EL ESCÁNDALO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
Los
electores
Por
César Azabache Caracciolo
Hace algunos días registramos un escándalo de
proporciones mayores en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero temo
que no hemos tomado el asunto en su exacta dimensión. El presidente del cuerpo
que elige a nuestros jueces y fiscales, Pablo Talavera Elguera, uno de los
magistrados de mejor trayectoria en nuestro medio, renunció. Y no lo hizo por
razones personales.
Renunció después de que el pleno del consejo
decidió, sobre bases deleznables, perdonarle la vida al señor Alfredo Quispe
Pariona, elegido representante ante el CNM por los colegios profesionales.
Quispe Pariona debe enfrentar una investigación por corrupción en la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Parece sencillo entender que en esas condiciones,
sea inocente o culpable, no puede actuar como elector de magistrados. Quispe
Pariona debió renunciar por su propia iniciativa, pero en lugar de hacerlo
defendió el cargo y el pleno acordó respaldarlo. Talavera Elguera se apartó por
esto. Para neutralizar las consecuencias de su renuncia, el CNM revisó su
decisión y vacó a quien en realidad nunca debió postular al cargo.
Hay casos que admiten una disculpa para volver las
cosas al equilibrio. Hay otros en los que un despropósito evidencia la
inhabilidad de una persona o de un colectivo entero para cumplir una función
encomendada. El Caso Quispe Pariona pertenece al segundo grupo, de manera que,
ocurridas ya las cosas, la única solución posible supone recomponer al CNM por
completo.
Entiendo que José Rogelio Gonzales, llamado a
reemplazar a Talavera Elguera, ha renunciado al cargo como expresión de su
molestia con esta situación. Creo que la Junta de Fiscales Supremos deberá
secundarlo y promover la renuncia de sus propios representantes al CNM. Si esto
ocurre, el CNM quedaría reducido a cuatro miembros y no podría tomar decisiones
hasta que sea reorganizado. Así, la crisis justifica una intervención urgente
como esta.
Comprendo que cueste entender la complejidad del
asunto. El CNM no es, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del
Pueblo, una entidad cuyas competencias o funciones sean fácilmente
comprensibles por los ciudadanos.
Lo instauramos como un cuerpo de electores a
quienes entregamos la designación de jueces y fiscales de la República, pero no
hemos logrado que la comunidad se comprometa activamente en este proceso. En
consecuencia, la actividad del CNM se mantiene casi invisible a los ojos de los
ciudadanos. Y la invisibilidad es el mejor ambiente para la corrupción de las
autoridades públicas de todo tipo.
No es sencillo elegir a las autoridades que deben
resolver nuestras controversias. Necesitamos jueces y fiscales a quienes
podamos reconocer como autoridades morales independientes, magistrados que no
ingresen a sus cargos hipotecados por ningún compromiso adquirido en el proceso
que les designa.
Para ello, necesitamos un colectivo de electores
que llegue al CNM por el honor que representa el cargo, personalidades
intachables, fuertes moralmente, de cuyo origen e intenciones no tengamos
dudas. No me corresponde juzgar al señor Quispe Pariona, pero una persona
sujeta a investigación no puede ser elector de magistrados.
Si el pleno no ha podido entender esto, entonces
debemos cambiarlo. Hay que advertir, de paso, que estamos descuidando –y no
debemos hacerlo– uno de los procesos de designación de autoridades públicas más
importantes de nuestro medio.
Publicado en el diario El Comercio el lunes 23 de noviembre del 2015
