Nulidades extemporáneas - Debate cerrado

El Jurado ha publicado los dos acuerdos del 11 de junio; el que extiende el plazo para recibir nulidades y el que deja sin efecto la extensión. 

Si me lo preguntan, la extensión nunca tuvo sentido. Los procesos de este tipo se rigen por reglas que se establecen al principio y no pueden ser cambiadas en el camino. 

Entonces la corrección es adecuada. Habría sido una muestra de parcialidad  extender el plazo más de lo previsto.  

Ahora FP quizá sostenga que la corrección es injusta y comenzaremos la escalada de demandas. 

Antes que comiencen a hacerlo, me gustaría recordar que don Oscar Urviola dijo qué acatarían la decisión del JNE.

La decisión ha sido tomada. 

Entonces si, como temo, persistirán en construir una narrativa del “fraude no atendido”, pediría que primero respondan la extensa lista de cuestiones no aclaradas que presento en otro post “desmitificando las nulidades”. Esas cuestiones no estuvieron claras en la conferencia de prensa de FP del 10 de junio, en que presentaron sus casos. 

Ninguno de sus tres casos estaba completo entonces. No se si lo están ahora. 

Ya no tendrán espacio legal ante el JNE, no debían pretender tenerlo; pero como ciudadano quiero saber si nos están mintiendo o si planean presionar al país con una narrativa que ni siquiera se apoya en evidencia.

El caso sobre nulidades extemporáneas termina con esta decisión del JNE, la que fija el plazo de admisión de nulidades en el miércoles 9, a las 8 pm. No ingresemos a una escalada de demandas contra esta decisión sin primero revisar con cuidado si FP está construyendo sobre nada o si tiene algo que podamos medir y pesar.

No quiero formarme una opinión sobre mis preferencias o simpatías o antipatías.

Quiero formarme una opinión en base a evidencias concretas, medibles. 

Para desmitificar las nulidades

He propuesto en redes que un comité de notables revise los casos de nulidad que anunció Fuerza Popular en la conferencia de prensa del 10 de junio de 2021. Fuerza Popular ha comenzado a repetir después de esa conferencia de prensa que el resultado de las elecciones proviene de un “fraude sistemático en mesa” y, antes que el JNE se pronuncie, ha llegado a promover una denuncia ante la fiscalía por delitos electorales.  Los medios han registrado 904 pedidos de nulidad, pero sólo 151 fueron presentadas dentro del plazo establecido por el JNE, que venció el miércoles 9 de junio a las 20:00 horas. Los demás tendrán que ser desestimados por extemporáneos. Los abogados de Fuerza Popular, a los que se unió hace poco don Oscar Urviola, afirman que el plazo debería extenderse hasta las 12 de la noche del miércoles 13 o incluso hasta el viernes de esa semana. Pero todos los que operamos con el sistema legal sabemos que los plazos de impugnación no se cuentan por horas, sino por días calendario dentro de los horarios de atención de los tribunales. Sabemos además que los tribunales, todos, actúan vinculados por sus decisiones anteriores en los mismos procesos, y el JNE, en este proceso, ha empleado el plazo cerrado a las 8 de la noche en más de un caso ya. Sobre la cuestión de los horarios de atención de los tribunales no hay además ninguna cuestión o debate en proceso, de modo que no hay razones que permiten que el JNE quiebre sus propias reglas solo porque una parte alega haber necesitado más tiempo.

Los personeros de Perú Libre han observado ya que los votos relacionados con los 151 casos que ingresaron a tiempo no alcanzan para remover  los 44,058 votos que marcan la diferencia al 100% del conteo de votos efectuada por la ONPE. Son al menos 753 pedidos de nulidad los que probablemente no van a discutirse. La razón legal pura y dura indica que no deberíamos volver sobre esto. Es cierto; la razón legal debe ser marcada aquí como un hecho. Pero las razones legales no están en este instante funcionando como límites institucionales eficientes en el comportamiento de los sectores que reproducen sin notar lo que significa falsas noticias o mensajes instigadores de odio. Creo que el proceso legal cierra con la decisión que adopte el JNE. Pero tenemos adelante un proceso moral sumamente complejo que no podemos ignorar en el que encuentro muy importante incorporar a nuestras prácticas morales dispositivos que sea capaces de quebrar en base a evidencia, mitos perversamente movilizadores como el que se está sedimentando bajo la idea del “fraude sistemático en mesa” que, en la narrativa en construcción, será “ignorado por razones puramente formales”.

Temo que esa narrativa está en la base de los anuncios que pretenden llamar a nuevas elecciones y de la escena que temo: Una en que la derecha en pleno abandone el hemiciclo el día de la juramentación de Castillo o insista en imponer al señor Montoya como presidente, en absurda repetición del anterior intento por imponer al señor Merino. 

Se trata de desactivar cualquier mito que se construya en base a evidencia. 

En la conferencia de prensa del 10 de junio los representantes de Fuerza Popular afirmaron haber encontrado 65 casos de familiares que integraron mesas de sufragio. Fuerza Popular ha insistido en que ese parentesco debió ser observado como un impedimento para instalar la mesa. Es cierto. Pero aunque esté prohibido, la cuestión sobre impedimentos para integrar mesas no marca una causal de nulidad de actas bajo el texto expreso y claro del artículo 363 de la Ley Electoral. La razón es muy sencilla: Los impedimentos que aplican parca conformar mesas de sufragio pueden ser empleados en la instalación por los personeros, pero el debate sobre estos impedimentos precluye, es decir, solo puede plantearse antes de la instalación. Una vez instaladas las mesas y después de cerradas las actas las reglas aplicables son las de nulidad, no las de impedimentos. Me explico: Las reglas sobre impedimentos son llaves de seguridad que tienen por objeto no poner las mesas en riesgo. Una mesa que se instala con parientes puede operar con una cuota importante de riesgo teórico, pero el asunto no justifica la anulación del acta si ese riesgo no origina una causal de nulidad como la falsificación de los votos o el desarrollo de una escala de presiones sobre los votantes, sobre los demás miembros de mesa o sobre los personeros. 

Los impedimentos regulan la forma de impedir riesgos. Si estos no desembocan en una causal de nulidad, se desvanecen. 

Luego están los 503 casos que Fuerza Popular ha presentado como correspondientes a firmas falsas. En estos casos las sospechas de Fuerza Popular se construyen sobre la imagen visual de las firmas. Pero las firmas son señales que pertenecen a sus autores. Quien debe confirmar que una firma es mía soy yo, no un tercero, salvo que alguien pueda probar una cosa distinta: Que yo no estaba en el lugar en que mi firma indica que estaba. 

Entonces esta parte del caso está mal planteada. La diferencia visual entre dos firmas puede ser llamativa. Pero solo es relevante si resulta que la persona en cuestión no estaba en el lugar en que se supone que estaba o denuncia la firma como ajena. Aparentemente Fuerza Popular lanzó esta parte del caso sin preguntarse si las personas a las que se refieren estos 503 casos estaban o no en el lugar. Eso parece sencillo de confirmar con los propios registros de asistencia de la ONPE y los registros de instalación de mesas. Además, parece que Fuerza Popular lanzó esta parte del caso sin preguntar a los autores de las firmas si las reconocían como propias o no. Y en medios ya se han listado, en solo 6 días, 25 personas* relacionadas con esta parte del caso que confirmaron que las firmas les pertenecen. Poco para 503 casos. Pero podría ser importante terminar la cuenta. 

Se trata, insisto, de formar evidencia que permita poner en su exacta dimensión la narrativa del fraude. 

La cuestión sobre los parientes es una cuestión legal, es cierto. En cualquier caso bastará que uno de los 151 casos que entraron a tiempo contenga ese argumento para que el JNE valide si mi interpretación de las cosas (los impedimentos para integrar mesas no siempre fundan la nulidad del acta) es correcta o no. Si el JNE lo confirma, con un caso resuelto se caerán los 65 que fueron anunciados en la conferencia del 10 de junio, y no habrá allí más que decir. Si los medios de prensa de investigación aceptan la tarea, los 503 casos de diferencias visuales en las firmas pueden ser confirmados directamente con las personas involucradas en el caso. Hasta ahí la evidencia puede construirse con cierta facilidad. Y lo que es más importante, antes del 28 de julio. 

La parte del caso más llamativa es la que identifica 132 actas en las que Fuerza Popular no tuvo ningún voto o tuvo solo uno. Fuerza Popular sostiene que si el indicador se mueve a 3 votos las actas expuestas serían 325. Para los impugnantes el “voto 0” o “1” son estadísticamente imposibles. Agregan que en primera vuelta en esas mesas “hubo votos” propios o destinados a respaldar a organizaciones políticas de derecha.   

Los voceros de Fuerza Popular no nos han dicho cuántos votos tenía Fuerza Popular en esas 132 mesas en primera vuelta. No nos han dicho cuántas personas votaron en primera vuelta y cuántas en segunda. No nos han dicho cuántas personas votaron por Castillo en primera vuelta. No sabemos si son más o menos que en primera. Tampoco nos han dicho cuántos votos tenían las organizaciones a las que se refiere como semejantes a ella en esa primera vuelta. No sabemos si Fuerza Popular tenía y perdió personeros en esas mesas en primera vuelta. No sabemos tampoco cuantos de los 153 pedidos de nulidad que han ingresado a tiempo contienen estos casos. 

Creo que conocer esos datos sería importante, no para cuestionar el proceso electoral, sino para saber si nos están mintiendo, o si están sobre dimensionando un hecho cierto en escasa magnitud. Si algo en efecto hubiera pasado en algunas de esas mesas, creo, merecemos saberlo. El caso del “0 electoral” es llamativo. Eso significa que podría contener algo. O no. El caso, como ha sido presentado, no está completo. No tendría sentido si resulta que la asistencia a la segunda vuelta fue menor que la asistencia a la primera. Entonces se hace posible que los votantes a los que apela Fuerza Popular no hayan asistido a votar en segunda vuelta. Tampoco tendría sentido si la votación que dicen haber perdido es ínfima al punto de no tener impacto electoral. El evento sería importante si Fuerza Popular tuviera testimonios de personas amedrentadas o amenazadas que hubieran sido efectivamente forzadas a no votar. Tendría sentido si tuvieran al menos un testimonio de eliminación de votos efectivamente emitidos o de llenado de votos en blanco. No lo tienen. Tienen hasta ahora una singularidad contable vacía de contenido y de contexto. Pero que puede ser amplificada si alguien tiene acceso al resto de información que puede darle, o quitarle toda relevancia al asunto. 

Difíciles aspectos, sin duda. Pero todos analizables. Y creo imprescindible analizarlos aunque no vaya a ser -creo que no debe ser- ante el JNE. 

Los procesos de relevancia moral deben cerrarse siempre en base a evidencia. Deberían cerrarse en función a procedimientos institucionalmente confirmados, es cierto. Pero creo que debemos hacernos cargo del modo en que el debilitamiento de nuestra institucionalidad hace insuficiente ahora la solución procesal que se produce cuando una de las partes organiza sus peticiones fuera de plazo. 

Esta es mi propuesta: Elegir a tres personas indiscutibles que revisen los tres grupos de casos propuestos por Fuerza Popular fuera de plazo. Advierto que el de los 65 familiares se resuelve con una decisión del jurado, de modo que la lista puede recortarse a dos grupos de casos. Estas tres personas podrían revisar la solidez del proceso de ubicación y recojo de testimonio de las 25 personas que ya confirmaron que las firmas cuestionadas son suyas. Los organismos de prensa podrían ayudar extendiendo la lista de confirmaciones; abriendo un teléfono en que los afectados puedan confirmar si firmaron esas actas o no. No es difícil saber si esta parte del caso tuvo alguna vez sentido. La cuestión sobre el “voto 0” necesita más información oficial. No dudo que la ONPE puede ayudar a establecerla.

Se trata de llegar a julio con el mayor orden posible ¿acaso no vale la pena?

__________________________

*Rosa Marisol Irigoin Vasquez, Miriam Berrocal Cisneros, Graciela Atala Hinostroza, Delinea Atala Prado, Rosa Irma Rodriguez Machacca, Juan Noel Sifuentes Marcos, María Edis Pérez Idrogo, Frank Edwin Alarcón Ramos, Yoel Alcántara Sarmiento, Luis Miguel Visalot Vargas, Kennedy Vargas Muñiz, Ninfa Salvatierra Ramos, Magdalena Manuelo Salvatierra, Silveria Taipe Laime, Damian Torres Oré, Vanessa Reymundo R., Edwin Soto Sullcaray, Anayo Aguirre Pimentel, Rebeca Taipe Quispe, Jhoel Soto Escobar, Edison Obregón Izarra, Katyushka Campos H., Yony Condori Carbajal, Anel Taipe Quispe, Fortunato Palomino R.

Dos primeros movimientos necesarios

Mis preocupaciones giran alrededor de lo que ocurra a partir de julio de este año, cualquiera sea el entorno en que deba ocurrir. Creo que toca establecer espacios institucionales intermedios que tamicen la polarización que exhiben los discursos de una Fujimori que pretende “defender el modelo” sin restricciones visibles, y un Castillo que sostiene que procederá “como decida el pueblo”, asumiendo que son sus propias intuiciones las fuentes de interpretación correcta de eso que “el pueblo pueda decidir”.

Respeto sobre manera el esfuerzo de quienes intentan arrancar a Fujimori compromisos institucionales. La presencia de Luis Carranza en su entorno marca un hito. Respeto también a quienes quieren forzar a Castillo a admitir la validez del discurso sobre los derechos y el enfoque de género y la necesidad de reforzar, no demoler, a las entidades que los protegen, aunque no se observen ahí grandes resultados. Están por cierto los límites que enfrentan estas dos tendencias, limitadas por el perfil de quienes postulan y sus entornos. Pero por encima de eso creo que ambos intentos agregan valor en la reorganización de un espacio institucionalista que sin duda habrá que recomponer y hacer subsistir más allá de las elecciones de junio, porque es ese espacio del que dependerá nuestra viabilidad colectiva.

Creo que el primer movimiento para construirlo depende de las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional. 

Paradójicamente el Congreso actual pretende reconfigurarlo a partir de una lista de candidatos que comenzó a ser armada antes de la crisis de Merino. La lista está absolutamente fuera de este tiempo político. Pero eso no parece importar a la mayoría de un Congreso que parece seguir discutiendo si Merino debió sostenerse como presidente o no. En estas condiciones, más allá de derechos, atribuciones formales o plazos vencidos, sigo creyendo que es preferible mantener la conformación actual del Tribunal Constitucional hasta que sea posible, al menos en base a una reforma constitucional transitoria, sacar su conformación del Congreso para entregársela a la Junta Nacional de Justicia. Guste o no, la Junta viene mostrando ser una de las pocas entidades capaces de actuar en un ambiente libre de influencias de contexto. El Congreso no.

No simpatizo con las formas del fujimorismo para elegir magistrados. Esas formas fueron puestas en evidencia en la elección que condujo al cierre del Congreso anterior. Y no encuentro cómo respaldar la bancada de un Castillo que pretende que el Tribunal Constitucional, llamado a proteger a las minorías, sea cerrado o sea elegido por votación universal, cuando son las mayorías a las que ese tribunal debe controlar.

Encuentro que el segundo tema a revisar se refiere a la posibilidad de introducir en el proceso elecciones para un nuevo Senado. Imagino esas elecciones convocadas para mediados del 23, no antes. Esas elecciones podrían generar un intermedio electoral que ponga límites prácticos al ejercicio del poder del extremo que gane las elecciones de junio, cualquiera que este sea. Las minorías que ahora postulan a la presidencia, ambas, deben saber que en poco tiempo su posición puede ser cuestionada por un siguiente ciclo electoral que ahora no existe. Faltan sin duda muchos números por revisar en esa discusión. 

Pero abrir el mercado de la política exponiendo a sus actores a un ejercicio competitivo en el corto plazo me parece imprescindible.

Necesitamos espacios intermedios que nos ofrezcan refugio en las tensiones que se abrirán después de julio de este año. Respeto a quienes intentan reducir los riesgos que las dos opciones en disputa exhiben. Pero encuentro imprescindible mirar lo que nos hará falta después de julio para tratar de ser viables.

Publicado en La República, el 2 de mayo de 2021

Las rutas que podemos seguir

La crisis de representación que padecemos ha tenido una expresión más que evidente en la falta de enganche entre la ciudadanía y las candidaturas de esta inusual competencia electoral. La prioridad sigue siendo, es evidente, la pandemia, la salud, la educación, el empleo y la reactivación de la economía.

Junto a estos temas los planes de gobierno muestran una lista de asuntos cuyo tratamiento conceptual comienza a hacerse homogéneo entre nosotros. Corrupción, justicia, seguridad ciudadana, narcotráfico y terrorismo, además de infraestructura y actualización tecnológica son asuntos que reclaman acciones, sin duda, pero no suponen diferencias decisivas en el abordaje.

Los planes de gobierno mejor elaborados contienen recopilaciones más o menos completas de lo que debe hacerse en estas áreas: en una síntesis, fortalecer, en un marco definido por la transparencia, la capacidad de maniobra y alcance de las agencias a cargo de cada sector.

Pero para diferenciar la simple retórica del compromiso en serio deberíamos poder medir la confianza que podamos depositar en los equipos profesionales que cada candidato pretende llevar al gobierno. Y aquí encontramos uno de los déficits más importantes de esta campaña, porque no todas, más bien pocas candidaturas han mostrado a los equipos desde los que conformarían sus gabinetes.

Sin embargo es imposible no notar que, en paralelo, fuera del proceso electoral y sin completa conexión a él, se está asentando entre nosotros una agenda de asuntos comunes que ha sido impulsada con mucho esfuerzo desde muchos sectores y que ahora puede transformar el modo en que abordamos la política, entendida en sentido amplio.

Una lista de asuntos que además marca diferencias entre las opciones que tenemos al frente y entre la forma en que podemos relacionarnos con “lo público”, ese espacio que aún debemos construir desde nuestras diferencias.

Las discusiones sobre recursos naturales, minería, impuestos, suelos y medio ambiente, además de consulta, participación y protesta, usualmente levantadas desde las izquierdas, han comenzado a desbordar su adscripción de origen para comenzar a ser reconocidas como asuntos fundamentales también para quienes no estamos en las izquierdas.

Junto a estos temas se ha instalado ya una lista importante de cuestiones vinculadas a la expansión de los derechos civiles: protección a las mujeres, enfoque de género, interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, muerte digna, diversidad LGTBI+ y autocultivo de cannabis medicinal son solo algunos de los más importantes asuntos que parecen haberse independizado de sus colectivos de origen para convertirse en temas comunes.

Encuentro que el proceso de formación de esta agenda se expresó en las protestas de noviembre, pero se expresa también en el caso de Ana Estrada y en los debates sobre la zonificación de Lurín y el almacenamiento de minerales en el puerto de Paracas, para citar los casos más visibles.

¿Es posible negar la capacidad de convocatoria que estos eventos lograron alcanzar en estos últimos meses? La tupida agenda de conflictos sociales por resolver, que sin duda marcará en mucho el proceso de gobierno a partir de julio, requiere tomas de postura organizadas desde estos ejes, y requiere observación y mediación ciudadana.

Creo entonces que las claves para abordar el futuro inmediato se encuentran en estesta suerte de agenda externa a la campaña, no en la campaña misma.

La suerte de agenda externa a la campaña, no en la campaña misma.

Creo que la clave del equilibrio institucional posible en el ciclo que comenzamos ahora está en la ciudadanía; en su capacidad para articularse sobre la base de asuntos que convocan su interés.

Tenemos esta lista de asuntos comunes, que puede ofrecernos pistas sobre las rutas que podemos seguir.

No la perdamos de vista.

Publicado en La República el 4 de abril de 2021

Debate Presidencial 2021: Analistas evalúan las propuestas de seguridad ciudadana y anticorrupción

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, y el exprocurador anticorrupción, César Azabache, analizaron este martes en RPP el segundo día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que solo participaron cinco postulantes.

Seguridad ciudadana

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, indicó que la mayoría de propuestas de los candidatos presidenciales en el bloque de seguridad ciudadana "han sido bastante acotadas" y en algunos un "tanto decepcionantes". Además, consideró que la "mejor propuesta" proviene del candidato Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), y Daniel Urresti por mostrar indicadores claros.

"El general Urresti se ha mostrado como una persona tremendamente ansiosa por querer colocar sus puntos de vista (...) a diferencia de otros candidatos que se han mostrado a establecer el punto fijo de su mensaje. Ollanta Humala se ha concentrado en los temas de seguridad ciudadana y en los éxitos de su Gobierno, ese ha sido el eje de su discurso en este debate al mostrar lo bien que lo ha hecho", dijo

"Alcántara se ha preocupado básicamente en defender el referéndum. Castillo ha estado más preocupado por la nueva Constitución y por enganchar con el sector popular (...) y creo que Hernando de Soto ha estado más preocupado en su currículum y demostrar que sabe demasiado y que ha intervenido en prácticamente en todas las soluciones del país", comentó.

Ricardo Valdéz sostuvo que para atender la seguridad ciudadana debe haber una aproximación mixta en la coyuntura con la Policía Nacional del Perú y una intervención estructural desde el Gobierno. "La política de inseguridad no es una política policial", agregó.

El exviceministro del Interior afirmó que encontró un vacío en las propuestas de los candidatos sobre seguridad ciudadana al no precisar "el cómo lo van a lograr" basado en un correlato presupuestal.

"No he escuchado propuestas concretas, he escuchado una suerte de vista de la batería. No he escuchado cómo se van a poner en práctica. El presidente que entre en julio va a entrar con una economía bastante golpeada y por lo tanto todas las acciones que se quieren hacer no solamente en lucha contra la inseguridad ciudadana, sino en la pandemia y lucha contra corrupción tienen un sustento económico y se tiene que analizar con qué recursos se cuenta", dijo.

Lucha contra la corrupción

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, consideró que las "cuestiones de corrupción" no se convirtieron en un diferencial entre las propuestas y planes de Gobierno de los candidatos a la Presidencia.

"Lo que se va a encontrar es una serie de estados de cuestión más o menos comunes, es decir, todos estamos girando en el discurso general hacia el reforzamiento de las instituciones de persecución del delito de corrupción, la discusión sobre sanciones que debe recuperar la Contraloría para ese tipo de casos, el papel de las procuradurías y su reforzamiento, esto son puntos comunes transversales", dijo.

César Azabache indicó que le llamó la atención que varios candidatos, como el señor De Soto, hicieron comentarios sobre actividades anticorrupción que no están en su plan, y que otros candidatos hablaron de temas generales en el bloque de corrupción.

El abogado experto en derecho penal indicó que varios planes de Gobierno sí tienen una narrativa alrededor de la descentralización en prevención de delitos de corrupción y en algunos de ellos se intenta utilizar las mesas de regidores para producir acciones de fiscalización semejantes a la del Congreso. Sin embargo, señaló "que ese no es el camino".

"La única diferencia fuerte que he encontrado está en el señor Humala, fuera del debate en la puerta hizo un comentario sugestivo sobre la politización de la lucha anticorrupción y el intercambio de funcionarios entre jueces  y fiscales, pero no lo dijo en el debate. Y una propuesta que no voy a llamar interesante, sino singular es la del señor Pedro Castillo: regresar a la muerte civil, que en su discurso lo asocia inmediatamente con denunciar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", sostuvo.

Publicado en RPP el 31 de marzo de 2021

Ustedes no nos representan

Los bicentenario. Un colectivo que no delimita su existencia por proclamas de panfleto reivindica sin embargo la muerte de dos manifestantes desarmados, Inti y Bryan, usando grafitis, murales y altares. Estos homenajes no se organizan sobre un texto que busque hegemonía, sino sobre el rostro de las víctimas a las que se recuerda, por las que se demanda justicia. Se organiza en el ejercicio de un duelo compartido que permite sentir la ausencia de los que fueron arrancados violentamente de la calle. La expresión urbana convierte el duelo en un proceso vivo, fundacional. Dos ausencias que confrontan la inhabilidad del Gobierno, que se constituyó sobre el peso de esas ausencias, para hacer algo tan sencillo como reconocer la evidente responsabilidad del Estado en ambas muertes y reparar a quienes recibieron disparos, sin someterles a lo que representa esperar debates judiciales que aún resultan lejanos en el tiempo. Dos ausencias que nos impiden olvidar que tuvimos delante un plan autoritario que fue tan absurdo como puede ser absurdo intentar ponerse de pie tirándose desde el suelo por los cabellos. 

Los grafitis, los murales y al menos uno de los altares han sido atacados más de una vez. La provocación intenta, sin éxito, producir una resaca, una respuesta violenta que de alguna manera iguale al colectivo agredido con el colectivo agresor. La violencia perfecta necesita siempre igualar a quien elige como víctima, retarle hasta convertirle en bestia. No admite que la víctima se mantenga al margen de la agresión que le impone. Pero quienes salieron a las calles en noviembre no se han impregnado de esa violencia que por además les resulta ajena. No han salido a cazar retaliaciones. Los movilizados de noviembre restauraron los altares, volvieron a pintar los murales, han vuelto al grafiti y a las calles a demandar justicia para los caídos y para quienes fueron heridos o heridas en las manifestaciones. 

El lenguaje más bien actual que verbal que explotó en noviembre no ha generado un “anti” que confirme y alimente el mensaje ensayado a gritos por los agresores. No le ha concedido espacio para ensamblar una perversa danza binaria de legitimaciones mutuamente agresivas. La narrativa de quienes se movilizaron en noviembre ha ignorado el mensaje del atacante y se ha alojado en la reconstitución de su recuerdo fundacional; la épica de la protesta. El recuerdo se mantiene aquí intacto en su función de ser recuerdo. Las agresiones del negacionismo se registran como lo que son, ataques que han sido repetidos, pero no serán replicados por un colectivo que encuentra su propio sentido en ser encuentro.  

No deja de llamar mi atención que una sociedad que ha renunciado o ha olvidado cómo ser verbal, como usar el lenguaje como espacio de encuentro, se tope de pronto con un impulso colectivo que muestra tal vocación de ser en el gesto. Noviembre nos ha dejado una expresión de lo que representa decir “no” sin reclamar protagonismos personales. 

El gesto convertido en expresión importa. Pero también importa notar que toda esa inteligencia emocional agregada debe enfrentarse ahora a un proceso electoral que ha sido escrito en otros códigos de referencia. No quiero faltar el respeto a nadie, pero en estas elecciones no tenemos ante nosotros una sola expresión política que corresponda a lo que hemos visto en noviembre. Desencaje casual sin duda. Y es que a veces los relojes no coinciden. Entonces el azar nos impone el desafío de elegir entre discursos que ahora resultan, en mucho, anacrónicos, alejados del tiempo presente 

¿Podrá alguna de las candidaturas ofrecer a los electores una opción que supere el reto expresado en la consigna que convocó las movilizaciones de noviembre?: “Ustedes no nos representan”.

Publicado en La República el 24 de enero de 2021.