EL CASO PEDRO CHÁVARRY
EL CASO CHÁVARRY HA PUESTO EN EVIDENCIA NUESTRA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR EL PROCEDIMIENTO QUE CONDUCE A LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE LA NACIÓN.
El señor Chávarry acaba de cerrar, de la peor manera, una larga lista de desaciertos que comenzó a desplegarse el día que se precipitó a tomar el cargo. Para entonces varias voces le habían pedido retrasar la ceremonia de su investidura para escuchar primero sus explicaciones sobre el sentido de sus conversaciones con el señor Hinostroza, que era entonces presidente de una sala en la Corte Suprema, y hoy espera una decisión final sobre su extradición desde España.
Primero, se negó a ofrecer cualquier explicación. En lugar de poner punto final a esta historia, mintió. Quiso obtener el apoyo incondicional de las juntas superiores de fiscales y no pudo. Se disculpó a medias, pero volvió a la carga en defensa de su asiento cuando la fiscal Castro puso por escrito sus sospechas sobre sus relaciones con el señor Hinostroza. El fujimorismo lo defendió de manera sospechosa aun antes de que la señora Fujimori fuera detenida. Y en lugar de cortar las aguas en defensa de las investigaciones de la fiscalía, decidió emprender la lucha contra el equipo especial a cargo de los casos Odebrecht. Ha querido reemplazar a los señores Vela y Pérez por los señores Almanza y Páucar, pero ambos han declarado que no asumirán el cargo. Así, multiplicando ‘impasses’ generados por su insistencia en sesgarse, el señor Chávarry ha intensificado su propio deterioro de una manera inconcebible. Solo el señor Kuczynski y la señora Fujimori han perdido tanto poder en tan poco tiempo.
Ciclos de deterioro del poder como este deberían desembocar siempre en el retiro prudente de quien comienza a errar. Pero ocurrió que el señor Chávarry decidió al comienzo de este período de caída libre no renunciar al cargo. Decidió aferrarse a él empleando las llaves formales que lo atornillaron al puesto. Con las reglas actuales el fiscal de la Nación no podía ser retirado contra su voluntad sin ser propiamente destituido. Para destituirlo se hacía imprescindible romper el cerco que, al menos hasta ahora, había establecido la mayoría del Congreso a su alrededor. Experta en explotar los alambiques del retardo, la mayoría actual habría tenido que entrar en razón o romperse para cancelar el nombramiento del señor Chávarry como magistrado. Un caso criminal absolutamente claro y concluyente al menos en este momento, no existía, no al menos en una versión suficientemente fuerte; pero un caso de infracción a la Constitución, sí.
Entonces el Caso Chávarry ha puesto en evidencia nuestra urgente necesidad de reformar el procedimiento que conduce a la designación del fiscal de la Nación. Parece mentira que no nos hayamos dado cuenta en la transición de principios de siglo que las reglas de la Constitución de 1993 creaban un puesto como este, al que se le encargó la enorme responsabilidad de conducir las políticas públicas de persecución del delito, pero sin someterlo a los rigores de la interpelación a los que están sujetos todos los ministros de Estado, y sin imponerle la imprescindible carga de una presentación anual de políticas y resultados a la que está sujeto el defensor del Pueblo. Parece mentira que no hayamos notado que la Constitución del 93 entregó la elección del fiscal de la Nación a una pequeña junta de 5 magistrados que adquirieron la extraña costumbre de designar a un responsable de políticas públicas por orden de antigüedad. Pero como tantas cosas, esta se nos pasó por delante en la transición de principios de siglo.
En adelante tendremos que modificar íntegramente el diseño constitucional de la Fiscalía de la Nación. Entre tanto, porque las reformas constitucionales no se hacen en días, tendremos que adoptar una acción de urgencia. Alguna. El presidente Vizcarra, voy a entender que reaccionando a la gravedad de la crisis, ha propuesto al Congreso intervenir el Ministerio Público. En lo personal no creo en intervenciones verticales, ni siquiera en estas circunstancias, pero el Congreso sí puede, aunque reconozco que me cuesta pensar que la mayoría decida actuar en positivo, modificar la Junta de Fiscales Supremos: agregarle tres miembros más que, por esta vez, ya que la designación de la Junta Nacional de Justicia requerirá aún de un tiempo adicional, sean elegidos por los presidentes de las juntas superiores de fiscales. Una nueva junta, conformada por una nueva mayoría, puede elegir un nuevo fiscal de la Nación. Uno que no se convierta en obstáculo para iniciar el proceso que se desprende del último referéndum. Uno que no nos ponga permanentemente en un paso atrás de lo avanzado.
Necesitamos estabilidad. El señor Chávarry, en lugar de ofrecernos esa estabilidad, decidió ocupar el lugar del señor Hinostroza en la lista de obstáculos que nos distancian de la meta final: un sistema de justicia y persecución del delito que nos permita sentar bases para una añorada y aparentemente lejana forma más sostenible de impartir justicia.
Publicado en El Comercio el 3 de enero de 2018
