La agenda pendiente
César Azabache Caracciolo
El proceso anticorrupción iniciado el año 2000
forma un capítulo que debe ser entendido como resultado de las especiales
condiciones en que ocurrieron las cosas. Habría sido ideal que el liderazgo
comunicacional que ha ejercido la Procuraduría desde su instalación hubiera
sido asumido por los Fiscales. Pero el Ministerio Público en noviembre del año
2000 estaba fuertemente debilitado, diría mejor dañado por las condiciones que
le impusieron durante los noventa. Y como quedó claro a consecuencia de la
crisis en el caso Guzmán Reynoso, todavía ahora las fiscalías no terminan de
estar listas, por más esfuerzos que han hecho, para asumir por completo el papel
que les toca como encargadas no sólo legales sino también morales, de la
conducción de la pelea institucional contra el crimen organizado y la impunidad.
Pasa lo mismo con
los tribunales especializados. Habría sido ideal que las Salas que juzgan
todavía ahora a los acusados por sus relaciones con la organización montada por
Montesinos no guardaran ninguna diferencia con los demás tribunales de justicia.
Pero en noviembre del año 2000, cuando comenzó el primer proceso contra la
mafia, los tribunales establecidos para casos como éstos pertenecían a la
tristemente célebre Sala para Delitos Tributarios y Aduaneros, que tuvo que ser
de inmediato desactivada y eliminada del sistema por los escándalos legales en
que terminó involucrada. Tener una Sala intachable era entonces y es aún ahora,
que no cesan los escándalos judiciales, un imperativo.
Pero no es así como
deben pasar las cosas. Transferir la cuota de legitimidad y transparencia que
acumulan a su favor la Procuraduría Ad Hoc, el equipo especial de fiscales para
estos casos, y las Salas y Juzgados especializados es una tarea impostergable. ¿Por
qué? Porque la condición de legitimidad de todo proceso que tiene algo de
excepcional es que las autoridades que detentan poderes o cuotas de influencia
relativamente extraordinarias sean capaces de renunciar a ellas y transferirlas
a autoridades estables y permanentes. Claro, una transferencia como esta
requiere que tales autoridades estables y permanentes existan. Crearlas o
consolidarlas, como se prefiera, es nuestro principal reto pendiente.
Difícil. Difícil por
las dudas que afectan la imagen de nuestro sistema legal. Pero impostergable
sin queremos hacer madurar nuestra institucionalidad. Como país no podemos
consolarnos con usar permanentemente al sistema anticorrupción como única
reserva moral para asuntos legales. No es correcto desde el punto de vista de
la política y del desarrollo de nuestra institucionalidad. Aunque parezca
ingenuo, debemos intentar que todos los ámbitos del sistema judicial y legal
puedan comenzar a impregnarse de la legitimidad que, más allá de crisis
parciales, ha acumulado el sistema anticorrupción en torno a sí. Aunque resulte
difícil, creo que el reto está aquí: En aprovechar lo ganado hasta ahora para
poner en forma nuestra capacidad institucional de procesar en forma honesta
nuestras crisis legales.
Y no es que no haya
asuntos muy concretos que aún están pendientes. Antonio Maldonado asume el
desafío de dirigir a un equipo que debe poner en su lugar la agenda de juicios
pendientes. Ahí está el caso de las FARC, el caso de las compras de aviones y
el caso de las transferencias de fondos al SIN, para enumerar sólo algunos. Pero
quizá la tarea mayor sea esa: Comenzar a andar el camino hacia la búsqueda de nuestra
propia estabilidad institucional.
