No hay forma que Fujiori salga absuelto Parte I

Una segunda mirada sobre el acusado

Fujimori es culpable por omisión

Tres miradas sobre el acusado

La sentencia posible

El debate final

El debate final

César Azabache Caracciolo

Hemos perdido en este juicio demasiado tiempo en discutir cosas innecesarias. La Fiscalía y la defensa de víctimas y acusado han mostrado un profesionalismo digno de aplauso. Pero cuatro meses sólo para exponer conclusiones constituyen un exceso innecesario ¿Acaso alguien pretende que la Sentencia siga el mismo estilo y sea leída en agotadoras audiencias durante otros cuatro meses? Con el mayor respeto, lo más sano será que hagamos como si el juicio hubiera estado en receso. El tribunal ha dado muestras de sabiduría para mantener la imparcialidad y sin embargo sostener el valor comunicacional de las audiencias. Sería, creo, sumamente útil que usando esta sabiduría, invente una manera de reinstalar el juicio en el centro de la atención pública. Antes de darle la palabra al acusado, el tribunal podría pedirle a las partes que en una sola sesión pública resuman las cuestiones que proponen resolver al tribunal. Resumir estos cuatro agotadores meses en una sola sesión que centre las cosas sin más dispersiones podría ayudarnos a recuperar el espacio público que ha perdido el juicio más importante de nuestra historia republicana. Estamos discutiendo las reglas sobre la responsabilidad penal de un mandatario. El resultado del juicio es entonces fundamental y no puede quedar ahogado por el desgaste.

Además el tribunal deberá crear la manera de emitir una sentencia clara y concisa. En cuestiones morales los excesos retóricos y las exhibiciones de erudición no son útiles. El tribunal no debe caer en la tentación en que cayeron los abogados. Y es que un juicio no es lugar para repasar tratados de derecho ni para resolver disputas académicas. El juicio es un espacio institucional diseñado para discutir sobre lo justo. Y en este caso, lo justo depende del modo en que se encaren las reglas sobre la responsabilidad de un mandatario por crímenes cometidos durante su gobierno ¿Existen reglas distintas a las que corresponden a los autores directos y habituales de delitos? ¿Cuáles son estas reglas y cómo se fundamentan? Fuera de los casos en que un mandatario personalmente comete un crimen (que son casos que no admiten mayor discusión) ¿es en verdad responsable el mandatario que no hace nada por evitar lo que está pasando? Este debería ser el tema del juicio. Pero la posibilidad de encararlo ha quedado ahogada por el tedio que han producido estos últimos cuatro meses de discursos.

Entonces la cuestión a retomar son las reglas sobre la responsabilidad del mandatario. Desde mi punto de vista es poco probable que en el caso Barrios Altos se pueda condenar al acusado por algo distinto a no haber reaccionado después del hecho. No haber reaccionado después del crimen no lo hace autor de esas muertes. Lo hace responsable por encubrimiento y por omisión, que son delitos distintos. Pero el encubrimiento y la omisión, dado que se trata de un mandatario, forman la base desde la que resulta indiscutible la responsabilidad de Fujimori por los crímenes de La Cantuta. Por cierto, responder por dejar hacer a otro no es exactamente lo mismo que responder por haber ordenado los crímenes. Hay un grado de diferencia entre ambas cosas. Pero la aquiescencia con la muerte es suficiente, en estas condiciones, para justificar una condena muy severa.

¿Porqué Fujimori no desarticuló al Grupo Colina a tiempo? El juicio no ha explorado nada sobre el trasfondo de la historia que resumen los dos crímenes en debate, y eso es algo a lamentar ¿Acaso se quería acaso llevar al novato Presidente a un crisis que lo obligara a tomar postura en un asunto en el que su posición no estaba clara? Es probable que Barrios Altos haya sido algo parecido a un chantaje ideado por alguna mente perversa para “alinear” al mandatario a favor de cierto sector de las fuerzas de seguridad. No lo sabemos con certeza. Pero la crisis se produjo. Impuesto Barrios Altos, Fujimori eligió la aquiescencia con la muerte como estrategia política. La responsabilidad que corresponde a esa elección es lo que de manera clara y honesta debemos discutir de cara a una sentencia que, sin duda, fijará un punto de quiebre en lo que en adelante exijamos a quienes asumen la conducción de la república. 

El mensaje al tercero ausente

El mensaje oculto al tercero ausente

César Azabache Caracciolo

Según un artículo de César Martínez (peru 21.pe; 27/nov/08), en el Perú de hoy se roba por lo menos 7 vehículos por día, es decir 1 cada tres horas, y la policía sólo logra recuperar el 1.8% del total robado. El 98.2% de vehículos robados se comercializa, al parecer principalmente en la selva peruana y en Bolivia, y sólo marginalmente en el mercado clandestino de autopartes. El negocio detrás de estos robos está tan organizado que además de sostenerse por casi quince años ha provocado pérdidas a las aseguradoras por más de 60 millones de dólares contando sólo desde el 2006 (Ibid). Con un perfil de este tipo, es muy poco probable encontrar en este sector acciones torpes, como tratar de robar un vehículo asignado a funciones oficiales, que además estaba resguardado por dos efectivos de seguridad. Las descripciones de casos denunciados muestran además un patrón consistente: Generalmente se ataca vehículos que transportan a una sola persona, el conductor, y sólo se dispara cuando alguien ofrece resistencia o resulta estar armado.  Jamás se aborda a tiros el auto que se pretende robar y vender entero. Pues bien, ninguno de estos elementos parece estar presente en el indignante atentado que ha sufrido la Fiscal de la Nación. Por eso causa, digamos, sorpresa, que se insista en que se trató de un evento común.

¿Cuánto tiempo esperaron los atacantes que la Fiscal de la Nación saliera del establecimiento en que estaba siendo atendida? ¿A cuantos metros del auto estaba el sujeto que disparó? ¿1.5? ¿2? ¿3 acaso? ¿Y no se percató que el auto estaba resguardado? ¿Por qué disparó contra el auto, de abajo hacia arriba y hacia la puerta trasera izquierda del vehículo? ¿El atacante no sabía acaso que el resguardado viaja siempre atrás, en el asiendo derecho del auto, que es el contrario al del piloto? ¿Qué quería entonces?

En 1998 el alcalde de Breña, Salazar Berauín murió al ser alcanzado por el disparo de un francotirador de la policía que estaba apostado en un jardín a un costado de la Av. Benavides (Caretas 1506). La bala, dirigida a la izquierda del asiento trasero del auto, alcanzó al alcalde que, en lugar de permanecer a la derecha como se estila, se había movido hacia el centro. El autor del atentado, identificado por el hallazgo de la bala, fue llevado ante la justicia policial, pero no existen registros públicos sobre el destino del caso iniciado en su contra. Los motivos del crimen, presentado oficialmente como resultado de un accidente (¿?), quedaron siempre en la bruma, aunque aparentemente se atacó el vehículo equivocado y se impactó en el cuerpo de la víctima en lugar de impactar sólo en el auto. Dado este antecedente es muy probable que quien sea que haya ordenado el ataque contra la Dra. Echaiz haya tenido el cuidado (ojalá no) de conseguir armas y municiones en el mercado negro, y contratar, quizá, delincuentes comunes para desviar las investigaciones. En estas condiciones, dar con el verdadero autor del hecho se vuelve tan difícil como encontrar a quien lanzó una piedra en medio de una multitud.

Y aquí se llega a la paradoja que encierra este tipo de amenazas. Uno esperaría, intuitivamente, que quien profiere una amenaza, verbal o actuada, firme de alguna manera su mensaje, se identifique al menos sutilmente para que el destinatario perciba quien lo ataca. La amenaza anónima (que se esfuerza en ser anónima) es por eso desconcertante. El autor quiere, sin duda, provocar miedo…. Pero no se identifica. El ataque sería entonces inútil. Salvo que, en el extremo de la perversión, el verdadero amenazado no sea la víctima del ataque, sino alguien, no presente en la escena, a quien se ha advertido antes que el autor es capaz hasta de hacer una cosa así. Ese tercero, que sabe quien ordena el ataque, lo contempla en silencio, como una pura y simple señal de poder, y contempla luego el modo en que se cierra el círculo de impunidad sobre el hecho, confirmando el poder del autor.

Y es que los crímenes nunca son inútiles. Si nos parecen inútiles, es sólo porque hemos equivocado las referencias para interpretarlos.

Fiscalía basará su alegato en el poder concentrado en el SIN

Huyendo por la tangente

Sobre la sentencia del caso El Frontón

César Azabache Caracciolo

El Tribunal Constitucional acaba de renunciar a resolver claramente qué debemos hacer con el caso que discute las condiciones en que fue debelado del motín senderista de junio de 1986 en la cárcel de El Frontón. Honestamente creo que la falta de una decisión clara sobre el particular nos daña como país. Todo asunto que arrastra nuestra memoria colectiva como cuestión pendiente afecta, a la larga, nuestra confianza en el sistema legal. Y la Sentencia que el TC acaba de adoptar en este caso representa, lamento decirlo, una manera de no terminar de encarar este asunto en su exacta dimensión.

La defensa de los procesados por los métodos empleados al debelar el motín de junio de 1986 (o al menos la defensa de alguno de ellos) está intentando que el caso no llegue a juicio por el tiempo que ha transcurrido desde los hechos: Más de 20 años. Veinte años es, en efecto el plazo máximo para llevar a tribunales casos de homicidio anteriores a 1991. Sin embargo, hay una serie de razones para sostener que este plazo no se aplica cuando el caso trata sobre violaciones a los derechos humanos, sea cual sea la regla del Código Penal que se haya invocado. Estas razones son, de hecho, tanto o más importantes que aquellas otras que, eventualmente, podrían haber justificado el uso de las reglas sobre prescripción en estos casos ¿No era éste entonces un asunto sobre el que el Tribunal Constitucional nos debía un pronunciamiento definitivo, independientemente del resultado que corresponda adoptar? ¿Que ganamos entonces con eludir el asunto, además de confirmar que éste Tribunal ya no es el mismo que era hace sólo unos meses?

Veamos: En agosto del 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por lo ocurrido en El Frontón, y le ordenó investigar los hechos. En setiembre del 2001 la misma Corte declaró que el paso del tiempo no debe impedir que un caso sobre derechos humanos llegue a juicio. En marzo de 2004 el Tribunal Constitucional, basándose en la jurisprudencia de la Corte, llegó a declarar que la Constitución asegura el derecho a saber la verdad sobre todo evento de violencia, lo que sin duda incluye las violaciones a los derechos humanos. A mediados del año pasado un tribunal de Lima, sin siquiera revisar estos antecedentes, declaró que las investigaciones sobre El Frontón debían archivarse por el paso del tiempo. El asunto fue llevado al Tribunal por impulso de una de las principales ONGs del medio, el Instituto de Defensa Legal (IDL), que aparentemente había intervenido como amicus curiae  en el proceso, y el Tribunal ha fallado diciendo que no iba a declarar nada sobre el fondo del asunto, porque el IDL había atacado la Sentencia que mandó a archivar el caso sin tener derecho formal a hacerlo.

De hecho, si es verdad que el IDL sólo fue aceptado en el caso como amicus curiae, es decir, como consultor de la Corte, entonces no tenía derecho a atacar la Sentencia. Hay que decir que por razones de este tipo en febrero de 1993 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se negó a llevar a juicio el caso Cayara. No es absurdo entonces que en determinadas circunstancias errores de procedimiento obliguen a cerrar un caso de derechos humanos. Pero no puede dejar de observarse que el peso de los hechos en discusión era esta vez demasiado grande como para justificar que el Tribunal se haya limitado a declarar que no emitiría sentencia sin siquiera declarar cuáles eran las reglas a seguir en el caso.

Me niego personalmente a pensar que para poner punto final a esa herida abierta formada por los casos pendientes de los ochenta y noventa se deba acudir a una venda que nos impida debatir, de plano, cuáles son las responsabilidades involucradas en lo ocurrido. Creo que como sociedad le debemos al país por lo menos la honestidad de encarar esta herencia de manera seria y responsable, incluso aunque el resultado que pueda obtenerse de un debate abierto pueda no corresponder a nuestras preferencias personales. Nuestro sistema legal, entonces, ha quedado en deuda con todos nosotros, con nuestro derecho a hacernos responsables por nuestra historia reciente. 

El teorema de Thomas

El teorema de Thomas

César Azabache Caracciolo

En un comentario muy oportuno (El Comercio, 31/10/08 “Lo que vemos, es”), Fernando Vivas resume de qué manera las grabaciones de imágenes y audio se han convertido en un factor que nos permite establecer (o creer que establecemos) la verdad de las cosas. El impacto que produce en nuestra percepción la imagen o el sonido registrados ofrece un refugio que permite depositar nuestra confianza en algo que se muestra sólido, indiscutible y persuasivo, incluso a pesar de su mínima entidad moral o de su origen ilegal. Quizá por eso la enorme atención que convocaron los vladivideos. Quizá por eso el éxito de los paparazzi locales. Y es que “una foto [cito el lema de una campaña publicitaria] vale más que mil palabras”, ¿verdad?

            Por mi parte confieso albergar dudas sobre la utilidad institucional que estamos concediendo a este tipo de productos. La primera fuente de estas dudas proviene de la ahora evidente relación entre los productos que están circulando y ciertas mafias por descubrir que parecen tener el descaro de manipular crisis institucionales como la actual para desarrollar campañas de publicidad perversa a favor de sus propios servicios y vender en el mercado tanto grabaciones relevantes para casos de corrupción como basura capaz de producir escándalos sólo por el modo y oportunidad en que es difundida ¿O es que acaso cada vez que aparece un nuevo audio no se está sugiriendo, veladamente, que grabar a los demás es útil para dañarlos?

La segunda fuente de estas dudas proviene de la enorme dependencia que genera este tipo de productos. Si algún problema enfrenta la fiscalía en el caso Fujimori, es la falta de una grabación que lo muestre dando la orden que la fiscalía sostiene que dio en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Buena parte de la comunidad tiende a creer que sólo está probado aquello que consta en una grabación. Y cree por tanto que si no hay una grabación o algo tan persuasivo como una grabación, ningún caso puede probarse. No es difícil observar hasta qué punto este efecto nos pone un corsé que presiona demasiado al sistema institucional.

            Pero tengo una tercera fuente de dudas. Y es que no todas las grabaciones tienen el mismo contenido, y sin embargo, en determinadas condiciones, todas las grabaciones son capaces de causar el mismo impacto. Todavía ha pasado poco tiempo, en términos de memoria colectiva, entre el hallazgo de los vladivideos y el presente. De alguna manera, grabaciones como las de León Alegría evocan las sensaciones explosivas, mezcla de rabia por los hechos, júbilo por el  descubrimiento y pánico en los afectados, que todos sentimos a finales de la década pasada. Tal vez eso explique la desproporción entre el tamaño del crimen descubierto en el caso León Alegría (grave sin dudas, pero no terminal, institucionalmente hablando) y la reacción del sistema político (terminal, sin duda, si ha caído un gabinete). Hay un evidente desfase entre lo que se ha visto y lo que se ha hecho. Y ese desfase se puede explicar parafraseando el título del oportuno artículo de Vivas: “En realidad, lo que se ve no ‘es’. Sólo ‘es’ lo que decimos que hemos visto”. Y “lo que decimos que hemos visto”, a veces no resulta de nuestros propios sentidos, sino de lo que alguien nos sugiere al dirigir nuestra mirada.

La observación de un producto tan demoledor como una grabación tiene un evidente efecto evocativo que distorsiona la percepción y abre espacio para la manipulación más artera. Un informante aprovechado puede convencer al más capaz y bien intencionado operador del sistema de la gravedad de una comunicación inocua sin siquiera editar la grabación, sólo manipulando los significados y el contexto de la grabación que pretende hacer difundir. Al final del día, tenemos demasiada rabia y frustración acumulada para reparar en detalles. Necesitamos lanzar, proyectar, transferir toda nuestra desconfianza hacia algún hecho que la justifique, o más o menos la justifique, o parezca justificarla. De ahí la necesidad de tener extremo cuidado al manejar este tipo de productos.

Y es que, lo dijo William I. Thomas en 1928, “cuando los hombres definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”. 

El hombre más buscado llegó como si nada en un taxi al juzgado

El Comercio Perú 

Tema del día

14 de Noviembre 2008

Ex ministro aprista se entregó luego de 38 días de clandestinidad. Durmió en la carceleta judicial y hoy será llevado a un penal de Lima

Por Luis García Panta / Mario Mejía Huaraca / Alberto Villar Campos / Gerardo Caballero

Después de 38 días de haber esquivado la justicia, y luego de un infructuoso plan de la Policía Nacional para capturarlo (incluida una recompensa pecuniaria), el ex ministro aprista Rómulo León Alegría se puso ayer a derecho ante el Tercer Juzgado Especial de Lima que despacha Jorge Barreto Herrera, en la sede de los juzgados anticorrupción, en Lince. León lucía más delgado, tenía barba y llevaba lentes oscuros.

Su sorpresiva aparición se produjo a eso de las 2:15 de la tarde y desconcertó a los pocos periodistas que aguardaban su llegada a esa sede judicial, anunciada dos días antes a algunos medios por uno de sus abogados.

El cuestionado ex funcionario, acusado de favorecer a una empresa extranjera en la adjudicación de cinco lotes petroleros, llegó en un taxi acompañado por Eduardo Roy Gates, hijo del abogado penalista Luis Roy Freire y segundo miembro de su defensa. En ese mismo momento, Roy Freire declaraba a la prensa en las escaleras del recinto jurídico, ubicado en la cuadra 26 de la avenida Arenales.

Sin dar declaraciones, León Alegría ingresó junto con sus abogados, custodiado por personal de seguridad del edificio, que evitó en todo momento el ingreso de la prensa.

Una hora y media después, en medio de estrictas medidas de seguridad, el ex ministro aprista fue llevado a la carceleta del Palacio de Justicia, donde pernoctó, debido a que el Consejo Técnico Penitenciario de esa entidad, encargado de decidir a qué penal debía ser trasladado, había concluido ya su jornada laboral. Hoy León Alegría podría ser trasladado al penal de procesados primarios de Lima (antes San Jorge) o al penal Miguel Castro Castro.

Horas antes de su aparición, Roy Freire había señalado que la entrega de León Alegría no podía darse, pues no existían las garantías suficientes para su patrocinado.

Por la mañana, el abogado llegó a los juzgados anticorrupción con el fin de averiguar el resultado de la apelación solicitada para cambiar el mandato de detención del ex ministro aprista por el de comparecencia.

EN NOMBRE DE LOS HIJOS

"Me entrego por mis hijos, en especial por haber afectado la carrera política de mi hija Luciana. Pensé en hacerlo desde hace días, pero el abogado dilató mi entrega. Nunca salí de Lima, todo este tiempo estuve en un escondite en San Juan de Lurigancho", dijo Rómulo León Alegría a uno de los agentes de la Policía Judicial que lo trasladó. El oficial narró que León se mostró muy arrepentido y afectado por todo lo que se dijo en su contra, en especial, porque se vinculó a sus hijos en los presuntos actos de corrupción por los que se le juzgará.

Rómulo León Romero acudió a la sede judicial de Lince y respaldó la decisión de su padre de entregarse a la justicia. Asimismo, dijo haber ignorado en todo momento el paradero de su progenitor y manifestó su confianza en que la justicia demostrará su inocencia. Finalmente, señaló estar preocupado por el estado de salud de León Alegría.

EL HOMBRE MÁS BUSCADO

Rómulo León era el hombre más buscado del país. Tras él estuvieron más de cien agentes de la Policía Judicial, de Anticorrupción, de la División de Investigación de Secuestros y de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Desde que el 6 de octubre el juez Barreto dictó orden de detención en su contra, los agentes buscaron al ex funcionario estatal en 20 domicilios de la capital. Varios grupos de policías se movilizaron también a Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huacho y, en los últimos días, a Huancayo.

En todas esas ciudades, la Policía Nacional tenía pistas de su paradero. Hace unas semanas, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de S/.100 mil a quien diera pistas o información sobre el lugar donde se encontraba el ahora procesado.

CRONOLOGÍA

4Un Gabinete entero cayó

[5 de octubre]

Fernando Rospigliosi presenta cuatro audios en los que Alberto Quimper y Rómulo León Alegría negocian la adjudicación de cinco lotes petroleros a Discover Petroleum.

[7 de octubre]

El ex director de Perú-Petro Alberto Quimper Herrera es detenido por orden del Juzgado Anticorrupción.

[8 de octubre]Sesión del Gabinete Ministerial en pleno, en el cual sus integrantes ponen sus cargos a disposición del presidente.

[10 de octubre]El presidente Alan García acepta la renuncia del Gabinete Ministerial en pleno. El reemplazante de Jorge del Castillo sería Yehude Simon. La Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas solicita a la Fiscalía Anticorrupción la detención o arresto domiciliario del abogado Ernesto Arias Schreiber.

[17 de octubre]Rómulo León envía un video a diferentes canales de televisión con sus descargos.

[23 de octubre]El Congreso crea una comisión para que investigue sobre interceptaciones telefónicas.

[7 de noviembre]Palacio de Gobierno difunde una carta enviada por Rómulo León a Alan García en su desesperación por acercarse al mandatario.

EL PERFIL

Los antecedentes del ex ministroNació el 7 de octubre de 1946, en Trujillo. Estudió Sociología. Durante el primer gobierno de Alan García fue diputado por Lima y ministro de Pesquería.

En junio de 1988, el entonces diputado Fernando Olivera lo acusó de cobrar coimas, lo cual desencadenó una trifulca. El 15 de abril de 1991 fue acusado constitucionalmente por irregularidades en la construcción del muelle pesquero de Chimbote.

El 20 de octubre de 1994 fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

RÓMULO LEÓN ALEGRÍA. EX MINISTRO APRISTA DEL CONSULTOR

Simplemente, un prófugo*

El Caso León Alegría, con las distancias que hay que salvar, ha repetido en nuestro imaginario colectivo varias de las estampas que dejó Montesinos.

Si al video de Kouri siguieron cientos de videos, no todos relevantes, al audio de León siguieron otros, no todos útiles. Si fugó Montesinos, fugó también León. Si la fuga de Montesinos llevó la atención de todos hacia su pareja sentimental, la fuga de León dejó expuestos a los hijos. Si tanto se repiten las cosas, esperemos que ahora no terminemos revistiendo al prófugo con esa aura mítica de pitoniso atesorador de verdades ocultas que tan ingenuamente concedimos a Montesinos, al que por un tiempo dejamos jugar a ser el factor que separaba (o pretendía separar) la verdad de la mentira en lo que a corrupción se refería. La fuga crea tres efectos perversos: el prófugo incrementa su imagen de poder, porque muestra que nadie es capaz de encontrarlo. Crea una estela de víctimas que confunden al espectador, porque las arbitrariedades o excesos que se imponen a su familia y a su entorno dañan la imagen de seriedad del caso en su contra. Lo que es más grave, crea expectativas desproporcionadas sobre lo que vaya a decir, y esas expectativas pueden hacernos olvidar cuál es su papel en la historia: el de un prófugo. Nada más.

* César Azabache Caracciolo. Ex procurador anticorrupción

Un balance final

Un balance final

César Azabache Caracciolo

Si algo hemos perdido en el juicio contra Fujimori en este tiempo, ha sido la oportunidad de fijar en nuestra memoria colectiva una versión lo más clara y sencilla posible sobre lo que ocurrió en el país en los años 90. Es de lamentar (aunque resulta inevitable en un juicio de estas características), que en lugar de aproximarse a una versión más o menos ponderada sobre lo ocurrido, la defensa y las partes acusadoras se hayan entrampado en la insistencia por confirmar teorías extremas, y por ello irreconciliables, sobre el periodo de los noventa. La Fiscalía y las víctimas han sostenido una versión sobre la culpabilidad total de Fujimori que supone la demostración de órdenes directas y expresas que posiblemente nunca haya sido necesario emitir. Al frente, la defensa pretende una exoneración de responsabilidad penal tan absoluta que resulta institucionalmente insostenible. Nadie en el juicio ha intentado pararse en medio de ambas versiones. Y esto es lamentable porque las versiones extremas, por lo general, corresponden a apetencias, aversiones, principios o preferencias subjetivas, pero no a un juicio reflexivo sobre los hechos y las responsabilidades que corresponden a su organización.

            Como simple observador me parece difícil aceptar la imagen de un Fujimori premeditando y organizando en persona las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Salvo que medie un grave desorden de conducta, no encuentro manera de convertir a un profesor de matemáticas recién llegado a la política en un asesino en serie, menos a casi un año de haber reclutado para su entorno a personalidades como Gloria Helfer y Hernando de Soto. En lo personal, ni siquiera creo que Fujimori supiera mucho de la violencia que atravesaba el país en ese entonces. Menos puedo creer que haya desarrollado tan a prisa la perversa habilidad que se requiere para usar la muerte como táctica política. Aunque sea sólo una hipótesis, de hecho, no estoy en posición de probar nada, me convence más la imagen de un Fujimori completamente inexperto, emboscado por alguien (¿Montesinos acaso?), que podría haberle impuesto la masacre de Barrios Altos como hecho cumplido. Si recordamos el periodo, observaremos que a principios de los noventa la corporación militar estaba dividida entre varias “alas duras” y otros varios grupos de oficiales que intentaban deshacerse de alguna manera de un pasado reciente plagado de masacres inútiles. En medio de ese giro, las investigaciones en el Congreso sobre casos como El Frontón y Cayara creaban el riesgo objetivo de que las cosas terminaran con juicios en forma. Sucesos como el golpe de Estado de abril de 1992, los cambios en la política de ascensos militares y las masacres de Barrios Altos y Canto Grande, pueden haber servido para forzar a la corporación y al propio ex presidente a “cerrar filas” a favor de la impunidad de los crímenes de los ochenta. Si esto fue así, entonces el problema no está en tratar de probar si Fujimori tenía o no “dos estrategias antisubversivas”.  Lo que hay que probar es que los crímenes en efecto se cometieron,Un balance final y que Fujimori, siendo el Presidente de la República, no hizo nada desde Barrios Altos para evitar que Canto Grande y La Cantuta ocurrieran. Si se trataba de resolver un problema político forzando al sistema a tomar partido por la impunidad, entonces la omisión revela aquiescencia, y se convierte en algo tan grave como matar, sin necesidad de buscar en ningún archivo firmas probablemente inexistentes.

            No hemos discutido sobre el significado de las omisiones de reacción en este contexto. La acusación ha buscado la prueba de un hecho extremo. A pesar de su gran desempeño, no creo que haya logrado este objetivo. En reacción, la defensa se ha limitado a eludir los golpes. Fujimori no se ha sentido obligado a pedir perdón por lo que en efecto puede no haber ordenado, pero sin duda dejó hacer. Y si mis sospechas son ciertas, lo dejó hacer por la más banal de las razones: Facilitar su propio posicionamiento político en base a una alianza perversa e innecesaria que, sin embargo, cumplió su objetivo: Evitar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos que debieron hacerse a principios de los noventa.

El silencio equivocado

Por César Azabache

Ha sido inevitable que la presentación de Montesinos en el juicio de Fujimori convoque tanto interés. También ha sido inevitable que Montesinos aproveche ese interés para, después de tiempo, recuperar tribuna y relanzar una imagen que ya había perdido: La del todopoderoso "hombre de inteligencia" que camina al medio de sus captores cuando es detenido; decide (o pretende decidir) quiénes son responsables y quiénes no; declara cuando quiere y sobre lo que quiere, y se burla abiertamente de las autoridades que lo juzgan. El único dato realmente curioso de la puesta en escena del ex asesor ha sido la indumentaria: Esta vez Montesinos abandonó las extrañas camisas de seda roja, verde o casi verde de las anteriores audiencias para volver al traje oscuro y el pañuelo en el bolsillo de sus presentaciones públicas de finales de los noventa, cuando se especulaba sobre su ingreso a la política. ¿Pretendía mostrarnos la imagen de una vigencia que ya no tiene?

¿Qué pasó en la audiencia? Montesinos tiene derecho a no declarar en casos de este tipo porque enfrenta procesos por los mismos hechos. Pero no tiene derecho a decidir cuándo declara y cuándo no, o qué preguntas contesta y cuáles no, ni tiene derecho a decidir cuándo se acaba la audiencia ni por qué razones. Sin embargo, lo hace, porque cualquier sanción del tribunal o incluso un eventual procedimiento por resistencia a la autoridad resultarían minúsculos frente a la cantidad de acusaciones que pesan en su contra. Con base en la impunidad que le concede el castigo ya impuesto, Montesinos ha puesto en escena un juego perverso: Él asume el control de la audiencia y decide sobre todo lo que puede decidir y se burla de todo aquel que caiga en su juego. La imagen que resulta es la de un sistema débil que no puede contenerlo. ¿Era necesario exponernos a eso?

¿Dijo Montesinos algo de importancia? Su línea de declaraciones sobre las interceptaciones telefónicas ya había sido exhibida en una tribuna menos llamativa que esta: La del juicio que se le siguió por ese caso. No constituye entonces una novedad. Sí cabría preguntarse por qué el ex asesor insiste tanto en recordarnos que intervino teléfonos durante toda la década del noventa y que ya lo hacía cuando oficial del Ejército. ¿Estará tratando de recordarle a alguien que tiene en su poder las cintas de esos audios? ¿Estará tratando de obtener de alguna manera el apoyo de alguien? No hay manera de saberlo, de modo que lo peor que podríamos hacer a estas alturas es obsesionarnos con las supuestas cintas de Montesinos, como nos obsesionamos antes con los famosos videos ocultos o pendientes de hallar. ¿Qué más hizo? Incriminó al fiscal Guillén, que no estaba presente en la audiencia, con cargos menores que sin duda serán debatidos dentro del Ministerio Público. ¿Nos pondremos a discutir acaso si el fiscal Guillén debe ser apartado del proceso por esos cargos? No creo que seamos tan fáciles de manipular. ¿Qué más hubo? Nada en absoluto, fuera de la confirmación de que la extensión del juicio y el enorme rodeo que se da en cada interrogatorio están comenzando a dejar exhausto al sistema.

Nuevamente, le dimos la palabra a la persona equivocada; le dejamos hacer lo que le vino en gana y ni siquiera pudimos decidir cuándo se callaba. ¿No es esto más o menos lo mismo que pasó con Martin Rivas?