El dilema de la devolución

El dilema de la devolución

César Azabache Caracciolo

Al aceptar los hechos de la acusación, el juicio sobre los 15 millones ha quedado convertido en una cuestión sobre el significado y alcance de las normales legales aplicables al caso. Por definición, un debate de este tipo ocupa menos tiempo y tiene menor fuerza comunicacional que un debate organizado sobre declaraciones de testigos. Esto es una primera ventaja para la defensa. Pero la defensa aspira a más. Aspira a apoderarse del significado de la acusación.

La defensa ha anunciado su consigna para este juicio. Si la consigna del juicio anterior fue “No hay pruebas”, en este juicio se ha sostenido ya (y probablemente comience a repetirse) que “Fujimori devolvió los 15 millones”. Fiscalía y Procuraduría han contestado negando que la entrega de 15 millones al Ministerio de Defensa efectuada después de la transferencia original de los fondos pueda ser considerada una devolución, porque Montesinos envío “sus 15” al exterior, y Fujimori devolvió “otros 15”. Además han recordado que la devolución del dinero, aunque fuera cierta, no dispensa de responsabilidad penal a quien ya ha desviado fondos del Tesoro. Sin embargo, y más allá del debate legal, la frase “Pero finalmente devolvió el dinero” tiene mucha mayor potencia comunicacional que la frase “La entrega de 15 millones de origen desconocido, no es devolución”. De hecho ofrece al fujimorismo una buena coartada en un caso en el que se pensó que no tendría respuesta. Y es que condenar al acusado “que devolvió 15 millones” no sería lo mismo, institucionalmente, que condenar a quien autorizó el empleo sistemático de fondos públicos para fines personales, entre ellos, esta última entrega. Y la acusación trata sobre el significado de esta última entrega, no sobre el dilema de la devolución.

Fiscalía y Procuraduría han insistido en que no hay explicación para la existencia de esos “otros 15”, que aparecen en la escena de la devolución. Al hacerlo reconocen indirectamente no tener evidencias concluyentes sobre su origen. Fujimori aparece en esta escena nada menos que con el señor Aritomi, por mucho tiempo embajador de Perú en el Japón, prófugo y aparentemente principal eslabón del caso Fundación Apenkai. Según la Fiscalía, Apenkai habría sido usada para recaudar fondos de ayuda para el Perú en el Japón y desviarlos hacia cuentas privadas. La Fundación habría mantenido su posición en este carrusel reportando, como si fueran propias, obras que en verdad fueron hechas con fondos del SIN. La presencia del señor Aritomi en la escena, es, entonces, muy sugestiva. Fujimori necesita 15 millones. No los tiene a la mano. “Se hace un préstamo” con fondos del Estado, aparece el señor Aritomi, y de inmediato Fujimori devuelve el préstamo. ¿Dónde estaban los fondos, tal que se necesitaba esta especie de “stand by” informal mientras llegaban los “otros 15” que trajo el señor Aritomi? ¿El uso de esta suerte de crédito “stand by” informal, ya aceptado por la defensa, no sugiere la existencia de un procedimiento de desviación de fondos previamente establecido? ¿Nos aclarará esto la defensa en su alegato final?

Esas son las cuestiones de este caso, y a ninguna de ellas responde la consigna de la devolución, que hay que encontrar, para todos los fines, sugerente, pero fuera de lugar.

Declaraciones sobre las reglas del delito de peculado en Peru 21

Fujimori y un nuevo escándalo

Fujimori y un nuevo escándalo

César Azabache Caracciolo

Ayer Caretas publicó un informe sobre un caso que, a mi entender, sirve de buen pretexto para fijar la pauta de lo que buscamos en asuntos que comprometen la responsabilidad de Fujimori. Se trata de las donaciones del Japón.

            Son hechos públicos que Fujimori promovió donaciones de ciudadanos japoneses (y probablemente no sólo japoneses) para obras sociales en el Perú. También es público que la Presidencia, directamente o través de la Fundación para los Niños del Perú, realizó realmente obras sociales en diferentes partes del país. Y sin duda empleó cuentas en el Japón para colectar el dinero donado antes de nacionalizarlo. Hasta ahí, nada sospechoso.

El informe anuncia el hallazgo de documentos que demostrarían que las cuentas existían y que sobre ellas Fujimori y Aritomi tenían derechos exclusivos. Pues bien, registrar a nombre personal instrumentos financieros de una fundación es incorrecto conforme a las reglas del derecho civil. Pero no es un delito, salvo que existan razones para pensar que alguien usó esa ventaja formal para apropiarse del dinero recaudado. Y verificar o descartar esa sospecha es tan sencillo como revisar las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación. Y esto implica revisar además las cuentas de los depósitos obtenidos en Japón y las transferencias que debieron hacerse del Japón al Perú, a fin de comprobar que todo el dinero colectado fue efectivamente nacionalizado.

Aquí comienza el debate. Porque según entiendo, la defensa de Fujimori ha sostenido que la Fundación empleó todo el dinero que ingresó en proyectos y donaciones efectivamente ejecutadas. Pero hasta ahora la defensa de Fujimori no ha mostrado los movimientos de las cuentas en el Japón. Si la Fundación se manejó correctamente, entonces no sólo debe haberse gastado todo lo que ingresó al Perú. También haberse nacionalizado todo el dinero que se colectó. De lo contrario ¿dónde está el excedente?

Pero según entiendo la investigación original de la Fiscalía fue más allá. Porque si los señores Fujimori y Aritomi se hubieran apoderado de fondos colectados, entonces quizá habrían estafado a los donantes y defraudado la confianza de la Fundación, pero nada más. Para que el caso afecte al Estado debe involucrar fondos del Tesoro, no de un particular. Probablemente por eso la Fiscalía buscó establecer si los fondos colectados por donaciones fueron verdaderamente empleados en el Perú, o si en realidad, Fujimori reemplazó estos fondos con parte del dinero que le habría entregado el SIN. Si esto fuera cierto, entonces Fujimori no sólo se habría apoderado de las donaciones, sino que además habría usado dinero del Tesoro para ocultar el forado, y ahí entramos en el terreno de lo relevante para un juicio.

Las preguntas del caso son entonces: ¿Puede o no probarse de manera clara que Montesinos entregó mes a mes fondos del SIN a Fujimori? ¿Puede probarse que Fujimori empleó esos fondos para financiar las obras que, se suponía, eran sostenidas con donaciones del Japón? Hasta ahora, las evidencias sobre las transferencias desde los Ministerios al SIN se muestran sólidas y convincentes. Pero ¿las evidencias sobre las entregas de dinero del SIN a Fujimori son igual de convincentes? Descontemos el testimonio de Montesinos, porque el principal acusado no puede, aunque quiera, mudar su rol por el de un testigo: ¿Cuántas declaraciones involucran a Fujimori? ¿Cuántas de ellas provienen de arrepentidos y cuántas de verdaderos testigos? ¿Cuántos de estos testigos son convincentes? ¿Hay además documentos que sirvan de evidencia?