ahora. Pero aun siendo evidente el esfuerzo, la medida tiene un alcance limitado si atendemos a las dimensiones del problema de hacinamiento que exhiben las cárceles.

Hablamos de 90 mil personas en prisiones que tienen una capacidad

de albergue medida para tiempos normales para 35 mil. Son más de 50 mil personas en exceso, midiendo la capacidad de las prisiones sin considerar las reglas sobre distancia obligatoria. Esas condiciones equivalen a que encerráramos a 100 mil personas en dos estadios del tamaño del Estadio Nacional en este momento, a casi mes y medio del inicio de la cuarentena.

Estamos perdiendo un tiempo valioso y no alcanzaremos resultados mínimos si no generamos un programa complementario que, con medidas distintas al indulto, alcance al menos a 15 mil beneficiarios.

Excarcelar a tres mil personas por medio de indultos es un buen comienzo. Pero los indultos no pueden ser la única medida por adoptar en este momento.

Para elevar la cifra de beneficiarios de 3 mil a 15 mil necesitamos un actor adicional: el Ministerio Público. Depende de las fiscalías poder sacar de prisión al menos a buena parte de las aproximadamente 36 mil personas que están bajo prisión preventiva o parte de las seis mil condenadas a prisión por períodos de corta duración (cifras a diciembre del 2018). Nuestras prácticas procesales no han previsto con claridad que las fiscalías puedan retirar pedidos que ya han ganado en los tribunales sobre estos asuntos, pero no encuentro obstáculos serios que impidan hacerlo. Menos en medio de una emergencia como la que tenemos ahora. De hecho, en el caso de las prisiones preventivas que se levanten, los procedimientos de fondo van a continuar. Y en cualquier caso los listados de la fiscalía deberán ser controlados por el judicial, incluso aunque sean presentados en bloque.

Si las fiscalías aceptaran levantar el 30% de las prisionespreventivas que han ganado y de la mitad de las condenas efectivas cortas obtenidas, el programa completo podría alcanzar un impacto cinco veces más alto que el trazado por el Gobierno.

Un programa de este tipo daría otro marco de referencia a los pedidos “caso por caso” que se están haciendo ahora desde las defensas. Con un plan que alcance 15 mil beneficiados, las defensas mantendrían el derecho a cuestionar la no inclusión en las listas de determinadas personas. Los tribunales podrían revisar correcciones puntuales a un programa en marcha, pero esto es muy distinto a intentar manejar la crisis “caso por caso”.

El actor principal de este proceso, además, pasaría a ser el Ministerio Público.

En los últimos días, la fiscalía anticorrupción anunció que no atendería la audiencia de uno de los casos individuales que se han planteado en este último tiempo porque no podía acceder a sus archivos físicos. La alerta debe ser tomada en serio. Debemos reconocerlo: las fiscalías y los juzgados dependen para operar de archivos de papel. Esto pone en evidencia un nivel de retraso tecnológico que hemos tolerado pasivamente como si no fuera importante. Pero tendremos que volver sobre eso luego. En este momento, lo urgente es contener las consecuencias del hacinamiento en cárceles antes que se multiplique el nivel de tragedia que está adquiriendo el manejo de la pandemia entre nosotros. Y si eso implica que los fiscales hagan una revisión de los casos a los que nos referimos “papel por papel” para generar soluciones con rendimiento sobre el sistema, pues entonces deberemos proceder “papel por papel”.

Son aproximadamente 42 mil personas sobre las que deben decidir entre 250 y 300 fiscalías en todo el país. Lima concentra probablemente el 30% de estos casos. ¿Cuánto tiempo puede tomar que esos fiscales accedan a sus despachos, con un solo asistente, en horarios escalonados que impidan la aglomeración; que tomen contacto con la defensa por correo electrónico o mensajes de texto cuando sea necesario, que preparen las listas de los casos de los que pueden desistirse y las presenten a tribunales autorizados a resolver usando decisiones sumarias? ¿Tres semanas? ¿Quizá seis?

Un esquema de este tipo puede producir resultados inmediatos a una velocidad razonablemente alta. Habrá que preparar campamentos transitorios para asegurarnos de que no se resuelva el problema enviando simplemente 15 mil personas a morir en casa o a contagiar a más personas. El programa entonces exige campamentos de apoyo. Y exige voluntarios para atenderlos.

No será sencillo. Pero podemos lograrlo si comenzamos de inmediato

Publicado en El Comercio el 27 de abril del 2020