Debate Presidencial 2021: Analistas evalúan las propuestas de seguridad ciudadana y anticorrupción

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, y el exprocurador anticorrupción, César Azabache, analizaron este martes en RPP el segundo día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que solo participaron cinco postulantes.

Seguridad ciudadana

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, indicó que la mayoría de propuestas de los candidatos presidenciales en el bloque de seguridad ciudadana "han sido bastante acotadas" y en algunos un "tanto decepcionantes". Además, consideró que la "mejor propuesta" proviene del candidato Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), y Daniel Urresti por mostrar indicadores claros.

"El general Urresti se ha mostrado como una persona tremendamente ansiosa por querer colocar sus puntos de vista (...) a diferencia de otros candidatos que se han mostrado a establecer el punto fijo de su mensaje. Ollanta Humala se ha concentrado en los temas de seguridad ciudadana y en los éxitos de su Gobierno, ese ha sido el eje de su discurso en este debate al mostrar lo bien que lo ha hecho", dijo

"Alcántara se ha preocupado básicamente en defender el referéndum. Castillo ha estado más preocupado por la nueva Constitución y por enganchar con el sector popular (...) y creo que Hernando de Soto ha estado más preocupado en su currículum y demostrar que sabe demasiado y que ha intervenido en prácticamente en todas las soluciones del país", comentó.

Ricardo Valdéz sostuvo que para atender la seguridad ciudadana debe haber una aproximación mixta en la coyuntura con la Policía Nacional del Perú y una intervención estructural desde el Gobierno. "La política de inseguridad no es una política policial", agregó.

El exviceministro del Interior afirmó que encontró un vacío en las propuestas de los candidatos sobre seguridad ciudadana al no precisar "el cómo lo van a lograr" basado en un correlato presupuestal.

"No he escuchado propuestas concretas, he escuchado una suerte de vista de la batería. No he escuchado cómo se van a poner en práctica. El presidente que entre en julio va a entrar con una economía bastante golpeada y por lo tanto todas las acciones que se quieren hacer no solamente en lucha contra la inseguridad ciudadana, sino en la pandemia y lucha contra corrupción tienen un sustento económico y se tiene que analizar con qué recursos se cuenta", dijo.

Lucha contra la corrupción

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, consideró que las "cuestiones de corrupción" no se convirtieron en un diferencial entre las propuestas y planes de Gobierno de los candidatos a la Presidencia.

"Lo que se va a encontrar es una serie de estados de cuestión más o menos comunes, es decir, todos estamos girando en el discurso general hacia el reforzamiento de las instituciones de persecución del delito de corrupción, la discusión sobre sanciones que debe recuperar la Contraloría para ese tipo de casos, el papel de las procuradurías y su reforzamiento, esto son puntos comunes transversales", dijo.

César Azabache indicó que le llamó la atención que varios candidatos, como el señor De Soto, hicieron comentarios sobre actividades anticorrupción que no están en su plan, y que otros candidatos hablaron de temas generales en el bloque de corrupción.

El abogado experto en derecho penal indicó que varios planes de Gobierno sí tienen una narrativa alrededor de la descentralización en prevención de delitos de corrupción y en algunos de ellos se intenta utilizar las mesas de regidores para producir acciones de fiscalización semejantes a la del Congreso. Sin embargo, señaló "que ese no es el camino".

"La única diferencia fuerte que he encontrado está en el señor Humala, fuera del debate en la puerta hizo un comentario sugestivo sobre la politización de la lucha anticorrupción y el intercambio de funcionarios entre jueces  y fiscales, pero no lo dijo en el debate. Y una propuesta que no voy a llamar interesante, sino singular es la del señor Pedro Castillo: regresar a la muerte civil, que en su discurso lo asocia inmediatamente con denunciar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", sostuvo.

Publicado en RPP el 31 de marzo de 2021

Nuestros sesgos

LOS SESGOS OPERAN COMO VÁLVULAS QUE CONTROLAN EL SENTIDO QUE ASIGNAMOS O DEJAMOS DE ASIGNAR A EVENTOS, EVIDENCIAS Y TESTIMONIO

Construimos narraciones que suponen a alguien más que las reciba o al menos las escuche alguna vez.  Contamos nuestras historias pensando en esos auditorios, en las consecuencias que el relato producirá en quien le escuche, en cómo nos veremos al contarlas, en cómo seremos recordados mientras recordamos. 

De eso trata la memoria.

Al otro extremo de la construcción de la memoria está la negación, no el engaño.  El engaño y el autoengaño aparecen a la mitad del camino, donde se esconden los sesgos, esos esquemas mentales rígidos que fueron reconocidos por Kahneman y Tversky en 1972 como motores de reacciones muchas veces precipitadas, que sin embargo pretenden hacer pasar estereotipos por verdades para entonces actuar. La mayoría de las veces los sesgos distorsionan la percepción de las cosas y la forma en que narramos nuestras historias. Y producen verdaderas injusticias cuando impregnan decisiones públicas.

Hablando del lenguaje de los tribunales L´Hereaux-Dubé (“Detrás de los mitos…”, 2001) ha afirmado que cualquier sesgo alojado en la jurisprudencia viola la imparcialidad, esa forma especial de neutralidad que se exige a jueces, juezas y órganos colegiados.  La actividad judicial ha dicho. requiere siempre “un constante y consciente esfuerzo por impedir los sesgos que surgen de un razonamiento basado en estereotipos”.  

Llegué a L´Hereaux-Dubé por un texto de Rocío Villanueva  (“Una mirada preliminar.. ”, 2019).  Rocío usa esta misma aproximación para abordar tres decisiones judiciales adoptadas en casos sobre violencia sexual.  En los textos que analiza, entre frases y líneas, Rocio encuentra estereotipos explícitos empleados para abordar las cosas que una mujer acepta cuando elige un trabajo o una pareja y los límites que no deben traspasar sus jefes o acompañantes.  Rocío encuentra como esos estereotipos fueron usados por los tribunales en el lugar que debieron ocupar los principios o las reglas de derecho para justificar las decisiones inaceptables que analiza.  

La aproximación funciona para todo sesgo.  En múltiples conferencias Raquel Yrigoyen usa un abordaje semejante para identificar como “colonialistas” las coartadas seudo legales con las que los tribunales formales recortan permanentemente el ámbito de jurisdicción que deberían reconocer a favor de los pueblos indígenas. 

Los sesgos operan como válvulas que controlan, de la manera más arbitraria imaginable, el sentido que asignamos o dejamos de asignar a eventos, evidencias y testimonios.  Las narrativas distorsionadas que producen solo se sostienen si jamás una evidencia las confronta cara a cara. 

Pero además de los sesgos machistas y colonialistas, esta el “sesgo épico”.  El sesgo épico aparece cuando intentamos adscribir nuestros relatos a uno más amplio, usualmente ya establecido como glorioso o salvífico, como una epopeya.  A partir del momento en que alguien adscribe su relato al universo de la epopeya cree volverse incontestable.  Cualquier cuestionamiento debe ser minimizado en su significado o en sus consecuencias.  Cualquier interlocutor agredido.  El portador del sesgo cree que las cosas que le contradigan deben ser “puestas en su exacta dimensión”, es decir, debajo de su relato.

Una de las epopeyas más difíciles de abordar entre nosotros corresponde a la épica de la derrota terrorista. Imposible dejar de valorar lo que hizo nuestra corporación militar en esos tiempos.  Pero inaceptable usar ese reconocimiento para eludir las consecuencias de los crímenes que también se cometieron.  

Volvemos hacia allí la mirada porque el ahora Congresista Urresti ha sido llamado nuevamente a juicio por el asesinato del periodista Bustíos Saavedra, acribillado y destrozado por una granada por un destacamento militar en las inmediaciones del cuartel de Huanta en noviembre de 1988.  Urresti era entonces oficial de inteligencia en la zona.  Y ha sido señalado como uno de los responsables del hecho por Vidal Sanbento, uno de los dos condenaos por el crimen, y también por Isabel Rodriguez, mujer, testigo de los hechos, que, además de reconocerlo, lo acusa de haberla violado.

No encuentro de qué manera pueda impedirse a estas alturas que otorguemos al juicio del caso Bustíos la centralidad que le corresponde.  En el panorama completo, el juicio transitará en paralelo al de la masacre de Cayara, de mayo de 1988, y sigue en línea al caso de Sina Muñoz Vega de Yangali, la encargada del telégrafo de Churcampa que fue abandonada al borde de un camino en mayo de ese mismo año cuando los agentes de seguridad que la torturaron la creyeron muerta.  En este ultimo caso una sentencia dictada en diciembre de 2017 absolvió a los acusados porque la fiscalía no pudo presentar en juicio testigos directos de los hechos.  Pero el caso debe comenzar también en este periodo, porque la Suprema anuló esa absolución.  En el caso Bustíos Alejandro Ortiz, uno de los primeros testigos de los hechos, fue asesinado.  En Cayara, entre junio y diciembre de 1988, al menos 12 testigos de los hechos fueron también asesinados. 

¿Podremos continuar sesgado la mirada?

Caso Toledo

Entrevista en Canal N, el 17 de junio de 2019

Final de historia

Las reparaciones

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ODEBRECHT

UNA BUENA MANERA DE CONTROLAR LA ACEPTABILIDAD DE ESTA COMPENSACIÓN CONSISTE EN MARCAR COMO MÍNIMO A PERCIBIR EL DOBLE DE LAS GANANCIAS ILÍCITAS QUE HA RECONOCIDO HABER GENERADO EL CORRUPTOR

El intento de indulto, la vacancia, el descubrimiento de una mafia enquistada en el Judicial, el referéndum, la detención de Keiko Fujimori, el Caso Chávarry y la desarticulación de Fuerza Popular. El 2018 fue un año en que vivimos en peligro. Y eso no deja de tener consecuencias.

Los ciclos políticos que adquieren la intensidad de una montaña rusa sin barandas inoculan en el sistema cierta dependencia a vivir en medio de una insana adrenalina. Una adrenalina que nos envuelve en un ambiente predominantemente apocalíptico en el que insistimos en lanzar denuncias tortuosas ante cada evento nuevo, sin concedernos espacio para reconocer los momentos en los que logramos alcanzar determinadas metas concretas. Correctamente abordados, esos momentos deberían permitirnos reconocer que no todo se limita a repetir fracasos en nuestra difícil vida institucional.

Por lo qué toca a los casos Odebrecht, he insistido en que los dos grandes hitos que debemos sostener como objetivo colectivo corresponden a la reparación de los daños causados al Estado y el inicio de los juicios.

Para entender el proceso, es imprescindible notar que el acuerdo de reparación anunciado por la fiscalía y la procuraduría especial no es en verdad ni el primero ni el último que contiene el proceso. Primero fue el acuerdo de enero del 2017, que liberó la evidencia con que se lanzó el caso del metro de Lima y generó los primeros US$8 millones de compensación. El segundo se aprobó en octubre del 2018 y representó US$20 millones adicionales por el Caso Chacas. Este, el que ahora discutimos, no es entonces el primer acuerdo ni tiene por qué ser el último que se firme. Con él las compensaciones que el Estado pone sobre la mesa incorporan US$190 millones adicionales. Y aún hay que agregar los US$60 millones que la procuraduría ha obtenido en embargos vigentes impuestos a personas individuales y a otras empresas vinculadas al caso. Son entonces US$278 millones y aún falta definir a cuánto ascenderá la reparación que deberá pagar Odebrecht por haber filtrado en el sistema político US$8,4 millones reconocidos de manera clandestina. Si mantenemos las proporciones, la reparación por los casos relacionados con actividades políticas debería alcanzar alguna cifra ubicada entre US$20 millones y los US$40 millones adicionales, de modo que podríamos estar por superar, en cálculos conservadores, los US$298 millones.

Y la lista de compensaciones debería incluir además el acuerdo con Josef Maiman y acaso con alguna de las empresas que en su momento se asociaron a Odebrecht.

Una buena manera de controlar la aceptabilidad de esta compensación consiste en marcar como mínimo a percibir el doble de las ganancias ilícitas que ha reconocido haber generado el corruptor. En las confesiones de Washington Odebrecht no solo aceptó haber pagado en el Perú US$29 millones en sobornos. También aceptó haber acumulado US$143 millones en ganancias ilícitas. La cifra aún requiere más de un ajuste, porque los US$29 millones en sobornos inicialmente reconocidos son ahora US$50. Pero mientras se revisan los números (los US$143 millones podrían transformarse, aún no lo sabemos, en US$245) el doble de las ganancias ilícitas admitidas hasta ahora equivale a US$286 millones. Mientras las cifras se ajustan, estamos acercándonos a superar el borde de lo mínimo aceptable con comodidad.

Entonces la senda de la compensación de los daños ha sido establecida. Para reconocer la razonabilidad de la cifra nos faltará por cierto tener además alguna idea de la cantidad de evidencia que estos acuerdos producen. Pero mientras la evidencia se acopia y se introduce a los casos en preparación, debemos mirar el proceso en perspectiva y no concentrarnos solo en los US$190 millones de este acuerdo. Solo US$190 millones en efecto serían muy poco. También habría sido poco quedarnos con los US$8 millones del primer acuerdo o los US$20 del segundo. Considerar estos acuerdos en conjunto es ahora fundamental.

Entonces colectivamente toca ahora concentrarnos en las acusaciones que esperamos y el inicio de los juicios, que debería ocurrir durante el segundo semestre de este año. Son ellos, no estos acuerdos ni las audiencias de prisión preventiva, los que deben ofrecernos un espacio suficientemente sólido para discutir las diferencias entre lo justo y lo posible de esta historia de manera definitiva.

Publicado en El Comercio el 28 de enero de 2019

Emergencia en el Ministerio Público

Entrevista en Canal N, el 9 de enero de 2019

Entrevista en Canal N, el 2 de enero de 2019

Caso Fuerza Popular

Entrevista en Canal N, el 5 de noviembre de 2018

Entrevista en Canal N, el 24 de octubre de 2018

Entrevista en RPP, el 15 de octubre de 2018

Entrevista en Canal N, el 11 de octubre de 2018

Integridad

LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO

Integridad

El lanzamiento de la Comisión Presidencial de Integridad debe marcar un punto de no retorno en esta eterna lucha desarticulada –o a veces solo aparente– que mantenemos contra una corrupción que parece entrenada para corroernos inevitablemente. 

¿Qué aporta una comisión? Nada si solo se dedica a hacer estudios y diagnósticos o a consolidar las innumerables listas de planes y acciones acumuladas en los 16 años que han pasado desde que se lanzó la primera consigna anticorrupción, uno de los tantos ideales de la transición que no cuajaron en resultados sostenibles. Y mucho si en lugar de repetir experiencias fallidas, se encarga de generar una serie de pactos efectivos de contención de prácticas corruptas en cada sector de la actividad social y económica de nuestra comunidad.

¿Cuándo un pacto es efectivo? Cuando no se agota en declaraciones de principios y se proyecta hasta la implantación de mecanismos capaces de generar resultados susceptibles de medición. 

Necesitamos un pacto que justifique una renuncia colectiva a la protección extrema del secreto bancario. Un pacto que convierta en indebida la colecta de fondos no controlados con ocasión de las campañas políticas y que transparente las condiciones en que se concursan y ganan las licencias para obras públicas. Un pacto que resuelva el problema de las remuneraciones de la policía y elimine las sombras de sospecha que permanentemente se tejen sobre la manera en que esta interviene en casos legales.

Pero también necesitamos un pacto que establezca límites a la acción de los lobbies y a la gestión de intereses privados de las firmas legales. Un pacto que fije reglas claras que concentren la actividad de las agencias de investigación estatal de actos de corrupción en problemas reales (y no aparentes o solo sugestivos). Y necesitamos, por supuesto, un pacto que incremente visiblemente el margen de respaldo a iniciativas como el reforzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la extensión de los impedimentos para que personas condenadas por delitos dolosos graves no puedan volver a ejercer funciones públicas y la eliminación de límites como la prescripción para casos de sobornos y otros semejantes. 

Dentro de esta larga lista, desde mi punto de vista, el acuerdo más importante debe ser un pacto dirigido a impedir el pago impune de sobornos. El soborno es el núcleo esencial de la corrupción, su expresión más intensa, el modelo básico de lo prohibido. Pero si revisamos las principales estadísticas de nuestro sistema, notaremos que estamos más preocupados por investigar contratos públicos (sin duda un objetivo importante) que en investigar los sobornos que pueden esconderse detrás de ellos. Y esto crea una distorsión. Es como si, siendo el primer país exportador de cocaína, nos preocupáramos solo por los insumos (actividad sin duda importante) y no por el tráfico en sí mismo.

¿Qué tan difícil puede ser ponernos de acuerdo en financiar el equipamiento de una nueva policía anticorrupción y las ya existentes fiscalías anticorrupción de manera que puedan reaccionar inmediatamente ante casos de soborno como reaccionan la policía y la fiscalía antidrogas ante los actos de tráfico de estupefacientes? ¿Hemos notado que las fiscalías antidrogas pierden menos casos que las fiscalías anticorrupción? ¿No será porque las primeras tienen más recursos para intervenir en casos flagrantes que las segundas?

Pero claro, a una comisión como la de Integridad no le toca establecer los detalles con los que debería reorganizarse la política de persecución de delitos de corrupción. Para eso está el Ministerio Público, y su conducción está en uno de los mejores momentos, de modo que hacer virar el centro de atención del sistema no debería ser un problema. 

Lo que toca a la comisión es fijar las bases del acuerdo colectivo que debe sostener los objetivos y el volumen de asignación de recursos que un esfuerzo como este supone. 

La cuestión sobre los sobornos constituye una llave fuerte para dar un golpe de timón a la conducción del sistema. Encuentro en esto un factor más intenso y más útil que la propia concentración de las procuradurías en un solo organismo (idea, por cierto, nada mala). En este momento necesitamos ideas claras y sencillas. Concentrarnos en un foco visible de tráfico ilegal como son los sobornos me parece todavía más importante que otras cosas también importantes, como esperar que la contraloría multiplique sus revisiones sobre contratos públicos ya firmados.

Debemos grabar en piedra una idea eje: El soborno está verdaderamente prohibido. Sobornar debe tener consecuencias prácticas claras, concluyentes e ineludibles. Nos toca construirlas.

Publicado en el Comercio el lunes 24 de Octubre de 2016

Sobre corrupción

Entrevista en Canal N

La noche del 30 de abril César Azabache fue entrevistado por Enrique Castillo en el programa Agenda Política junto a Yvan Montoya sobre el estado de la lucha contra la corrupción en el Perú y las alternativas posibles para un próximo gobierno.

El juego de las sombras

LA CLARIDAD PARA LLEGAR A LO CORRECTO

El juego de las sombras

Por César Azabache Caracciolo

¿Cómo aprendemos a diferenciar verdad y mentira en una sociedad organizada sobre el engaño? Somos el primer productor de coca del mundo y traficamos con oro en dimensiones aún no establecidas. El 70% no bancarizado de nuestra economía forma el agujero por el que se filtran fondos de origen absolutamente incierto. Traficamos con predios adquiridos por invasiones y mentimos sistemáticamente sobre el modo en que financiamos nuestra política oficial.

Empujamos a nuestros servidores públicos a convertirse en empleados de empresas privadas y no nos importa el destino final del combustible asignado a nuestras principales dependencias públicas. Creamos y multiplicamos esquemas basados en el clientelismo y el falso mecenazgo y lo disfrazamos de servicios profesionales. ¿Qué nos impide crear anónimos, falsos colaboradores, agentes encubiertos informales, trampas o documentos falsos? ¿Acaso bastan suspicacias y desconfianzas intuitivas para establecer diferencias en medio del juego de sombras en que nos estamos moviendo?

Hemos cultivado la habilidad de desarrollar cruzadas parciales y, en algunos casos, imprecisas. Nos lanzamos a la persecución del terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, pero acumulamos tal margen de inocentes avasallados por el sistema que el propio Alberto Fujimori tuvo que formar una comisión especial para liberarlos (la Comisión Lanssiers). Desmontamos la organización de Vladimiro Montesinos en la transición, pero en el camino cometimos más de un error y más de un abuso que aún esperan reconocimiento y reivindicación pública.

Con estos antecedentes abordamos la cuestión sobre corrupción en los gobiernos regionales y estamos ahora a las puertas de iniciar una revisión quizá muy intensa sobre la relación entre los márgenes de ganancia privada en obras públicas y posibles sobornos. Hacerlo es inevitable y, de hecho, útil, ¿pero cómo prevenimos engaños y cómo nos protegemos de nuestra obstinada tendencia a organizar linchamientos colectivos de manera totalmente irreflexiva y predecible a la primera aparición de un falso as de espadas?

Declaro mi desconfianza ante cualquier apresuramiento en asuntos de relevancia legal. No admito condenas a priori cuando navegamos en un mar de mentiras elevado a su máxima potencia por nuestra adicción a la intriga y al uso de anónimos, colaboradores, grabaciones y filtraciones de todo tipo de información privada.

Si en algún momento necesitamos procedimientos equilibrados para tomar decisiones sobre lo justo, ese momento es ahora. No necesitamos más cruzadas, pero requerimos de más procesos equilibrados que nos permitan tomar decisiones maduradas de manera reflexiva en los asuntos sobre corrupción y justicia que ahora tenemos entre manos.

Algo está cambiando muy rápidamente en las expectativas de los ciudadanos de la región sobre el alcance de las limitaciones a la circulación de dinero entre el sector privado, la política y el Estado. Y eso es positivo. En las décadas de 1980 y 1990 aprendimos que la vida humana no es un recurso que pueda ser sacrificado en nombre de la seguridad nacional.

En este siglo tendremos que aprender que los sobornos son verdadera y no solo teóricamente inaceptables. Paguemos las consecuencias que haya que pagar durante este aprendizaje. Pero si debemos hacer ajustes, no perdamos de vista la imperativa necesidad de mantener el equilibrio, de dudar permanentemente de nuestras primeras impresiones sobre cada asunto que debamos discutir en adelante. Si hay algo ambiguo entre nosotros, es el modo en que manejamos la palabra, la verdad y los nombres en medio de las sombras.

Publicado en El Comercio el lunes 24 de agosto del 2015

A propósito del Caso Pastor

LA SENTENCIA CONTRA EL EX MINISTRO DE JUSTICIA

A propósito del Caso Pastor

Por César Azabache Caracciolo

Los procesos antiterrorista y anticorrupción nos han enseñado a ver la justicia como si fuera un capítulo más de la lucha épica entre el bien y el mal. Impregnados por esta imagen mítica, identificamos la inocencia con el reconocimiento colectivo de la bondad del acusado, y justificamos casi automáticamente la condena de todo aquel que haya sido etiquetado como “villano” por algún sector importante de la opinión pública. Y lo hacemos por cierto casi sin reparar en los detalles del caso que se haya propuesto a discusión. La propia voz ‘inocencia’ que empleamos para explicar la causa de una absolución connota en castellano una bondad subjetiva, un merecimiento moral a no ser condenado que no aparece, por ejemplo, en el ‘non guilty’ que usan los jurados anglosajones para desestimar casos insuficientes, y no corresponde a lo que se busca, en teoría, en un procedimiento judicial equilibrado.

Hay por cierto una serie de disfunciones que afectan la calidad de nuestro sistema de justicia. Entre ellas se cuentan fenómenos tan visibles como la corrupción, el burocratismo y un enorme etcétera adicional. Sin embargo, la subjetividad impregnada en esa forma mítica de ver lo justo como bueno resalta, en tanto sugiere que reglas “duras” y fundamentales como la defensa, la prescripción y las limitaciones impuestas a la investigación criminal son en realidad meras coartadas retóricas vacías de contenido moral. El funcionamiento de un sistema legal equilibrado exige corregir esta enorme distorsión.

El Caso De la Cruz vs. Pastor presenta una oportunidad especialmente importante para discutir estos asuntos. En este, una persona simula pedir asesoría a un abogado con fama de arrogante, intentando por sí misma crear pruebas del modo en que procede. De la Cruz no quiere realmente que Pastor sea su abogado. Y los registros que obtiene muestran, sin duda, que Pastor se excedió, por decir lo menos, al presentarse a sí mismo exhibiendo capacidades que acaso nunca tuvo en realidad. Algunas de las cosas dichas durante la conversación parecen no ser ciertas. Otras son claramente inapropiadas, pero las expresiones registradas en la grabación no produjeron consecuencias fuera de la sala en que se emitieron. No puede afectar la imagen del sistema legal lo dicho ante alguien que no cree en su interlocutor, menos si lo busca simulando un falso interés en contratarlo. La escena es por cierto impúdica y vergonzosa, pero las reglas sobre trampas están hechas precisamente para escenas inapropiadas como esta.

Un particular cualquiera, si no es víctima ni testigo de un verdadero delito, no tiene derecho a proceder como procedió la señora De la Cruz. Si un particular honesto duda sobre lo que hace un profesional cualquiera, entonces debe buscar a las autoridades, no proceder por su propia cuenta. El sistema de justicia no está organizado para ser caja de resonancia de particulares que buscan escándalos. Por lo demás, un investigador oficial tendría que haber procedido de manera distinta si el objetivo hubiera sido saber si Pastor era un traficante de influencias o solo un abogado de maneras inapropiadas.

Pastor tiene ganada la imagen de bravucón que se le ha asignado en estos días, pero los juicios penales no son concursos de popularidad. Su antipatía no es razón suficiente para enviarlo a prisión. El Caso De la Cruz tampoco.

Publicado en El Comercio el lunes 27 de octubre del 2014

Los crímenes de intercambio

LA INVESTIGACIÓN DE CASOS POR CORRUPCIÓN

Los crímenes de intercambio

Por: César Azabache Caracciolo

La corrupción puede definirse como el proceso por el que se instala y expande un mercado clandestino de venta de decisiones que distorsiona la competencia, la asignación de recursos del Estado y los roles asignados a los agentes públicos y económicos. No es, por cierto, el único mercado clandestino. En términos de estructura, la corrupción es comparable al narcotráfico, al sicariato y a la trata de personas. Todas estas prácticas, basadas en intercambios, se organizan sobre la combinación de oferta y demanda, y se sostienen sobre ciertos equilibrios que se expresan en una forma particular de precios.

Hay, sin embargo, una diferencia sutil, y es que, en el caso de la corrupción, los “precios” se parecen más a los que generan los monopolios que a los precios competitivos: incluso en los mercados clandestinos los consumidores eligen entre distintos intermediarios alternativos, pero en el caso de la corrupción el proveedor final es un tomador de decisiones dotado de competencias exclusivas. Los tomadores de decisiones gozan de una posición de privilegio que les permite imponer sus “precios” sin que existan competidores. Por eso la corrupción adquiere perfiles semejantes al chantaje.

Así descrita, la corrupción no puede ser combatida de manera eficaz sin antes abordarla a base de esquemas de investigación oficial semejantes a los que se emplean para combatir el narcotráfico, que es el único mercado clandestino frontalmente intervenido en nuestro medio. La investigación sobre casos de narcotráfico emplea herramientas como el uso de agentes encubiertos y la organización de intercambios vigilados que no tienen por qué limitarse a estos casos: son útiles para todas las formas de criminalidad basadas en intercambios clandestinos de bienes y servicios.

De hecho, la evidencia que marca la diferencia en el destino final de los casos sobre corrupción no es el resultado de una auditoría contable practicada sobre papeles (solo en casos extremos los fraudes dejan verdaderas huellas contables). La evidencia concluyente en estos casos es el resultado de una intervención oportuna en el momento mismo en que se pagan los sobornos que circulan en un medio previamente identificado y sujeto a observación.

Las oficinas de control interno del judicial emplean una forma semejante de investigación desde hace aproximadamente diez años, reclutando litigantes que son víctimas de chantajes para usarlos como agentes encubiertos e intervenir en el momento en que se pagan los sobornos que denuncian. No existe razón que impida proyectar esta práctica a una escala mayor, expandiéndola hasta alcanzar a quienes toman decisiones en contratos públicos, licencias y autorizaciones.

De hecho, la existencia de una tasa alta de casos por corrupción basados en intervenciones de hechos en flagrancia constituye, desde mi punto de vista, un indicador sumamente descriptivo del nivel de efectividad que se puede atribuir al combate a la corrupción. Cuando, como pasa entre nosotros, las investigaciones sobre corrupción dependen principalmente de informes de auditoría (sin duda, útiles para otras cosas), entonces debemos encender la señal de alerta.

Investigar casos por corrupción a base de informes de auditoría equivale a combatir la inseguridad del tráfico vial contabilizando accidentes, muertos y pérdidas. Los crímenes de intercambio no pueden ser descubiertos solo buscando sus vestigios en los archivos oficiales.


Publicar en El Comercio el jueves 1° de mayo

Lo que ahora le toca hacer a la justicia

Sobre lo que ahora hay que hacer

César Azabache Caracciolo

El fallo de la Corte Suprema de Chile cierra el debate sobre la legitimidad del proceso. Los tribunales chilenos han reconocido que el Estado peruano tiene derecho a sentar a Fujimori en el banco de los acusados. Lo que viene ahora es entrar ya al detalle de cada caso y volver a mirar las evidencias reunidas. Y es que no es lo mismo considerar justificado el proceso que considerar probados los delitos.

La prueba de un caso penal es un asunto de convicción. Hay diferencias de grado o medida entre lo que se requiere para llevar a alguien a juicio y lo que se requiere para condenarle. Si usamos la escala del uno al cien, podríamos decir que para llevar a una persona a juicio se requiere prueba como de cincuenta. Pero para condenarle, la prueba debe llegar hasta cien. La condena requiere la máxima prueba posible de un caso, y esta prueba sólo se alcanza cuando se lograr eliminar toda duda sobre la culpabilidad del acusado. Las reglas del procedimiento impiden condenar a alguien cuando existe por lo menos una razón seria para dudar de la acusación. Por eso las mismas pruebas que justifican llegar a juicio pueden, luego, ser consideradas insuficientes para apoyar una condena. Y es que los testimonios y las evidencias a veces parecen más fuertes en el papel que en el escenario de un juicio.

Ahora bien ¿cómo se prepara un juicio de este tamaño? Las leyes del procedimiento permiten que los casos sean reorganizados antes del inicio de las audiencias para simplificar las cosas. Podríamos entonces tener no siete, sino dos grandes juicios contra Fujimori: Uno por los casos de corrupción que se ha presentado en su contra (entre ellos, la indemnización a Montesinos antes de su fuga y el robo de los vídeos en poder de Trinidad Becerra) y uno por los casos sobre violaciones a los derechos humanos. En el caso de la indemnización de Montesinos y en el caso del robo de los videos se anuncia la presentación de evidencias directas sobre el comportamiento personal de Fujimori. Estos casos pueden ser, entonces, los más sencillos desde el punto de vista de las pruebas. En los casos sobre derechos humanos se anuncia un debate basado en evidencias indirectas o circunstanciales y se anuncia también un debate sobre las reglas de responsabilidad penal que deben aplicarse a un ex mandatario. Esto hace que estos casos sean relativamente más difíciles de sostener. El tipo de pruebas y las reglas en discusión hacen, entonces, una primera diferencia fundamental que justifica la separación de estos casos.

También hay diferencias en el debate sobre las indemnizaciones a discutir. En los casos de corrupción la indemnización que debe solicitar la Procuraduría se construye a partir del monto de fondos del tesoro desviados por Montesinos. En los principales casos de derechos humanos las indemnizaciones se organizan en función a las condenas que la Corte Interamericana ha impuesto al Estado y en las reclamaciones que víctimas de los casos no resueltos puedan demandar.

En los debates sobre los casos de derechos humanos probablemente la defensa de Fujimori va a sostener que las evidencias circunstanciales son insuficientes y que las declaraciones informales de los Colina, o las declaraciones de los colaboradores con la justicia no pueden ser usadas como pruebas. La Fiscalía en cambio deberá probar que la posición que ocupó Fujimori como Jefe de Estado hacía imposible que los crímenes se organizaran sin su intervención, autorización o aquiescencia. En los debates sobre indemnizaciones, en cambio, la defensa no va a poder negar la dependencia entre Fujimori y Montesinos, y esa dependencia es determinante para hacer al ex mandatario responsable por los daños causados.

Lo esencial ahora, es asegurarnos que el juicio sea organizado adecuadamente. Sería un desperdicio que el juicio contra Fujimori se convierta en una secuencia insufrible de audiencias que se agoten en la lectura de papeles imposibles de comprender. Este juicio debe ser un espacio de debate abierto a todos, porque lo que se discutirá aquí va a determinar el modo en que veamos en adelante asuntos decisivos para organizar el poder y la justicia en el Perú. 

Hora clave para la corrupción

Hora clave para la corrupción

César Azabache Caracciolo

El periodo que se ha abierto nos aproxima al momento de terminar, de manera masiva, con los juicios pendientes por los delitos del periodo 1990-2000. Más de cuatro años después  del comienzo de la historia el sistema debe comenzar a tomar decisiones definitivas. Y es innegable que nos está costando aceptar que hay personas que deben ser excarceladas porque el sistema no logró llevarlas a juicio a tiempo, otras que deben ser absueltas porque no se logró probar que sean, en verdad, los responsables de lo que pasó, y que incluso hay personas que probablemente jamás debieron sufrir los rigores que el sistema impone y otras que sencillamente lograron escaparse (al menos hasta ahora). Y sin embargo debemos, responsablemente, aceptar que esto ocurre. Y no debe sorprendernos que ocurra.

Recuerdo que hacia 1993 varios abogados de Lima intentábamos probar que el sistema de jueces sin rostro no podía ser reconocido como “bueno” o “útil” usando razones que salieran de los lugares comunes que usábamos siempre en la comunidad de derechos humanos de entonces. Una de las evidencias que empleamos fue esta: Hasta donde conocíamos, en ese momento los tribunales sin rostro habían condenado al 100% de acusados llevados a juicio. En las condiciones en que funciona el procedimiento judicial, aquí y en cualquier parte del mundo, el que se haya condenado al 100% de los acusados no podía ser una buena noticia. No significaba que el sistema sea “bueno” o “eficiente”. Todo lo contrario, significaba que el sistema no estaba haciendo su trabajo, que justamente es diferenciar entre culpables e inocentes. La única manera de creer que era correcto condenar al 100% de acusados habría sido asumir que la Fiscalía y la policía jamás se equivocaban. Y eso es un absurdo. Tan absurdo como creer que el caso contrario (todos los acusados absueltos) muestra gran respeto a los derechos humanos. Cien por ciento de condenados es autoritarismo, cien por ciento de absueltos, impunidad. En estas condiciones ¿Sería acaso tolerable que el sistema anticorrupción terminara condenado al 100% de acusados o negando la libertad al 100% de solicitantes?

Y es que en el caso de la libertad por exceso en el tiempo de detención la situación es la misma. Imaginemos por un momento un sistema en el que nadie jamás obtiene la libertad por exceso en el plazo de detención ¿Significaría eso que el sistema es eficiente y jamás se atrasa? No, simplemente significaría que el plazo máximo de vigencia de detención ha sido puesto tan arriba (en nuestro caso ya camina por los ¡72 meses!) que nadie jamás lo puede alcanzar…. Insisto, un sistema que no es capaz de identificar errores no está funcionando. En la vida personal es igual, quien cree que jamás se equivoca no es perfecto, sólo padece de un bloqueo que puede llegar a la patología.

            El funcionamiento adecuado del sistema sólo se produce en condiciones en que se puede probar estadísticamente que es posible ejercer la defensa de manera exitosa. Los abogados de la defensa siempre encontrarán razones fundadas para sospechar de la imparcialidad de un sistema que no es capaz de demostrar que sabe reconocer errores y actuar en consecuencia. Si no comenzamos, entonces, por reconocer que habrá que aceptar lo que viene cometeremos tantos desaciertos en este tramo que quizá terminemos, igual que en el caso del terrorismo, aprobando indultos y pidiendo disculpas públicas a quienes sin razón, pagaron los rigores de nuestra propia ceguera.