Punto final
César Azabache Caracciolo
El miércoles 7 de este mes ha sido difundido el voto del
señor Santa María que cierra el debate sobre la condena a imponerse al jefe del
amotinamiento de enero del 2005. Ya es sabido que el señor Santa María ha
votado a favor de la ponencia suscrita por los Señores Rodríguez, Neyra y Castillo, que se inclinaba por calificar el
hecho conforme a las reglas del homicidio simple, el secuestro, la rebelión y
otros delitos menores y por imponerle una condena a privación de libertad por
19 años.
Visto el texto hay que decir que agrega razones legales de
peso a favor del voto de la mayoría, frente al voto de los señores Villa Stein
y Pariona, aunque la explicación sobre la condena a 19 años (siendo 20 la
condena mínima para los casos de secuestro) me sigue pareciendo
insatisfactoria. Y también lamento (aunque esto es explicable técnicamente, no
era ineludible) que el fallo haya optado por una manera a mi parecer
innecesariamente conservadora (pero no por ello indebida) de interpretar las
reglas sobre el asesinato. Si alguna diferencia moral media entre los eventos
de Locumba y los de Andahuaylas es, precisamente, el carácter innecesariamente
cruento de estos últimos. Calificar las muertes del Puente Constitución como
homicidios simples y no como asesinatos me produce, entonces, resistencias
morales. Pero no podemos dejar de reconocer (aunque no nos guste) que era una
de las opciones posibles desde el punto de vista estrictamente jurídico.
En todo caso, el proceso ha concluido. Antes de cerrar, el
anuncio hecho por el propio condenado de su inminente liberación, y de la
instrumentalización que preparaba hacer para recuperar la libertad por
beneficios penitenciarios o por una amnistía provocó una reacción de la
comunidad sólo comparable con la que frenó hace algunos años la posibilidad de
allanar el camino para una solicitud de beneficios penitenciarios,
aparentemente del señor Crousillat, sobre la base de descontar los días de
detención domiciliaria como si fueran días de detención en cárcel. El test
institucional impuesto por el propio condenado ha servido, desde mi punto de
vista, para dejar completamente en claro que los sistemas institucionales, más
allá de la neutralidad que deben mantener, no son manipulables. Son capaces de
reaccionar a influencias externas y reposicionarse. Dan cuenta de esa reacción
el que la Fiscalía de la Nación, la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia
hayan aclarado que los beneficios penitenciarios no se conceden automáticamente
sólo por el paso del tiempo durante los debates provocados por el propio
condenado, el que se le haya sancionado por dirigirse a los medios de prensa
sin autorización oficial desde una cárcel de máxima seguridad y el que se haya
sancionado también a quienes tenían su custodia a cargo. En este marco (no es
ninguna paradoja) es también muy importante que el Señor Santa María haya
reaccionado con su voto, no contra tendencia, sino de manera equilibrada,
centrando el caso a través de una decisión que puede ser opinable, pero que es
equilibrada y que deja en claro que el judicial, aunque pueda equivocarse,
tampoco tiene la obligación de seguir a pie juntillas la dirección que se
imprime desde la comunidad de observadores o formadores de opinión en estos
temas.
Más allá de preferencias personales, y de las secuelas que
sin duda el caso tendrá todavía (ya se anuncia un habeas corpus que reiniciará
los debates sobre el hecho) debemos reconocer que el caso está
institucionalmente cerrado. Y cerrado con la autoridad de una judicatura que ha
demostrado saber equilibrar con cuidado el curso de un procedimiento que parecía destinado
a descarrilarse, a llevarse por delante la confiabilidad de un sistema
institucional que aún está en permanente revisión y observación.
Aunque, insisto, no responda a mis preferencias personales,
saludo los términos en que se ha cerrado éste caso. La cárcel, como destino de una
persona, sea quien sea, constituye siempre un resultado doloroso. Pero la
impunidad frente a eventos de esta envergadura dolería a todos aún más. El
judicial ha protagonizado uno de los debates morales más intensos del tiempo
presente. Y desde mi punto de vista, lo ha cerrado con el equilibrio que debe
caracterizar todas sus decisiones siempre.
