Perdiendo todo sentido de equilibrio

LO QUE SE VIENE LUEGO DE SUPERADA LA MÁS RECIENTE CRISIS POLÍTICA

Perdiendo todo sentido de equilibrio

El debate sobre la incapacidad moral del presidente Kuczynski se desarrolló y cerró en medio de enormes fisuras institucionales que no compensamos ni resolvimos en absoluto. La vacancia por incapacidad moral existe ente nosotros desde 1839. Pero jamás se había discutido el significado de la regla de manera concluyente. Las antiguas referencias al derecho civil clásico citadas en estos días, que identificaban incapacidad moral con la locura, resultan a estas alturas claramente desfasadas. Se ha citado entre nosotros el caso Billinghurst, en 1914, pero Billinghurst renunció por escrito, de modo que su historia no nos dice nada sobre este asunto. En el caso Fujimori, en el 2000, las referencias a la incapacidad moral como causa de vacancia se mezclaron con el rechazo a su renuncia y las consecuencias de su escape al Japón, dos causales de vacancia concurrentes por sí mismas que hicieron invisibles las cuestiones morales asociadas al evento.

Casi dos siglos después de la introducción de la regla, abordamos esta discusión sin tener un cuerpo de criterios y antecedentes sólidamente establecido que haya podido dar forma a la discusión y permitido diferenciar cuándo aplicar esta regla, cuándo no, cuándo es justo y proporcional tomar una decisión irreversible como la vacancia o cuándo es necesario y posible optar por soluciones intermedias, acaso como la suspensión del presidente.

Vaciado de contenido moral el debate del jueves pasado fue institucionalmente inútil.

Y ni siquiera tenemos ya un Senado que hubiera podido poner una pausa de reflexión en la discusión. El procedimiento definido por el Reglamento del Congreso fue diseñado teniendo en mente casos flagrantes como la incapacidad física, el abandono del país o la renuncia, no casos como este, en el que las discusiones se han cerrado sin completar historias que hasta hoy han sido contadas solo parcialmente y de manera bastante superficial. 

Hemos dejado que prevalezca el apuro. Hemos optado por no compensar ninguno de los defectos que exhiben nuestros procedimientos y nuestras prácticas. Hemos cerrado este episodio impregnado por el peso de incógnitas muy serias sin resolver sobre la historia de las asesorías financieras que, nos guste o no, vinculan de una u otra manera al presidente Kuczynski con Odebrecht. El trasfondo de los pagos recibidos en Westfield Capital, su consultora personal, permanece en la penumbra. 

Pero además durante el debate que concluyó al final de la noche del jueves, los bandos en contienda decidieron proceder tratando la cuestión sobre la vacancia como un vulgar asunto librado al juego de las preferencias subjetivas y de la conquista o conservación de votos de unos y de otros, votos que en las últimas horas del debate fueron arranchados y repuestos sin referencia a los costos que se adquieren con cada compromiso asumido. Un bando derrotó al otro luego de una sofisticada exhibición de esgrima de pasillos, que incluyó la filtración y también la negación de documentos auténticos relacionados con la liberación de Alberto Fujimori, el nuevo jefe de una naciente “bancada de los 10”, mientras su liberación, ya es evidente, venía decidida de antemano.

Alberto Fujimori acaba de ser indultado sin más debate, sin más consideraciones a opciones como la reducción de su condena o su pase a una clínica o a su propio domicilio. Toda opción distinta al indulto habría costado muchísimo menos que lo que costará lo que se acaba de hacer. La nueva “bancada de los 10” decidió el destino final de la vacancia. Y a cambio, ha cobrado el precio de su rescate. Pero por desgracia las consecuencias colaterales de esa transacción serán pagadas por nuestro ya lesionado equilibrio institucional. 

Hemos terminado vaciando de todo contenido moral los dos principales debates que debían marcar el final de este año. 

Esta historia merecía un final más digno. En la combinación entre la no vacancia y el indulto se arriesgan cuestiones decisivas relacionadas con el enorme saldo de la reconciliación pendiente que arrastramos como un pasivo desde la transición. Se arriesgan además la manera de abordar nuestros principales problemas de ética pública. Como están las cosas, el final de esta historia representa apenas una solución pragmática vaciada de todo fundamento.

La excarcelación de Alberto Fujimori requería un debate abierto y un esfuerzo honesto a favor de la reconciliación. La no vacancia también. Acabamos de perder la oportunidad de compensar el enorme déficit de moralidad que tuvo la jornada del jueves. Los debates imaginables sobre el verdadero sentido del Caso Westfield Capital y las opciones para poner punto final al Caso Fujimori van a ceder ante la brutal exhibición de falta de respeto hacia todos que el entorno del presidente acaba de exhibir.

Pudimos llevar esta situación inestable al mejor puerto posible. Con este innecesario apresuramiento perdimos absolutamente el sentido del todo el equilibrio necesario para estabilizar el final de este proceso.

Publicado en El Comercio el lunes 25 de diciembre de 2017

Entrevista en América Noticias con Federico Salazar y Verónica Linares, 26 de diciembre de 2017

Entrevista en Canal N con Karina Borrero, 26 de diciembre de 2017

Entrevista en RPP con Mónica Delta, 26 de diciembre de 2017

Alberto Fujimori: César Azabache advierte problemas legales en derecho de gracia

Al referirse al  caso Pativilca, abogado señala que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo.

La noche del 24 de diciembre,  Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión hasta el 10 de febrero de 2032, no solo fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que también recibió el derecho de gracia, que lo libra de todo proceso pendiente.

Sin embargo, el abogado  César Azabache advirtió hoy martes problemas legales respecto a la aplicación del derecho de gracia específicamente por el caso Pativilca, por el cual Fujimori tiene un proceso judicial abierto con mandato de detención.

El 29 de enero de 1992 el denominado grupo Colina asesinó a seis pobladores de la localidad de Pativilca. Por este caso, el 6 de junio pasado, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la extradición de Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita. 

Según informó la justicia chilena en aquel momento, los magistrados compartieron,  "el criterio del ministro de primera instancia respecto de los delitos de homicidio y asociación ilícita por tratarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles desde el punto de vista de la persecución penal".

Además, en julio pasado, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó al ex mandatario entre los responsables de ese crimen y lo acusó de autoría mediata.

"En el  caso Pativilca, Fujimori tiene mandato de detención que impediría ejecutar el indulto humanitario (...). Es un error innecesario para un caso tan sensible", aseveró Azabache.

En Canal N, declaró, además, que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo. 

"El caso Pativilca comenzó hace 10 meses, en febrero, porque Fujimori estaba sujeto a reglas de la extradición y eso le dio inmunidad para ese caso", explicó.

Azabache manifestó que en los casos de gracias presidenciales, el tribunal tiene que recibir un pedido basado en la decisión del presidente de la República para abrir una audiencia y discutir si la medida esta bien basada o no. "No es automático", añadió. 

En ese contexto, añadió que en la gracia presidencial, que implica interferencia sobre un procedimiento judicial en marcha, el presidente de la República "tiene atribuciones menos intensas que frente a indulto humanitario".

Publicado en Perú 21 el martes 26 de diciembre de 2017

Peru's President Hangs On to Power, but at What Cost?

President Pedro Pablo Kuczynski avoided being removed from office on Thursday after a Congressional motion to impeach him narrowly failed.

But even as the drama in Peru’s Congress halted the upheaval of ousting the country’s leader, it also revealed the president’s tenuous hold on power. And it showed the strength of far-right politics in Peru, a country that returned to democracy only 17 years ago.

Mr. Kuczynski pleaded his case before lawmakers who had introduced a motion to remove him from office this week. With a Congress dominated by the opposition Popular Force, a right-wing party whose leader ran against Mr. Kuczynski in the last election, many had expected the vote to result in his removal.

But a faction of the right-wing party, which was founded by the daughter of the country’s jailed former authoritarian leader Alberto Fujimori, surprisingly swung the late-night vote in favor of Mr. Kuczynski.

Some constitutional experts said the crisis was driven by congressional overreach. Because of Peru’s authoritarian past, its system of government gives Congress significant powers to shape the executive branch and other government institutions. But no one had tried to use those powers to this extent until now.

Cesar Landa, law professor at the Pontifical Catholic University of Peru and a former president and magistrate of the country’s Constitutional court, said the Popular Force party had “attempted an untraditional coup d’état.”

This year, the Popular Force party — whose political philosophy is often referred to as Fujimorismo — forced Mr. Kuczynski to fire his entire cabinet by refusing to endorse his nominees. At the time, his supporters had advised the president to use a little-known constitutional measure to force new legislative elections. Mr. Kuczynski didn’t go that route, but this week he said he regretted not doing it.

“A mistake that I now see clearly was to expect anything else from our rivals,” Mr. Kuczynski said. “I opted for dialogue and not confrontation.”

Then, other opponents — this time from the left — said he lied during a congressional inquiry by stating he had no professional ties to Brazilian construction giant Odebrecht, a company at the center of a complex graft scandal. It was later revealed that a financial services company he owned had received $782,000 from Odebrecht.

That led to the motion of impeachment.

The motion, on the grounds of “permanent moral incapability,” has been tested only once before — with Mr. Fujimori himself — but only after he had fled Peru for Japan and resigned from the presidency.

Mr. Fujimori, a hard-right authoritarian leader, was in power from 1990 to 2000 before being convicted on corruption and human rights abuses and sentenced to 25 years in prison. He has served 12 years, but he says that his health is deteriorating and that he should be pardoned.

Even from prison, though, he is still influencing politics, and his supporters, so-called Fujimoristas, have continued to dominate the legislature. Hector Becerril, a Popular Force member who voted for impeachment, said Mr. Fujimori urged members of his party, by phone, to cast votes of abstention and not vote in favor of the president’s removal.

During Thursday’s vote, details of Mr. Fujimori’s petition for a presidential pardon and release were also leaked to local news outlets. Some legislators speculated that Mr. Kuczynski made a deal with the Popular Force to pardon Mr. Fujimori in exchange for keeping him in office, a claim that the president’s party has denied.

Cesar Azabache, a lawyer and former state prosecutor, said that if Mr. Kuczynski pardoned Mr. Fujimori it would be a “moral failure.”

“If the discussion has been resolved by this exchange, it weakens the system in an extreme way,” Mr. Azabache said.

But even as the Popular Force wields immense power, the party appears fractured.

At its helm is Keiko Fujimori, Mr. Fujimori’s daughter, who is not a member of Congress, but who ran for the presidency in the last election and was ultimately defeated by Mr. Kuczynski by a few thousand votes. Her brother, Kenji Fujimori, was among the 10 Popular Force party members who cast votes of abstention, ultimately swaying the vote in favor of Mr. Kuczynski’s remaining in office.

During the latter half of the hourslong debate, the younger Mr. Fujimori was seen pacing the halls while texting and making calls. Established party members approached and appeared to scold him, underlining the tensions within the party.

On Friday, Mr. Fujimori said he voted against the president’s removal to “avoid a period of turbulence.” He added, “I do not hide my legitimate expectation, as a son, to see my father recover his freedom one day, but my decision has been made thinking of what is best for my country.”

Mr. Becerril, the Popular Force lawmaker who voted for impeachment, said he saw no problem with elder Mr. Fujimori asking for a pardon but not if it left Mr. Kuczynski in office.

“What is wrong is that the pardon be exchanged so that a president remains unquestioned for corruption,” Mr. Becerril said.

Other members of the party who voted for Mr. Kuczynski’s removal denounced those who abstained.

“I have voted against corruption,” Miguel Torres said, adding that disciplinary action was being considered for Popular Force members who didn’t vote for impeachment.

The party that had initially introduced the motion to impeach Mr. Kuczynski last week, the left-wing Broad Front, said that splitting the Popular Force was the objective when the party took the action.

Marco Arana, leader of the Broad Front, said the vote was also intended to send a message.

“Tell the president that he cannot lead the country kneeling before Fujimori,” Mr. Arana said Thursday.

After the hearing, Mr. Kuczynski tweeted a victorious rallying cry to the country: “Peruvians. Tomorrow a new chapter starts in our history: our country’s reconciliation and reconstruction.”

Despite his victory, the president and his associates have remained silent about how they plan to steer the government going forward, and haven’t addressed the questions about a potential quid pro quo for releasing Alberto Fujimori from prison.

Publicado en The New York Times el viernes 22 de diciembre de 2017

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 19 de diciembre de 2017

Entrevista en El Comercio por Jaime de Althaus

En esta entrevista, César Azabache, experto en Derecho Penal, analiza el allanamiento a los locales de Fuerza Popular, la citación a Nancy Lange por parte de la Comisión Lava Jato y la prisión preventiva para los representantes de las empresas que se consorciaron con Odebrecht.

—¿Cuál es su opinión acerca del allanamiento a los locales de Fuerza Popular? Hasta PPK lo rechazó...
El allanamiento es una medida dura, sin duda. Pero no es siempre concluyente. El fiscal Pérez parece haber encontrado que una notaría tenía más libros que los que Fuerza Popular le entregó, y parece haber encontrado registros de gastos que no corresponden a la información entregada a la ONPE. Entonces entrar a la oficina por sorpresa significa tener la oportunidad de mirar los registros físicos y digitales de la organización sin preparación previa de los abogados y establecer si estas diferencias corresponden a simples errores o al resultado de una depuración de papeles que deba ser explicada de otra forma. Hay sin duda una enorme preocupación colectiva sobre el posible uso descontrolado de medidas provisionales en estos casos. De hecho, si como todos esperamos, los archivos de Fuerza Popular no tienen muestras que indiquen manipulaciones, entonces los propios investigados no tendrían por qué estar preocupados por esta medida, por más ofensiva que, en los papeles, pueda parecer.

—Si es cierto que hay aportantes falsos, etc., lo que vemos es que sería lo mismo que ocurrió en el caso del Partido Nacionalista y seguramente de todos. Hay empresarios o empresas importantes que aportan y no quieren figurar, pero, salvo que esos aportes vengan de fuentes ilegales, ¿tiene sentido criminalizar todo esto?
Sí, es cierto. Pero nota que en los casos que comentas tenemos donantes que quieren mantenerse en el anonimato y son reemplazados por testaferros en las rendiciones de cuentas. Esos casos no llegan a ser delictivos porque nadie sale objetivamente perjudicado. Pero aquí estaríamos hablando de posibles entregas de dinero en cantidades exorbitantes, posiblemente en efectivo y en condiciones de clandestinidad. Se investiga si estos fondos fueron entregados para dejar que los candidatos o alguien en su entorno se enriquezca personalmente al extremo de “reclutarlo” como una especie de socio clandestino en caso gane las elecciones y contar con su favor en adelante. Probablemente esta crisis se traslade ahora a una discusión constitucional sobre la legitimidad del allanamiento o la falta de proporcionalidad de los instrumentos.

—Keiko Fujimori niega que haya recibido aportes de Odebrecht y pide que se publique la declaración de Marcelo Odebrecht para probarlo…
En efecto. También Nadine y Humala lo niegan, Toledo lo niega y Villarán lo niega. En el Caso Humala-Heredia hay notas muy claras en herramientas incautadas en Brasil, y por cierto, la agenda de la señora Heredia. En el caso de Toledo están las cuentas de Josef Maiman. En el Caso Villarán falta saber si las cuentas de Garreta pueden cumplir una función semejante a las cuentas de Josef Maiman. Y sin duda, donde las evidencias muestran menos consistencia es en el caso de Keiko Fujimori, donde hasta ahora solo habría declaraciones de delatores y unas notas muy borrosas sobre un “incremento de 500”, no sabemos si sobre lo ofrecido o sobre lo aceptado o sobre qué.

—La acusación a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular como organización criminal, ¿es correcta o es un exceso?
Es un error. Nuestro Ministerio Público está entrampado en su imposibilidad institucional de presentar acusaciones oportunas. Entonces, la solución práctica que encontró ha sido extender las investigaciones por 36 meses, una regla que fue dada para criminalidad organizada, para casos en los que hay bandas estructuradas ocultas, clandestinas, difíciles de identificar, con prácticas de comercio internacional complejas, no para financiamiento de campañas políticas. La fiscalía se refugió en una regla como la de criminalidad organizada sin notar que eso tiene consecuencias institucionales, porque en política los nombres son importantes. Una pelea que se gatilla porque a alguien se le pone la etiqueta de criminalidad organizada, que sensibiliza a los acusados. En términos institucionales, los nombres importan y producen crisis.

—Hemos ingresado a una suerte de espiral persecutoria. La prisión preventiva se ha convertido casi en regla común, ¿no debería ser esta la excepción, sobre todo tomando en cuenta que se afecta un derecho fundamental que es el derecho a la libertad, y el derecho a la presunción de inocencia además? 
Creo que tienes razón. Los casos de Lava Jato tienen entre nosotros un retraso en las expectativas. Estamos ansiosos por conseguir resultados que no estamos teniendo, y entonces el sistema gira a una suerte de compensación práctica, no necesariamente correcta, ofreciéndonos detenciones anticipadas. Eso no es, necesariamente, justo ni correcto.

—Otra manera de decirlo es que los fiscales y jueces estarían cediendo a la presión política, a la presión mediática. 
Exacto. Antes, la prisión preventiva solo era aceptable cuando la fiscalía podía presentar un caso serio de fuga o de interferencia en las evidencias. En realidad, los casos Toledo, Humala-Heredia, y ahora las consorciadas no tienen un discurso real sobre fugas o sobre perturbación de actividad probatoria. Tienen un discurso donde la fiscalía reivindica su derecho a pedir detenciones cuando sostiene que tiene un caso suficientemente claro como para demostrar que los investigados van a ser condenados en el futuro. Bueno, esa regla no ha sido admitida hasta ahora por la Corte Suprema. Por eso creo, por ejemplo, que si la fiscalía quiere salvar el Caso Humala-Heredia en detención para juicio tiene que presentar acusación de inmediato, antes que la suprema acepte la casación que César Nakazaki ha propuesto, porque la suprema podría decirles: “En este momento, señores, no; primero me presentan acusación y después veo”.

—Pero en el caso de los directivos de las consorciadas, por ejemplo, no parece haber una investigación ya acabada que permita justificar una precondena…
Yo tengo la impresión de que la defensa, en la audiencia del domingo pasado, ha caído en una trampa. La audiencia se concentró en discutir si los acuerdos en consorcio para distribuir utilidades son sospechosos o no. Es claro que un consorcio puede, en el transcurso de los proyectos que tiene a su cargo, modificar las reglas de distribución de utilidades. Claro, hay un problema fuerte y es que los accionistas de las empresas tienen derecho a saber bajo qué condiciones exactas se han modificado las reglas de distribución de utilidades…

—La defensa sostuvo que la presunción de la fiscalía de que los ‘riesgos adicionales’ encubren el soborno se basa en un acta del 1 de junio, pero la fiscalía no reconoce que esa acta hace referencia a otra de febrero que sí específica detalladamente cuáles son esos riesgos adicionales… 
Exacto, sí. Y esto no ha quedado tampoco claro en el debate, pero la pregunta correcta es si el acta de febrero tiene una liquidación de gastos suficiente para que los accionistas de las empresas reconozcan que esta especie de innovación del acuerdo se justifica.

—¿Y se justifica? 
En la audiencia no se presentó ningún respaldo al acta de febrero por desgracia, y eso fue muy llamativo. De hecho hay una escena en la que el juez le pregunta a los abogados que presentaron el acta de febrero: “Bueno, y ¿en qué se respalda?”, y no hubo respuesta. Pero al margen de eso, lo que teñiría ese acuerdo de distribución de utilidades es si antes de que se produjera haya habido o no una reunión clandestina en la que Jorge Barata le haya dicho a los ahora detenidos que había pagado un soborno al ex presidente Toledo y que ellos tenían que encontrar la manera de reintegrar el soborno. Si esa reunión fuera cierta, dicho acuerdo posterior se convierte en delictivo. Entonces claro, la clave está en cuánta evidencia tiene el fiscal de que esa reunión se haya producido realmente. En la audiencia del domingo, el fiscal solo presentó un testimonio, el de un colaborador eficaz, Barata, y un colaborador eficaz no es un testigo, es un declarante interesado. El problema es que nadie en la defensa observó que la fiscalía tuviera prueba insuficiente sobre la existencia de esa reunión, y estamos hablando de estudios competentes. Ese punto es de manual.

—¿El tema de la detención preventiva no se podía manejar como detención domiciliaria, con grilletes por ejemplo, como es en Estados Unidos?
Sí, por supuesto, tenemos varias disfunciones: primero, la prisión preventiva se ha convertido en un reemplazo a nuestra incapacidad institucional de producir decisiones oportunas. En segundo lugar, estamos usando, para las detenciones preventivas, el penal de Ancón, que es para casos de máxima seguridad. En tercer lugar, estamos usando la cárcel, por el enorme retraso que tiene entre nosotros el sistema de implementación de grilletes y no tenemos tampoco un sistema de prisiones municipales.

—Da la impresión de que aquí, en general, estamos en una especie de pelea de todos contra todos y no hay capacidad alguna de conversación política, ¿no?
Sí, a ver, listemos Jaime: ¿qué estamos negociando en términos institucionales, entre la oposición y Gobierno? La única negociación en marcha es la de la fiscalía con Barata, Odebrecht y la fiscalía de Brasil, pero en términos del [Decreto de Urgencia] 003 ¿alguna empresa afectada está negociando con alguien que sepamos? ¿El Ejecutivo está negociando con el Congreso? ¿La citación al presidente de la República al Congreso fue negociada por alguien? Hemos perdido totalmente la perspectiva fundamental de la política que es ponernos de acuerdo en condiciones de equilibrio a partir de acusaciones transparentes. En la agenda institucional de hoy solo estamos cruzando acusaciones sin ninguna referencia a puntos que permitan estabilizar nuestros procesos. Como resultado, el 003 que ha sido ínfimamente usado. No hemos promovido ninguna venta de los proyectos de Odebrecht y, en consecuencia, la Costa Verde al Callao está parada, Evitamiento en el Cusco está parado. La clave del fracaso del 003 es que el Ejecutivo y el sistema político creen que no pueden negociar, y entonces el sistema político solo se acusa, unos a otros, y desde el Estado solo se embargan utilidades o se paraliza activos y nadie negocia.

“Estamos pagando una factura institucional”

—Ahora estamos en una guerra de acusaciones y retaliaciones. Algunos hablan de linchamiento colectivo. Por ejemplo, la Comisión Lava Jato citó a la esposa del presidente luego de que este dijera que solo respondería por escrito. ¿Le parece apropiada o necesaria esa citación?
Déjame retroceder un metro. Yo creo que estamos pagando una factura institucional. A principios de este siglo, en el 2000, cuando estábamos todos en el proceso de transición creamos en nuestro medio una enorme dictadura de los hombres buenos, todos aquellos que, me voy a incluir en el colectivo, sentimos de una u otra manera que habíamos sido atacados, reprimidos o marginados en el tramo final de los años 90, ese tramo tan fuertemente impregnado por la expansión de la organización de Montesinos. Cobramos, nos guste o no, una suerte de venganza contra el fujimorismo y contra la comunidad militar. Los invisibilizamos políticamente, los anulamos institucionalmente. Yo creo que al hacer que la tortilla se vuelva creamos el germen de lo que ahora está ocurriendo. La actual eliminación de canales equilibrados de comunicación política representa una suerte de venganza a la enorme disfunción que generamos en los años 90, en la forma de imponer el discurso de la Comisión de la Verdad, de la reivindicación frente a los crímenes de los años 90, del aplastamiento al fujimorismo; este es un círculo vicioso que tenemos que romper. Yo, en efecto, creo que la citación a la señora Lange en este instante es también la respuesta al presidente Kuczynski declarando que no va a ir al Congreso y que el Congreso es un circo, con lo que hizo lo mismo que hicimos todos a principios de siglo, negando el derecho del fujimorismo a tomar parte en las decisiones institucionales que marcaban el inicio del nuevo siglo. Estamos entrampados...

—¿El presidente debería asistir a la Comisión Lava Jato? 
Yo creo que el presidente tendría que explicarnos claramente si en el período que está en discusión, recibió o no, a través del señor Sepúlveda, contratos o asesorías que hubieran venido monitoreadas por Odebrecht, y eso significa revelarnos qué consultorías hizo, para quién las hizo, cuánto se le pagó y en los correos electrónicos que recibió a quien se reveló como el solicitante de esos acuerdos. Mientras no lo haga, las dudas van a persistir y esas dudas deterioran la imagen moral de la presidencia de la República. Esto puede no ser un crimen, porque el período que se discute es uno que no corresponde ni a su tiempo en la PCM, ni a su tiempo como ministro de Economía, ni a su tiempo como candidato.

—El presidente acaba de reconocer que hizo una consultoría para el proyecto H2Olmos. ¿Esto mueve una vez más la agenda, verdad? 
Ya que Odebrecht manejaba el proyecto falta saber quién lo contactó para hacer esa consultoría, quién exactamente la pagó y qué referencias pueden haber habido en el medio a los intereses de Odebrecht, si acaso hubo alguna. El asunto es de máximo interés en términos de moral pública, aunque pueda ser legalmente irrelevante. Espero que pueda marcar un punto de quiebre en la búsqueda de equilibrio en estos asuntos.

El Comercio, 11 de diciembre de 2017
https://elcomercio.pe/politica/cesar-azabache-allanamiento-medida-dura-siempre-concluyente-noticia-480495

El caso Kuczynski criterios que diferencian responsabilidad e inocencia

Entrevista en Buenos Días Perú con Mabel Huertas y Pamela Acosta, 30 de noviembre de 2017

Mitos y verdades de la asesoría de PPK al proyecto de Odebrecht

Especialistas analizan el posible impacto legal que tendrían las recientes declaraciones del presidente

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) vuelve a contradecir algo que dijo anteriormente. Las marchas y contramarchas se relacionan ahora a su presunta relación profesional con Odebrecht.

El sábado pasado, PPK afirmó que había sido contratado como asesor para H2Olmos, empresa constituida por Odebrecht. Ello luego de haber negado por distintos medios cualquier vínculo con la constructora brasileña. Ese mismo día, fuentes de Palacio precisaron que esta asesoría se dio a través de la empresa First Capital.

El 7 de marzo, afirmó ante la prensa que no había “recibido nada” de Odebrecht. El 25 de octubre, en un documento enviado a la Comisión Lava Jato, volvió a negar una “relación con la constructora”. En noviembre hizo lo mismo, tanto a través de Twitter como de un mensaje a la nación.

Tras las últimas declaraciones de Kuczynski, la oposición ha deslizado la posibilidad de que estas tengan implicancias legales. A continuación, especialistas analizan algunas de estas afirmaciones.

1. ¿La asesoría a First Capital califica como un vínculo laboral entre PPK y Odebrecht?

La reciente declaración del presidente Kuczynski tuvo eco en la oposición. Parlamentarios afirmaron que el jefe del Estado mintió.

“Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el presidente no lo hizo. La asesoría a la que alude no constituye un vínculo laboral con Odebrecht sino un proceso de tercerización a través de First Capital”, advierte el abogado penalista Luis Lamas Puccio.

La relación contractual de Kuczynski se dio con First Capital, empresa contratada en el 2012 para realizar la estructuración de H2Olmos. Así, el vínculo sería indirecto.

2. ¿La asesoría constituiría un delito?

El presunto cambio de versión del mandatario también fue tomado por algunos como indicio de una información aún no revelada por Kuczynski sobre Odebrecht. Pero realizar asesorías a la constructora no constituiría un delito en sí mismo.

“Incluso en el escenario más escabroso, si Odebrecht le pidió a First Capital contratar a Kuczynski, no estaríamos ante un delito. [En el 2012] no era funcionario público y habían pasado seis años desde que lo fue”, señala el ex procurador anticorrupción César Azabache.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en todo caso, podría debatirse si era éticamente correcto asesorar a Odebrecht.

3. Si los pagos a First Capital provinieron de la Caja 2, ¿podría existir lavado de activos?

En línea con el punto anterior, la procedencia del dinero con el cual Odebrecht le pagó a First Capital sí podría tener cierta relevancia para configurar un potencial delito. Aunque no alcanzaría necesariamente a Kuczynski.

“El lavado no se construye solo con la procedencia del dinero sino con una forma clandestina de recibirlo. Y, de haber sido así, en todo caso se le imputaría al receptor [First Capital], no al tercero [PPK]”, precisa Azabache.

Hasta el momento no se conocen maniobras de ocultamiento vinculadas a pagos por asesorías para H2Olmos.

4. ¿PPK incurrió en un delito al negar vínculos con Odebrecht ante la Comisión Lava Jato?

A la luz de los nuevos dichos de Kuczynski, el escenario de la presunta mentira ante la Comisión Lava Jato vuelve al centro de la discusión.

En ese sentido, los artículos 411 y 409 del Código Penal solo establecen penas para la falsa declaración en un proceso administrativo o judicial. No para comisiones congresales.

“Si bien moralmente es cuestionable mentir al Congreso o al Ministerio Público, la mentira solo constituye un delito si se da en calidad de testigo. Cuando se da en calidad de investigado o por hechos atribuidos a uno mismo, la mentira no es sancionable porque no estás obligado a autoinculparte”, detalla el ex procurador anticorrupción Yván Montoya.

Artículo por Diego Chirinos publicado en El Comercio, 12 de diciembre de 2017

https://elcomercio.pe/politica/mitos-verdades-asesoria-ppk-proyecto-odebrecht-noticia-480793

La cuestión presidencial

Las revelaciones difundidas ayer por Odebrecht dejan a la Presidencia de la República absolutamente expuesta ante el Congreso.  A solo días de que el Presidente afirmara en persona que solo hizo asesorías financieras en un caso, H2Olmos, años después de haber cesado como Ministro del Presidente Toledo, Odebrecht revela que inició relaciones con Kuczynski a través de su consultora, Westfield Capital Limited Inc., en el año 2004.  Para entonces el actual presidente era Ministro de Economía del régimen de Toledo.

Entre Westfield Capital y First Capital, de Gerardo Sepúlveda, la información publicada registra US$ 3.9 millones pagados por la estructuración financiera de H2Olmos.  Y a esto aún hay que agregar el costo de los servicios para las IIRSA Norte tramos 2 y 3, entregadas en concesión durante el gobierno del Presidente Toledo.  Son US$ 736 mil adicionales.  En conjunto, US$ 4.83 millones facturados entre los años 2004 y 2014 considerando pagos directos por asesoría financiera y otros proyectos menos expuestos.

Contradiciendo todo lo que sabíamos hasta ahora, estamos ante una relación constituida mientras el actual Presidente era Ministro del gobierno peruano.

El Presidente goza de una inmunidad casi absoluta.  Pero en este caso, salvo que cambien las cosas drásticamente, habría mentido de manera pública e injustificada sobre un asunto gravísimo.  Un engaño basta para justificar un pedido de vacancia y hace innecesario, en primer momento, discutir si hay de por medio un delito o no.  El engaño reiterado denota un nivel de incapacidad moral intolerable.  Y la cuestión sobre incapacidad moral predomina sobre la inmunidad casi absoluta que concede el cargo de Presidente de la República.

La cuestión moral es tan seria que hace que todas las consideraciones legales pasen a un absoluto segundo nivel de importancia.  Pero con todo, cabe tener en cuenta que la inmunidad casi absoluta del Presidente de la República caduca en cuanto éste cesa en el cargo.  Además la prerrogativa del antejuicio solo lo protege hasta el quinto año contado desde que cesa en el cargo en discusión, en este caso, el plazo debe contarse desde el 2006.

Salvo entonces que por razones institucionales se imponga una manera de entender las cosas distinta a la que declara el texto literal de la Constitución, las investigaciones destinadas a establecer si esta relación inapropiada debe además ser considerada como un delito podrían comenzar en el Ministerio Público en el momento mismo en que la renuncia del Presidente será aceptada por el Congreso, o en el momento en que éste, en un acto claramente posible, decida declarar su cargo vacante.

No se trata ya solo de haber mentido.  Se trata de haber estructurado una relación inapropiada de negocios mientras el actual Presidente era Ministro.  Y antes de pensar en los efectos que puedan impedir que el caso prospere (eventualmente, quizá por prescripción), hay una serie de detalles que deben aclararse a fin de determinar con precisión que reglas del Código Penal podrían, además, haberse violado en el origen de esta historia.

Publicado en Depolitika.pe el 15 de diciembre de 2017

Sobre las consecuencias civiles de los casos de corrupción

En Primer Plano de Willax con Jaime Chincha, 12 de diciembre de 2017

En 2017 de Canal N con Mávila Huertas, 11 de diciembre de 2017*

* Entiéndase la referencia al Pleno Casatorio de octubre de este año sobre lavado de activos en el que se dejó sin efecto el carácter vinculante de una sentencia casatoria emitida en agosto sobre la misma materia.

En A boca jarro de Canal N con Christian Hudtwalcker, 30 de noviembre de 2017

Entrevista en Buenos Días Perú con Mabel Huertas y Pamela Acosta, 30 de noviembre de 2017

En 2017 de Canal N con Mávila Huertas, 28 de noviembre de 2017*

* El precio de la venta de Chaglla, según la información publicada en medios, alcanza los US 1,400 millones. (EC, Día 1, 11 de Setiembre de 2017. Nota de Carlos Hurtado).  Cubiertos los gastos, quedarían disponibles para el fondo del fideicomiso 200 millones (EFE, 25 de agosto de 2017)

Las consorciadas

Las consorciadas

La mayoría en el Congreso está reprochando al fiscal de la Nación, entre otras cosas, el evidente retraso que tiene entre nosotros la discusión sobre la responsabilidad que deben asumir las empresas que se asociaron con Odebrecht para desarrollar los proyectos que ella impulsó en el Perú. Enorme error. En el Perú, las fiscalías están a cargo de organizar los casos sobre delitos cometidos por personas físicas. Los casos sobre indemnizaciones y otras obligaciones semejantes que corresponde asumir a las empresas están en nuestro medio a cargo de las procuradurías, principalmente. Las procuradurías son responsables por los resultados de sus propias acciones. Es entonces una procuraduría, no el fiscal de la Nación, la que debe explicarnos claramente qué está pasando o qué ha pasado todo este año con las consorciadas.

Las IIRSA y el Metro de Lima, en conjunto, concentran 28,1 de los US$29 millones en sobornos que Odebrecht ha reconocido hasta ahora haber pagado en el país. El Metro y el Gasoducto del Sur son los protagonistas de 247 de los US$283 millones en daños que fueron estimados por la contraloría en enero de este año. Los tres proyectos fueron impulsados por organizaciones económicas lideradas por Odebrecht que incluyeron, en formatos corporativos distintos y a veces cambiantes, a tres empresas locales (GyM, JJC e ICCGSA) y dos filiales de corporaciones domiciliadas fuera del Perú (Enagás y Andrade Gutierrez).

Podemos discutir durante semanas si todas ellas o solo algunas deben o no asumir responsabilidades sobre lo que ha ocurrido. Podemos discutir también durante semanas si el haber entrado a los proyectos antes o después de la firma de los contratos hace o no alguna diferencia. También podemos discutir si la cuestión en debate debe resolverse reintegrando al Estado algún porcentaje de las ganancias que hayan obtenido o de alguna otra forma. Y podemos discutir si, no existiendo en el Perú una ley previa que imponga multas para estos casos (no existe), la cuestión requiere un acuerdo promovido por el Estado a través de una negociación directa con estas empresas o de un juicio formal contra ellas. Lo que no podemos hacer es mantener por más tiempo este asunto en la absoluta penumbra en la que ahora está.

Pero repasemos los hechos. En febrero de este año, la procuraduría decidió solicitar un poco más de S/200 millones como reparación por los casos Metro de Lima e IIRSA. La contraloría había estimado en enero que los daños causados en solo uno de estos proyectos, el metro, rebasaban los US$111 millones. Pero la procuraduría decidió hacer esta reducción sin explicación alguna. Y la hizo sin siquiera pedir que las empresas que intervinieron en estos dos proyectos ingresaran al procedimiento. En julio, la procuraduría decidió pedir la suspensión judicial de la venta del Proyecto Olmos, que, recuperada, debe producir aproximadamente US$200 millones para el fideicomiso de reparaciones creado por el Ejecutivo. El mismo mes, la procuraduría retiró un pedido hecho por ella misma para que Gasoducto del Sur, la empresa que manejaba el proyecto que lleva su nombre, asumiera íntegramente los daños causados. Y en el mismo mes, un juez en Lima desestimó por extemporáneo un cuarto pedido hecho por la misma procuraduría para que Odebrecht, sola, asuma el pago íntegro debido a los daños.

Resultado de esta acumulación de confusiones: ningún debate abierto sobre la responsabilidad de las consorciadas.

La procuraduría actual ha estimado los daños causados por el gasoducto en S/1.400 millones, pero aparentemente aún no tiene quien los pague. Se ha abocado a recuperar el tiempo perdido y ya obtuvo que Odebrecht ingrese a los casos Vía Expresa Callao y Evitamiento del Cusco. También ha fijado la reparación que demanda en el Caso Chancas en S/248,8 millones. Pero aún tiene pendiente decirnos cómo planea revertir los errores que estamos arrastrando.

Encuentro inaceptable que todos sepamos desde diciembre del 2016 que una empresa de las dimensiones de Odebrecht apoyó su expansión en el país en sobornos, y no hayamos hecho nada útil para que los daños causados sean reparados de manera expeditiva. También encuentro inaceptable que las empresas que aceptaron ser sus socias, cualquiera sea su explicación sobre la historia, no estén ahora mismo discutiendo con el Estado la mejor forma de compensarnos. Pero para multiplicar las confusiones, la mayoría en el Congreso está pidiendo cuentas sobre esto a quien nada tiene que ver con esta enorme colección de confusiones.

No se resuelven los problemas buscando las agujas en el lugar en que se guardan los panes. Por ese camino solo nos aseguramos de jamás encontrar nada, y por ende creer que acaso nunca lo hemos tenido.

Publicado en El Comercio el lunes 27 de noviembre de 2017

Sobre el Decreto de Urgencia 003

En Perú 21 por Josefina Miró Quesada, 18 de noviembre de 2017

Cómo afectan los cambios al Decreto de Urgencia 003 a las socias de Odebrecht

La semana pasada, el Congreso modificó el Decreto de Urgencia 003-2017 (DU) que asegura la continuidad de obras públicas y fija los parámetros del pago de la reparación civil en casos de corrupción.

Entre los principales cambios, extiende sus disposiciones a las socias de Odebrecht, limitando sus transferencias patrimoniales y sujetándolas a un régimen de retención de utilidades. La lógica detrás de esta medida es que habrían sido favorecidas con utilidades mal habidas.

RÉGIMEN DEL DECRETO DE URGENCIA
Para entender las modificaciones, hay que entender el régimen del DU. Según el penalista Carlos Caro, “es una suerte de congelamiento de fondos y, técnicamente, una medida cautelar impuesta por ley”; una figura que, confiesa, no ha visto en otros países.

Para el ex procurador anticorrupción César Azabache, el DU estuvo pensado inicialmente en las empresas que confesaron cometer actos de corrupción.

Odebrecht lo hizo en Washington a fines de 2016 y el DU salió en febrero de este año. “Pero a alguien se le ocurrió incluir a las empresas condenadas [por corrupción] sin hacer mención al procedimiento”, señala. Incluir a las condenadas era inviable bajo una norma cuya vigencia era de un año. “Todo el esquema se construye alrededor de la confesión (de las empresas), nunca fue para procedimientos judiciales (con relación a las sentenciadas)”, agrega.

Para Azabache, ampliar el texto a las condenadas fue un error y sobre ese error se ha producido esta reciente modificación. Ninguna socia ha confesado y la confesión de Odebrecht no puede trasladarse a terceros porque es individual.

En su opinión, el régimen del DU solo podría aplicarse a las consorciadas si estas confiesan, supuesto en el que sí tendría sentido aplicar el DU para asegurar y acelerar el pago de la reparación civil.

Como no es así, Caro considera que podría vulnerarse el principio de culpabilidad. “La responsabilidad de las empresas y sus ejecutivos primero debe dilucidarse en un proceso penal”, señala.

Añade que aquí es donde podría radicar el problema de la reciente modificación, ya que asume antes de que suceda que tales empresas serán incorporadas en procesos judiciales y, eventualmente, condenadas.

¿EFICAZ?
El discurso detrás de la propuesta del Congreso es que las socias se habrían beneficiado ilícitamente de los sobornos realizados por Odebrecht. Proponen ampliar el DU, pero el texto sustitutorio no ofrece mayor desarrollo o exposición de motivos.

En declaraciones a este diario, la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, señaló que la Junta de Portavoces decidió exonerar al proyecto de pasar por dictamen de la comisión. Por eso, fue de frente al Pleno.

“Más allá del tema jurídico, que es discutible si hay o no una vulneración a la presunción de inocencia, hay un acuerdo político de que se incluya a las empresas consorciadas en el entendido de que se han beneficiado por los actos de corrupción”, agregó la congresista.

Para saber, sin embargo, si el cambio será eficaz, hay que preguntarse si con la principal responsable, Odebrecht, el DU ha cumplido sus fines.“Si el 003 se creó para resolver lo de Odebrecht y no se ha usado en 9 meses, ¿cómo se plantea usar su extensión?”, señala Azabache. Caro coincide en ello. “La ex ministra Pérez Tello declaró antes de irse que tenían embargados S/10 mllns.; si me dijeras que tienen un fondo 100 mllns., bien, pero no han hecho nada y eso prueba la ineficacia”, agrega.

El especialista precisa que si se busca que Odebrecht o las socias paguen una reparación civil, debe incorporárseles como tercero civil responsable en un proceso judicial. Esa es la estrategia que está adoptando la Procuraduría ad hoc. Ahí, pueden aplicar medidas cautelares, como el embargo o incautación. “Ahí sí no te enfrentas con problemas constitucionales serios”, agrega Caro.

¿INCONSTITUCIONAL? 
Graña y Montero, socia de Odebrecht en la obra Interoceánica Sur, declaró a Perú21 que la extensión del DU es inconstitucional porque afecta sus derechos a la propiedad, a la libertad de empresa, libertad de contratación, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Caro agrega que podría vulnerar también el principio de proporcionalidad. “La ineficacia del DU puede ser un argumento del juez para ver si la extensión es idónea para lograr el objetivo”, señala. A ello, habría que sumar el hecho de ampliar un DU, cuya naturaleza es transitoria y extraordinaria, a seis años.

Para Azabache, el problema no es que sea inconstitucional, sino impracticable. “Es una compensación simbólica ante la falta de decisiones que la Fiscalía no ha terminado de tomar; han creado un mecanismo sin saber cómo conectarlo”, agrega.

DATOS:
* La norma propone también inscribir en registros públicos una “anotación preventiva” en los bienes y activos de las empresas sujetas a este régimen.

* En declaraciones a Perú21, Graña y Montero (GyM) señaló que la empresa cumplirá sus obligaciones, incluyendo el pago de cualquier responsabilidad civil que pudiera determinarse dentro de un proceso legal.

* Amparo. Según Caro, las empresas afectadas podrían exigir que la norma no se les aplique y presentar ante un juez este recurso por afectación a sus derechos constitucionales. GyM aún no confirma qué acciones legales tomará ante esta situación.

* Según el diario Gestión, el consultor que auditó a la empresa GyM, para determinar si hubo actos de corrupción en los seis proyectos en los que se asoció con Odebrecht, no tuvo acceso a todos los documentos.

https://peru21.pe/politica/caso-odebrecht-afectan-cambios-decreto-urgencia-003-socias-odebrecht-384864

Sobre Kuczynski

Entrevista en Primer plano en Willax TV con Jaime Chincha, 15 de noviembre de 2017

Interrogatorio a Marcelo Odebrecht

Entrevista en Buenos días Perú en Panamericana TV con Mabel Huertas y Marina Costa, 9 de noviembre de 2017

El Comercio, por Diego Chirinos, 19 de noviembre de 2017

Mitos y verdades sobre el impacto legal de los dichos de Odebrecht

Diversos especialistas aclaran ciertas inexactitudes sobre la posible repercusión en el ámbito judicial del último testimonio del empresario brasileño.

En el último interrogatorio que le realizó la fiscalía peruana en Curitiba (Brasil), Marcelo Odebrecht disparó en distintas direcciones al hablar de los presuntos vínculos de su constructora con la clase política peruana. Frases sobre aportes a campañas presidenciales y relaciones laborales aludieron al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a Keiko Fujimori o a Alan García.

Tras el destape de la Unidad de Investigación de El Comercio sobre el interrogatorio a Odebrecht, distintas interpretaciones en torno al impacto legal de sus dichos empezaron a tejerse desde diferentes tiendas políticas. Interpretaciones que esconden ciertas inexactitudes detalladas a continuación.

1. ¿Odebrecht compromete la situación legal de PPK, Fujimori o García?

En la última semana, miembros de la oposición hablaron de una “situación comprometedora” del jefe del Estado ante lo dicho por Odebrecht.

Las afirmaciones del empresario brasileño, sin embargo, no bastan para modificar la situación legal de Kuczynski. Tampoco la de la lideresa de Fuerza Popular o la del ex presidente García.

“La simple versión de Odebrecht no tiene impacto legal alguno. Recién lo tendrían las pruebas que corroboren los dichos”, advierte el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

A diferencia del caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, aún no se cuenta con evidencia independiente que ratifique lo señalado por Odebrecht sobre PPK, por ejemplo.

2. ¿La ratificación de Jorge Barata sí sería suficiente?

Si bien una eventual confirmación de los dichos del ex representante de Odebrecht en el Perú permitiría a la fiscalía empezar a armar los casos, tampoco resultaría suficiente.

“No lo sería en el caso de Kuczynski, Fujimori o García. Un delator nunca puede ser tan importante como para que la fiscalía dependa exclusivamente de sus dichos. Estos deben estar corroborados con detalles, fechas, transferencias”, remarca el abogado penalista César Azabache.

Por ejemplo, en el caso de los procesados Humala y Heredia, el Ministerio Público recopiló información relacionada a cuentas bancarias en Suiza que estarían vinculadas a ellos, lo que se sumó al contenido hallado en las agendas de la ex primera dama, el celular de Odebrecht y otros elementos probatorios.

3. ¿El recibir dinero de Odebrecht constituye inevitablemente lavado de activos?

Odebrecht ratificó que su constructora financió campañas presidenciales en el Perú. Aunque con diferentes grados de certeza, habló de las de Kuczynski, Fujimori y del Apra.

A pesar de ello, no toda recepción de dinero procedente de la constructora brasileña configura un delito de lavado de activos.

“Este no se produce solo por la procedencia del dinero, así provenga de la caja 2. Aquí entra a tallar la cantidad recibida y el instrumento utilizado para ello. No es lo mismo recibir altas sumas en efectivo y en privado que hacerlo a través del sistema financiero y declararlos”, enfatiza Azabache.

Las fuentes consultadas, además, coinciden en que, en cuanto a los aportes de campaña, la línea es incluso más difusa, ya que en el Perú no existe la figura del financiamiento ilegal de campañas.

4. ¿Si PPK mintió a la Comisión Lava Jato, incurrió en un delito?

Las declaraciones del empresario brasileño sobre una supuesta asesoría del actual presidente a su constructora también sembraron dudas respecto a las versiones previas de Kuczynski, particularmente en torno a si mintió o no ante la Comisión Lava Jato al señalar que no sostuvo relación laboral alguna con Odebrecht.

“Pero incluso de comprobarse que la tuvo, no puede configurar un delito, ya que la investigación de una comisión congresal no califica como procedimiento administrativo o como equivalente a un juicio”, señala el ex procurador anticorrupción Joel Segura.

En ese sentido, los artículos 411 y 409 del Código Penal solo establecen penas para la falsa declaración en un proceso administrativo o judicial.

“Sería un hecho recriminable, pero no un delito. Para ello habría que ampliar el alcance del perjurio a falsas declaraciones ante una comisión congresal”, concluye Vargas Valdivia.

Fuerza Popular vs Sánchez Velarde

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 8 de noviembre de 2017

Entrevista en Perú 21 por Fabiola Valle, 10 de noviembre de 2017

Han sido dos semanas complicadas para el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional por las decisiones que ha tomado la mayoría del Congreso de la República. En diálogo con Perú21, el abogado César Azabache hace un análisis de las consecuencias que podría generar a nuestra institucionalidad el actual panorama político.

La bancada de Fuerza Popular se sumó al pedido del congresista Daniel Salaverry para denunciar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Qué opina?


Salaverry ha pedido la destitución de Sánchez porque, según su opinión, no se están manejando adecuadamente los casos que el fiscal de la Nación no tiene bajo sus manos. Se ha realizado este pedido sin siquiera tomarse el trabajo de acopiar información que les permita entender cuáles son los objetivos, la velocidad de la Fiscalía y las razones por las que determinados casos están en la situación actual.

¿Prosperará la denuncia contra el fiscal Pablo Sánchez?


El Congreso tiene una mayoría controlada por la misma bancada, pero aunque tomen esa decisión, ese documento no puede tener consecuencias legales en ninguna parte. Ni en el Consejo de la Magistratura, ni en la propia Junta de Fiscales Supremos. Tampoco a nivel judicial. En caso de que esta acusación se convierta en una decisión del Parlamento, Sánchez podría pedir al Tribunal Constitucional que emita una sentencia en la que declare que esto no es un procedimiento serio sino una injerencia en el ejercicio de las facultades de la Fiscalía o un acto de abierta presión injustificada.

¿Por qué la denuncia de Salaverry no puede ser tomada en cuenta?


Un documento tan mal armado con tan pocas bases, tan impertinente y tan mal dirigido no puede causar efectos ni institucionales ni jurídicos en ninguna parte. Lo que va a ocurrir es que las relaciones entre el Ministerio Público y el Congreso se exacerben.

¿Cree que este paso obedece a una venganza por las denuncias en contra de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez por lavado de activos?


La coincidencia entre estos eventos es indiscutible. En el mismo periodo han lanzado una acusación contra el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez), han abierto un proceso contra el Tribunal Constitucional por el caso El Frontón y, en el mismo momento, manejan con muy poca solidez institucional el impasse que se ha generado contra la Presidencia de la República por la entrega de información por el caso Lava Jato. Es decir, han generado tres crisis legales al mismo tiempo.

¿Cuáles serían las consecuencias de estas presuntas malas decisiones? 


Lo que va a pasar como inevitable desenlace es que el Congreso pierda capacidad de maniobra, porque atacar a tres órganos constitucionales en simultáneo, con razones legales poco claras, va a hacer que los órganos reivindiquen los límites legales que el Parlamento tiene. De modo que, a lo que está llegando el Congreso con esta acumulación de acciones, es a depredar sus propios recursos institucionales. Si el Congreso sigue haciendo eso, nadie más le hará caso nunca. Están malgastando sus energías constitucionales. Me preocupa que haya consecuencias nefastas para el estado de nuestra institucionalidad.

El Congreso insiste en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe responder ante la comisión Lava Jato. ¿Es necesaria su asistencia?


La no aceptación de la Presidencia de la República es políticamente equivocada o errónea. Desde mi punto de vista, no ha sido apropiado no tener al presidente al frente del Congreso disipando toda duda. La mayoría de parlamentarios está, desde mi punto de vista, equivocada en su interpretación de las reglas de la Constitución porque no es por razones legales que debería haber podido obtener las declaraciones del mandatario sino por razones institucionales y de moral política.

¿Kuczynski podría defenderse legalmente?


Una comisión investigadora tiene derecho a citar a cualquier persona a que declare e incluso puede hacer que asista por la fuerza pública, pero no pueden hacer eso con el presidente. Ese límite ha sido expuesto en toda su dimensión; en consecuencia, el Ejecutivo podría acudir al Tribunal Constitucional (TC) para demandarlos por excesos en sus competencias. El gran dilema es que el TC tiene siete miembros y cuatro están acusados por el Congreso, lo que hace confusa la escena. Se debe tomar el caso con paños fríos.

¿Cuál sería la exhortación?


Lo más saludable es que la mayoría del Congreso se debe poner un freno y darnos una señal de humildad y de transparencia. Debe quedar claro que, aunque se cometan errores, se puede reaccionar y poner por delante la necesidad de mantener el equilibrio ante los poderes del Estado sin excesos legales. El llamado a poner un freno es el TC.

¿Qué opina sobre la denuncia contra los magistrados del TC por el caso El Frontón?


El problema proviene de que en el caso El Frontón se firmó una sentencia con cuatro votos, pero dos magistrados firmaron documentos que contradecían eso. Hay muchos aspectos que explican las diferencias. Un problema legal de esa complejidad tiene decisiones múltiples.

Autoficha

- “Soy abogado. Fui miembro del primer equipo de la Procuraduría Anticorrupción en el año 2000 para los casos Fujimori y Montesinos. Desde el año 1996 tengo mi propio estudio jurídico. Me dedico exclusivamente a la litigación en materia penal. He sido profesor universitario”.

- “El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, representa una situación en la que el Ministerio Público después de muchos esfuerzos institucionales ha logrado crear una imagen institucional sólida. Están afrontando diversos casos adecuadamente”.

- “Indultos al ex presidente Alberto Fujimori y al general Nicolás Hermoza deben discutirse no por la situación de ellos sino por cómo se va a tratar a los condenados que con más de 75 años y que muestran cuadros de salud pueden justificar cambios. Se tiene que revisar pedidos”.

https://peru21.pe/politica/cesar-azabache-denuncia-fiscal-causar-efectos-383774