El dilema de la devolución

El dilema de la devolución

César Azabache Caracciolo

Al aceptar los hechos de la acusación, el juicio sobre los 15 millones ha quedado convertido en una cuestión sobre el significado y alcance de las normales legales aplicables al caso. Por definición, un debate de este tipo ocupa menos tiempo y tiene menor fuerza comunicacional que un debate organizado sobre declaraciones de testigos. Esto es una primera ventaja para la defensa. Pero la defensa aspira a más. Aspira a apoderarse del significado de la acusación.

La defensa ha anunciado su consigna para este juicio. Si la consigna del juicio anterior fue “No hay pruebas”, en este juicio se ha sostenido ya (y probablemente comience a repetirse) que “Fujimori devolvió los 15 millones”. Fiscalía y Procuraduría han contestado negando que la entrega de 15 millones al Ministerio de Defensa efectuada después de la transferencia original de los fondos pueda ser considerada una devolución, porque Montesinos envío “sus 15” al exterior, y Fujimori devolvió “otros 15”. Además han recordado que la devolución del dinero, aunque fuera cierta, no dispensa de responsabilidad penal a quien ya ha desviado fondos del Tesoro. Sin embargo, y más allá del debate legal, la frase “Pero finalmente devolvió el dinero” tiene mucha mayor potencia comunicacional que la frase “La entrega de 15 millones de origen desconocido, no es devolución”. De hecho ofrece al fujimorismo una buena coartada en un caso en el que se pensó que no tendría respuesta. Y es que condenar al acusado “que devolvió 15 millones” no sería lo mismo, institucionalmente, que condenar a quien autorizó el empleo sistemático de fondos públicos para fines personales, entre ellos, esta última entrega. Y la acusación trata sobre el significado de esta última entrega, no sobre el dilema de la devolución.

Fiscalía y Procuraduría han insistido en que no hay explicación para la existencia de esos “otros 15”, que aparecen en la escena de la devolución. Al hacerlo reconocen indirectamente no tener evidencias concluyentes sobre su origen. Fujimori aparece en esta escena nada menos que con el señor Aritomi, por mucho tiempo embajador de Perú en el Japón, prófugo y aparentemente principal eslabón del caso Fundación Apenkai. Según la Fiscalía, Apenkai habría sido usada para recaudar fondos de ayuda para el Perú en el Japón y desviarlos hacia cuentas privadas. La Fundación habría mantenido su posición en este carrusel reportando, como si fueran propias, obras que en verdad fueron hechas con fondos del SIN. La presencia del señor Aritomi en la escena, es, entonces, muy sugestiva. Fujimori necesita 15 millones. No los tiene a la mano. “Se hace un préstamo” con fondos del Estado, aparece el señor Aritomi, y de inmediato Fujimori devuelve el préstamo. ¿Dónde estaban los fondos, tal que se necesitaba esta especie de “stand by” informal mientras llegaban los “otros 15” que trajo el señor Aritomi? ¿El uso de esta suerte de crédito “stand by” informal, ya aceptado por la defensa, no sugiere la existencia de un procedimiento de desviación de fondos previamente establecido? ¿Nos aclarará esto la defensa en su alegato final?

Esas son las cuestiones de este caso, y a ninguna de ellas responde la consigna de la devolución, que hay que encontrar, para todos los fines, sugerente, pero fuera de lugar.

Una posible colección de desatinos

Una posible colección de desatinos

César Azabache Caracciolo

Indigna que León Alegría haya pasado de un penal a arresto domiciliario. En nuestro imaginario colectivo el arresto domiciliario representa una suerte de privilegio asociado a la incapacidad del sistema para llevar un caso a juicio de manera oportuna. Por eso la orden ejecutada deja cierta sensación de derrota colectiva.

Creo que ha sido un despropósito poner en su casa a alguien que se fugó cuando quiso, expuso a sus hijos innecesariamente, y permaneció escondido todo el tiempo que se le antojó. Se le ha puesto en casa además sin que se sepa siquiera si habrá o no bases sólidas para llevarle a juicio, porque el computador que se le incautó, la única esperanza de darle a este caso el nivel que no parece tener, aún no ha sido revisado. Entonces habría sido mejor esperar a ver qué se encontraba en el computador por analizar, decidir de una vez por todas si el caso se archiva o pasa a juicio y no crear este tipo de crisis innecesarias. 

Pero tampoco es imposible que los Vocales que pusieron a León Alegria en su casa (contra nuestras intuiciones sobre lo justo y lo oportuno) hayan procedido mirando otra parte del caso. Y es que allí donde decimos que el caso no estaba listo, decimos también que llegó a tribunales con un apresuramiento que suena a desatino. Y es que también hay que decir que media una enorme desproporción entre lo que el caso León Alegría representa (no olvidemos que costó un gabinete) y lo que parece contener en realidad. El caso se construyó sobre unas cintas de audio de origen dudoso que fueron difundidas precipitadamente, cuando sólo se había comprobado conversaciones vergonzosas en las que dos personajes se ufanan de influencias que aún no sabemos si fueron reales. El contenido de las cintas es inaceptable, y probablemente delictivo. Pero nadie esperó a confirmar si las conversaciones entre ambos eran en verdad el hilo de una madeja más grande o simplemente era la celebración de dos vendedores de humo o falsas influencias.

Nos apresuramos a provocar la caída de un gabinete por esos audios y nos apresuramos a comenzar un proceso para el que, ahora es evidente, nadie estaba listo. Y ahora parecemos obligados a darle al caso León Alegría una talla y una atención pública que quizá le quede grande.

León Alegría ya está detenido en casa. Pretender ahora procesar a los miembros del tribunal que lo sacó de la cárcel no parece útil, sobre todo si no está ni siquiera claro si ellos han cortado un caso serio en marcha o han actuado en contra de un mero bosquejo construido sin bases sólidas. Esta historia está, sin duda, repleta de desatinos. Pero por eso mismo, parece absurdo multiplicar los apresuramientos. Por el bien del sistema, es necesario terminar esta historia con seriedad. Y el único camino posible parece ser analizar de una buena vez (¿qué tan difícil puede ser) el contenido del computador. Sólo el contenido de ese computador va a permitirnos saber si el asunto merece un juicio o si nuestro apresuramiento colectivo ha creado una enorme colección de desaciertos que no conduce a ningún lugar.

No hay forma que Fujimori salga absuelto parte II

No hay forma que Fujiori salga absuelto Parte I

Una segunda mirada sobre el acusado

Fujimori es culpable por omisión

Tres miradas sobre el acusado

La sentencia posible

El debate final

El debate final

César Azabache Caracciolo

Hemos perdido en este juicio demasiado tiempo en discutir cosas innecesarias. La Fiscalía y la defensa de víctimas y acusado han mostrado un profesionalismo digno de aplauso. Pero cuatro meses sólo para exponer conclusiones constituyen un exceso innecesario ¿Acaso alguien pretende que la Sentencia siga el mismo estilo y sea leída en agotadoras audiencias durante otros cuatro meses? Con el mayor respeto, lo más sano será que hagamos como si el juicio hubiera estado en receso. El tribunal ha dado muestras de sabiduría para mantener la imparcialidad y sin embargo sostener el valor comunicacional de las audiencias. Sería, creo, sumamente útil que usando esta sabiduría, invente una manera de reinstalar el juicio en el centro de la atención pública. Antes de darle la palabra al acusado, el tribunal podría pedirle a las partes que en una sola sesión pública resuman las cuestiones que proponen resolver al tribunal. Resumir estos cuatro agotadores meses en una sola sesión que centre las cosas sin más dispersiones podría ayudarnos a recuperar el espacio público que ha perdido el juicio más importante de nuestra historia republicana. Estamos discutiendo las reglas sobre la responsabilidad penal de un mandatario. El resultado del juicio es entonces fundamental y no puede quedar ahogado por el desgaste.

Además el tribunal deberá crear la manera de emitir una sentencia clara y concisa. En cuestiones morales los excesos retóricos y las exhibiciones de erudición no son útiles. El tribunal no debe caer en la tentación en que cayeron los abogados. Y es que un juicio no es lugar para repasar tratados de derecho ni para resolver disputas académicas. El juicio es un espacio institucional diseñado para discutir sobre lo justo. Y en este caso, lo justo depende del modo en que se encaren las reglas sobre la responsabilidad de un mandatario por crímenes cometidos durante su gobierno ¿Existen reglas distintas a las que corresponden a los autores directos y habituales de delitos? ¿Cuáles son estas reglas y cómo se fundamentan? Fuera de los casos en que un mandatario personalmente comete un crimen (que son casos que no admiten mayor discusión) ¿es en verdad responsable el mandatario que no hace nada por evitar lo que está pasando? Este debería ser el tema del juicio. Pero la posibilidad de encararlo ha quedado ahogada por el tedio que han producido estos últimos cuatro meses de discursos.

Entonces la cuestión a retomar son las reglas sobre la responsabilidad del mandatario. Desde mi punto de vista es poco probable que en el caso Barrios Altos se pueda condenar al acusado por algo distinto a no haber reaccionado después del hecho. No haber reaccionado después del crimen no lo hace autor de esas muertes. Lo hace responsable por encubrimiento y por omisión, que son delitos distintos. Pero el encubrimiento y la omisión, dado que se trata de un mandatario, forman la base desde la que resulta indiscutible la responsabilidad de Fujimori por los crímenes de La Cantuta. Por cierto, responder por dejar hacer a otro no es exactamente lo mismo que responder por haber ordenado los crímenes. Hay un grado de diferencia entre ambas cosas. Pero la aquiescencia con la muerte es suficiente, en estas condiciones, para justificar una condena muy severa.

¿Porqué Fujimori no desarticuló al Grupo Colina a tiempo? El juicio no ha explorado nada sobre el trasfondo de la historia que resumen los dos crímenes en debate, y eso es algo a lamentar ¿Acaso se quería acaso llevar al novato Presidente a un crisis que lo obligara a tomar postura en un asunto en el que su posición no estaba clara? Es probable que Barrios Altos haya sido algo parecido a un chantaje ideado por alguna mente perversa para “alinear” al mandatario a favor de cierto sector de las fuerzas de seguridad. No lo sabemos con certeza. Pero la crisis se produjo. Impuesto Barrios Altos, Fujimori eligió la aquiescencia con la muerte como estrategia política. La responsabilidad que corresponde a esa elección es lo que de manera clara y honesta debemos discutir de cara a una sentencia que, sin duda, fijará un punto de quiebre en lo que en adelante exijamos a quienes asumen la conducción de la república. 

El mensaje al tercero ausente

El mensaje oculto al tercero ausente

César Azabache Caracciolo

Según un artículo de César Martínez (peru 21.pe; 27/nov/08), en el Perú de hoy se roba por lo menos 7 vehículos por día, es decir 1 cada tres horas, y la policía sólo logra recuperar el 1.8% del total robado. El 98.2% de vehículos robados se comercializa, al parecer principalmente en la selva peruana y en Bolivia, y sólo marginalmente en el mercado clandestino de autopartes. El negocio detrás de estos robos está tan organizado que además de sostenerse por casi quince años ha provocado pérdidas a las aseguradoras por más de 60 millones de dólares contando sólo desde el 2006 (Ibid). Con un perfil de este tipo, es muy poco probable encontrar en este sector acciones torpes, como tratar de robar un vehículo asignado a funciones oficiales, que además estaba resguardado por dos efectivos de seguridad. Las descripciones de casos denunciados muestran además un patrón consistente: Generalmente se ataca vehículos que transportan a una sola persona, el conductor, y sólo se dispara cuando alguien ofrece resistencia o resulta estar armado.  Jamás se aborda a tiros el auto que se pretende robar y vender entero. Pues bien, ninguno de estos elementos parece estar presente en el indignante atentado que ha sufrido la Fiscal de la Nación. Por eso causa, digamos, sorpresa, que se insista en que se trató de un evento común.

¿Cuánto tiempo esperaron los atacantes que la Fiscal de la Nación saliera del establecimiento en que estaba siendo atendida? ¿A cuantos metros del auto estaba el sujeto que disparó? ¿1.5? ¿2? ¿3 acaso? ¿Y no se percató que el auto estaba resguardado? ¿Por qué disparó contra el auto, de abajo hacia arriba y hacia la puerta trasera izquierda del vehículo? ¿El atacante no sabía acaso que el resguardado viaja siempre atrás, en el asiendo derecho del auto, que es el contrario al del piloto? ¿Qué quería entonces?

En 1998 el alcalde de Breña, Salazar Berauín murió al ser alcanzado por el disparo de un francotirador de la policía que estaba apostado en un jardín a un costado de la Av. Benavides (Caretas 1506). La bala, dirigida a la izquierda del asiento trasero del auto, alcanzó al alcalde que, en lugar de permanecer a la derecha como se estila, se había movido hacia el centro. El autor del atentado, identificado por el hallazgo de la bala, fue llevado ante la justicia policial, pero no existen registros públicos sobre el destino del caso iniciado en su contra. Los motivos del crimen, presentado oficialmente como resultado de un accidente (¿?), quedaron siempre en la bruma, aunque aparentemente se atacó el vehículo equivocado y se impactó en el cuerpo de la víctima en lugar de impactar sólo en el auto. Dado este antecedente es muy probable que quien sea que haya ordenado el ataque contra la Dra. Echaiz haya tenido el cuidado (ojalá no) de conseguir armas y municiones en el mercado negro, y contratar, quizá, delincuentes comunes para desviar las investigaciones. En estas condiciones, dar con el verdadero autor del hecho se vuelve tan difícil como encontrar a quien lanzó una piedra en medio de una multitud.

Y aquí se llega a la paradoja que encierra este tipo de amenazas. Uno esperaría, intuitivamente, que quien profiere una amenaza, verbal o actuada, firme de alguna manera su mensaje, se identifique al menos sutilmente para que el destinatario perciba quien lo ataca. La amenaza anónima (que se esfuerza en ser anónima) es por eso desconcertante. El autor quiere, sin duda, provocar miedo…. Pero no se identifica. El ataque sería entonces inútil. Salvo que, en el extremo de la perversión, el verdadero amenazado no sea la víctima del ataque, sino alguien, no presente en la escena, a quien se ha advertido antes que el autor es capaz hasta de hacer una cosa así. Ese tercero, que sabe quien ordena el ataque, lo contempla en silencio, como una pura y simple señal de poder, y contempla luego el modo en que se cierra el círculo de impunidad sobre el hecho, confirmando el poder del autor.

Y es que los crímenes nunca son inútiles. Si nos parecen inútiles, es sólo porque hemos equivocado las referencias para interpretarlos.

Fiscalía basará su alegato en el poder concentrado en el SIN

Huyendo por la tangente

Sobre la sentencia del caso El Frontón

César Azabache Caracciolo

El Tribunal Constitucional acaba de renunciar a resolver claramente qué debemos hacer con el caso que discute las condiciones en que fue debelado del motín senderista de junio de 1986 en la cárcel de El Frontón. Honestamente creo que la falta de una decisión clara sobre el particular nos daña como país. Todo asunto que arrastra nuestra memoria colectiva como cuestión pendiente afecta, a la larga, nuestra confianza en el sistema legal. Y la Sentencia que el TC acaba de adoptar en este caso representa, lamento decirlo, una manera de no terminar de encarar este asunto en su exacta dimensión.

La defensa de los procesados por los métodos empleados al debelar el motín de junio de 1986 (o al menos la defensa de alguno de ellos) está intentando que el caso no llegue a juicio por el tiempo que ha transcurrido desde los hechos: Más de 20 años. Veinte años es, en efecto el plazo máximo para llevar a tribunales casos de homicidio anteriores a 1991. Sin embargo, hay una serie de razones para sostener que este plazo no se aplica cuando el caso trata sobre violaciones a los derechos humanos, sea cual sea la regla del Código Penal que se haya invocado. Estas razones son, de hecho, tanto o más importantes que aquellas otras que, eventualmente, podrían haber justificado el uso de las reglas sobre prescripción en estos casos ¿No era éste entonces un asunto sobre el que el Tribunal Constitucional nos debía un pronunciamiento definitivo, independientemente del resultado que corresponda adoptar? ¿Que ganamos entonces con eludir el asunto, además de confirmar que éste Tribunal ya no es el mismo que era hace sólo unos meses?

Veamos: En agosto del 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por lo ocurrido en El Frontón, y le ordenó investigar los hechos. En setiembre del 2001 la misma Corte declaró que el paso del tiempo no debe impedir que un caso sobre derechos humanos llegue a juicio. En marzo de 2004 el Tribunal Constitucional, basándose en la jurisprudencia de la Corte, llegó a declarar que la Constitución asegura el derecho a saber la verdad sobre todo evento de violencia, lo que sin duda incluye las violaciones a los derechos humanos. A mediados del año pasado un tribunal de Lima, sin siquiera revisar estos antecedentes, declaró que las investigaciones sobre El Frontón debían archivarse por el paso del tiempo. El asunto fue llevado al Tribunal por impulso de una de las principales ONGs del medio, el Instituto de Defensa Legal (IDL), que aparentemente había intervenido como amicus curiae  en el proceso, y el Tribunal ha fallado diciendo que no iba a declarar nada sobre el fondo del asunto, porque el IDL había atacado la Sentencia que mandó a archivar el caso sin tener derecho formal a hacerlo.

De hecho, si es verdad que el IDL sólo fue aceptado en el caso como amicus curiae, es decir, como consultor de la Corte, entonces no tenía derecho a atacar la Sentencia. Hay que decir que por razones de este tipo en febrero de 1993 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se negó a llevar a juicio el caso Cayara. No es absurdo entonces que en determinadas circunstancias errores de procedimiento obliguen a cerrar un caso de derechos humanos. Pero no puede dejar de observarse que el peso de los hechos en discusión era esta vez demasiado grande como para justificar que el Tribunal se haya limitado a declarar que no emitiría sentencia sin siquiera declarar cuáles eran las reglas a seguir en el caso.

Me niego personalmente a pensar que para poner punto final a esa herida abierta formada por los casos pendientes de los ochenta y noventa se deba acudir a una venda que nos impida debatir, de plano, cuáles son las responsabilidades involucradas en lo ocurrido. Creo que como sociedad le debemos al país por lo menos la honestidad de encarar esta herencia de manera seria y responsable, incluso aunque el resultado que pueda obtenerse de un debate abierto pueda no corresponder a nuestras preferencias personales. Nuestro sistema legal, entonces, ha quedado en deuda con todos nosotros, con nuestro derecho a hacernos responsables por nuestra historia reciente. 

El teorema de Thomas

El teorema de Thomas

César Azabache Caracciolo

En un comentario muy oportuno (El Comercio, 31/10/08 “Lo que vemos, es”), Fernando Vivas resume de qué manera las grabaciones de imágenes y audio se han convertido en un factor que nos permite establecer (o creer que establecemos) la verdad de las cosas. El impacto que produce en nuestra percepción la imagen o el sonido registrados ofrece un refugio que permite depositar nuestra confianza en algo que se muestra sólido, indiscutible y persuasivo, incluso a pesar de su mínima entidad moral o de su origen ilegal. Quizá por eso la enorme atención que convocaron los vladivideos. Quizá por eso el éxito de los paparazzi locales. Y es que “una foto [cito el lema de una campaña publicitaria] vale más que mil palabras”, ¿verdad?

            Por mi parte confieso albergar dudas sobre la utilidad institucional que estamos concediendo a este tipo de productos. La primera fuente de estas dudas proviene de la ahora evidente relación entre los productos que están circulando y ciertas mafias por descubrir que parecen tener el descaro de manipular crisis institucionales como la actual para desarrollar campañas de publicidad perversa a favor de sus propios servicios y vender en el mercado tanto grabaciones relevantes para casos de corrupción como basura capaz de producir escándalos sólo por el modo y oportunidad en que es difundida ¿O es que acaso cada vez que aparece un nuevo audio no se está sugiriendo, veladamente, que grabar a los demás es útil para dañarlos?

La segunda fuente de estas dudas proviene de la enorme dependencia que genera este tipo de productos. Si algún problema enfrenta la fiscalía en el caso Fujimori, es la falta de una grabación que lo muestre dando la orden que la fiscalía sostiene que dio en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Buena parte de la comunidad tiende a creer que sólo está probado aquello que consta en una grabación. Y cree por tanto que si no hay una grabación o algo tan persuasivo como una grabación, ningún caso puede probarse. No es difícil observar hasta qué punto este efecto nos pone un corsé que presiona demasiado al sistema institucional.

            Pero tengo una tercera fuente de dudas. Y es que no todas las grabaciones tienen el mismo contenido, y sin embargo, en determinadas condiciones, todas las grabaciones son capaces de causar el mismo impacto. Todavía ha pasado poco tiempo, en términos de memoria colectiva, entre el hallazgo de los vladivideos y el presente. De alguna manera, grabaciones como las de León Alegría evocan las sensaciones explosivas, mezcla de rabia por los hechos, júbilo por el  descubrimiento y pánico en los afectados, que todos sentimos a finales de la década pasada. Tal vez eso explique la desproporción entre el tamaño del crimen descubierto en el caso León Alegría (grave sin dudas, pero no terminal, institucionalmente hablando) y la reacción del sistema político (terminal, sin duda, si ha caído un gabinete). Hay un evidente desfase entre lo que se ha visto y lo que se ha hecho. Y ese desfase se puede explicar parafraseando el título del oportuno artículo de Vivas: “En realidad, lo que se ve no ‘es’. Sólo ‘es’ lo que decimos que hemos visto”. Y “lo que decimos que hemos visto”, a veces no resulta de nuestros propios sentidos, sino de lo que alguien nos sugiere al dirigir nuestra mirada.

La observación de un producto tan demoledor como una grabación tiene un evidente efecto evocativo que distorsiona la percepción y abre espacio para la manipulación más artera. Un informante aprovechado puede convencer al más capaz y bien intencionado operador del sistema de la gravedad de una comunicación inocua sin siquiera editar la grabación, sólo manipulando los significados y el contexto de la grabación que pretende hacer difundir. Al final del día, tenemos demasiada rabia y frustración acumulada para reparar en detalles. Necesitamos lanzar, proyectar, transferir toda nuestra desconfianza hacia algún hecho que la justifique, o más o menos la justifique, o parezca justificarla. De ahí la necesidad de tener extremo cuidado al manejar este tipo de productos.

Y es que, lo dijo William I. Thomas en 1928, “cuando los hombres definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”.