Los casos Odebrecht marcan un hito en la forma de ser de nuestros tiempos. Todos los Gobiernos establecidos por elecciones y casi todas las elecciones celebradas desde la transición de principios de siglo han sido alcanzados de una manera u otra por las revelaciones que dieron origen a estos casos. La crisis de la institución presidencial, la percepción sobre lo que fue y lo que no llegó a ser la transición posfujimorista, la expansión del área de influencia de las fiscalías en la conformación de nuestra agenda pública y la forma en que nuestro discurso sobre lo debido se ha impregnado de asuntos relacionados con el castigo y la prisión provienen en buena parte de la historia que se abrió en diciembre de 2016, cuando el Gobierno de los EEUU reveló las primeras confesiones de la empresa.
Pero el tiempo no pasa en vano. Más de siete años después del inicio de esta historia vemos señales de lo que podría ser el comienzo de su propio final.
El descalabro, si eso es lo que está ocurriendo, comenzó en el Brasil. Veamos:
(1) En noviembre del 2018, el juez Moro, que tuvo a su cargo las investigaciones iniciales de esta historia, deterioró su propia imagen al aceptar hacerse ministro del Gobierno de Bolsonaro, el último rival político de Lula Da Silva, al que por cierto acababa de enviar a prisión.
(2) En febrero del 2021 fue desactivada la Força-Tarefa, el equipo que lideró las investigaciones originales de este caso.
(3) Un mes después, en marzo, el Tribunal Supremo anuló las condenas impuestas a Lula Da Silva, que actualmente es de nuevo presidente de ese país.
(4) Para octubre del 2022, según Investiga Lavajato, Novonor, la nueva Odebrecht, tenía en la región, en cartera, reclamos arbitrales y judiciales por valores equivalentes a cuatro veces el dinero que se ha comprometido a pagar al Perú y a Dominicana. Solo en el Perú la proporción es mayor: US$190 millones programados contra US$1.200 en una demanda ante el CIADI por el Gasoducto del Sur, una disputa sobre influencias y colusión que mantiene paralizado uno de los proyectos de energía más importantes del país.
En agosto del 2023 la defensa de Ollanta Humala, que niega haber recibido los US$3 millones en efectivo que la fiscalía le atribuye, obtuvo una orden que prohibió el uso de la evidencia obtenida a partir de la revisión de los sistemas digitales de Odebrecht por violaciones a los procedimientos legales.
Hace unos días la defensa de Jaime Yoshiyama ha solicitado en el Brasil que estas prohibiciones sean formalmente extendidas a su caso, que incluye a Keiko Fujimori, a quien en la campaña de 2011 Odebrecht habría entregado un millón en efectivo.
Odebrecht no ha reconocido haber manejado una lavandería, aunque admite que los sobornos y el dinero que inyectó en campañas fueron tomados de un fondo acumulado fuera de su contabilidad. Aunque la fiscalía ha sostenido en todas sus acusaciones que se trata de fondos maculados, no ha presentado cargos contra la empresa brasileña ni sus ejecutivos por lavar activos.
El convenio de cooperación que el judicial aprobó en junio 2019 nunca se extendió para cubrir las entregas de fondos en campaña. Tampoco se extendió para reparar al Estado por lavar activos.
En noviembre del 2018, el profesor Yván Montoya propuso a la Fiscalía involucrar a la Sunat en estos asuntos. Los casos sobre campañas políticas sugieren la posible formación de fortunas clandestinas organizadas a partir de los excedentes de fondos recogidos del público. Quizá el caso sobre fortunas clandestinas habría desenganchado a la fiscalía de una dependencia a Odebrecht que se ha convertido en un verdadero problema. Pero la fiscalía decidió no seguir esa ruta. Prefirió enfrentar los juicios sobre campañas basándose en una tesis distinta: los fondos de Odebrecht deben considerarse maculados porque Odebrecht ha sido una empresa corrupta. Por eso quienes recibieron esos fondos en entregas en efectivo, clandestinamente, deben considerarse autores de un delito.
En el auto original, el que se dispuso que la señora Fujimori vaya a prisión preventiva, el juez Concepción ofreció una explicación: recibir esos fondos en las condiciones en que fueron entregados convierte los hechos en un caso sobre indiferencia. A los receptores no les habría importado de dónde venía el dinero. Y resultó que venía de una lavandería.
En la sentencia de excepciones del caso Humala la Corte Suprema ha declarado que la fiscalía debe probar en juicio que los receptores de estos fondos debían saber de dónde venían. A partir de aquí la cuestión a resolver consiste en confirmar la existencia de ese deber. Se trata de una cuestión muy compleja. La clave puede ser probar que se trata de casos de ceguera voluntaria, pero también la decisión de no ver supone un deber que obligue al autor a estar alerta.
Jorge Barata no se presentó a declarar en el caso Humala. La fiscalía ha solicitado que sus beneficios por delación sean revocados. Revocarlos podría impedir que declare en el caso Fujimori. A los problemas que ya tiene la fiscalía podría estarse agregando uno más: la imposibilidad de enfrentar sus dos juicios principales sin quien ha sido presentado como el principal testigo de cargo. Por cierto, es poco probable que se pueda reemplazar su testimonio con la transcripción de las declaraciones presentadas en el marco de las investigaciones previas.
Pero hay más dificultades. Conforme a las declaraciones de Barata, los fondos entregados a la señora Heredia no fueron pedidos a Odebrecht, sino al Partido de los Trabajadores (PT) del presidente brasileño, Lula da Silva. En el caso Fuerza Popular, la defensa de Yoshiyama, la que ahora pide la protección de los tribunales del Brasil, parece haber sido autora de una teoría que, aunque algo cínica en su concepción, no deja de ser llamativa. ¿Por qué tendría que sorprenderse el entorno de Keiko Fujimori por la entrega de un millón de dólares si el Grupo Romero destinó a la misma campaña US$3,6 millones y un solo empresario, Juan Rassmuss, US$3,8 millones?
La tesis se resume en esta frase: Odebrecht puede haber lavado activos o no, pero en las condiciones en que se desarrollaban las campañas al 2011 un millón no representa el monto exorbitante al que se refirió el Juez Concepción cuando ordenó la detención de Keiko Fujimori en el origen del proceso. Para alguien que recibe más de US$7 millones solo de dos fuentes que no lavan activos, un millón más no tendría por qué haber resultado especialmente alarmante.
A diferencia de los casos sobre sobornos, en los que nada más parece merecer una discusión de fondo, los casos sobre campañas encierran desafíos y obstáculos que parecen más difíciles de superar conforme se va acumulando el tiempo.
El tiempo: ese factor capaz de erosionar hasta las piedras puede también afectar la solidez y la sostenibilidad de un caso legal. No haberlo notado a pesar de todas las advertencias ha sido un error.
