La levedad de nuestra memoria

Publicado en El Comercio el 24/12/2023

El equipo que ha desmontado el aparato de influencias de la fiscal Benavides es el mismo que desmontó hace solo un año la red de corrupción de Pedro Castillo. Recordar eso debería haber bastado para que determinados sectores de nuestro colectivo político tomaran las cosas de otra manera. La fiscal Benavides, por ejemplo, podría haber hecho por sí misma lo que tantas veces se le pidió hacer a Castillo; apartarse del puesto mientras se despliegan las investigaciones sobre su entorno. Una renuncia oportuna, un “hacer lo que antes dijimos que debía hacer el otro”, nos habría ahorrado la pesada carga que nos está dejando esta crisis sobre los hombros. Nos habría permitido además registrar una señal de consistencia que ahora extrañamos.

No tiene sentido pretender que una regla jurídica, política o moral existe si no somos capaces de sostenerla cuando sus consecuencias dejan de estar emparejadas con nuestras preferencias subjetivas.

Pasemos las cosas en limpio. Nadie ha destituido a Patricia Benavides. Nadie la ha condenado como culpable de los delitos que ahora está revelando el señor Villanueva, su principal asesor, su operador político. Suspenderle ha sido necesario porque le tocaba renunciar y no quiso hacerlo. Y le tocaba renunciar porque la fiscal de la Nación no debe seguir en el puesto mientras se investiga a su entorno.

A Castillo le habría ido menos mal si hubiera renunciado en lugar de ensayar un golpe de Estado que, visto en perspectiva, parece más bien una pésima coartada narrativa para justificar la fuga que intentó y no pudo perpetrar. Castillo no quiso irse del cargo a tiempo y multiplicó el tamaño de la crisis que lo condujo a prisión. Haciendo un bucle impresionante, la señora Benavides removió a la fiscal Barreto como Castillo quiso remover a Harvey Colchado, y una mayoría en el Congreso intenta aún cerrar la JNJ como Castillo quiso cerrar el Congreso y la Fiscalía.

Y en paralelo los defensores de la señora Benavides repiten fórmulas que ya vimos adoptar a los defensores de Castillo: “el caso está sostenido solo por medios parcializados”, “los dichos de los delatores son solo dichos”, “no hay pruebas que respalden los cargos”, “el procedimiento está viciado”. En sus ideaciones personales, Castillo cree que debe volver a la Presidencia y la señora Benavides cree que debe volver a la Fiscalía de la Nación. Ninguno nota, tampoco quienes les respaldan, que una magistratura no se sostiene con base en ideaciones personales o acrobacias legales. Se sostiene en un factor que parece estar cada vez más ausente en la escena: la legitimidad, esa condición que se construye generando mallas de relaciones transparentes basadas en acuerdos sobre asuntos de interés público.

La exhibición del desaprendizaje impresiona.

Sin embargo, lo más amargo del sabor que está dejando esta crisis está en la forma en que exhibe la levedad que ha adquirido nuestra memoria.

La cuestión es seria. Resulta que la justicia, otra construcción que parece irse borrando de nuestra escena, supone la formación de memorias colectivas. Se construye sobre ellas. Los tribunales son justos si toman decisiones basadas en la jurisprudencia, que es la memoria del sistema legal. Las expectativas sobre la justicia se construyen en función de historias de vida o de casos legales ya concluidos. La legitimidad de los jueces proviene de que sepamos quiénes son, es decir, quiénes han sido. El castigo funciona porque lo recordamos. Difícil entonces aspirar a un mínimo de justicia si no somos capaces de organizar nuestras memorias como referencia para elegir lo que decimos y definir lo que esperamos. La justicia es imposible sin acumular memorias colectivas.

Y eso es algo que no estamos haciendo.

El péndulo del capricho

Publicado en La República el 12/11/23

La suspensión que las fiscalías acaban de imponer al fiscal Vela representa un portazo. Es alejarlo del cargo por 8 meses. Son los 8 meses en los que se definirá el final de uno de los juicios más difíciles de esta saga, el que se sigue contra Ollanta Humala y su entorno. Son además los 8 meses en los que debe empezar el juicio contra Keiko Fujimori y otros, un caso aún más complejo que el primero. Son 8 meses clave para estos dos casos. Pero son además los 8 meses en los que deben definirse las condiciones en que se desarrollará el que debería ser el último periodo del complejo proceso anticorrupción que Vela inició en julio de 2018, cuando tomó la dirección de los casos Odebrecht.

Ese último periodo debe empezar cuando terminen estos juicios. La suspensión es entonces absolutamente inoportuna, salvo que la Fiscalía haya decidido obsequiarle ventajas injustificadas a la defensa. Desarmar el equipo en un momento clave como este representa una abdicación. Es como cambiar de piloto a mitad de una curva acelerada. No hay manera de encontrar en esto una decisión útil para la lucha anticorrupción. Le sirve a la defensa. Encuentro eso indiscutible y sumamente grave.

Pero además esta suspensión contiene un detalle adicional. Tiene la forma de un capricho. Nadie podrá convencerme de que una declaración pública hecha hace años sobre un caso en particular puede justificar que se castigue a un fiscal; menos a uno que tiene un encargo tan delicado como el que tiene Rafael Vela. Castigarlo de esta manera por haber criticado un fallo judicial en un caso en el que trabajó su equipo es un acto de censura. Y la censura es intolerable en magistraturas autónomas como las que se encargan de perseguir delitos.

Solo por haber aprobado esta suspensión, su autor, el señor Fernández Jerí, debería ser removido del cargo de inmediato.

La cuestión es que por simple capricho se procedió ya contra la fiscal Ávalos, inhabilitada por el Congreso. También por capricho el Congreso intenta intervenir a la JNJ. Y por un capricho el Minjus ha suspendido al procurador Soria. El capricho ya no parece ser solo resultado de un exabrupto que podríamos corregir con un amparo. Se está convirtiendo en un procedimiento de uso frecuente que releva algo muy grave: La instalación de un dispositivo que confirma el poder de quien lo usa exhibiendo deliberadamente la falta de fundamentos de sus decisiones.

En teoría una decisión pública debe fundamentarse; debe ser el resultado de un proceso reflexivo que se hace legítimo por la manera en que se conecta con buenas razones. Las decisiones que se imponen sin apoyarse en verdaderos fundamentos contienen un mensaje perverso. Muestran que su autor no quiere mostrarse como una autoridad legítima, sino como un personaje con poder y punto. Quien toma decisiones como estas elige asuntos banales como una declaración antigua solo para que quede claro que hace lo que hace porque quiere hacerlo, no por que esté cumpliendo con algún deber o alguna regla o intentando alcanzar un objetivo de interés público. Hablamos de decisiones privadas disfrazadas de públicas.

Imposible dejar de notar que cuando se consolidan, las maquinarias basadas en el capricho no se detienen, se expanden, mutan de dirección sin que haya control alguno que pueda detenerlas. Ayer fue la fiscal Ávalos, hoy es el fiscal Vela, mañana puede ser el presidente del BCR o el contralor general o el superintendente de Banca y Seguros; cualquiera.

Si aceptamos lo que está ocurriendo ahora dejaremos que ese dispositivo termine de instalarse entre nosotros. Permitirlo nos expone irremediablemente. También a quienes ahora mismo están aplaudiendo la suspensión.

El capricho se comporta como un péndulo. Uno que necesitamos detener con urgencia, antes que termine devorándonos.

La Fiscalía se expone a sí misma

Fue un error que la fiscal de la Nación visite a Alejandro Toledo a su llegada a Lima. Toledo perdió hace mucho las protecciones que la Constitución concede a los presidentes en ejercicio. Los casos en su contra no son manejados por ella y el proceso de extradición, en el que sí tuvo competencias, ya había terminado cuando se produjo esa visita. El arribo de Toledo a Lima fue sin duda una noticia. Pero fue una noticia sin contenidos específicos: su caso ya no ofrece espacio para algún debate institucionalmente importante. Entonces, ¿para qué fue a verlo?

Si la intención era solo ganar visibilidad, el resultado ha sido por completo contraproducente. La singularidad de su visita abrió tantas dudas que la reacción de más de un medio fue preguntar a quien fuera posible cómo debía interpretarse el evento. Con el caso de Toledo abierto en los tribunales, los micrófonos se dirigieron, como era de esperarse, hacia quienes lo tienen a su cargo: los fiscales Vela y Pérez. Vela y Pérez contestaron, desde mi punto de vista, con enorme cautela. Pero es que la visita no tenía sentido. Entonces se digan cómo se digan las cosas la conclusión es la misma: la visita expuso a la fiscal de la Nación. La visita, no los comentarios sobre la visita.

Resultado: Vela y Pérez están ahora bajo un procedimiento disciplinario en la Fiscalía. Segundo error, porque el caso que se ha iniciado fuerza a insistir en el poco sentido que tuvo la visita de la fiscal a Toledo. Entonces esa visita, un incidente que nunca debió producirse, pero que podría haber sido olvidado pronto, encuentra un foro en que seguirá siendo debatida. Además, el caso disciplinario obliga a poner sobre la mesa un segundo problema no resuelto: Las fiscalías no tienen una política definida para relacionarse con los medios.

No la han tenido nunca y han dejado a lo largo de los años que los fiscales de mayor notoriedad, como Vela y Pérez, organicen sus propias posiciones públicas con absoluta soltura. La cuestión se vuelve decisiva porque sin una política definida no puede haber una regla previa clara que se pueda usar para condenar las declaraciones de Vela y Pérez como una infracción. El caso está destinado al fracaso y al desestimarse será inevitable que se vuelva a notar que la visita a Toledo no correspondía a ninguna competencia propia de la fiscal de la Nación que pueda considerarse invadida por los comentarios de Vela y Pérez.

Algo anda definitivamente mal en el planeamiento comunicacional de la Fiscalía de la Nación. En marzo, la fiscal utilizó su plataforma para acusar públicamente a la JNJ de abusar de sus atribuciones por haber abierto una indagación en su contra por la forma en que fueron intervenidas las fiscalías a cargo del caso de los llamados ‘Cuellos Blancos’ al comienzo de su mandato. Un asunto que debió resolver a tiempo y que ha dejado sedimentarse. También en marzo decidió aceptar una condecoración de la Municipalidad de Lima, una entidad pública que, como cualquier otra, está expuesta a ser investigada por las fiscalías en cualquier momento. Hace solo unos días volvió a usar su posición comunicacional para declarar en público en que no va a mostrar las tesis que registró para acceder a los grados de magíster y doctora. Otro asunto que está convirtiendo en un verdadero caso de transparencia y acceso a información pública por propia decisión.

Imposible negar el impacto del trabajo que hizo la fiscal de la Nación para darle forma a los casos Castillo y resistir las presiones que él intentó hacer sobre las investigaciones que se seguían en su contra antes de DIC7.

Pero los créditos que se adquieren por acciones institucionales apropiadas pueden perderse cuando la balanza empieza a pesar del otro lado.

Antes de seguirnos destrozando

Escribo esta nota lamentando la confrontación que ha estallado entre este diario y la fiscalía especial que dirige Rafael Vela. La disputa se ha organizado alrededor de una versión sobre el comportamiento de la fiscalía en el caso Vizcarra que afirma que al menos uno de los delatores del caso Vizcarra habría sido inducido a declarar contra él por la propia fiscalía. Además la propia fiscalía habría filtrado a la prensa copias de las declaraciones contra Vizcarra con el propósito de provocar su vacancia y precipitar la imposición de Merino como presidente de la República. 

Hay muchas cosas por discutir aquí. Estimo que el caso Vizcarra no debe depender de las versiones de los delatores, sino de las evidencias que haya reunido ya y aún pueda obtener la fiscalía. Las evidencias no pueden ser inducidas; existen o no existen; se obtienen o no se obtienen, eso es todo. Sobre la cuestión de las filtraciones, he notado ya hasta qué punto es imprescindible que las fiscalías comiencen a usar procedimientos de apertura equilibrada de información a los medios basados en vocerías y ruedas de prensa que eliminen la sombra de dudas que se levanta cada vez que aparecen en los medios fotocopias de documentos de investigaciones penales reservadas (LR, 30/10/2020).  

Pero el asunto más importante a revisar proviene de la teoría sobre la conspiración contra Vizcarra. Imagino fácilmente a Merino conspirando. Pero no imagino a los fiscales Juárez ni Vela en medio de esa conspiración. Creo que una teoría así de concluyente, que si llegara a confirmarse descalificaría permanentemente a dos de los mejores fiscales del medio, requiere el apoyo de evidencias confiables e indiscutibles. Al momento de escribir estas líneas, debo decirlo, no veo evidencias que reúnan estas características.  

Encuentro en cambio imposible dejar de notar que somos nosotros mismos, como comunidad (me incluyo e incluyo a la propia fiscalía en esto), quienes hemos abierto el espacio que permite que teorías como la de la conspiración contra Vizcarra, basadas en impresiones legítimas pero puramente circunstanciales, adquieran ribetes categóricos o concluyentes y generen consecuencias drásticas sin controles estrictos sobre sus fundamentos.  

Digo esto porque encuentro en la teoría de la conspiración contra Vizcarra una estructura narrativa muy semejante a la que las propias fiscalías están usando para sostener que Fuerza Popular debe ser suspendida como si fuera una organización criminal constituida únicamente para lavar activos. Pero además encuentro una narrativa muy semejante en las disputas que hace poco pusieron en cuestión la cohesión de las fiscalías encargadas del caso de los llamados “Cuellos Blancos”. También la encuentro en los intercambios públicos que marcaron la contienda por las competencias fiscales para dirigir el caso Vizcarra. Y la encuentro en el anuncio de una posible querella de las fiscalías contra LR.  

Estamos usando esta manera de organizar nuestros discursos desde más de un lado y en más de una dirección. Admitimos con una condescendencia que ahora lamento teorías inclementes lanzadas contra otros y otras antes de haber confirmado la solidez de lo que estamos diciendo o de haber considerado con cuidado las consecuencias de decirlo.  

Debemos abandonar esta manera de agredirnos. Esta forma de tratar asuntos que requieren más calma ha mostrado ya ser por completo ineficiente. Nos está dividiendo en dos o en más pedazos. Nos está dejando incapacitados para encontrar soluciones equilibradas a problemas que merecen ser tomados bastante más en serio.  

Tenemos que salir de esta espiral, porque esta espiral nos está devorando. Salir sin un atisbo de impunidad. Pero salir; no quedarnos atrapados en esta enorme caja de disputas.

Publicado en La República el 29 de noviembre de 2020.

Primicias y respaldos

En su última contribución titulada “Cuando de los fiscales depende tanto” (Ideele 294), Luis Pásara pone la mirada sobre la considerable cantidad de tiempo durante el que determinadas fiscalías retienen en sus manos casos que deberían ser expuestos a un juicio. Claro, un juicio siempre puede perderse o ganarse. Entonces, deliberada o no, la retención de casos en investigaciones inacabables crea una falsa imagen de influencia o poder que puede estar alterando el sentido de las cosas.

Pásara se detiene especialmente en dos casos: Pérez Miranda (41 meses en prisión sin acusación) y Martín Belaunde (60 meses). En ambos el retraso ha intentado ser cubierto por prisiones preventivas como falso reemplazo de verdaderas condenas. Un sustituto tan malo, por cierto, que termina desvaneciéndose en el tiempo. Pero 60 o 41 meses en prisión no son poco tiempo, si pueden alcanzar a personas que merecen ser protegidas institucionalmente.

La disfunción detrás del reemplazo es innegable. El deber del Ministerio Público supone presentar acusaciones, no legitimar su actividad en base a las estadísticas sobre prisiones preventivas y listados de casos que subsisten solo porque permanecen en las fiscalías. El reemplazo del que hablamos afecta la medición de resultados de una entidad que, es preciso no olvidarlo, tiene a su cargo la administración de un recurso tan sensible como la persecución del delito.

De hecho una distorsión como esta debería ser controlada y bloqueada por el judicial. Pero Pásara observa que para contener ese potencial bloqueo algunas fiscalías estarían acudiendo a los medios. Y lo estarían haciendo no en un formato abierto basado en conferencias de prensa y vocerías oficiales, sino en uno que él reconoce como basado en simples y puras filtraciones dirigidas y acaso respaldadas por alguna especie de canje; “primicias contra respaldos”. Como Pásara lo ve, ese canje persigue tejer corrientes de opinión que cerquen a la judicatura, que debería atajar estas prácticas. El resultado es el adelgazamiento del espacio por el que estos procedimientos podrían, y en muchos casos deberían, ser controlados por el judicial.

Creo que el judicial no debería permitirse el lujo de ser cercado de esta manera. No tiene sentido que lo permita. Es innegable que más de una vez ha roto el cerco. Lo hizo cuando, más allá de cualquier preferencia, revocó las detenciones preliminares del caso Swing. Pero la distancia de criterio que exhibió en ese caso no parece representar una tendencia dominante. El judicial debería distanciarse más de las fiscalías, porque en estos asuntos la unanimidad es sospechosa. Un judicial que acepta demasiadas veces los pedidos que le hace la fiscalía, en principio, podría no estar agregando a estos procesos el valor que ofrecen el balance y el control de la persecución penal basados en derechos.

Pásara tiene razón cuando observa que estamos tolerando colectivamente una práctica de filtraciones de hechos bajo investigación oficial como si fuera neutra en sus resultados. No lo es. Es más bien una distorsión cuyas consecuencias deberíamos comenzar a revisar seriamente. La información sobre investigaciones oficiales constituye un bien público que no debe ser asignado en atención a preferencias subjetivas. En las prácticas oficiales existen además una serie de procedimientos, como las ruedas de prensa, que permiten que una oficina pública abra su información al mismo tiempo a medios que representan distintas tendencias y que sin duda difundirán las cosas desde enfoques distintos.

Que la información salga al público no es el problema. El problema está en la carga subjetiva que impregna el formato de estas filtraciones que estamos tolerando.

Demasiado importante para pasarlo simplemente por alto.

Publicado en La República, el primero de noviembre de 2020.

Sobre un tejado caliente

EL CASO PEDRO CHÁVARRY

EL CASO CHÁVARRY HA PUESTO EN EVIDENCIA NUESTRA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR EL PROCEDIMIENTO QUE CONDUCE A LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE LA NACIÓN.


El señor Chávarry acaba de cerrar, de la peor manera, una larga lista de desaciertos que comenzó a desplegarse el día que se precipitó a tomar el cargo. Para entonces varias voces le habían pedido retrasar la ceremonia de su investidura para escuchar primero sus explicaciones sobre el sentido de sus conversaciones con el señor Hinostroza, que era entonces presidente de una sala en la Corte Suprema, y hoy espera una decisión final sobre su extradición desde España.

Primero, se negó a ofrecer cualquier explicación. En lugar de poner punto final a esta historia, mintió. Quiso obtener el apoyo incondicional de las juntas superiores de fiscales y no pudo. Se disculpó a medias, pero volvió a la carga en defensa de su asiento cuando la fiscal Castro puso por escrito sus sospechas sobre sus relaciones con el señor Hinostroza. El fujimorismo lo defendió de manera sospechosa aun antes de que la señora Fujimori fuera detenida. Y en lugar de cortar las aguas en defensa de las investigaciones de la fiscalía, decidió emprender la lucha contra el equipo especial a cargo de los casos Odebrecht. Ha querido reemplazar a los señores Vela y Pérez por los señores Almanza y Páucar, pero ambos han declarado que no asumirán el cargo. Así, multiplicando ‘impasses’ generados por su insistencia en sesgarse, el señor Chávarry ha intensificado su propio deterioro de una manera inconcebible. Solo el señor Kuczynski y la señora Fujimori han perdido tanto poder en tan poco tiempo.

Ciclos de deterioro del poder como este deberían desembocar siempre en el retiro prudente de quien comienza a errar. Pero ocurrió que el señor Chávarry decidió al comienzo de este período de caída libre no renunciar al cargo. Decidió aferrarse a él empleando las llaves formales que lo atornillaron al puesto. Con las reglas actuales el fiscal de la Nación no podía ser retirado contra su voluntad sin ser propiamente destituido. Para destituirlo se hacía imprescindible romper el cerco que, al menos hasta ahora, había establecido la mayoría del Congreso a su alrededor. Experta en explotar los alambiques del retardo, la mayoría actual habría tenido que entrar en razón o romperse para cancelar el nombramiento del señor Chávarry como magistrado. Un caso criminal absolutamente claro y concluyente al menos en este momento, no existía, no al menos en una versión suficientemente fuerte; pero un caso de infracción a la Constitución, sí.

Entonces el Caso Chávarry ha puesto en evidencia nuestra urgente necesidad de reformar el procedimiento que conduce a la designación del fiscal de la Nación. Parece mentira que no nos hayamos dado cuenta en la transición de principios de siglo que las reglas de la Constitución de 1993 creaban un puesto como este, al que se le encargó la enorme responsabilidad de conducir las políticas públicas de persecución del delito, pero sin someterlo a los rigores de la interpelación a los que están sujetos todos los ministros de Estado, y sin imponerle la imprescindible carga de una presentación anual de políticas y resultados a la que está sujeto el defensor del Pueblo. Parece mentira que no hayamos notado que la Constitución del 93 entregó la elección del fiscal de la Nación a una pequeña junta de 5 magistrados que adquirieron la extraña costumbre de designar a un responsable de políticas públicas por orden de antigüedad. Pero como tantas cosas, esta se nos pasó por delante en la transición de principios de siglo.

En adelante tendremos que modificar íntegramente el diseño constitucional de la Fiscalía de la Nación. Entre tanto, porque las reformas constitucionales no se hacen en días, tendremos que adoptar una acción de urgencia. Alguna. El presidente Vizcarra, voy a entender que reaccionando a la gravedad de la crisis, ha propuesto al Congreso intervenir el Ministerio Público. En lo personal no creo en intervenciones verticales, ni siquiera en estas circunstancias, pero el Congreso sí puede, aunque reconozco que me cuesta pensar que la mayoría decida actuar en positivo, modificar la Junta de Fiscales Supremos: agregarle tres miembros más que, por esta vez, ya que la designación de la Junta Nacional de Justicia requerirá aún de un tiempo adicional, sean elegidos por los presidentes de las juntas superiores de fiscales. Una nueva junta, conformada por una nueva mayoría, puede elegir un nuevo fiscal de la Nación. Uno que no se convierta en obstáculo para iniciar el proceso que se desprende del último referéndum. Uno que no nos ponga permanentemente en un paso atrás de lo avanzado.

Necesitamos estabilidad. El señor Chávarry, en lugar de ofrecernos esa estabilidad, decidió ocupar el lugar del señor Hinostroza en la lista de obstáculos que nos distancian de la meta final: un sistema de justicia y persecución del delito que nos permita sentar bases para una añorada y aparentemente lejana forma más sostenible de impartir justicia.

Publicado en El Comercio el 3 de enero de 2018

Emergencia en el Ministerio Público

Entrevista en Canal N, el 9 de enero de 2019

Entrevista en Canal N, el 2 de enero de 2019

Caso Chávarry

Entrevista en Canal N, 5 de setiembre de 2018

Entrevista en La República, 3 de setiembre de 2018

Crisis de la Fiscalía de la Nación es, sobre todo, una crisis de moral pública

¿Cómo evalúa la situación de Pedro Chávarry? ¿Cree que aún puede sostenerse a la cabeza del Ministerio Público?

Esta es una crisis innecesaria desde todo punto de vista. No sé si dándose cuenta o no, pero el señor Chávarry ha sustituido a Hinostroza en las condiciones institucionales necesarias para discutir una reforma. Chávarry habría podido evitar esto desde el primer día, creo que bastaba retrasar su asunción de mando hasta que todos estos eventos terminen de ser aclarados.

El informe de los fiscales Pablo Sánchez y Sandra Castro incluye a Pedro Chávarry como presunto integrante de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Esto agrava su situación.

De hecho ese informe agrava toda la coyuntura y la ha hecho gatillar. Creo que es muy importante aclarar las confusiones y para eso hay que tener ciertos esquemas que diferencien las cosas y las pongan en su dimensión. La crisis de la Fiscalía de la Nación es, antes que todo, una crisis de moral pública. Lo que en los hechos está ocurriendo es que no podemos tener al frente de una entidad que administra un recursos público tan importante a una persona que no está dando señales de entender el sentido de la coyuntura, de conectar con lo que la población necesita.

Pero el señor Chávarry podría argumentar que él no es político...

Tiene que serlo. Tiene que ser un personaje con sensibilidad pública, política y moral, porque es el jefe del Ministerio Público. Es una cuestión de moral pública antes que todo. Tiene que definir su posición, no en atención al Código Penal, sino de cara a la ciudadanía y eso es lo que no está ocurriendo.

¿El Congreso tiene la principal responsabilidad de que Chávarry siga en el cargo?

Desde mi punto de vista, el señor Pedro Gonzalo Chávarry tiene la principal responsabilidad. La Junta de Fiscales Supremos tiene la principal responsabilidad sobre si él sigue en el cargo. Si la Junta de Fiscales Supremos se disuelve a sí misma, el señor Chávarry se convierte en un fiscal de la Nación sin junta y no puede gobernar.

¿Qué se necesita para que la Junta de Fiscales Supremos tome una decisión?

Se necesitarían que renuncien tres miembros de la junta. Son cinco miembros, si renuncian tres no hay quórum y la junta no puede instalarse, entonces, desde mi punto de vista, tendría que disolverse, porque se convierte en inviable que gobierne el Ministerio Público sin poder tener un quórum mínimo.

¿Cuál es su impresión sobre los miembros de la Junta de Fiscales?

Quiero pensar que eso es un problema de falta de percepción sobre el sentido de lo público, que es una crisis de incomprensión absoluta sobre lo que significa gobernar una organización como el Ministerio Público. Quiero pensar que esta Junta de Fiscales Supremos, en su mayoría, gobernada por el fiscal de la Nación, no entiende que están gobernando un recurso que nos pertenece a todos y que se sostiene con los impuestos.

Vizcarra ha dicho que podría buscar firmas para que se dé el referéndum en caso el Congreso no lo apruebe.

Recolectar firmas en este momento significa insistir sobre el Congreso. La recolección misma de firmas encierra ya una necesidad de maduración en términos de tiempo, de captación, depuración y presentación que no empata con la necesidad de manejar los tiempos del referéndum si estamos pensando en diciembre de este año. Quiero entender que lo que el presidente ha entendido es que tenemos delante el riesgo de un impasse por el manejo de los tiempos que el Parlamento quiere imponer a las reformas, frente a eso la salida parlamentaria legal posible consiste en simplificar las proposiciones del referéndum.

¿Usted cree que la ‘señora K’ es Miguel Torres, como ahora dice César Hinostroza?

Creo, como ciudadano, que la ‘señora K’ es la señora Keiko Sofía Fujimori y no entiendo por qué es tan difícil reconocer que tuvo alguna reunión con alguien que en ese momento era un juez supremo. Creo que esta acumulación de mentiras tienen un resultado perverso. La instalación de la mentira en la política importa la degradación más fuerte de los términos de moral pública y de diálogo que son posibles. Entonces hay que empaquetar todas estas mentiras y hacer de ellas una especie de punto de quiebre, porque rechazarlas significa regresar a una manera de hablar de política en la que todos nos respetemos. 

Publicado en La República, el 4 de setiembre de 2018.

Fiscalía basará su alegato en el poder concentrado en el SIN

Reubicando a la ONA

La agenda pendiente

La agenda pendiente

César Azabache Caracciolo

El proceso anticorrupción iniciado el año 2000 forma un capítulo que debe ser entendido como resultado de las especiales condiciones en que ocurrieron las cosas. Habría sido ideal que el liderazgo comunicacional que ha ejercido la Procuraduría desde su instalación hubiera sido asumido por los Fiscales. Pero el Ministerio Público en noviembre del año 2000 estaba fuertemente debilitado, diría mejor dañado por las condiciones que le impusieron durante los noventa. Y como quedó claro a consecuencia de la crisis en el caso Guzmán Reynoso, todavía ahora las fiscalías no terminan de estar listas, por más esfuerzos que han hecho, para asumir por completo el papel que les toca como encargadas no sólo legales sino también morales, de la conducción de la pelea institucional contra el crimen organizado y la impunidad.

Pasa lo mismo con los tribunales especializados. Habría sido ideal que las Salas que juzgan todavía ahora a los acusados por sus relaciones con la organización montada por Montesinos no guardaran ninguna diferencia con los demás tribunales de justicia. Pero en noviembre del año 2000, cuando comenzó el primer proceso contra la mafia, los tribunales establecidos para casos como éstos pertenecían a la tristemente célebre Sala para Delitos Tributarios y Aduaneros, que tuvo que ser de inmediato desactivada y eliminada del sistema por los escándalos legales en que terminó involucrada. Tener una Sala intachable era entonces y es aún ahora, que no cesan los escándalos judiciales, un imperativo.

Pero no es así como deben pasar las cosas. Transferir la cuota de legitimidad y transparencia que acumulan a su favor la Procuraduría Ad Hoc, el equipo especial de fiscales para estos casos, y las Salas y Juzgados especializados es una tarea impostergable. ¿Por qué? Porque la condición de legitimidad de todo proceso que tiene algo de excepcional es que las autoridades que detentan poderes o cuotas de influencia relativamente extraordinarias sean capaces de renunciar a ellas y transferirlas a autoridades estables y permanentes. Claro, una transferencia como esta requiere que tales autoridades estables y permanentes existan. Crearlas o consolidarlas, como se prefiera, es nuestro principal reto pendiente.

Difícil. Difícil por las dudas que afectan la imagen de nuestro sistema legal. Pero impostergable sin queremos hacer madurar nuestra institucionalidad. Como país no podemos consolarnos con usar permanentemente al sistema anticorrupción como única reserva moral para asuntos legales. No es correcto desde el punto de vista de la política y del desarrollo de nuestra institucionalidad. Aunque parezca ingenuo, debemos intentar que todos los ámbitos del sistema judicial y legal puedan comenzar a impregnarse de la legitimidad que, más allá de crisis parciales, ha acumulado el sistema anticorrupción en torno a sí. Aunque resulte difícil, creo que el reto está aquí: En aprovechar lo ganado hasta ahora para poner en forma nuestra capacidad institucional de procesar en forma honesta nuestras crisis legales.

Y no es que no haya asuntos muy concretos que aún están pendientes. Antonio Maldonado asume el desafío de dirigir a un equipo que debe poner en su lugar la agenda de juicios pendientes. Ahí está el caso de las FARC, el caso de las compras de aviones y el caso de las transferencias de fondos al SIN, para enumerar sólo algunos. Pero quizá la tarea mayor sea esa: Comenzar a andar el camino hacia la búsqueda de nuestra propia estabilidad institucional.

Una procuradoría permanente

Para una Procuraduría permanente

César Azabache 

En una reciente entrevista Aníbal Quiroga ha hecho la objeción más seria que he escuchado a la Procuraduría Anticorrupción. Ha sostenido él que la Procuraduría ha duplicado funciones que sólo el Ministerio Público debería haber ejercido. La observación resulta decisiva ahora que el Procurador Meini ha propuesto, también en una entrevista, que la Procuraduría Anticorrupción se convierta en permanente, ofreciendo además, en importante gesto, su renuncia en caso que aquello ocurra.

         Hay que decir que las diferencias de funciones son difíciles de explicar. Para nuestras leyes, corresponde al Fiscal acusar y al Procurador defender la indemnización al Estado. Pero a la vez el Fiscal puede solicitar la indemnización y el Procurador interviene en asuntos como la detención del investigado, que poco tienen que hacer con el pago de los daños y perjuicios. Hay entonces una serie de zonas grises que explican las preocupaciones de don Anibal Quiroga. Pero hay también una necesidad que justifica la propuesta del Procurador Meini.

         ¿Porqué necesitamos a los Procuradores? Los Fiscales son Magistrados nombrados por el Consejo Nacional. Los Procuradores, abogados. Los procedimientos para tomar decisiones en el primer caso son estricta (y necesariamente) formales, y están sujetos a una serie de condiciones. Los procedimientos en el segundo caso no tienen reglas y no hay resoluciones que notificar ni impugnar. A diferencia de los Fiscales, los Procuradores tienen un considerable margen de discreción para establecer qué es lo que mejor corresponde a los intereses del Estado.

Para don Aníbal sería conveniente que el Ministerio Público asuma por entero la responsabilidad de defender al Estado, en lo que a penas e indemnizaciones se refiere. Pero ambas cosas son distintas y obligan a orientar los esfuerzos en distinta dirección. Hay delitos que deben ser castigados aunque no haya reparación que cobrar. Y hay daños que deben ser reparados aunque el delito sea muy leve. La acusación requiere un órgano enfocado en el impacto social de los castigos. La búsqueda de indemnizaciones, de uno orientado a la recuperación de capitales. Los delitos deben ser castigados, pero los daños deben ser indemnizados. No puede haber subordinación entre una cosa y otra. Por eso resulta conveniente que sean dos, y no solo uno, los órganos que se paren frente al sistema judicial a promover que los infractores asuman las consecuencias de sus actos.

Además no se trata de crear una Procuraduría del tamaño del Ministerio Público. En términos de gastos, esto sería un absurdo. Se trata de concentrar el esfuerzo que el Estado ya hace para litigar en aquellos asuntos que pueden tener un rendimiento eficiente desde el punto de vista social. Una Procuraduría permanente anticorrupción correspondería a los esfuerzos que actualmente se hace para controlar el lavado de capitales y dar transparencia a las decisiones patrimoniales del Estado. Al final, la corrupción es un asunto económico: En política y en negocios se desarrolla prácticas corruptas allí donde es más barato corromper(se) que competir. De modo que la lucha contra la corrupción, además de una lucha por la transparencia y los valores individuales, es también una lucha por colocar los costos y riesgos de la infracción a la ley a un nivel lo suficientemente alto como para que corromper no siga siendo una opción atractiva.

Más allá del disgusto

La reforma iniciada

¿Confiar en nuestros jueces?