Fiscalía basará su alegato en el poder concentrado en el SIN

Huyendo por la tangente

Sobre la sentencia del caso El Frontón

César Azabache Caracciolo

El Tribunal Constitucional acaba de renunciar a resolver claramente qué debemos hacer con el caso que discute las condiciones en que fue debelado del motín senderista de junio de 1986 en la cárcel de El Frontón. Honestamente creo que la falta de una decisión clara sobre el particular nos daña como país. Todo asunto que arrastra nuestra memoria colectiva como cuestión pendiente afecta, a la larga, nuestra confianza en el sistema legal. Y la Sentencia que el TC acaba de adoptar en este caso representa, lamento decirlo, una manera de no terminar de encarar este asunto en su exacta dimensión.

La defensa de los procesados por los métodos empleados al debelar el motín de junio de 1986 (o al menos la defensa de alguno de ellos) está intentando que el caso no llegue a juicio por el tiempo que ha transcurrido desde los hechos: Más de 20 años. Veinte años es, en efecto el plazo máximo para llevar a tribunales casos de homicidio anteriores a 1991. Sin embargo, hay una serie de razones para sostener que este plazo no se aplica cuando el caso trata sobre violaciones a los derechos humanos, sea cual sea la regla del Código Penal que se haya invocado. Estas razones son, de hecho, tanto o más importantes que aquellas otras que, eventualmente, podrían haber justificado el uso de las reglas sobre prescripción en estos casos ¿No era éste entonces un asunto sobre el que el Tribunal Constitucional nos debía un pronunciamiento definitivo, independientemente del resultado que corresponda adoptar? ¿Que ganamos entonces con eludir el asunto, además de confirmar que éste Tribunal ya no es el mismo que era hace sólo unos meses?

Veamos: En agosto del 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por lo ocurrido en El Frontón, y le ordenó investigar los hechos. En setiembre del 2001 la misma Corte declaró que el paso del tiempo no debe impedir que un caso sobre derechos humanos llegue a juicio. En marzo de 2004 el Tribunal Constitucional, basándose en la jurisprudencia de la Corte, llegó a declarar que la Constitución asegura el derecho a saber la verdad sobre todo evento de violencia, lo que sin duda incluye las violaciones a los derechos humanos. A mediados del año pasado un tribunal de Lima, sin siquiera revisar estos antecedentes, declaró que las investigaciones sobre El Frontón debían archivarse por el paso del tiempo. El asunto fue llevado al Tribunal por impulso de una de las principales ONGs del medio, el Instituto de Defensa Legal (IDL), que aparentemente había intervenido como amicus curiae  en el proceso, y el Tribunal ha fallado diciendo que no iba a declarar nada sobre el fondo del asunto, porque el IDL había atacado la Sentencia que mandó a archivar el caso sin tener derecho formal a hacerlo.

De hecho, si es verdad que el IDL sólo fue aceptado en el caso como amicus curiae, es decir, como consultor de la Corte, entonces no tenía derecho a atacar la Sentencia. Hay que decir que por razones de este tipo en febrero de 1993 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se negó a llevar a juicio el caso Cayara. No es absurdo entonces que en determinadas circunstancias errores de procedimiento obliguen a cerrar un caso de derechos humanos. Pero no puede dejar de observarse que el peso de los hechos en discusión era esta vez demasiado grande como para justificar que el Tribunal se haya limitado a declarar que no emitiría sentencia sin siquiera declarar cuáles eran las reglas a seguir en el caso.

Me niego personalmente a pensar que para poner punto final a esa herida abierta formada por los casos pendientes de los ochenta y noventa se deba acudir a una venda que nos impida debatir, de plano, cuáles son las responsabilidades involucradas en lo ocurrido. Creo que como sociedad le debemos al país por lo menos la honestidad de encarar esta herencia de manera seria y responsable, incluso aunque el resultado que pueda obtenerse de un debate abierto pueda no corresponder a nuestras preferencias personales. Nuestro sistema legal, entonces, ha quedado en deuda con todos nosotros, con nuestro derecho a hacernos responsables por nuestra historia reciente. 

El teorema de Thomas

El teorema de Thomas

César Azabache Caracciolo

En un comentario muy oportuno (El Comercio, 31/10/08 “Lo que vemos, es”), Fernando Vivas resume de qué manera las grabaciones de imágenes y audio se han convertido en un factor que nos permite establecer (o creer que establecemos) la verdad de las cosas. El impacto que produce en nuestra percepción la imagen o el sonido registrados ofrece un refugio que permite depositar nuestra confianza en algo que se muestra sólido, indiscutible y persuasivo, incluso a pesar de su mínima entidad moral o de su origen ilegal. Quizá por eso la enorme atención que convocaron los vladivideos. Quizá por eso el éxito de los paparazzi locales. Y es que “una foto [cito el lema de una campaña publicitaria] vale más que mil palabras”, ¿verdad?

            Por mi parte confieso albergar dudas sobre la utilidad institucional que estamos concediendo a este tipo de productos. La primera fuente de estas dudas proviene de la ahora evidente relación entre los productos que están circulando y ciertas mafias por descubrir que parecen tener el descaro de manipular crisis institucionales como la actual para desarrollar campañas de publicidad perversa a favor de sus propios servicios y vender en el mercado tanto grabaciones relevantes para casos de corrupción como basura capaz de producir escándalos sólo por el modo y oportunidad en que es difundida ¿O es que acaso cada vez que aparece un nuevo audio no se está sugiriendo, veladamente, que grabar a los demás es útil para dañarlos?

La segunda fuente de estas dudas proviene de la enorme dependencia que genera este tipo de productos. Si algún problema enfrenta la fiscalía en el caso Fujimori, es la falta de una grabación que lo muestre dando la orden que la fiscalía sostiene que dio en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Buena parte de la comunidad tiende a creer que sólo está probado aquello que consta en una grabación. Y cree por tanto que si no hay una grabación o algo tan persuasivo como una grabación, ningún caso puede probarse. No es difícil observar hasta qué punto este efecto nos pone un corsé que presiona demasiado al sistema institucional.

            Pero tengo una tercera fuente de dudas. Y es que no todas las grabaciones tienen el mismo contenido, y sin embargo, en determinadas condiciones, todas las grabaciones son capaces de causar el mismo impacto. Todavía ha pasado poco tiempo, en términos de memoria colectiva, entre el hallazgo de los vladivideos y el presente. De alguna manera, grabaciones como las de León Alegría evocan las sensaciones explosivas, mezcla de rabia por los hechos, júbilo por el  descubrimiento y pánico en los afectados, que todos sentimos a finales de la década pasada. Tal vez eso explique la desproporción entre el tamaño del crimen descubierto en el caso León Alegría (grave sin dudas, pero no terminal, institucionalmente hablando) y la reacción del sistema político (terminal, sin duda, si ha caído un gabinete). Hay un evidente desfase entre lo que se ha visto y lo que se ha hecho. Y ese desfase se puede explicar parafraseando el título del oportuno artículo de Vivas: “En realidad, lo que se ve no ‘es’. Sólo ‘es’ lo que decimos que hemos visto”. Y “lo que decimos que hemos visto”, a veces no resulta de nuestros propios sentidos, sino de lo que alguien nos sugiere al dirigir nuestra mirada.

La observación de un producto tan demoledor como una grabación tiene un evidente efecto evocativo que distorsiona la percepción y abre espacio para la manipulación más artera. Un informante aprovechado puede convencer al más capaz y bien intencionado operador del sistema de la gravedad de una comunicación inocua sin siquiera editar la grabación, sólo manipulando los significados y el contexto de la grabación que pretende hacer difundir. Al final del día, tenemos demasiada rabia y frustración acumulada para reparar en detalles. Necesitamos lanzar, proyectar, transferir toda nuestra desconfianza hacia algún hecho que la justifique, o más o menos la justifique, o parezca justificarla. De ahí la necesidad de tener extremo cuidado al manejar este tipo de productos.

Y es que, lo dijo William I. Thomas en 1928, “cuando los hombres definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”. 

El hombre más buscado llegó como si nada en un taxi al juzgado

El Comercio Perú 

Tema del día

14 de Noviembre 2008

Ex ministro aprista se entregó luego de 38 días de clandestinidad. Durmió en la carceleta judicial y hoy será llevado a un penal de Lima

Por Luis García Panta / Mario Mejía Huaraca / Alberto Villar Campos / Gerardo Caballero

Después de 38 días de haber esquivado la justicia, y luego de un infructuoso plan de la Policía Nacional para capturarlo (incluida una recompensa pecuniaria), el ex ministro aprista Rómulo León Alegría se puso ayer a derecho ante el Tercer Juzgado Especial de Lima que despacha Jorge Barreto Herrera, en la sede de los juzgados anticorrupción, en Lince. León lucía más delgado, tenía barba y llevaba lentes oscuros.

Su sorpresiva aparición se produjo a eso de las 2:15 de la tarde y desconcertó a los pocos periodistas que aguardaban su llegada a esa sede judicial, anunciada dos días antes a algunos medios por uno de sus abogados.

El cuestionado ex funcionario, acusado de favorecer a una empresa extranjera en la adjudicación de cinco lotes petroleros, llegó en un taxi acompañado por Eduardo Roy Gates, hijo del abogado penalista Luis Roy Freire y segundo miembro de su defensa. En ese mismo momento, Roy Freire declaraba a la prensa en las escaleras del recinto jurídico, ubicado en la cuadra 26 de la avenida Arenales.

Sin dar declaraciones, León Alegría ingresó junto con sus abogados, custodiado por personal de seguridad del edificio, que evitó en todo momento el ingreso de la prensa.

Una hora y media después, en medio de estrictas medidas de seguridad, el ex ministro aprista fue llevado a la carceleta del Palacio de Justicia, donde pernoctó, debido a que el Consejo Técnico Penitenciario de esa entidad, encargado de decidir a qué penal debía ser trasladado, había concluido ya su jornada laboral. Hoy León Alegría podría ser trasladado al penal de procesados primarios de Lima (antes San Jorge) o al penal Miguel Castro Castro.

Horas antes de su aparición, Roy Freire había señalado que la entrega de León Alegría no podía darse, pues no existían las garantías suficientes para su patrocinado.

Por la mañana, el abogado llegó a los juzgados anticorrupción con el fin de averiguar el resultado de la apelación solicitada para cambiar el mandato de detención del ex ministro aprista por el de comparecencia.

EN NOMBRE DE LOS HIJOS

"Me entrego por mis hijos, en especial por haber afectado la carrera política de mi hija Luciana. Pensé en hacerlo desde hace días, pero el abogado dilató mi entrega. Nunca salí de Lima, todo este tiempo estuve en un escondite en San Juan de Lurigancho", dijo Rómulo León Alegría a uno de los agentes de la Policía Judicial que lo trasladó. El oficial narró que León se mostró muy arrepentido y afectado por todo lo que se dijo en su contra, en especial, porque se vinculó a sus hijos en los presuntos actos de corrupción por los que se le juzgará.

Rómulo León Romero acudió a la sede judicial de Lince y respaldó la decisión de su padre de entregarse a la justicia. Asimismo, dijo haber ignorado en todo momento el paradero de su progenitor y manifestó su confianza en que la justicia demostrará su inocencia. Finalmente, señaló estar preocupado por el estado de salud de León Alegría.

EL HOMBRE MÁS BUSCADO

Rómulo León era el hombre más buscado del país. Tras él estuvieron más de cien agentes de la Policía Judicial, de Anticorrupción, de la División de Investigación de Secuestros y de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Desde que el 6 de octubre el juez Barreto dictó orden de detención en su contra, los agentes buscaron al ex funcionario estatal en 20 domicilios de la capital. Varios grupos de policías se movilizaron también a Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huacho y, en los últimos días, a Huancayo.

En todas esas ciudades, la Policía Nacional tenía pistas de su paradero. Hace unas semanas, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de S/.100 mil a quien diera pistas o información sobre el lugar donde se encontraba el ahora procesado.

CRONOLOGÍA

4Un Gabinete entero cayó

[5 de octubre]

Fernando Rospigliosi presenta cuatro audios en los que Alberto Quimper y Rómulo León Alegría negocian la adjudicación de cinco lotes petroleros a Discover Petroleum.

[7 de octubre]

El ex director de Perú-Petro Alberto Quimper Herrera es detenido por orden del Juzgado Anticorrupción.

[8 de octubre]Sesión del Gabinete Ministerial en pleno, en el cual sus integrantes ponen sus cargos a disposición del presidente.

[10 de octubre]El presidente Alan García acepta la renuncia del Gabinete Ministerial en pleno. El reemplazante de Jorge del Castillo sería Yehude Simon. La Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas solicita a la Fiscalía Anticorrupción la detención o arresto domiciliario del abogado Ernesto Arias Schreiber.

[17 de octubre]Rómulo León envía un video a diferentes canales de televisión con sus descargos.

[23 de octubre]El Congreso crea una comisión para que investigue sobre interceptaciones telefónicas.

[7 de noviembre]Palacio de Gobierno difunde una carta enviada por Rómulo León a Alan García en su desesperación por acercarse al mandatario.

EL PERFIL

Los antecedentes del ex ministroNació el 7 de octubre de 1946, en Trujillo. Estudió Sociología. Durante el primer gobierno de Alan García fue diputado por Lima y ministro de Pesquería.

En junio de 1988, el entonces diputado Fernando Olivera lo acusó de cobrar coimas, lo cual desencadenó una trifulca. El 15 de abril de 1991 fue acusado constitucionalmente por irregularidades en la construcción del muelle pesquero de Chimbote.

El 20 de octubre de 1994 fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

RÓMULO LEÓN ALEGRÍA. EX MINISTRO APRISTA DEL CONSULTOR

Simplemente, un prófugo*

El Caso León Alegría, con las distancias que hay que salvar, ha repetido en nuestro imaginario colectivo varias de las estampas que dejó Montesinos.

Si al video de Kouri siguieron cientos de videos, no todos relevantes, al audio de León siguieron otros, no todos útiles. Si fugó Montesinos, fugó también León. Si la fuga de Montesinos llevó la atención de todos hacia su pareja sentimental, la fuga de León dejó expuestos a los hijos. Si tanto se repiten las cosas, esperemos que ahora no terminemos revistiendo al prófugo con esa aura mítica de pitoniso atesorador de verdades ocultas que tan ingenuamente concedimos a Montesinos, al que por un tiempo dejamos jugar a ser el factor que separaba (o pretendía separar) la verdad de la mentira en lo que a corrupción se refería. La fuga crea tres efectos perversos: el prófugo incrementa su imagen de poder, porque muestra que nadie es capaz de encontrarlo. Crea una estela de víctimas que confunden al espectador, porque las arbitrariedades o excesos que se imponen a su familia y a su entorno dañan la imagen de seriedad del caso en su contra. Lo que es más grave, crea expectativas desproporcionadas sobre lo que vaya a decir, y esas expectativas pueden hacernos olvidar cuál es su papel en la historia: el de un prófugo. Nada más.

* César Azabache Caracciolo. Ex procurador anticorrupción

Un balance final

Un balance final

César Azabache Caracciolo

Si algo hemos perdido en el juicio contra Fujimori en este tiempo, ha sido la oportunidad de fijar en nuestra memoria colectiva una versión lo más clara y sencilla posible sobre lo que ocurrió en el país en los años 90. Es de lamentar (aunque resulta inevitable en un juicio de estas características), que en lugar de aproximarse a una versión más o menos ponderada sobre lo ocurrido, la defensa y las partes acusadoras se hayan entrampado en la insistencia por confirmar teorías extremas, y por ello irreconciliables, sobre el periodo de los noventa. La Fiscalía y las víctimas han sostenido una versión sobre la culpabilidad total de Fujimori que supone la demostración de órdenes directas y expresas que posiblemente nunca haya sido necesario emitir. Al frente, la defensa pretende una exoneración de responsabilidad penal tan absoluta que resulta institucionalmente insostenible. Nadie en el juicio ha intentado pararse en medio de ambas versiones. Y esto es lamentable porque las versiones extremas, por lo general, corresponden a apetencias, aversiones, principios o preferencias subjetivas, pero no a un juicio reflexivo sobre los hechos y las responsabilidades que corresponden a su organización.

            Como simple observador me parece difícil aceptar la imagen de un Fujimori premeditando y organizando en persona las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Salvo que medie un grave desorden de conducta, no encuentro manera de convertir a un profesor de matemáticas recién llegado a la política en un asesino en serie, menos a casi un año de haber reclutado para su entorno a personalidades como Gloria Helfer y Hernando de Soto. En lo personal, ni siquiera creo que Fujimori supiera mucho de la violencia que atravesaba el país en ese entonces. Menos puedo creer que haya desarrollado tan a prisa la perversa habilidad que se requiere para usar la muerte como táctica política. Aunque sea sólo una hipótesis, de hecho, no estoy en posición de probar nada, me convence más la imagen de un Fujimori completamente inexperto, emboscado por alguien (¿Montesinos acaso?), que podría haberle impuesto la masacre de Barrios Altos como hecho cumplido. Si recordamos el periodo, observaremos que a principios de los noventa la corporación militar estaba dividida entre varias “alas duras” y otros varios grupos de oficiales que intentaban deshacerse de alguna manera de un pasado reciente plagado de masacres inútiles. En medio de ese giro, las investigaciones en el Congreso sobre casos como El Frontón y Cayara creaban el riesgo objetivo de que las cosas terminaran con juicios en forma. Sucesos como el golpe de Estado de abril de 1992, los cambios en la política de ascensos militares y las masacres de Barrios Altos y Canto Grande, pueden haber servido para forzar a la corporación y al propio ex presidente a “cerrar filas” a favor de la impunidad de los crímenes de los ochenta. Si esto fue así, entonces el problema no está en tratar de probar si Fujimori tenía o no “dos estrategias antisubversivas”.  Lo que hay que probar es que los crímenes en efecto se cometieron,Un balance final y que Fujimori, siendo el Presidente de la República, no hizo nada desde Barrios Altos para evitar que Canto Grande y La Cantuta ocurrieran. Si se trataba de resolver un problema político forzando al sistema a tomar partido por la impunidad, entonces la omisión revela aquiescencia, y se convierte en algo tan grave como matar, sin necesidad de buscar en ningún archivo firmas probablemente inexistentes.

            No hemos discutido sobre el significado de las omisiones de reacción en este contexto. La acusación ha buscado la prueba de un hecho extremo. A pesar de su gran desempeño, no creo que haya logrado este objetivo. En reacción, la defensa se ha limitado a eludir los golpes. Fujimori no se ha sentido obligado a pedir perdón por lo que en efecto puede no haber ordenado, pero sin duda dejó hacer. Y si mis sospechas son ciertas, lo dejó hacer por la más banal de las razones: Facilitar su propio posicionamiento político en base a una alianza perversa e innecesaria que, sin embargo, cumplió su objetivo: Evitar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos que debieron hacerse a principios de los noventa.

El silencio equivocado

Por César Azabache

Ha sido inevitable que la presentación de Montesinos en el juicio de Fujimori convoque tanto interés. También ha sido inevitable que Montesinos aproveche ese interés para, después de tiempo, recuperar tribuna y relanzar una imagen que ya había perdido: La del todopoderoso "hombre de inteligencia" que camina al medio de sus captores cuando es detenido; decide (o pretende decidir) quiénes son responsables y quiénes no; declara cuando quiere y sobre lo que quiere, y se burla abiertamente de las autoridades que lo juzgan. El único dato realmente curioso de la puesta en escena del ex asesor ha sido la indumentaria: Esta vez Montesinos abandonó las extrañas camisas de seda roja, verde o casi verde de las anteriores audiencias para volver al traje oscuro y el pañuelo en el bolsillo de sus presentaciones públicas de finales de los noventa, cuando se especulaba sobre su ingreso a la política. ¿Pretendía mostrarnos la imagen de una vigencia que ya no tiene?

¿Qué pasó en la audiencia? Montesinos tiene derecho a no declarar en casos de este tipo porque enfrenta procesos por los mismos hechos. Pero no tiene derecho a decidir cuándo declara y cuándo no, o qué preguntas contesta y cuáles no, ni tiene derecho a decidir cuándo se acaba la audiencia ni por qué razones. Sin embargo, lo hace, porque cualquier sanción del tribunal o incluso un eventual procedimiento por resistencia a la autoridad resultarían minúsculos frente a la cantidad de acusaciones que pesan en su contra. Con base en la impunidad que le concede el castigo ya impuesto, Montesinos ha puesto en escena un juego perverso: Él asume el control de la audiencia y decide sobre todo lo que puede decidir y se burla de todo aquel que caiga en su juego. La imagen que resulta es la de un sistema débil que no puede contenerlo. ¿Era necesario exponernos a eso?

¿Dijo Montesinos algo de importancia? Su línea de declaraciones sobre las interceptaciones telefónicas ya había sido exhibida en una tribuna menos llamativa que esta: La del juicio que se le siguió por ese caso. No constituye entonces una novedad. Sí cabría preguntarse por qué el ex asesor insiste tanto en recordarnos que intervino teléfonos durante toda la década del noventa y que ya lo hacía cuando oficial del Ejército. ¿Estará tratando de recordarle a alguien que tiene en su poder las cintas de esos audios? ¿Estará tratando de obtener de alguna manera el apoyo de alguien? No hay manera de saberlo, de modo que lo peor que podríamos hacer a estas alturas es obsesionarnos con las supuestas cintas de Montesinos, como nos obsesionamos antes con los famosos videos ocultos o pendientes de hallar. ¿Qué más hizo? Incriminó al fiscal Guillén, que no estaba presente en la audiencia, con cargos menores que sin duda serán debatidos dentro del Ministerio Público. ¿Nos pondremos a discutir acaso si el fiscal Guillén debe ser apartado del proceso por esos cargos? No creo que seamos tan fáciles de manipular. ¿Qué más hubo? Nada en absoluto, fuera de la confirmación de que la extensión del juicio y el enorme rodeo que se da en cada interrogatorio están comenzando a dejar exhausto al sistema.

Nuevamente, le dimos la palabra a la persona equivocada; le dejamos hacer lo que le vino en gana y ni siquiera pudimos decidir cuándo se callaba. ¿No es esto más o menos lo mismo que pasó con Martin Rivas?

Cuando ganar equivale a perder

Cuando ganar equivale a perder

César Azabache

Los órganos públicos obtienen su legitimidad de la consistencia de sus decisiones. Una decisión debe ser clara y congruente; debe tomar en cuenta la forma en que se decidieron cuestiones semejantes en el pasado, y debe hacerse cargo de cuanto representa e implica para la comunidad. La responsabilidad en la comunicación institucional exige cuidar que cada decisión represente una confirmación de la autoridad y de la legitimidad pública del órgano que la emite. Y esto se aplica, aunque con matices, tanto a un Juez como a un Ministro, a un Congresista o a un Consejero.

            Pues bien. No tengo manera de saber en este momento si fue justo o no que el señor Romero sea destituido. Pero si me queda claro que el CNM no se hizo cargo del significado ni de las consecuencias que van asociadas a reconsiderar una decisión pública. En mi opinión, eso explica la dimensión de la crisis desatada.

            En CNM había optado ya por la destitución. El Señor Romero afirmó que el CNM tenía derecho a reconsiderar sus decisiones, y solicitó una reconsideración. El CNM confirmó que tenía en efecto tal derecho y cambió su decisión. El malestar provocado por este cambio de decisión fue evidente, pero creo que no ha sido correctamente explicado. Se ha dicho que dos Vocales han contradicho sus votos anteriores, y se ha dicho también que las razones que dieron no parecen suficientes. No me siento satisfecho por ninguna de estas dos razones. Por definición, reconsiderar una decisión equivale a contradecirla, de modo que no me sorprende el cambio en la votación. Y la suficiencia de las razones conduce a un inevitable círculo vicioso: Si estamos a favor las razones nos parecerán adecuadas, y si estamos en contra, insuficientes. Creo, por ello que el malestar que todos sentimos debe explicarse de otra manera.

Repasemos el asunto: La reconsideración es un procedimiento extremo. Supone que una entidad respetable ha cometido un error muy grave y que no tiene sentido destituir a sus miembros, precisamente porque son respetables. En un caso así la única manera de recuperar la legitimidad afectada por el error es reconocerlo y enmendar la situación. Pues bien, para que un error sea muy grave, debe percibirse como un asunto que genera o puede generar una cuestión de Estado. En consecuencia, si el señor Romero quería obtener una reconsideración, debió antes demostrar que su salida del judicial había sido injusta y que representaba una contradicción con lo que se supone que representa el CNM. Probablemente el camino más sencillo para lograrlo habría sido explicarnos a todos porqué debe volver a la judicatura. Si hubiera podido convencernos, entonces su pedido se hubiera convertido en un reclamo atendible, y la reconsideración habría expresado la solución a un reclamo que sería ya no sólo suyo, sino de alguna manera colectivo. Este es el camino que no se ha transitado. El señor Romero y el CNM han tratado la reconsideración como si se tratara de cualquier recurso y, con ello han creado una fisura de legitimidad de proporciones mayores que ha terminado involucrando al Congreso, donde además la crisis se ha tratado de una manera lamentable.

¿Cómo revolver el entuerto? Los problemas institucionales no se solucionan nunca complicando más las cosas. Se solucionan simplificándolas. Si el señor Romero no se ha tomado la molestia de explicarnos a todos, de manera clara y convincente, porqué debe regresar al judicial, entonces debe hacerlo. Creo que todos merecemos oír esa explicación. El CNM no se ha tomado la molestia de observar que su posición en el sistema institucional se arriesga por definición cuando decide cambiar una decisión ya adoptada. Entonces necesita más tiempo para aprender la lección. Probablemente para expresar todo esto haya que anular la reconsideración y volver a poner en debate el pedido del señor Romero. El señor Torres ha dado una muy buena razón para justificar una anulación: Un pedido semejante del BCR parecería no haber sido enteramente discutido por el CNM ¿Por qué entonces no comenzar todo de nuevo, antes que terminemos dañando más al órgano que elige a nuestros jueces, y también al Congreso, que parece atrapado por la fascinación de defender lo indefendible?

La ceguera en Andahuaylas

La ceguera en Andahuaylas

Por César Azabache Caracciolo

Los sucesos de Andahuaylas de enero del 2005 representaron un intento por volver a instalar entre nosotros la violencia física directa como vehículo de comunicación política. Sintetizaron la dimensión perversa que se aloja en la memoria de una comunidad que, entre otras cosas, vivió atravesada por el terror y la guerra interna durante más de quince años.

Después de Sendero, y antes de Andahuaylas, los sucesos de Ilave de abril del 2004 habían mostrado ya hasta qué punto se puede manipular y hacer explotar la carga de frustración y rabia que impregna nuestro tejido social. Si Andahuaylas marca un hito en esta historia es porque representa una manera extrema de usar esa rabia para obtener ventajas particulares. Y esto sería suficiente para justificar el castigo a los responsables del hecho, incluso aunque no se hubiera asesinado a cuatro policías durante la asonada. Si el evento es por sí mismo repudiable, esas muertes dan a la historia el perfil de una atrocidad inaceptable.

¿Qué intentó hacer Antauro Humala en Andahuaylas? Más de cuatro años antes, en octubre del 2000, Antauro, ya retirado, y su hermano Ollanta, todavía en el Ejército, protagonizaron el levantamiento de Locumba, una asonada sin víctimas durante la que se leyó una proclama pidiendo la renuncia de Alberto Fujimori. El evento terminó con la entrega de los protagonistas de la asonada, su encarcelamiento, un juicio militar y una amnistía otorgada por el gobierno del presidente Paniagua.

La secuencia otorgó a los hermanos Humala una fuerte presencia política y una cierta aura mítica, basada en la imagen de dos oficiales (en realidad, uno) que se levantan contra un dictador (en realidad, un presidente ya sin respaldo en medio de una crisis de legitimidad terminal). Esa aura parece haber resistido a las dudas que se levantaron cuando comenzó a insinuarse que la asonada habría podido ser una maniobra conspirativa del montesinismo. Pues bien, ¿quería Antauro revivir esa aura mítica, hacerla actual, al tomar la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005? De primera impresión, parecería que Antauro no percibió las diferencias que median entre levantarse contra Fujimori a finales del 2000 y levantarse contra Toledo comenzando el 2005. Y es que cualquiera sean nuestras preferencias personales, todos reconoceremos que ambos momentos no son comparables. Provoca, entonces, pensar que los sucesos de Andahuaylas fueron provocados por una torpeza. ¿Pero Andahuaylas revela solo un caso de torpeza?

El principal protagonista del levantamiento, Antauro, 'no ve' algo que para todos resulta evidente (las diferencias entre los momentos de uno y otro levantamiento). 'No ver' algo que marca una diferencia moral (la diferencia entre 'lo justo' y 'lo injusto'), ni siquiera tomar en cuenta su posible importancia, revela desprecio. Quien 'no ve' una cuestión moral decide pasarla por alto; no asigna al portador de esa cuestión (quien la reivindica como algo importante) ninguna consideración. El 'no haber visto' las diferencias que median entre los sucesos de Locumba y los de Andahuaylas resulta de un enorme desprecio por diferencias entre ambos eventos. Y el asunto es especialmente grave porque esas diferencias están basadas en cuestiones sobre la legitimidad de los gobernantes.

Los sucesos de Andahuaylas expresan un enorme desprecio por cualquier forma de legitimidad que no provenga de las armas. Representan la puesta en marcha de una estrategia de aproximación al poder basada en la violencia. La ilegitimidad de Fujimori, que fue la razón de la amnistía que obtuvieron los protagonistas de Locumba es, al menos para Antauro, solo un accidente circunstancial. Su verdadero mensaje no está en la caída del dictador, sino en el uso de las armas contra todo régimen que no coincida con sus preferencias personales. Vistas así las cosas, se vuelve poco importante establecer si el levantamiento de Locumba resultó o no de una conspiración montesinista. El hecho es condenable incluso considerando la ilegitimidad de Fujimori, porque contiene un mensaje inaceptable: el mensaje de quien ve en sus propias preferencias personales fundamento suficiente para usar las armas.

En la memoria personal de Antauro no se ve mayor diferencia entre Locumba y Andahuaylas. Y esto pone en evidencia el desprecio que ocultó detrás de esa tremenda ceguera que provocó la muerte innecesaria de cuatro personas.

Fujimori ante la justicia

Fujimori ante la justicia

César Azabache Caracciolo

El juicio contra Fujimori ha permitido a la Corte Suprema mostrar que el juicio penal puede ser un espacio de debate útil y legítimo para establecer una respuesta institucional equilibrada a uno de los principales problemas morales de la sociedad, que se refiere a las condiciones en que un mandatario debe ser considerado responsable por los actos de sus subordinados. Está demostrando además que la justicia no tiene por objeto castigar sin más a aquellos que parte de la sociedad considera culpables de delitos. El objeto de la justicia es hacer que las decisiones sobre una acusación sean comprensibles para todos, y esto se logra cuando se debaten razones que todos podemos conocer y comprender. La Surepma ha seguido una línea de comunicación institucional clara, ordenada y comprensible para todos. Y esto hay que saludarlo. Por lo demás el modo en que se están conduciendo las audiencias hace posible que todos tengamos una idea más clara y mejor justificada sobre lo ocurrido en nuestra historia reciente. Y eso sin duda, contribuye a establecer una manera de ponernos de acuerdo en asuntos que normalmente nos dividen irremediablemente.

Por lo que toca a las estrategias en marcha hay varias sorpresas. Fue útil para los objetivos de la Fiscalía haber puesto una especie de “zoom” sobre el detalle de cada crimen descrito en la acusación. El detalle expuesto por los testigos sobre las masacres de Barrios Altos y La Cantuta es horrendo hasta tal punto, que el repaso de cada declaración sugiere que el acusado no podrá mantener su defensa en la frágil línea de la ignorancia sobre lo ocurrido. Lo horrendo expresado en cada crimen moviliza la indignación de todos. El argumento de la ignorancia, puesto frente a la imagen de lo horrendo, puede terminar multiplicando el rechazo que convoca el acusado en muchos sectores de la población hasta hacerlo general o claramente mayoritario. Para ponerlo en una frase, el argumento de la ignorancia se muestra inaceptable frente a las imágenes que convoca cada una de las declaraciones que estamos escuchando. Y esto inclina la balanza a favor de la acusación. Sin duda, el efecto que produce esta parte del juicio no corresponde al texto original de la acusación. La acusación original presentaba a Fujimori como jefe efectivo de los paramilitares, dando órdenes concretas de matar. Esta imagen no corresponde a lo que vemos en las audiencias. En ellas aparece un Presidente que presta una tolerancia inaceptable al uso del Grupo Colina como vehículo de eliminación antisubversiva. En este asunto la indiferencia impasible es más que simple negligencia. “Dejar hacer” que es terriblemente grave cuando quien “deja hacer” se tiene la última palabra sobre el destino de las cosas y el poder suficiente para evitarlas.

Dados los testimonios registrados, podría eventualmente dudarse sobre el compromiso de Fujimori en el caso Barrios Alto (aparentemente el primero de la lista), pero en evidente que después de Barrios Altos el Presidente de la República tenía algo que hacer contra el Grupo Colina, y ese algo era más que “esperar que la Fiscalía investigara”. En todo caso, la felicitación concedida y el respaldo al ascenso de los principales miembros del Grupo (aparentemente, lo único que efectivamente hizo el acusado en este tiempo) representa bastante más que un descuido.

La fuerza moral del juicio se inclina entonces, irremediablemente en contra de un acusado que se muestra impasible frente al detalle de lo sucedido. Conducido a una suerte de callejón sin salida, Fujimori se muestra efectivamente paralizado. El respaldo político de sus partidarios no parece haber soportado la intensidad del juicio, y ha menguado. La contundencia del discurso político original que esgrimían sus voceros no parece haber encontrado adaptaciones a nuevas versiones que le permitan renovarse y mantenerse en vigencia. La buena imagen profesional de su abogado, César Nakazaki, parece ser el único refugio de legitimidad que queda al acusado. Pero el discurso legal de la defensa no se ha hecho cargo, todavía, del problema de la pasividad del ex mandatario frente a los crímenes cometidos. No se observa hasta ahora un discurso hasta ahora que responda a la dimensión de lo evidente.

En este medio, el silencio del acusado no parece ser, más, una respuesta convincente.

Buscando por debajo de la alfombra

Reubicando a la ONA

Lo que ahora le toca hacer a la justicia

Sobre lo que ahora hay que hacer

César Azabache Caracciolo

El fallo de la Corte Suprema de Chile cierra el debate sobre la legitimidad del proceso. Los tribunales chilenos han reconocido que el Estado peruano tiene derecho a sentar a Fujimori en el banco de los acusados. Lo que viene ahora es entrar ya al detalle de cada caso y volver a mirar las evidencias reunidas. Y es que no es lo mismo considerar justificado el proceso que considerar probados los delitos.

La prueba de un caso penal es un asunto de convicción. Hay diferencias de grado o medida entre lo que se requiere para llevar a alguien a juicio y lo que se requiere para condenarle. Si usamos la escala del uno al cien, podríamos decir que para llevar a una persona a juicio se requiere prueba como de cincuenta. Pero para condenarle, la prueba debe llegar hasta cien. La condena requiere la máxima prueba posible de un caso, y esta prueba sólo se alcanza cuando se lograr eliminar toda duda sobre la culpabilidad del acusado. Las reglas del procedimiento impiden condenar a alguien cuando existe por lo menos una razón seria para dudar de la acusación. Por eso las mismas pruebas que justifican llegar a juicio pueden, luego, ser consideradas insuficientes para apoyar una condena. Y es que los testimonios y las evidencias a veces parecen más fuertes en el papel que en el escenario de un juicio.

Ahora bien ¿cómo se prepara un juicio de este tamaño? Las leyes del procedimiento permiten que los casos sean reorganizados antes del inicio de las audiencias para simplificar las cosas. Podríamos entonces tener no siete, sino dos grandes juicios contra Fujimori: Uno por los casos de corrupción que se ha presentado en su contra (entre ellos, la indemnización a Montesinos antes de su fuga y el robo de los vídeos en poder de Trinidad Becerra) y uno por los casos sobre violaciones a los derechos humanos. En el caso de la indemnización de Montesinos y en el caso del robo de los videos se anuncia la presentación de evidencias directas sobre el comportamiento personal de Fujimori. Estos casos pueden ser, entonces, los más sencillos desde el punto de vista de las pruebas. En los casos sobre derechos humanos se anuncia un debate basado en evidencias indirectas o circunstanciales y se anuncia también un debate sobre las reglas de responsabilidad penal que deben aplicarse a un ex mandatario. Esto hace que estos casos sean relativamente más difíciles de sostener. El tipo de pruebas y las reglas en discusión hacen, entonces, una primera diferencia fundamental que justifica la separación de estos casos.

También hay diferencias en el debate sobre las indemnizaciones a discutir. En los casos de corrupción la indemnización que debe solicitar la Procuraduría se construye a partir del monto de fondos del tesoro desviados por Montesinos. En los principales casos de derechos humanos las indemnizaciones se organizan en función a las condenas que la Corte Interamericana ha impuesto al Estado y en las reclamaciones que víctimas de los casos no resueltos puedan demandar.

En los debates sobre los casos de derechos humanos probablemente la defensa de Fujimori va a sostener que las evidencias circunstanciales son insuficientes y que las declaraciones informales de los Colina, o las declaraciones de los colaboradores con la justicia no pueden ser usadas como pruebas. La Fiscalía en cambio deberá probar que la posición que ocupó Fujimori como Jefe de Estado hacía imposible que los crímenes se organizaran sin su intervención, autorización o aquiescencia. En los debates sobre indemnizaciones, en cambio, la defensa no va a poder negar la dependencia entre Fujimori y Montesinos, y esa dependencia es determinante para hacer al ex mandatario responsable por los daños causados.

Lo esencial ahora, es asegurarnos que el juicio sea organizado adecuadamente. Sería un desperdicio que el juicio contra Fujimori se convierta en una secuencia insufrible de audiencias que se agoten en la lectura de papeles imposibles de comprender. Este juicio debe ser un espacio de debate abierto a todos, porque lo que se discutirá aquí va a determinar el modo en que veamos en adelante asuntos decisivos para organizar el poder y la justicia en el Perú. 

Sin rodeos - Declaraciones sobre el D.Leg 982 en Perú 21