Mis preocupaciones giran alrededor de lo que ocurra a partir de julio de este año, cualquiera sea el entorno en que deba ocurrir. Creo que toca establecer espacios institucionales intermedios que tamicen la polarización que exhiben los discursos de una Fujimori que pretende “defender el modelo” sin restricciones visibles, y un Castillo que sostiene que procederá “como decida el pueblo”, asumiendo que son sus propias intuiciones las fuentes de interpretación correcta de eso que “el pueblo pueda decidir”.
Respeto sobre manera el esfuerzo de quienes intentan arrancar a Fujimori compromisos institucionales. La presencia de Luis Carranza en su entorno marca un hito. Respeto también a quienes quieren forzar a Castillo a admitir la validez del discurso sobre los derechos y el enfoque de género y la necesidad de reforzar, no demoler, a las entidades que los protegen, aunque no se observen ahí grandes resultados. Están por cierto los límites que enfrentan estas dos tendencias, limitadas por el perfil de quienes postulan y sus entornos. Pero por encima de eso creo que ambos intentos agregan valor en la reorganización de un espacio institucionalista que sin duda habrá que recomponer y hacer subsistir más allá de las elecciones de junio, porque es ese espacio del que dependerá nuestra viabilidad colectiva.
Creo que el primer movimiento para construirlo depende de las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional.
Paradójicamente el Congreso actual pretende reconfigurarlo a partir de una lista de candidatos que comenzó a ser armada antes de la crisis de Merino. La lista está absolutamente fuera de este tiempo político. Pero eso no parece importar a la mayoría de un Congreso que parece seguir discutiendo si Merino debió sostenerse como presidente o no. En estas condiciones, más allá de derechos, atribuciones formales o plazos vencidos, sigo creyendo que es preferible mantener la conformación actual del Tribunal Constitucional hasta que sea posible, al menos en base a una reforma constitucional transitoria, sacar su conformación del Congreso para entregársela a la Junta Nacional de Justicia. Guste o no, la Junta viene mostrando ser una de las pocas entidades capaces de actuar en un ambiente libre de influencias de contexto. El Congreso no.
No simpatizo con las formas del fujimorismo para elegir magistrados. Esas formas fueron puestas en evidencia en la elección que condujo al cierre del Congreso anterior. Y no encuentro cómo respaldar la bancada de un Castillo que pretende que el Tribunal Constitucional, llamado a proteger a las minorías, sea cerrado o sea elegido por votación universal, cuando son las mayorías a las que ese tribunal debe controlar.
Encuentro que el segundo tema a revisar se refiere a la posibilidad de introducir en el proceso elecciones para un nuevo Senado. Imagino esas elecciones convocadas para mediados del 23, no antes. Esas elecciones podrían generar un intermedio electoral que ponga límites prácticos al ejercicio del poder del extremo que gane las elecciones de junio, cualquiera que este sea. Las minorías que ahora postulan a la presidencia, ambas, deben saber que en poco tiempo su posición puede ser cuestionada por un siguiente ciclo electoral que ahora no existe. Faltan sin duda muchos números por revisar en esa discusión.
Pero abrir el mercado de la política exponiendo a sus actores a un ejercicio competitivo en el corto plazo me parece imprescindible.
Necesitamos espacios intermedios que nos ofrezcan refugio en las tensiones que se abrirán después de julio de este año. Respeto a quienes intentan reducir los riesgos que las dos opciones en disputa exhiben. Pero encuentro imprescindible mirar lo que nos hará falta después de julio para tratar de ser viables.
Publicado en La República, el 2 de mayo de 2021
