¿Pero quién pagó por el espionaje?

¿Pero quién pagó por el espionaje?

César Azabache Caracciolo

Hemos dicho varias veces que el caso BTR ofrece una serie de dificultades que están vinculadas a la compleja historia que revela. Para comenzar, a diferencia de la imagen popular del SIN de Montesinos, en la que ese organismo aparece dedicado a espiar a opositores políticos, BTR ha espiado a personas que ahora están siendo investigadas por tráfico de influencias, y esto crea una diferencia. Es sencillo analizar un caso legal cuando la historia contiene a un agresor y una víctima claramente diferenciados. Pero algunas de las víctimas de BTR son, a su vez, los transgresores en otras historias, como en la historia del caso Químper. Y esta ambigüedad (“víctima-transgresora”) genera sin duda un cortocircuito en nuestra comprensión de las cosas. Al reconocer “villanos” en la lista de víctimas de BTR, tendemos a cambiar los roles, y a intentar aprovechar la información que se ha incautado. Pero al hacerlo, sin darnos cuenta, cambiamos el tema en discusión y terminamos tratando el espionaje como fuente de información. Esto sin duda es un error que debemos evitar.

Investigar a espías que parecen haber espiado a sospechosos por corrupción no debe confundirnos. La información que tienen los espías en su poder es producto de un crimen. En consecuencia, sólo puede ser usada contra quienes contrataron sus servicios o contra quienes los apoyaron, no contra quienes fueron espiados. Y esta es una regla que debemos mantener, nos guste o no, por nuestra propia salud institucional. La información incautada a una agencia de espías sólo debe ser usada institucionalmente para confirmar quiénes son los espías y, en la medida de lo posible, para identificar a quienes contrataron sus servicios. Nada más. Salir de esta regla, pretender aprovechar los frutos del espionaje “para algo bueno”, implica abrir el mercado de la información para que cualquiera pueda relanzar el espionaje como servicio. Y esto debemos evitarlo. Al usar la información del espionaje contra terceros nosotros mismos estamos, sin darnos cuenta, confirmado su utilidad y estimulado la demanda de este servicio ilegal ¿Acaso es eso lo que queremos?

No existe ninguna razón moral por la que debamos prestar atención al contenido del material incautado a BTR, salvo en la medida en que pueda confirmar que los investigados son, en efecto, espías, y que fueron contratados en determinadas condiciones por alguien en particular. Qué obtuvieron al espiar, es un asunto que debería mantenerse en reserva, o, en todo caso, no ser comentado. Si entre los productos del espionaje hay algo que se refiera a un delito, entonces la policía tendrá que investigar lo que corresponda, pero sin usar para nada ese material como base de caso alguno, sin citarlo ni proponerlo como evidencia, precisamente porque ese material es producto de un crimen. Y ninguna acción institucional puede emplear un crimen como fundamento, base ni apoyo.

La información incautada, entonces, no sirve para crear nuevos casos legales. Sirve solo para confirmar si los investigados son espías y, de ser el caso, para establecer quiénes eran los clientes del espionaje. Y sobre esta base podemos intentar resolver el dilema de estos días. Las evidencias publicadas indican que por lo menos uno de los soportes digitales (un USB) incautados a los investigados fue manipulado para extraer información que ahora se ha perdido. Gravísimo, sin duda; suficiente para iniciar un segundo caso al menos por negligencia grave en contra de quienes tenían a su cargo la custodia de ese material. Pero el que determinados archivos hayan sido extraídos de uno de los soportes digitales incautados no impide emplear como evidencia los demás archivos. Entiéndase bien: El caso no es sobre el contenido de los archivos, es sobre el servicio de escucha ilegal que habría prestado BTR. En consecuencia, que falten archivos no impide acusar a quien deba ser acusado como espía. Lo único que muestra es que alguien ha permitido una manipulación ilegal de las evidencias. Y ese alguien debe ser sancionado como fue sancionada la sustracción de las maletas en que Montesinos había escondido parte de sus videos en la década pasada.

En todo caso, la cuestión pendiente sigue siendo una distinta: ¿Quién pagó por los servicios de espionaje que, aparentemente, prestó BTR?