Una historia en espera de un final

EL FALLO QUE PERMITE REABRIR EL CASO EL FRONTON

Una historia en espera de un final

Junio de 1986. En tiempos del primer gobierno del presidente Alan García fueron debelados tres motines terroristas en Lima y en el Callao. Los motines fueron organizados simultáneamente por el senderismo para evitar un traslado masivo de internos programado por el gobierno por razones de seguridad.

Debelar un motín no constituye, por sí mismo, nada semejante a un crimen. De hecho, es la reacción esperada por la ley cuando quienes están en prisión usan la violencia. Pero, en este caso, el equipo de la policía que intervino en el llamado Pabellón Industrial del penal de Lurigancho abatió a la mayoría de los terroristas amotinados después de haber recuperado el control de la zona. El escándalo que provocó esta torpeza innecesaria, denunciada por el propio presidente García, se multiplicó cuando aparecieron evidencias que podrían confirmar que en El Frontón pudo pasar algo semejante, también después de que los terroristas amotinados fueron neutralizados.

El caso del Pabellón Industrial concluyó por sentencia del 7 de julio de 1990, ratificada el 16 de octubre del 2001. El caso del penal El Frontón ha tomado más de 30 años sin que hasta ahora nadie adopte una decisión definitiva sobre los hechos.

Jamás ha sido buena idea limitarse a bloquear, eludir o postergar debates tan serios como este. Ganar tiempo vacío de contenido es siempre un pésimo negocio. Hicimos exactamente lo mismo en el caso Chavín de Huántar, en el que los testimonios de los propios agentes de policía que intervinieron en la parte final del rescate condujeron a justificar una acusación por el posible abatimiento del terrorista Cruz Sánchez después del rescate.

En ese caso, cambiamos jueces y anulamos juicios hasta que la Corte Interamericana nos condenó por la demora. Y la demora costó a una persona en concreto: Jesús Zamudio, coronel del Ejército ahora en retiro, 13 años de vida en la clandestinidad. Jesús Zamudio, contra quien se presentaron cargos muy serios por cierto, fue absuelto en enero del 2016. Pero podría haber escuchado esa sentencia también 10 años antes. ¿Realmente creemos que alguien gana algo postergando las cosas de esta manera?

La Corte Interamericana ordenó que el Caso El Frontón sea llevado ante un tribunal independiente en enero de 1995. Volvió a ordenarlo en agosto del 2000. Las investigaciones del Ministerio Público comenzaron en el 2001. La primera versión de la acusación fue presentada al Poder Judicial en enero del 2013. En junio de ese año, el Tribunal Constitucional ordenó que el proceso llegue a juicio y se adopte una decisión definitiva sobre los hechos sin considerar los plazos de prescripción. El tribunal fue claro entonces en ordenar que se proceda de esta manera incluso aunque las reglas sobre los crímenes de lesa humanidad no fueran aplicables. Y no lo eran para tres de los cuatro magistrados que intervinieron en el debate, como el propio tribunal ha precisado en estos días. El caso debe llegar a juicio, porque el retraso registrado aquí no admite justificación alguna.

Cuatro años después seguimos enredados en discusiones preliminares.

Pésima idea postergar el debate por tanto tiempo. Los más de 30 años consumidos en bloqueos, aplazamientos y demoras les han costado a seis oficiales y a 29 suboficiales de la Marina la mitad o más de la mitad de sus vidas. ¿Para recibir qué a cambio? ¿Treinta años de incertidumbre no son, prácticamente, una condena encubierta?

De hecho hay cosas que merecen ser discutidas también a favor de la defensa. Hay un testigo que confirma los cargos, pero la fiscalía ha incluido en la acusación a cinco miembros de las Fuerzas Especiales que no intervinieron en los disparos. La acusación sostiene que ellos deben responder por el uso de explosivos en la toma de control del Pabellón Azul. En octubre de 1987, el auditor general de la justicia militar calificó el uso de estos explosivos como un exceso. Pero aun así no encuentro que este hecho pueda relacionarse con la tesis de los disparos en que se basa el caso.

También encuentro excesivo solicitar condenas por 25 o 30 años. Para justificar el pedido, la acusación ha calificado los hechos como un homicidio por ferocidad. Pero no encuentro cómo pueda emplearse esta construcción aquí. Además, el tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones es tan extenso que debería tener algún efecto sobre el tamaño de las condenas propuestas a debate. Este caso ha demorado demasiado también en perjuicio de los acusados. Y no encuentro que ellos, exclusivamente ellos, deban responder por la demora.

Las heridas abiertas no cierran simplemente porque dejemos de mirarlas. Cierran cuando nos concedemos el espacio necesario para dejarlas cicatrizar.

Publicado en El Comercio el lunes 27 de marzo de 2017

Entrevista en "A pensar más" con Rosa María Palacios*, 14 de abril de 2017

*El cuarto Magistrado que firmó la sentencia de junio del 2014 fue el señor Calle.  El señor Urviola, que suscribió una de las dos propuestas que quedó en minoría, no firmó la sentencia.

Un balance final

Un balance final

César Azabache Caracciolo

Si algo hemos perdido en el juicio contra Fujimori en este tiempo, ha sido la oportunidad de fijar en nuestra memoria colectiva una versión lo más clara y sencilla posible sobre lo que ocurrió en el país en los años 90. Es de lamentar (aunque resulta inevitable en un juicio de estas características), que en lugar de aproximarse a una versión más o menos ponderada sobre lo ocurrido, la defensa y las partes acusadoras se hayan entrampado en la insistencia por confirmar teorías extremas, y por ello irreconciliables, sobre el periodo de los noventa. La Fiscalía y las víctimas han sostenido una versión sobre la culpabilidad total de Fujimori que supone la demostración de órdenes directas y expresas que posiblemente nunca haya sido necesario emitir. Al frente, la defensa pretende una exoneración de responsabilidad penal tan absoluta que resulta institucionalmente insostenible. Nadie en el juicio ha intentado pararse en medio de ambas versiones. Y esto es lamentable porque las versiones extremas, por lo general, corresponden a apetencias, aversiones, principios o preferencias subjetivas, pero no a un juicio reflexivo sobre los hechos y las responsabilidades que corresponden a su organización.

            Como simple observador me parece difícil aceptar la imagen de un Fujimori premeditando y organizando en persona las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Salvo que medie un grave desorden de conducta, no encuentro manera de convertir a un profesor de matemáticas recién llegado a la política en un asesino en serie, menos a casi un año de haber reclutado para su entorno a personalidades como Gloria Helfer y Hernando de Soto. En lo personal, ni siquiera creo que Fujimori supiera mucho de la violencia que atravesaba el país en ese entonces. Menos puedo creer que haya desarrollado tan a prisa la perversa habilidad que se requiere para usar la muerte como táctica política. Aunque sea sólo una hipótesis, de hecho, no estoy en posición de probar nada, me convence más la imagen de un Fujimori completamente inexperto, emboscado por alguien (¿Montesinos acaso?), que podría haberle impuesto la masacre de Barrios Altos como hecho cumplido. Si recordamos el periodo, observaremos que a principios de los noventa la corporación militar estaba dividida entre varias “alas duras” y otros varios grupos de oficiales que intentaban deshacerse de alguna manera de un pasado reciente plagado de masacres inútiles. En medio de ese giro, las investigaciones en el Congreso sobre casos como El Frontón y Cayara creaban el riesgo objetivo de que las cosas terminaran con juicios en forma. Sucesos como el golpe de Estado de abril de 1992, los cambios en la política de ascensos militares y las masacres de Barrios Altos y Canto Grande, pueden haber servido para forzar a la corporación y al propio ex presidente a “cerrar filas” a favor de la impunidad de los crímenes de los ochenta. Si esto fue así, entonces el problema no está en tratar de probar si Fujimori tenía o no “dos estrategias antisubversivas”.  Lo que hay que probar es que los crímenes en efecto se cometieron,Un balance final y que Fujimori, siendo el Presidente de la República, no hizo nada desde Barrios Altos para evitar que Canto Grande y La Cantuta ocurrieran. Si se trataba de resolver un problema político forzando al sistema a tomar partido por la impunidad, entonces la omisión revela aquiescencia, y se convierte en algo tan grave como matar, sin necesidad de buscar en ningún archivo firmas probablemente inexistentes.

            No hemos discutido sobre el significado de las omisiones de reacción en este contexto. La acusación ha buscado la prueba de un hecho extremo. A pesar de su gran desempeño, no creo que haya logrado este objetivo. En reacción, la defensa se ha limitado a eludir los golpes. Fujimori no se ha sentido obligado a pedir perdón por lo que en efecto puede no haber ordenado, pero sin duda dejó hacer. Y si mis sospechas son ciertas, lo dejó hacer por la más banal de las razones: Facilitar su propio posicionamiento político en base a una alianza perversa e innecesaria que, sin embargo, cumplió su objetivo: Evitar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos que debieron hacerse a principios de los noventa.