Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar. Todas diversas maneras de huir
Odebrecht fue intervenida cuando el volumen de los activos que lavaba se hizo visible para los radares financieros de los EEUU y Suiza. Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia por no transparentar a tiempo la cartera de negocios privados que ahora alimenta las investigaciones en su contra. El presidente Vizcarra ha tratado de ocultar la influencia que parece haber desplegado para que un amigo suyo obtenga remuneraciones del Estado, y parece ahora esforzarse por ocultar las relaciones que mantuvo con Obrainsa, una constructora con la que se vinculó antes de ser jefe del gobierno de Moquegua.
Aún considerando diferencias, no deja de ser sugestivo mirar estas historias en conjunto. Todas ellas se han movido en espacios marcados por la penumbra. Pero un importante sector de esa penumbra se ha resquebrajado recientemente. En diciembre de 2016 las autoridades norteamericanas, las suizas y las brasileñas anunciaron que elegían conceder a una empresa corrupta, Odebrecht, y a sus ejecutivos, inmunidades que le permitan contar la trama de los sobornos que pagaron. Sobre esa base las baterías de la justicia se han enfilado sobre los políticos y los oficiales de gobierno a los que lograron corromper. Habría sido posible elegir el camino inverso: ofrecer las mismas inmunidades a políticos y oficiales de gobierno. Pero la oferta fue recibida por la empresa y sus ejecutivos. Y fue replicada en el hemisferio, muy especialmente en el Perú, en la misma dirección.
Ahora el dispositivo está instalado y permite a quienes estaban a uno de los lados de la mesa, los ejecutivos, postular a clemencia con base en delaciones. A partir de allí nuevas delaciones expanden los alcances del sistema en direcciones aún imprevisibles. Mientras, quienes quedaron al otro lado de la mesa están fuera del juego. Oscilan entre apostar a que el paso del tiempo, eventualmente, mejore sus condiciones para litigar o se concentran en un esfuerzo torpe por recuperar la penumbra.
No hay una narrativa que proteja a los delatados. Piensen en el señor Chávarry involucrándose en el deslacrado de las oficinas intervenidas por el fiscal Pérez, en los sobornos pagados por el señor Hinostroza para escapar, en las influencias que buscaba el exgobernador Villanueva cuando fue detenido o en las dos últimas escenas del presidente Vizcarra en los casos Swing y Obrainsa.
La torpeza convertida en una práctica recurrente.
Pero de otro lado, ¿qué deberíamos esperar de quienes quedan arrinconados por estas delaciones? ¿Qué esperen pacientemente sus castigos?
Los procedimientos de delación suponen que habrá un grupo de delatados cuyo castigo no podrá negociarse. Jamás un jefe terrorista o genocida. Podemos por cierto discutir la extensión de esta lista. Pero ¿no hay acaso delatados que podrían recibir alguna forma de clemencia disminuida? ¿No tendría acaso más sentido que el sistema abra válvulas que permitan que algunos de ellos simplemente se rindan y cumplan un castigo menos intolerable pero efectivo a cambio de aceptar lo que han hecho públicamente?
Al otro lado de la delación debería haber un espacio para el reconocimiento de la propia culpabilidad.
Encuentro imprescindible establecer estímulos que permitan a quien sea capaz de hacerlo abandonar toda negación y reconocer en público lo que ha hecho. Como colectivo, necesitamos comenzar a cerrar esta historia. Y no lo vamos a lograr si mantenemos el enorme desequilibrio que representa tener procedimientos, demasiados procedimientos, que premian la delación sin ofrecer válvulas que equilibren las cosas de manea razonable.
Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar.
Todas diversas maneras de huir.
Publicado en La República, el 19 de octubre de 2020
