Entrevista en La Hora N sobre demanda de hábeas corpus de Alberto Fujimori

La noche del jueves 9 de julio, el programa La Hora N, conducido por Jaime de Althaus, entrevistó al Dr. César Azabache sobre la demanda de hábeas corpus de Alberto Fujimori para anular su sentencia de 25 años por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos porque el juez San Martín no había actuado con parcialidad.

“Desde que la pena contra Fujimori se dictó, ha habido por los menos cinco intentos registrados, de producir cambios o nulidades, sobre más o menos el mismo eje de razones, y todos estos han sido rechazados por tribunales. Si hay alguien con ideas distintas sobre interpretar leyes penales a las que tiene el juez San Martín es el juez Villa Stein y sin embargo, también la Sala Permanente ha desestimado este tipo de pedidos”, indicó Azabache.

Azabache explicó que la demanda se sustenta en correos electrónicos del juez San Martín de origen no establecido que aparecieron el año 2010. “Se está lanzando al mercado una señal que estimula la circulación de correos robados o producto de espionaje”, señaló Azabache.

“Los casos legales no se pueden discutir en función a productos de espionaje de ningún tipo, ni correos tuyos, ni míos, ni de San Martín, porque la regla principal en este asunto está en que el sistema legal no puede depender, menos en asuntos de esta envergadura, en productos de crímenes como las interceptaciones telefónicas implican”, agregó Azabache, quien también cree que la pena de 25 años es excesiva

Declaraciones sobre la nueva estrategia seguida por la defensa de Fujimori

Transcribo el artículo de Jacqueline Fowks aparecido en el Diario "El País" (http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/14/actualidad/1376436461_143180.html), en el que doy mi punto de vista sobre cual sería la nueva estrategia de la defensa jurídica de Fujimori:

El nuevo abogado de Fujimori pide su arresto domiciliario

Por Jacqueline Fowks:

El nuevo abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori -un antiguo juez que en 2001 fue separado de su cargo por corrupción- ha pedido al Poder Judicial cambiar la condena de prisión por arresto domiciliario para el exmandatario de Perú, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. William Paco Castillo se ha presentado como el nuevo abogado que revisará las sentencias. Las causas penales pendientes seguirán a cargo del abogado César Nakazaki.

“Entendemos que después del escándalo de la reunión de mayo de 2012, el fujimorismo quiere saber si tiene base para discutir aspectos del caso que produjo la principal condena contra Fujimori”, explicó el abogado penalista César Azabache, exprocurador anticorrupción. El magistrado César San Martín presidió el tribunal que en 2009 condenó a Fujimori por autoría mediata de homicidio calificado y alevosía en los crímenes de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, y por secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992. El expresidente Fujimori fue elegido democráticamente en 1990, pero en 1992 cerró el Congreso y tras un autogolpe gobernó en una alianza con un sector corrupto del Ejército controlado por el asesor de inteligencia y exabogado de narcotraficantes, Vladimiro Montesinos.

La imagen del magistrado San Martín, quien hasta diciembre pasado fue presidente del Poder Judicial, quedó mellada el pasado día 4 tras conocerse la grabación de un diálogo que sostuvo en mayo del año pasado con funcionarios del Poder Ejecutivo y una jueza. El entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez; el exagente del Estado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Cateriano; la jueza Carmen Rojassi y el entonces presidente del Poder Judicial discuten cómo “unificar criterios” en el caso de la ejecución extrajudicial de un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, durante la Operación Chavín de Huántar en 1997, cuando un comando de élite del Ejército liberó a secuestrados que permanecían en la residencia del embajador de Japón.

En el diálogo, el entonces ministro de Justicia le indica a la jueza que Vladimiro Montesinos y otros acusados por la supuesta ejecución extrajudicial ya han sido condenados por otros delitos, y que ella tenía una gran responsabilidad al dictar sentencia para no manchar a los comandos Chavín de Huántar y no perjudicar la performance del Estado peruano ante la CIDH. “En sus manos, el Perú”, le dijo el titular de Justicia y actual primer ministro a la magistrada. Sin embargo en ese caso no estaban involucrados los comandos del Ejército, solamente Montesinos y colaboradores suyos del ex Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Azabache considera que “no hay evidencia” de una situación parecida para el caso de las sentencias contra Fujimori. “Sospecho que el abogado Castillo quiere establecer si en el caso de su defendido ha ocurrido algo semejante a lo que se ha denunciado (una reunión inapropiada entre autoridades del judicial y representantes del Ejecutivo en pleno juicio). Pero no veo cómo pueda relacionarse una decisión que está evidentemente bien fundada, con alguna forma de interferencia externa".

Fujmori fue sentenciado además a siete años de prisión por la compra irregular de medios de comunicación, soborno a congresistas y espionaje telefónico; y a siete años por malversación, al haber pagado ilegalmente 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos poco antes de que este se fugara del país. Sin embargo, Fujimori deberá comparecer en un nuevo juicio oral conocido como el caso de la prensa chicha, en alusión a los diarios sensacionalistas que creó el Servicio de Inteligencia Nacional en 1999 para las campañas a favor de larereelección del entonces presidente y para desprestigiar a los opositores de su gobierno.

El actual procurador anticorrupción, Julio Arbizu, indicó a la prensa limeña que “hay pruebas que permiten establecer claramente la responsabilidad (de Fujimori) en el delito de malversación, así lo han corroborado investigados, condenados y testigos del proceso que se siguió por este hecho en el 2006”. Según Arbizu, quedó probado que las Fuerzas Armadas destinaron unos 43 millones de dólares al SIN y quedó por establecer quién ordenó usar dichos medios para desacreditar a políticos, líderes sociales y periodistas opositores al fujimorismo.

El nuevo abogado de Fujimori, Castillo, quien ha vivido fuera del país la última década, dijo en una entrevista en televisión que revisará todos los procesos penales en los que intervino el magistrado San Martín “para determinar si tienen legitimidad o si son consecuencia del odio visceral y la inquina”.

No hay forma que Fujimori salga absuelto parte II

No hay forma que Fujiori salga absuelto Parte I

Una segunda mirada sobre el acusado

Fujimori es culpable por omisión

Tres miradas sobre el acusado

La sentencia posible

El debate final

El debate final

César Azabache Caracciolo

Hemos perdido en este juicio demasiado tiempo en discutir cosas innecesarias. La Fiscalía y la defensa de víctimas y acusado han mostrado un profesionalismo digno de aplauso. Pero cuatro meses sólo para exponer conclusiones constituyen un exceso innecesario ¿Acaso alguien pretende que la Sentencia siga el mismo estilo y sea leída en agotadoras audiencias durante otros cuatro meses? Con el mayor respeto, lo más sano será que hagamos como si el juicio hubiera estado en receso. El tribunal ha dado muestras de sabiduría para mantener la imparcialidad y sin embargo sostener el valor comunicacional de las audiencias. Sería, creo, sumamente útil que usando esta sabiduría, invente una manera de reinstalar el juicio en el centro de la atención pública. Antes de darle la palabra al acusado, el tribunal podría pedirle a las partes que en una sola sesión pública resuman las cuestiones que proponen resolver al tribunal. Resumir estos cuatro agotadores meses en una sola sesión que centre las cosas sin más dispersiones podría ayudarnos a recuperar el espacio público que ha perdido el juicio más importante de nuestra historia republicana. Estamos discutiendo las reglas sobre la responsabilidad penal de un mandatario. El resultado del juicio es entonces fundamental y no puede quedar ahogado por el desgaste.

Además el tribunal deberá crear la manera de emitir una sentencia clara y concisa. En cuestiones morales los excesos retóricos y las exhibiciones de erudición no son útiles. El tribunal no debe caer en la tentación en que cayeron los abogados. Y es que un juicio no es lugar para repasar tratados de derecho ni para resolver disputas académicas. El juicio es un espacio institucional diseñado para discutir sobre lo justo. Y en este caso, lo justo depende del modo en que se encaren las reglas sobre la responsabilidad de un mandatario por crímenes cometidos durante su gobierno ¿Existen reglas distintas a las que corresponden a los autores directos y habituales de delitos? ¿Cuáles son estas reglas y cómo se fundamentan? Fuera de los casos en que un mandatario personalmente comete un crimen (que son casos que no admiten mayor discusión) ¿es en verdad responsable el mandatario que no hace nada por evitar lo que está pasando? Este debería ser el tema del juicio. Pero la posibilidad de encararlo ha quedado ahogada por el tedio que han producido estos últimos cuatro meses de discursos.

Entonces la cuestión a retomar son las reglas sobre la responsabilidad del mandatario. Desde mi punto de vista es poco probable que en el caso Barrios Altos se pueda condenar al acusado por algo distinto a no haber reaccionado después del hecho. No haber reaccionado después del crimen no lo hace autor de esas muertes. Lo hace responsable por encubrimiento y por omisión, que son delitos distintos. Pero el encubrimiento y la omisión, dado que se trata de un mandatario, forman la base desde la que resulta indiscutible la responsabilidad de Fujimori por los crímenes de La Cantuta. Por cierto, responder por dejar hacer a otro no es exactamente lo mismo que responder por haber ordenado los crímenes. Hay un grado de diferencia entre ambas cosas. Pero la aquiescencia con la muerte es suficiente, en estas condiciones, para justificar una condena muy severa.

¿Porqué Fujimori no desarticuló al Grupo Colina a tiempo? El juicio no ha explorado nada sobre el trasfondo de la historia que resumen los dos crímenes en debate, y eso es algo a lamentar ¿Acaso se quería acaso llevar al novato Presidente a un crisis que lo obligara a tomar postura en un asunto en el que su posición no estaba clara? Es probable que Barrios Altos haya sido algo parecido a un chantaje ideado por alguna mente perversa para “alinear” al mandatario a favor de cierto sector de las fuerzas de seguridad. No lo sabemos con certeza. Pero la crisis se produjo. Impuesto Barrios Altos, Fujimori eligió la aquiescencia con la muerte como estrategia política. La responsabilidad que corresponde a esa elección es lo que de manera clara y honesta debemos discutir de cara a una sentencia que, sin duda, fijará un punto de quiebre en lo que en adelante exijamos a quienes asumen la conducción de la república. 

El revés de la amnistía