Boluarte & Boluarte

Hasta hace solo unos días parecía inevitable que el periodo 24/26 quedará marcado por la consolidación de Nicanor Boluarte como factor principal y por cierto clandestino en la determinación de las principales decisiones del Gobierno. Desactivar al equipo de investigación que respalda a la fiscal Barreto, algo que no pudieron hacer ni Pedro Castillo ni Patricia Benavides, iba a ser la marca que caracterizaría el inicio del ciclo Boluarte & Boluarte. Pero el plan no funcionó.

Las señales de la influencia que estaba acumulando el hermano de la presidenta hicieron de él el cuarto objetivo natural de este equipo especial. El Gobierno dispuso desmontar el equipo e investigar su origen. Pero la Fiscalía obtuvo una orden judicial de detención a Boluarte que pudo ejecutarse antes que la orden sea cumplida. A partir de allí, el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha hecho cuestión de Estado en contra de esa orden. Se ha abierto con eso una nueva grieta en un régimen que quedó vaciado de toda legitimidad desde el día siguiente a su instalación, cuando empezaron las muertes de DIC22/ENE23.

Lo que veremos a continuación proviene de un libreto que ya ha sido puesto en escena. Una audiencia de prisión preventiva y quizá algún delator adicional que refuerce la posición de Fiscalía. Pero sea que Nicanor Boluarte se mantenga en prisión o no, la exposición al público de su red de contactos debe ser suficiente para desactivarla. Un gestor clandestino de intereses es en lo que parece haberse convertido; solo se mantiene en vigencia mientras puede producir resultados desde las tinieblas. Y las tinieblas se han desvanecido ya para él.

Un jugador sale de la escena. La cuestión por resolver estriba en la forma y las consecuencias que tendrá el vacío que ha dejado.

Imagen del desconcierto generado: la presidenta intentando ingresar a escondidas a la oficina de su abogado, hoy en prisión, sin saber que allí se estaba desarrollando un allanamiento oficial.

En términos estrictamente morales, la renuncia de doña Boluarte debería ser la consecuencia lógica de este proceso. Hagamos la contabilidad de lo intolerable: 50 muertes, el caso de los relojes, el de los fondos sin explicación, el intento por desactivar al equipo de policías que investigaba a su hermano. En el camino perdió a sus dos operadores políticos, Alberto Otárola y Nicanor Boluarte. En el plano en que se instalan mis propias preferencias personales reclamar su salida encuentra tanta justificación como insistir en que debe enfrentar a los tribunales por las muertes que su Gobierno ha provocado. Es una cuestión tan necesaria como sancionar lo inaceptable. Una cuestión de principios que no puede ser contestada con ningún llamado a la “estabilidad” del Estado. Basta mirar las portadas de los diarios para notar que la presencia de Boluarte en el Gobierno es un factor de inestabilidad permanente.

Aunque ella no esté dispuesta a renunciar y la mayoría en el Congreso no tenga ninguna intención de sacarla del cargo, reclamar su renuncia encuentra un espacio en el reforzamiento discursivo de lo que nos queda de conciencia moral. Este, el de la ética pública, es un espacio en el que lo que decimos importa e importa mucho, porque configura nuestra capacidad de conservación de mínimos morales o prefigura nuestra más absoluta rendición hacia lo inaceptable.

Si Boluarte saliera del Gobierno, el Ejecutivo quedaría en manos de un representante de la coalición que la respalda. El reemplazo de Boluarte no cambiará en nada el curso de las cosas: la coalición entera y no solo Boluarte es responsable de las distorsiones que se han introducido en la economía y en el sistema institucional. Pero la organización que asuma su reemplazo probablemente quedará tan expuesta como Nicanor Boluarte: condenada a hacer lo que ahora solo celebra, la organización que reemplace a Boluarte podría capturar menos plazas en el siguiente Congreso de las que ahora espera. Transparentaría la tesitura de los verdaderos responsables de la desgracia que ha seguido a Pedro Castillo, la penúltima desgracia que hemos padecido. No menos que eso, aunque tampoco más.

En el camino estamos contemplando un saqueo masivo al sistema institucional. Celebran los saqueadores, no quienes apostamos por reglas claras y decisiones predecibles adoptadas desde alguna manera de definir el bien común. Por lo menos hasta las siguientes elecciones la radicalización de la estupidez es previsible. No olvidar que mientras el último escándalo de nuestra historia reciente se hacía visible el Congreso aprobaba una ley que pretende conceder inmunidad penal a los partidos políticos y el Gobierno convertía la homo y la transexualidad en enfermedades mentales. Por eso adelantar las elecciones sigue siendo el objetivo: el saqueo debe durar el menor tiempo posible porque necesitamos detenerlo y no existe opción de hacerlo mientras esta coalición siga en el Gobierno y controle el Congreso.

El problema por resolver es el vacío de alternativas en que nos hemos estancado. Los escasos esfuerzos que se registran ahora desde la sociedad política para llenar ese vacío son aún incipientes, deben desplegarse. No bastan para forzar una salida inmediata a la trampa moral en que estamos atrapados.

El vacío. Este es el principal dilema que impregna nuestro mapa de opciones políticas. Pero, claro, lo impregnará hasta que logremos modificar el cuadro de alternativas electorales que tenemos delante.

Queda absolutamente claro que los únicos factores capaces de imponer límites institucionales en este momento son las Fiscalías, cierto sector de la Policía y el Judicial. Preservar la autonomía de estas entidades es imprescindible, a menos que queramos agregar a la lista de desastres acumulados el relanzamiento de Nicanor Boluarte como factor de la política local.

Las confesiones de Dina Boluarte

La campaña 20/21 

El sábado, en la conferencia de Palacio de Gobierno, la señora Boluarte dijo dos cosas que están pasando desapercibidas. La primera, acaso la más importante, se refiere al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que observa sus manejos en cuentas, en las propias y en las mancomunadas. El informe es de NOV22, de modo que hasta el sábado pasado la incógnita por despejar era dónde ha estado ese texto todo este tiempo. El sábado la señora Boluarte nos ha contado que el informe en cuestión fue entregado a la fiscalía con ocasión a las investigaciones que comenzaron en JUL21 sobre la forma en que se Perú Libre reunió los fondos con que sostuvo la campaña electoral 20/21. 

El informe es entonces una pieza en un caso sobre el posible financiamiento ilegal de una campaña desarrollada antes que ella sea ministra y ante que asuma la presidencia.  

El caso en cuestión además ha estado delante de nuestros ojos todo este tiempo. Se trata del mismo caso por el que Jaime Villanueva se atribuyó influencias suficientes para evitar que la situación legal de Boluarte se complique antes de asumir la presidencia. Las ínfulas de Villanueva deben ser matizadas después del hallazgo. El informe es de NOV22 y en MAR23 la fiscalía inició una investigación preliminar contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro sobre este asunto. La carpeta está separada de la que reúne a los principales dirigentes de Perú Libre, pero por una razón que encuentro perfectamente explicable: El informe de la UIF no hace referencia a los principales dirigentes de Perú Libre. Además los dos factores que gatillaron el caso fueron las declaraciones del señor Shimabukuro, un aparente aportante oculto de todo registro y la denuncia sobre la existencia de un registro privado de las actividades de la señora Boluarte, la llamada “libreta amarilla” a la que se refirió la señora Sánchez, su asistente en la campaña.  

No habíamos tenido noticias en todo este año sobre el avance de estas investigaciones. Pero sin duda los debates actuales, que puede verse, no se pueden limitar al caso Rolex, forzarán que los tiempos de estas indagaciones se aceleren.  

La cuestión es particularmente importante porque este caso se refiere a hechos que ocurrieron antes a JUL21. En JUL21 la señora Boluarte adquirió las protecciones constitucionales que corresponden al gabinete de ministros y en DIC22 las que corresponde a quien ejerce la presidencia de la república. Ambas requieren distintas formas de autorización del Congreso que pueden detener las investigaciones en la estación que se denomina “investigación preliminar”, el primer peldaño de un caso penal. Desde el caso Castillo, a partir de la decisión de Pablo Sánchez de MAY22, ha quedado establecido entre nosotros que es posible investigar hasta este hito a quien ejerce la presidencia. Pero antes de eso, primero en JUN16, con ocasión al caso Humala y luego en OCT20, antes que Vizcarra fuera vacado, la fiscalía dejó asentada una teoría complementaria: Quien ejerce la presidencia puede ser investigado sin límites de ningún tipo, incluso sin protección constitucional alguna si los hechos en cuestión ocurrieron antes que asuma el cargo que le protege. 

Durante la campaña de 20/21 la señora Boluarte era una ciudadana postulando a un cargo. No tenía protección alguna adquirida. Por ende las investigaciones sobre sus cuentas, en la parte que corresponde a ese periodo pueden avanzar hasta sus últimas consecuencias sin necesidad de recabar ninguna forma de autorización del Congreso, ni la que resulta del antejuicio ni la que resulta de la vacancia en el cargo.  

Sobre esta base el caso sobre los fondos de campaña de 20/21, a diferencia del caso Rolex, puede proseguir sin intervención del Congreso. 

Los 84 meses de la señora Boluarte

Pero además la señora Boluarte nos dijo el sábado pasado que manejó el Club Apurímac por 84 meses. Al referirse a estos 84 meses la señora Boluarte intentaba rebajar la imagen que proyecta el informe: de un millón a S/ 13 mil al mes. 

La declaración aparece en un video visiblemente revisado y editado. Tiene todas las condiciones para ser considerada como una declaración seria, vinculante. Al margen del intento por bajar volumen a las cifras, en ella la señora Boluarte termina reconociendo que siguió manejando el club Apurímac, una entidad privada, entre JUL21 y NOV22, cuando ya era ministra del gobierno de Pedro Castillo y estaba prohibida de hacer gestiones privadas. 

Ocurre que en JUN22 la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso abrió contra ella un proceso por patrocinar los intereses de ese club en ese periodo. En ese procedimiento su abogado, Alberto Otárola, alegó que las gestiones que se habían descubierto, una de ellas relacionada con las licencias del restaurante del local, habían sido promovidas por simple necesidad administrativa; porque los poderes que se modificaron al ser nombrada ministra habían tenido problemas de retraso en los registros públicos. Sobre esa base en NOV22, poco antes del intento de golpe de Pedro Castillo, la Sub Comisión propuso desestimar el caso.

Pero ahora resulta que el alegato ha sido contradicho por la propia señora Boluarte. La propia presidenta, intentando defenderse del caso sobre sus cuentas, nos ha entregado una declaración que fuerza a reabrir las investigaciones sobre patrocinio ilegal que se descartaron antes que ella asuma la presidencia. 

El caso del patrocinio indebido del club esta en manos del Congreso. Difícil calcular si a pesar de la evidencia dentro del Congreso habrá ganas de reabrir este caso o no. Pero parece imprescindible anotar que al menos en la fiscalía esa reapertura se ha vuelto obligatoria por palabra propia. 

Colofón 

Es completamente explicable que en estos días hayamos quedado deslumbrados por la espectacularidad de una historia cada vez más plagada de joyas, rumores, desmentidos, fake news y quizá callejones sin salida: La historia de los Rolex. Pero no siempre las historias que mayor atención convocan son las que determinan el destino final de las cosas. 

La historia de las cuentas de la señora Boluarte, las propias y las mancomunadas, puede ser menos llamativa, pero puede avanzar más a prisa, por una senda más segura y con menos obstáculos institucionales que la del caso Rolex. Especialmente si la fiscalía no comete esta vez el error de sobrecargarla de hechos y lastres que la paralicen en el tiempo. 

Las reglas sobre financiamiento ilegal de campañas, vigentes desde AGO19 puede por ejemplo ser más útiles que las que se usan para casos sobre lavado de activos. Es cosa de revisarlo.

Aquí hay una serie de razones que le dan sentido a empezar a hacer girar nuestra mirada en una dirección distinta a la que ahora la absorbe. 

Morir por otras manos

Hace solo unos días, Katherine Gómez fue rociada con gasolina e incinerada viva en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo. También hace muy poco una niña de 11 años fue traída a Lima desde su pueblo, ubicado a seis horas de Atalaya. Le habían incrustado dos cinceles de fierro de 16 centímetros cada uno en el cráneo.

Un video muestra a un agente de Policía disparando una bomba lacrimógena directamente a la cabeza de Víctor Santisteban, un manifestante desarmado. Un policía, José Soncco, fue incinerado en Juliaca dentro de la camioneta en que prestaba servicio. Son 49 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en dos meses de protestas. Son 15 feminicidios consumados y otros 20 intentados en solo este año. Son aproximadamente 10 muertes colaterales ocurridas durante las manifestaciones.

No son historias homogéneas; cada una encierra un significado propio. Pero tampoco son eventos singulares. Eyvi Ágreda fue incinerada viva en público en Lima hace casi cinco años. Cirilo Robles fue linchado en la plaza de Ilave durante una protesta el año 2004. Acumulamos dosis intolerables de indiferencia frente a los eventos más crueles que protagonizamos. Los registramos como noticia y luego los dejamos pasar.

No somos capaces de convertirlos en puntos de inflexión que den lugar a reglas prácticas, a compromisos reales, a dispositivos efectivos, vinculantes, diseñados para evitar que estas cosas se repitan. Ningún sereno o agente de policía estaba cerca del lugar en que quemaron viva a Katherine. Los testigos que estaban allí intentaron apagar el fuego, pero nadie intentó detener al agresor mientras escapaba.

La incineración de José Soncco o el disparo de esa bomba que destrozó la cabeza de Santisteban no han sido suficientes para que los colectivos de manifestantes y el Estado forjen acuerdos mínimos, protocolos básicos que conviertan la protesta en un espacio de ejercicio de derechos ciudadanos y no en lo que es ahora: un área vacía de autocontrol en la que se pueden generar escenas de crueldad extrema en cualquier momento.

Nos estamos impregnando de patrones de conducta extremadamente violentos. Los estamos consintiendo. Y el gobierno, al definir la impunidad y la negación como códigos de referencia para ocultar las muertes que ha causado, acelera el proceso. La violencia, cuando se instala sin consecuencias, se expande sin límites. Y somos una sociedad expuesta a ella. No hemos resuelto la herencia de los años 80 y 90 en violaciones a los DDHH. Y vivimos en medio de chantajes, sexismo, diversas formas de tráfico que incluyen tierras y personas que se sostienen por métodos violentos.

¿Qué efecto puede causar la impunidad y la negación en un entorno vacío de reglas? Las sociedades que matan forman rituales perversos. Aquellos que se disfrazan de comandos para disparar a mansalva en colegios y universidades reproducen patrones de violencia que están instalados en el entorno en que viven. La muerte consentida, la que se esconde en nuestra indiferencia, se expande, se duplica, se ritualiza.

Si las muertes de las manifestaciones quedan impunes, si casos como el de Katherine y esa niña no son tomados en su exacta dimensión, tendremos más muertes en las próximas manifestaciones; otras mujeres serán incineradas y otras niñas serán flageladas. Estamos en riesgo. Una sociedad sin reglas está expuesta a internalizar la crueldad como forma de expresión del poder en todas sus formas; la política, la local, la cotidiana. El empoderamiento, en todas sus dimensiones, es un combustible capaz de expandir lenguajes violentos. Morir por mano ajena con el desprecio que representa la crueldad, con la impunidad impuesta en el lugar que corresponde a un funeral. Es demasiado.

Danza sin caretas

Carmen Mac Evoy y Gustavo Montoya han insistido en un libro publicado hace poco en que al XIX le faltó un encuentro entre Lima y el resto del país antes que el Perú se pretenda República. Parafraseo ahora una columna reciente de Gabriel Ortiz de Zevallos: al Perú le faltó convertirse en tejido, en trenza anudada para que la independencia sea fundación y la Constitución acuerdo y no simple proclama. 

Lanzamos nuestra última proclama en el 2000, asumiendo que éramos transición. Y esa proclama se cayó en Bagua y en la Curva del Diablo; se cayó en Ilave cuando asesinaron al alcalde Robles; se cayó cuando fueron descubiertas las mafias que atravesaban los gobiernos regionales en tiempos de Humala y mostró sus débiles costuras con las confesiones de Odebrecht desde diciembre del 16. 

Como dijo Mauricio Zavaleta a mediados del 21, comenzamos a ver el rostro de nuestra sociedad sin acuerdos mínimos, en el 16, en la forma de ser de ese congreso embrutecido por ser mayoría, y en el 19, en el suicidio colectivo que resultó ser haberlo cerrado. Lo vimos cara a cara en los pocos días de Merino y lo vemos ahora, que nos estamos desangrando sin intermediación escénica alguna. 

Tendremos que estar de acuerdo al menos en que casi cincuenta muertes en dos meses impuestas a balazos no conforman un evento analizable quirúrgicamente bajo el lente de un abogado de escritorio sino una tragedia que expone la brutal ceguera en que estamos viviendo.

Indiferenciados. Hace tiempo perdimos de vista incluso las herramientas básicas que podrían al menos hacer más sencillo reconocernos. Si Alberto Vergara y Carlos Melendez comparten algo es esa intuición que les lleva a notar que “la informalidad” no es una construcción que describa a un puñado de marginales que no logran insertarse en una economía sobrecargada de trámites burocráticos. La construcción es enana porque pretende mirar como minúsculo algo que en verdad representa la forma que hemos adquirido en estos años. La informalidad, en efecto nos describe. Describe una forma de ser que no podemos reconocer como colectivo porque supone precisamente la negación de cualquier colectivo imaginable. La todavía llamada informalidad no supone “no haber llegado al sistema”. Supone no querer ser parte de sistema alguno, y sin embargo, constituir uno completamente pervertido. Supone sobrevivir, defenderse por si, expandirse territorialmente por la fuerza, cuando llega el momento de expandirse y entonces poner rejas, o muros, o cercas y entonces golpear y gritar y defenderse atacando, no negociar. 

Si se llega al momento en que se acumula fuerza, ella es su propia concepción transitoria, porque quienes conforman cuadrillas de toma de terrenos, fuerzas de choque para enfrentar policías o alianzas electorales no tiene más propósito común que salvar la consigna del día o del proceso. No comparten un “nosotros” que sin embargo puede reconocerse en el formato de una marcha espontánea alrededor de una plaza, en una vigilia frente al edificio de una autoridad o en un solvente acompañar a nuestros muertos. 

La complejidad de estar siendo de esta forma, decía, proviene también de la absoluta pobreza de las herramientas que tenemos para mirarnos. Indiferenciados. Nos encantaría seguir creyendo que la derecha está militarizada, la izquierda sobre radicalízada, la minería informal mercenarizada y que todas estas capas pueden diferenciarse de una ciudadanía que protesta. Entonces podríamos acusar a unos y otros de no diferenciarse y podríamos imaginar que la consigan consiste en proveer a la ciudadanía, a las organizaciones sociales “buenas” de herramientas para diferenciarse de “los malos”.  Imposible no notar como ese ejercicio reproduce el sesgo binario que nos tiene aquí atrapados. Es exactamente lo mismo buscar nuevos “buenos” que nuevos “malos”. Todo sesgo binario retroalimenta la espiral en que estamos atorados desde los años noventa. 

Esperando “que la tortilla se vuelva” solo abrimos el espacio en que la tortilla se volverá de nuevo. 

Ha dejado de tener todo sentido seguir imaginado que debajo de ciertas tupidas redes ácidas irracionales y violentas hay una maraña de emprendedores y pueblos y colectivos y organizaciones sociales y comunidades que sobreviven bucólicamente apoyándose, reconociéndose, siendo solidarios y solidarias entre sí en espera que la niebla se disipe. Sin duda existen las ollas comunes, las pequeñas cooperativas de productores de granos, de tejedoras y hacedoras de papel y de jabones, los pequeños sindicatos y las escuelas y los comedores populares, los colectivos de barrios y los clubes y los centros de cultura. Sin duda existen esos pequeños espacios en los que vivimos. 

Pero somos nosotros mismos. 

Los espacios colectivos que reclamamos como imprescindibles para formar identidades existen dentro de ese ambiente que todavía reconocemos como informal. No es que nuestras fantasías neo comunitarias basadas en los pequeños espacios de humanidad se hayan impregnado del mal. 

Es que de muchas maneras la sociedad es un todo continuo. El profesional independiente no paga impuestos; el artista alternativo tiene una familia que trafica con predios; el político militarista de derecha sostiene una olla común y canta en el coro de una iglesia; el liberal detiene el auto sobre una cebra; el izquierdista obtuso que sigue soñando ser un príncipe verde olivo aunque no crea en la libre interrupción del embarazo ni en el matrimonio igualitario. Es que estamos entremezclados dentro de nosotros mismos; Indiferenciados; indiferenciadas. Es que nuestro yo colectivo, ni siquiera me refiero al público, forma parte de nuestro yo perverso, narcisista, enceguecido. 

Limitarse a mirar cómo se muere puede ser también absolutamente violento. 

Esto no puede ser más “tu o yo”; “ellos o nosotros”, “matar o morir”, “venceremos y entonces ustedes serán derrotados”; “Dime dónde está tu bandera para quemarla”. 

Las guerras no las acaba la Cruz Roja. Pero alguien tiene que intentar que ya no mueran más personas. Rescatar a las que podamos rescatar. Ese puede ser un principio. Protegernos acaso sea una consigna. Aceptar que somos, en plural y primera persona un enorme montón de gente enceguecida que puede tener o no uniforme pero no llega a ser siquiera un colectivo y sin embargo sangra: sangra de rabia, sangra de frustración, sangra como llora un ser violento que termina rompiéndolo todo y también dispara, incendia y daña. 

Si queremos ser un colectivo antes de intentar ser nación tendremos que inventar una manera de negociar nuestra formación en un país que se volvió ilegal, que no quiere ser nacion, ni república ni autocontrol ni futuro, sino apenas depredación y crudeza. Y notar que somos, nosotros mismos, no una alteridad moral distinta a lo que vemos sólo porque no estamos disparando, sino que sólo parte exactamente de lo mismo mientras nos limitamos a contemplarlo.

La teoría política que conocemos no se escribió para momentos como este. Se escribió para un momento después, cuando toca reconciliarnos enterrando a nuestros muertos.

Pero ¿Seremos acaso capaces de reconciliarnos al menos en nuestros cementerios?

Más de 50 muertes

Tenemos ante nuestros ojos más de 50 personas que han muerto desde que empezó la violencia. Miremos esos rostros; detengámonos en esas historias de vida, en todas. Encontraremos un joven que logró ser policía y fue calcinado en una camioneta oficial. Otros eran deportistas, estudiantes, trabajaban. La mayoría, como él, eran jóvenes. Algunos todavía no. Muchos murieron por disparos de armas de fuego en la cabeza y en el tórax.

No perdamos de vista sus nombres. Tampoco los rostros ni los nombres de sus padres y madres. El único factor en común en estas historias es que no debieron morir. La muerte no es un factor admisible en la ecuación de una explosión política. La muerte en historias como esta es siempre innecesaria. De la muerte no resulta ninguna forma de legitimidad o estabilidad política ni conciencia de clase. La muerte solo produce dolor; produce heridas que arrastraremos indefinidamente, porque se instalan en el centro de nuestra memoria; trascienden a la propia impunidad a la que puedan aspirar sus perpetradores.

Si se trata de escuchar, ya no solo de mirar, están quienes exigen que Boluarte renuncie y quienes exigen que se sostenga en el lugar en que ahora está. Aquí comienzan las decisiones que ahora podemos tomar. Boluarte llegó donde ahora está porque estaba llamada a ocupar ese asiento. Pretender discutir el origen del encargo es solo un esfuerzo inútil por reinstalar en la mesa la irreversible situación de Castillo. No tiene sentido. La cuestión es que no encuentro cómo pueda sostenerse en el cargo después de más de 50 muertes. Son ya más de 50.

Boluarte debió renunciar después de la primera masacre deliberada, la de Huamanga. No debió imponernos la de Puno ni intentar convencernos de que disparar sobre el cuerpo de personas desarmadas o fuera de una escena de ataque es una forma válida de ordenar desadaptados. No estamos discutiendo escenas relacionadas con enfrentamientos. Ni siquiera es un caso sobre proporciones. Estamos discutiendo lo que representa haber disparado sobre personas desarmadas o que huían del lugar. Y es aún peor, estamos discutiendo lo que representa haber autorizado un despliegue de potencia de fuego que incluía la posibilidad de matar como parte del cometido de las fuerzas de seguridad.

La permanencia de Boluarte después de la primera masacre insulta la memoria de los que han muerto. Pero constituye además sin margen de duda su responsabilidad sobre la segunda masacre. Mantenerse en el cargo solo agrava para ella las cosas. Lo entenderá acaso con el tiempo. Las investigaciones oficiales sobre los hechos tomarán seguramente más tiempo que su mandato en la presidencia. Pero terminarán en algún momento. Y salvo que alguna ilusión le permita imaginar que podrá contener los cargos en el Congreso por cinco años seguidos, como lo viene haciendo Merino, el caso que sigue a estas muertes, como el de Merino, terminará en los tribunales de justicia.

El tiempo en que se sostiene en el cargo solo agrava su situación futura. Pero, más importante que eso, su permanencia en el cargo insulta a las familias de quienes han muerto. Porque no tenían porqué morir y ella pudo evitarlo. No lo hizo. Y sigue sin dar una sola muestra de comprender las consecuencias de lo que al menos ha dejado hacer.

Que alguien pretenda que debo aceptar la muerte de quien fue hijo o hija de alguien más pretende al mismo tiempo que acepte la muerte que podría serle impuesta a mi propio hijo. Eso es algo que jamás voy a hacer. Yo me pongo de pie por la muerte de los otros porque no aceptaré bajo ninguna condición la muerte de los míos.

Y si no entendemos eso como un mínimo de justicia, estamos sencillamente perdidos.