Publicado en la República el 21 de noviembre de 2019.
¿Cómo evalúa la revelación de la entrega de fondos de Dionisio Romero y Vito Rodríguez a Keiko Fujimori?
Siempre se ha dicho que hay ciertos comportamientos, irregulares o ilícitos, que las comunidades toleran por ciclos de tiempo, pero esas curvas de tolerancia se mueven. El sistema ahora criminaliza las captaciones de fondos irregulares y eso es importante, porque disponer de dinero de esa forma durante las campañas supone privatizar la política.
¿Qué entiende usted por privatizar la política?
Comprar a un candidato. Sea lo que sea que imaginen las personas que han hecho estas cosas, en los hechos fidelizan a un político a su favor.
Claro, si yo le obsequio cuatro millones a uno que puede ser presidente…
Me va a contestar el teléfono, ¿cierto? De otro lado, hay que sincerar las razones por las que se interviene en política. Si la Fiscalía sigue avanzando y establece que esto está relacionado con la formación de fortunas personales no declaradas para fines tributarios, entonces tenemos que la vida política sería casi un trabajo para generar ahorros clandestinos.
El negocio no es tanto ser presidente, sino candidato.
Así es, y eso podría explicar por qué tenemos 20 listas, la mayoría sin ninguna posibilidad de éxito. O podría explicar por qué nuestros membretes políticos, no voy a decir partidos, se parecen a las etiquetas de licencias para circular por la Carretera Central.
Romero y Rodríguez ¿han cometido delito?
Lo que hay que resaltar es que, si lo hubieran hecho ahora, sí lo habrían cometido. Esto es delictivo, lo que pasa es que debió serlo siempre y no lo era. No hay que celebrar que no haya habido una ley aplicable…
Es para lamentarlo.
De acuerdo. Y lo que hay que demandar es un reconocimiento del hecho, en el que se le pida perdón a la colectividad.
¿Qué le pareció la carta de Romero?
Una reivindicación innecesaria. Yo encuentro que más sentido ético tenía pedir perdón, reconocer que esto no debió hacerse y dar un paso al costado de la corporación que se dirige. Cada quien tiene derecho a sus preferencias políticas, pero ¿se justifica regalarle tres millones y medio de dólares a una candidata porque soy ‘antichavista’? ¡A alguien que nunca ganó! Encima, soy el que maneja los intereses de una comunidad que me entrega su dinero en ahorros y en inversiones. ¿Qué sentido tiene eso?
En la práctica, agarró tres millones 600 mil dólares y los arrojó por el desagüe.
Y declaró, además, que el dinero es de sus corporaciones, no de su fortuna personal. El sistema legal no protege a las inversiones privadas y a las corporaciones para que estas toleren patrones de influencia ilegal sobre el sistema político.
Los fondos que recibió Fujimori fueron en calidad de candidata presidencial, pero a la vez era congresista en licencia. ¿Eso cómo afecta el caso?
En la narración de los implicados, los fondos se entregaron para la campaña, pero a alguien que ostentaba un cargo público. En el caso de Susana Villarán, la campaña de la revocatoria se financió mientras era alcaldesa. En este caso, Fujimori era congresista y eso da una connotación de soborno posible, que la Fiscalía tendrá que aclarar y establecer.
Y si hay un sobornado, hay un sobornador.
Ese es el problema. Si esto es un soborno, el caso ya no está en la línea de “esto no era delito”. Si Fujimori era funcionaria cuando recibió el dinero, y con Villarán ya se estableció que eso es un soborno, la discusión se pone más seria. La Fiscalía y la misma defensa de Romero tienen que mostrarnos su posición. En estos momentos estamos más concentrados como colectivo en la revelación misma, no en las consecuencias legales. Tiene sentido que se pueda promover que otros aportantes de fondos salgan.
¿Y saber el monto total?
Así es. Vería con buenos ojos que la Fiscalía acepte canjear un eximente de responsabilidad a quienes entregaron dinero a esta agrupación, a cambio de que se revelen las cifras reales. Podríamos estar llegando a un punto en que se compruebe que hubo recursos capturados durante la campaña, que hayan formado una fortuna clandestina no revelada por fines tributarios y que el dinero se haya filtrado a la economía a través de fraudes. Y esa es otra veta de lavado de activos, ya no vinculado a la recepción de los fondos, sino a su uso posterior.
¿Independientemente del origen?
Es que podrían ser fondos limpios en su origen, pero en el momento en que me apodero de ellos, no los declaro para fines tributarios, simulo un origen distinto y los convierto en casas, autos o negocios, estoy lavando. Esto abre varias vetas. ¿La Fiscalía va a enganchar esto dentro del caso original (Lava Jato)? Si lo hace, va a amarrar una investigación que podría no acabar nunca y lo que la ciudadanía necesita es que el ciclo de los casos Odebrecht llegue a juicio. Este que es nuevo podría diferirse para un futuro inmediato, mientras toma forma.
Usted ha trabajado con José Ugaz. ¿Qué piensa de su defensa a Romero?
Respeto a José Ugaz, pero no puedo estar de acuerdo con el modo en que ha organizado la defensa del comportamiento del señor Romero. Hay que demandarle una disculpa, sin justificaciones. La pregunta es qué harán los reguladores, accionistas y clientes del sistema. Porque una cosa es usar fondos personales y, otra, fondos de corporaciones, que no se crean para esto. Las corporaciones son reguladas.
