En el programa La Hora N de canal N, el lunes 9 de marzo, el Dr. César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus sobre una posible liberación de Antauro Humala, preso por el Andahuaylazo, quien ha planteado un hábeas corpus.
Este espacio reúne artículos y entrevistas sobre temas legales e institucionales cuyas ideas espero poder seguir discutiendo.
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miércoles, 11 de marzo de 2015
Entrevista en La Hora N sobre la sentencia de Antauro Humala
lunes, 19 de marzo de 2012
Comportamiento arbitrario
César Azabache Caracciolo
¿Curioso, verdad? El líder del llamado “etnocacerismo” se
las está arreglando para mantenerse en el primer plano de la escena política en
base a debates intensos sobre exitosas situaciones absurdas. La escena pública
está saturada de incidentes de este tipo. Y sin embargo se repiten con una
periodicidad alarmante. Hay algo, sin duda, que se expresa en todo patrón de capricho
voraz. Y debemos entenderlo, si queremos enfrentarlo de manera efectiva.
Habría sido mejor, tras las elecciones pasadas, discutir de
manera abierta si debía modificarse o no las condiciones impuestas en prisión a
quien terminó siendo el hermano del Presidente de la República. Mi impresión,
de hecho, es que no. Pero si alguien tenía una impresión distinta, pues
entonces el debate abierto era el camino para establecer el curso de la acción
pública. En lugar de hacer esto se nos ha terminado imponiendo una serie disociada
de hechos consumados, cada cual más ridículo que el otro. Y el Ejecutivo ha
insistido en justificar casi todos los eventos registrados. En este camino se
ha terminado por horadar, innecesariamente, la credibilidad de un Ministro y
del Jefe de una de las principales y más complejas entidades del sistema de
justicia penal, el INPE. Y me confieso tentado a pensar que ese resultado (la
corrosión de la credibilidad pública de dos autoridades públicas formales) no puede
haber estado fuera de la visión del genio maligno que ideo esta secuencia de hechos
absurdos.
Un genio maligno. Si miramos las cosas en perspectiva,
provoca pensar que alguien está tratando de establecer cuánto mide nuestra
tolerancia colectiva al capricho impuesto desde el poder, y cuan sostenibles en
el tiempo pueden resultar situaciones disfuncionales impuestas de facto. Imaginar
a un actor perverso jugando en el laboratorio político con la resistencia
institucional resulta de fábula. De hecho, suena conspirativo, y siempre hay
que dudar de las teorías conspirativas. Pero la idea del genio maligno revela con
bastante precisión el riesgo implícito en este tipo de situaciones. Los
comportamientos arbitrarios tolerados generan un producto muy atractivo en
ambientes poco institucionalizados. Generan la idea de un alguien que es capaz
de obtenerlo todo, por más absurdo que parezca, y hacerlo sostenible. Un patrón
semejante de soluciones arbitrarias a casos legales abrió espacio al Montesinos
de finales de los 90. Por cierto, como sociedad, deberíamos mostrar señales que
confirmen que estamos totalmente curados de ofertas de servicios arbitrarios de
ese tipo.
En 1945 Camus describió un Calígula que buscaba
obsesivamente que alguien en su entorno se resistiera alguna vez a sus
perversos caprichos. La versión de Kubrick de 1979 usó el rostro de Malcom
McDowell para expresar la paradójica frustración y el desprecio con el que ese personaje
comprobaba que su propio poder no tenía límites. Temo que la semántica del
poder arbitrario no admite, en la realidad concreta de los desórdenes políticos,
ni siquiera espacio para una culpa perversa como la que corroe la existencia del
antihéroe de Camus.
viernes, 9 de septiembre de 2011
Punto Final
Punto final
César Azabache Caracciolo
El miércoles 7 de este mes ha sido difundido el voto del
señor Santa María que cierra el debate sobre la condena a imponerse al jefe del
amotinamiento de enero del 2005. Ya es sabido que el señor Santa María ha
votado a favor de la ponencia suscrita por los Señores Rodríguez, Neyra y Castillo, que se inclinaba por calificar el
hecho conforme a las reglas del homicidio simple, el secuestro, la rebelión y
otros delitos menores y por imponerle una condena a privación de libertad por
19 años.
Visto el texto hay que decir que agrega razones legales de
peso a favor del voto de la mayoría, frente al voto de los señores Villa Stein
y Pariona, aunque la explicación sobre la condena a 19 años (siendo 20 la
condena mínima para los casos de secuestro) me sigue pareciendo
insatisfactoria. Y también lamento (aunque esto es explicable técnicamente, no
era ineludible) que el fallo haya optado por una manera a mi parecer
innecesariamente conservadora (pero no por ello indebida) de interpretar las
reglas sobre el asesinato. Si alguna diferencia moral media entre los eventos
de Locumba y los de Andahuaylas es, precisamente, el carácter innecesariamente
cruento de estos últimos. Calificar las muertes del Puente Constitución como
homicidios simples y no como asesinatos me produce, entonces, resistencias
morales. Pero no podemos dejar de reconocer (aunque no nos guste) que era una
de las opciones posibles desde el punto de vista estrictamente jurídico.
En todo caso, el proceso ha concluido. Antes de cerrar, el
anuncio hecho por el propio condenado de su inminente liberación, y de la
instrumentalización que preparaba hacer para recuperar la libertad por
beneficios penitenciarios o por una amnistía provocó una reacción de la
comunidad sólo comparable con la que frenó hace algunos años la posibilidad de
allanar el camino para una solicitud de beneficios penitenciarios,
aparentemente del señor Crousillat, sobre la base de descontar los días de
detención domiciliaria como si fueran días de detención en cárcel. El test
institucional impuesto por el propio condenado ha servido, desde mi punto de
vista, para dejar completamente en claro que los sistemas institucionales, más
allá de la neutralidad que deben mantener, no son manipulables. Son capaces de
reaccionar a influencias externas y reposicionarse. Dan cuenta de esa reacción
el que la Fiscalía de la Nación, la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia
hayan aclarado que los beneficios penitenciarios no se conceden automáticamente
sólo por el paso del tiempo durante los debates provocados por el propio
condenado, el que se le haya sancionado por dirigirse a los medios de prensa
sin autorización oficial desde una cárcel de máxima seguridad y el que se haya
sancionado también a quienes tenían su custodia a cargo. En este marco (no es
ninguna paradoja) es también muy importante que el Señor Santa María haya
reaccionado con su voto, no contra tendencia, sino de manera equilibrada,
centrando el caso a través de una decisión que puede ser opinable, pero que es
equilibrada y que deja en claro que el judicial, aunque pueda equivocarse,
tampoco tiene la obligación de seguir a pie juntillas la dirección que se
imprime desde la comunidad de observadores o formadores de opinión en estos
temas.
Más allá de preferencias personales, y de las secuelas que
sin duda el caso tendrá todavía (ya se anuncia un habeas corpus que reiniciará
los debates sobre el hecho) debemos reconocer que el caso está
institucionalmente cerrado. Y cerrado con la autoridad de una judicatura que ha
demostrado saber equilibrar con cuidado el curso de un procedimiento que parecía destinado
a descarrilarse, a llevarse por delante la confiabilidad de un sistema
institucional que aún está en permanente revisión y observación.
Aunque, insisto, no responda a mis preferencias personales,
saludo los términos en que se ha cerrado éste caso. La cárcel, como destino de una
persona, sea quien sea, constituye siempre un resultado doloroso. Pero la
impunidad frente a eventos de esta envergadura dolería a todos aún más. El
judicial ha protagonizado uno de los debates morales más intensos del tiempo
presente. Y desde mi punto de vista, lo ha cerrado con el equilibrio que debe
caracterizar todas sus decisiones siempre.
martes, 29 de abril de 2008
La ceguera en Andahuaylas
La ceguera en Andahuaylas
Por César Azabache Caracciolo
Los sucesos de Andahuaylas de enero del 2005 representaron un intento
por volver a instalar entre nosotros la violencia física directa como
vehículo de comunicación política. Sintetizaron la dimensión perversa
que se aloja en la memoria de una comunidad que, entre otras cosas,
vivió atravesada por el terror y la guerra interna durante más de quince
años.
Después de Sendero, y antes de Andahuaylas, los sucesos de Ilave de
abril del 2004 habían mostrado ya hasta qué punto se puede manipular y
hacer explotar la carga de frustración y rabia que impregna nuestro
tejido social. Si Andahuaylas marca un hito en esta historia es porque
representa una manera extrema de usar esa rabia para obtener ventajas
particulares. Y esto sería suficiente para justificar el castigo a los
responsables del hecho, incluso aunque no se hubiera asesinado a cuatro
policías durante la asonada. Si el evento es por sí mismo repudiable,
esas muertes dan a la historia el perfil de una atrocidad inaceptable.
¿Qué intentó hacer Antauro Humala en Andahuaylas? Más de cuatro años
antes, en octubre del 2000, Antauro, ya retirado, y su hermano Ollanta,
todavía en el Ejército, protagonizaron el levantamiento de Locumba, una
asonada sin víctimas durante la que se leyó una proclama pidiendo la
renuncia de Alberto Fujimori. El evento terminó con la entrega de los
protagonistas de la asonada, su encarcelamiento, un juicio militar y una
amnistía otorgada por el gobierno del presidente Paniagua.
La secuencia otorgó a los hermanos Humala una fuerte presencia
política y una cierta aura mítica, basada en la imagen de dos oficiales
(en realidad, uno) que se levantan contra un dictador (en realidad, un
presidente ya sin respaldo en medio de una crisis de legitimidad
terminal). Esa aura parece haber resistido a las dudas que se levantaron
cuando comenzó a insinuarse que la asonada habría podido ser una
maniobra conspirativa del montesinismo. Pues bien, ¿quería Antauro
revivir esa aura mítica, hacerla actual, al tomar la comisaría de
Andahuaylas en enero del 2005? De primera impresión, parecería que
Antauro no percibió las diferencias que median entre levantarse contra
Fujimori a finales del 2000 y levantarse contra Toledo comenzando el
2005. Y es que cualquiera sean nuestras preferencias personales, todos
reconoceremos que ambos momentos no son comparables. Provoca, entonces,
pensar que los sucesos de Andahuaylas fueron provocados por una torpeza.
¿Pero Andahuaylas revela solo un caso de torpeza?
El principal protagonista del levantamiento, Antauro, 'no ve' algo
que para todos resulta evidente (las diferencias entre los momentos de
uno y otro levantamiento). 'No ver' algo que marca una diferencia moral
(la diferencia entre 'lo justo' y 'lo injusto'), ni siquiera tomar en
cuenta su posible importancia, revela desprecio. Quien 'no ve' una
cuestión moral decide pasarla por alto; no asigna al portador de esa
cuestión (quien la reivindica como algo importante) ninguna
consideración. El 'no haber visto' las diferencias que median entre los
sucesos de Locumba y los de Andahuaylas resulta de un enorme desprecio
por diferencias entre ambos eventos. Y el asunto es especialmente grave
porque esas diferencias están basadas en cuestiones sobre la legitimidad
de los gobernantes.
Los sucesos de Andahuaylas expresan un enorme desprecio por cualquier
forma de legitimidad que no provenga de las armas. Representan la
puesta en marcha de una estrategia de aproximación al poder basada en la
violencia. La ilegitimidad de Fujimori, que fue la razón de la amnistía
que obtuvieron los protagonistas de Locumba es, al menos para Antauro,
solo un accidente circunstancial. Su verdadero mensaje no está en la
caída del dictador, sino en el uso de las armas contra todo régimen que
no coincida con sus preferencias personales. Vistas así las cosas, se
vuelve poco importante establecer si el levantamiento de Locumba resultó
o no de una conspiración montesinista. El hecho es condenable incluso
considerando la ilegitimidad de Fujimori, porque contiene un mensaje
inaceptable: el mensaje de quien ve en sus propias preferencias
personales fundamento suficiente para usar las armas.
En la memoria personal de Antauro no se ve mayor diferencia entre
Locumba y Andahuaylas. Y esto pone en evidencia el desprecio que ocultó
detrás de esa tremenda ceguera que provocó la muerte innecesaria de
cuatro personas.
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