Nosotros seguimos gobernando

Llamar insistentemente “terrorismo” a la protesta como un todo y restar importancia a las más de 50 muertes innecesarias provocadas en este periodo son dos giros que se están haciendo habituales. A ellos se ha unido en los últimos días la promoción de una amnistía pensada para proteger de la justicia a las autoridades involucradas con las muertes de la violencia. Tres componentes de una nueva forma de conservadurismo que ahora resuena por encima de otras varias opciones conservadoras.

La amnistía como opción es una propuesta de corto alcance. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe usar amnistías en casos como los de las muertes de diciembre y enero. En nuestra historia reciente, de hecho, ya se han caído una amnistía, una ley sobre prescripción, una gracia y un indulto. Quienes promueven la amnistía lo saben. Saben que al final del día perderán cuanto juicio internacional se haga en contra de la medida que promueven. Saben que están estafando a sus beneficiarios teóricos.

Pero insisten, porque al hacerlo trazan un lazo de interés subjetivo que refuerza la represión de las protestas. La propuesta es un incentivo simbólico a la represión. Refuerza una identidad específica construida en términos negativos: la identidad antiderechos que la transición del 2000 no pudo remover.

La transición del 2000; la que comenzó con Valentín Paniagua. Imposible olvidar que el consenso del 2000 no logró resolver la memoria sobre las matanzas de los 80 y 90, aunque bloqueó varias medidas de impunidad de esos tiempos. El consenso del 2000 tenía además un componente antiterrorista. E incluía un set de cláusulas económicas duras, entre ellas la forma actual de las economías extractivas.

El consenso del 2000 contenía también las cláusulas sobre consulta previa y los mecanismos que la relativizaron hasta dar lugar a las masacres de Bagua. Límites entonces los tuvo. Pero lo que importa es que como conjunto de referencia ya se ha agotado. El consenso del 2000 no se ha convertido en otra cosa y no ha sido reemplazado por otro.

El momento actual, en el que aparece esta nueva propuesta de amnistía, no tiene nuevos puntos de referencia. No tiene forma definida. Nuestra vida política es, en medio de ese vacío, un hervidero de disputas apocalípticas en agresiva y violenta ebullición. Todas las discusiones que estamos teniendo ahora están planteadas en términos binarios; en función de pares organizados por esquemas del tipo “bueno/malo”; “pro/anti”; “nuestro/ajeno”. Son esquemas diseñados para reforzar identidades negativas que nos alejan sin puntos intermedios de espacios de encuentro.

Sendero Luminoso tiene tres facciones en plena actividad

En este contexto, la amnistía parece pensada para reforzar la distancia que se ha impuesto en estos tiempos entre quienes ahora defendemos las protestas, todas o algunas (jamás los actos vandálicos que la penetran), y quienes defienden la represión indiscriminada impulsada por el Gobierno de Boluarte, que intenta convertir la violencia del Estado en una especie de respirador artificial.

En esa amalgama de tendencias binarias, el conservadurismo “proamnistía” se refuerza con otro que parece intentar negar que el consenso del 2000 se haya agotado e intenta defender sus fundamentos o los privilegios que generó incluso con las armas del Estado. Los conservadurismos por negación tienen siempre corto alcance. Pero eso no les niega un considerable potencial erosivo. La amnistía, si llega a prosperar, se caerá más temprano que tarde. Y las condiciones de un nuevo consenso institucional llegarán a discutirse, en un formato o en otro. 

Pero mientras tanto los negacionismos nos seguirán separando. Lo harán hasta que seamos capaces de establecer varios “nosotros” que nos incluyan sin agresiones

La identidad antiderechos

Llamar insistentemente “terrorismo” a la protesta como un todo y restar importancia a las más de 50 muertes innecesarias provocadas en este periodo son dos giros que se están haciendo habituales. A ellos se ha unido en los últimos días la promoción de una amnistía pensada para proteger de la justicia a las autoridades involucradas con las muertes de la violencia. Tres componentes de una nueva forma de conservadurismo que ahora resuena por encima de otras varias opciones conservadoras.

La amnistía como opción es una propuesta de corto alcance. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe usar amnistías en casos como los de las muertes de diciembre y enero. En nuestra historia reciente, de hecho, ya se han caído una amnistía, una ley sobre prescripción, una gracia y un indulto. Quienes promueven la amnistía lo saben. Saben que al final del día perderán cuanto juicio internacional se haga en contra de la medida que promueven. Saben que están estafando a sus beneficiarios teóricos.

Pero insisten, porque al hacerlo trazan un lazo de interés subjetivo que refuerza la represión de las protestas. La propuesta es un incentivo simbólico a la represión. Refuerza una identidad específica construida en términos negativos: la identidad antiderechos que la transición del 2000 no pudo remover.

La transición del 2000; la que comenzó con Valentín Paniagua. Imposible olvidar que el consenso del 2000 no logró resolver la memoria sobre las matanzas de los 80 y 90, aunque bloqueó varias medidas de impunidad de esos tiempos. El consenso del 2000 tenía además un componente antiterrorista. E incluía un set de cláusulas económicas duras, entre ellas la forma actual de las economías extractivas.

El consenso del 2000 contenía también las cláusulas sobre consulta previa y los mecanismos que la relativizaron hasta dar lugar a las masacres de Bagua. Límites entonces los tuvo. Pero lo que importa es que como conjunto de referencia ya se ha agotado. El consenso del 2000 no se ha convertido en otra cosa y no ha sido reemplazado por otro.

El momento actual, en el que aparece esta nueva propuesta de amnistía, no tiene nuevos puntos de referencia. No tiene forma definida. Nuestra vida política es, en medio de ese vacío, un hervidero de disputas apocalípticas en agresiva y violenta ebullición. Todas las discusiones que estamos teniendo ahora están planteadas en términos binarios; en función de pares organizados por esquemas del tipo “bueno/malo”; “pro/anti”; “nuestro/ajeno”. Son esquemas diseñados para reforzar identidades negativas que nos alejan sin puntos intermedios de espacios de encuentro.

En este contexto, la amnistía parece pensada para reforzar la distancia que se ha impuesto en estos tiempos entre quienes ahora defendemos las protestas, todas o algunas (jamás los actos vandálicos que la penetran), y quienes defienden la represión indiscriminada impulsada por el Gobierno de Boluarte, que intenta convertir la violencia del Estado en una especie de respirador artificial.

En esa amalgama de tendencias binarias, el conservadurismo “proamnistía” se refuerza con otro que parece intentar negar que el consenso del 2000 se haya agotado e intenta defender sus fundamentos o los privilegios que generó incluso con las armas del Estado. Los conservadurismos por negación tienen siempre corto alcance. Pero eso no les niega un considerable potencial erosivo. La amnistía, si llega a prosperar, se caerá más temprano que tarde. Y las condiciones de un nuevo consenso institucional llegarán a discutirse, en un formato o en otro. 

Pero mientras tanto los negacionismos nos seguirán separando. Lo harán hasta que seamos capaces de establecer varios “nosotros” que nos incluyan sin agresiones.

Réquiem para la transición

 

“El consenso del 2000 se agotó y ya no alumbra”. Tomo la frase de una columna que publicó Mauricio Zavaleta en EC en junio 2021. Mauricio se refiere al colapso del sistema institucional que se instaló entre nosotros con las disputas Gobierno-Congreso del periodo 2016-2020. Pone en evidencia que el ciclo de deterioro institucional iniciado entonces solo puede romperse formando un nuevo consenso.

El consenso del 2000 adoptó la Constitución del 93 como propia. Al adoptarla en el momento en que más fácilmente podría reemplazarla, la transición la resignificó. La convirtió en el marco de referencia de su propio orden económico. Y en el marco en que se instalaron la Comisión de la Verdad, el Acuerdo Nacional y la regionalización. El mismo marco que fue usado para redefinir el papel de la Defensoría del Pueblo, de las fiscalías, del judicial y del Tribunal Constitucional, entre otras cosas.

El agotamiento al que se refiere Mauricio sugiere que algo falló en los fundamentos de ese consenso, el del 2000. Las revelaciones de Odebrecht nos mostraron a partir de diciembre del 2016 cuánto nos habíamos engañado al imaginar que logramos adquirir un dispositivo que impediría reproducir la corrupción de finales de los 90. En los hechos la organización de Montesinos fue desactivada. Pero el soborno como factor en la toma de decisiones públicas se movió a otra parte al inicio mismo del periodo.

Bagua debió representar un punto de quiebre. Y lo pasamos por alto. La masacre de Bagua, que incluye la muerte de 23 policías, nos mostró en junio de 2009 que la estabilidad económica se estaba sosteniendo sobre las espaldas de sectores enteros de la ciudadanía a los que sencillamente nadie estaba representando. Y mostró también que esa falta de representación podía expresarse en muertes que hemos hecho relativamente invisibles todo este tiempo. A las 33 muertes de Bagua debemos agregar otras 133 registradas en conflictos sociales por la Coordinadora de DDHH en todo el periodo.

Ya eran 166 muertes cuando comenzó la violencia en que ahora vivimos. Pero las habíamos hecho casi invisibles.

Alberto Vergara ha sostenido que en estos 20 años tratamos de sostener el sistema institucional imaginando que bastaba con gestionar el Gobierno, invisibilizando la necesidad de ser representados. Y ni siquiera nos representamos como problema que el sistema estuviera lastrando muertes como si fueran un costo marginal tolerable; muertes de las que no nos hemos hecho cargo.

Hemos instalado en el sistema válvulas de innegable valor práctico en el manejo de la economía 

Danza sin caretas

Carmen Mac Evoy y Gustavo Montoya han insistido en un libro publicado hace poco en que al XIX le faltó un encuentro entre Lima y el resto del país antes que el Perú se pretenda República. Parafraseo ahora una columna reciente de Gabriel Ortiz de Zevallos: al Perú le faltó convertirse en tejido, en trenza anudada para que la independencia sea fundación y la Constitución acuerdo y no simple proclama. 

Lanzamos nuestra última proclama en el 2000, asumiendo que éramos transición. Y esa proclama se cayó en Bagua y en la Curva del Diablo; se cayó en Ilave cuando asesinaron al alcalde Robles; se cayó cuando fueron descubiertas las mafias que atravesaban los gobiernos regionales en tiempos de Humala y mostró sus débiles costuras con las confesiones de Odebrecht desde diciembre del 16. 

Como dijo Mauricio Zavaleta a mediados del 21, comenzamos a ver el rostro de nuestra sociedad sin acuerdos mínimos, en el 16, en la forma de ser de ese congreso embrutecido por ser mayoría, y en el 19, en el suicidio colectivo que resultó ser haberlo cerrado. Lo vimos cara a cara en los pocos días de Merino y lo vemos ahora, que nos estamos desangrando sin intermediación escénica alguna. 

Tendremos que estar de acuerdo al menos en que casi cincuenta muertes en dos meses impuestas a balazos no conforman un evento analizable quirúrgicamente bajo el lente de un abogado de escritorio sino una tragedia que expone la brutal ceguera en que estamos viviendo.

Indiferenciados. Hace tiempo perdimos de vista incluso las herramientas básicas que podrían al menos hacer más sencillo reconocernos. Si Alberto Vergara y Carlos Melendez comparten algo es esa intuición que les lleva a notar que “la informalidad” no es una construcción que describa a un puñado de marginales que no logran insertarse en una economía sobrecargada de trámites burocráticos. La construcción es enana porque pretende mirar como minúsculo algo que en verdad representa la forma que hemos adquirido en estos años. La informalidad, en efecto nos describe. Describe una forma de ser que no podemos reconocer como colectivo porque supone precisamente la negación de cualquier colectivo imaginable. La todavía llamada informalidad no supone “no haber llegado al sistema”. Supone no querer ser parte de sistema alguno, y sin embargo, constituir uno completamente pervertido. Supone sobrevivir, defenderse por si, expandirse territorialmente por la fuerza, cuando llega el momento de expandirse y entonces poner rejas, o muros, o cercas y entonces golpear y gritar y defenderse atacando, no negociar. 

Si se llega al momento en que se acumula fuerza, ella es su propia concepción transitoria, porque quienes conforman cuadrillas de toma de terrenos, fuerzas de choque para enfrentar policías o alianzas electorales no tiene más propósito común que salvar la consigna del día o del proceso. No comparten un “nosotros” que sin embargo puede reconocerse en el formato de una marcha espontánea alrededor de una plaza, en una vigilia frente al edificio de una autoridad o en un solvente acompañar a nuestros muertos. 

La complejidad de estar siendo de esta forma, decía, proviene también de la absoluta pobreza de las herramientas que tenemos para mirarnos. Indiferenciados. Nos encantaría seguir creyendo que la derecha está militarizada, la izquierda sobre radicalízada, la minería informal mercenarizada y que todas estas capas pueden diferenciarse de una ciudadanía que protesta. Entonces podríamos acusar a unos y otros de no diferenciarse y podríamos imaginar que la consigan consiste en proveer a la ciudadanía, a las organizaciones sociales “buenas” de herramientas para diferenciarse de “los malos”.  Imposible no notar como ese ejercicio reproduce el sesgo binario que nos tiene aquí atrapados. Es exactamente lo mismo buscar nuevos “buenos” que nuevos “malos”. Todo sesgo binario retroalimenta la espiral en que estamos atorados desde los años noventa. 

Esperando “que la tortilla se vuelva” solo abrimos el espacio en que la tortilla se volverá de nuevo. 

Ha dejado de tener todo sentido seguir imaginado que debajo de ciertas tupidas redes ácidas irracionales y violentas hay una maraña de emprendedores y pueblos y colectivos y organizaciones sociales y comunidades que sobreviven bucólicamente apoyándose, reconociéndose, siendo solidarios y solidarias entre sí en espera que la niebla se disipe. Sin duda existen las ollas comunes, las pequeñas cooperativas de productores de granos, de tejedoras y hacedoras de papel y de jabones, los pequeños sindicatos y las escuelas y los comedores populares, los colectivos de barrios y los clubes y los centros de cultura. Sin duda existen esos pequeños espacios en los que vivimos. 

Pero somos nosotros mismos. 

Los espacios colectivos que reclamamos como imprescindibles para formar identidades existen dentro de ese ambiente que todavía reconocemos como informal. No es que nuestras fantasías neo comunitarias basadas en los pequeños espacios de humanidad se hayan impregnado del mal. 

Es que de muchas maneras la sociedad es un todo continuo. El profesional independiente no paga impuestos; el artista alternativo tiene una familia que trafica con predios; el político militarista de derecha sostiene una olla común y canta en el coro de una iglesia; el liberal detiene el auto sobre una cebra; el izquierdista obtuso que sigue soñando ser un príncipe verde olivo aunque no crea en la libre interrupción del embarazo ni en el matrimonio igualitario. Es que estamos entremezclados dentro de nosotros mismos; Indiferenciados; indiferenciadas. Es que nuestro yo colectivo, ni siquiera me refiero al público, forma parte de nuestro yo perverso, narcisista, enceguecido. 

Limitarse a mirar cómo se muere puede ser también absolutamente violento. 

Esto no puede ser más “tu o yo”; “ellos o nosotros”, “matar o morir”, “venceremos y entonces ustedes serán derrotados”; “Dime dónde está tu bandera para quemarla”. 

Las guerras no las acaba la Cruz Roja. Pero alguien tiene que intentar que ya no mueran más personas. Rescatar a las que podamos rescatar. Ese puede ser un principio. Protegernos acaso sea una consigna. Aceptar que somos, en plural y primera persona un enorme montón de gente enceguecida que puede tener o no uniforme pero no llega a ser siquiera un colectivo y sin embargo sangra: sangra de rabia, sangra de frustración, sangra como llora un ser violento que termina rompiéndolo todo y también dispara, incendia y daña. 

Si queremos ser un colectivo antes de intentar ser nación tendremos que inventar una manera de negociar nuestra formación en un país que se volvió ilegal, que no quiere ser nacion, ni república ni autocontrol ni futuro, sino apenas depredación y crudeza. Y notar que somos, nosotros mismos, no una alteridad moral distinta a lo que vemos sólo porque no estamos disparando, sino que sólo parte exactamente de lo mismo mientras nos limitamos a contemplarlo.

La teoría política que conocemos no se escribió para momentos como este. Se escribió para un momento después, cuando toca reconciliarnos enterrando a nuestros muertos.

Pero ¿Seremos acaso capaces de reconciliarnos al menos en nuestros cementerios?

San Marcos: Sin espacio para delitos

[Sobre el alojamiento de manifestantes en el campus y el desalojo del sábado 21 de enero 2023]

He escuchado una opinión que respeto, la de Carlos Caro, calificando la ocupación de los manifestantes en él campos de San Marcos como un caso de usurpación.

Me cuesta entender esa conclusión. Las usurpaciones suponen un ataque de los derechos del ocupante de un lugar causado porque no tiene relación alguna con el o ella o por quien la tiene, pero en términos que delimitan con claridad quién ocupa físicamente el lugar y esos términos se transgreden (es el caso del propietario que con derecho desaloja a su propio inquilino). De varias maneras el marco de referencia de este delito es una relación bilateral.

 

El caso de los manifestantes hay dos cosas que rompen el esquema que propone Carlos. Los ocupantes son manifestantes que viven fuera de la ciudad a la que llegan a protestar. Su estadía debe ser entonces entendida en el marco del derecho a la protesta; es una condición mínima para el ejercicio de ese derecho en las condiciones en que las personas que llegaron a la capital decidieron ejercerlo.

 

Entonces introducir el Código Penal en un análisis legal sobre las condiciones de su estadía impera tanto como declarar que el derecho a la protesta no existe (cosa que no imagino que Carlos pretenda); que el asentamiento en el lugar de la protesta no forma parte de ese derecho (ibid) o que quienes se alojaron en San Marcos no eran manifestantes. La evidencia que contienen las liberaciones de los y las detenidos a horas del operativo descarta esto último. 

 

El segundo aspecto que encuentro rompe el esquema de Carlos es que el recinto en que estaban alojados es una universidad. Una universidad es una autonomía; los derechos relacionados al uso de sus espacios corresponden a tres estamentos: la administración, los profesores y los estudiantes. Entiendo que en este caso quienes invitaron o recibieron a los manifestantes fueron los estudiantes.

 

Entonces, a diferencia de lo que ocurre en un caso de usurpación, aquí los manifestantes ingresaron al recinto con el consentimiento de uno de los tres estamentos competentes para concederlo.

 

Que esa autorización sea suficiente o no es por cierto discutible. Como es discutible que la administración decida, de plano, llamar a la policía en reacción. Quien tendrá que decidir lo correcto en este caso es la asamblea universitaria. De eso tratan las autonomías, también si alguien tiene reservas sobre la decisión de uno de sus estamentos, los estudiantes. Yo no las tengo.

Más de 50 muertes

Tenemos ante nuestros ojos más de 50 personas que han muerto desde que empezó la violencia. Miremos esos rostros; detengámonos en esas historias de vida, en todas. Encontraremos un joven que logró ser policía y fue calcinado en una camioneta oficial. Otros eran deportistas, estudiantes, trabajaban. La mayoría, como él, eran jóvenes. Algunos todavía no. Muchos murieron por disparos de armas de fuego en la cabeza y en el tórax.

No perdamos de vista sus nombres. Tampoco los rostros ni los nombres de sus padres y madres. El único factor en común en estas historias es que no debieron morir. La muerte no es un factor admisible en la ecuación de una explosión política. La muerte en historias como esta es siempre innecesaria. De la muerte no resulta ninguna forma de legitimidad o estabilidad política ni conciencia de clase. La muerte solo produce dolor; produce heridas que arrastraremos indefinidamente, porque se instalan en el centro de nuestra memoria; trascienden a la propia impunidad a la que puedan aspirar sus perpetradores.

Si se trata de escuchar, ya no solo de mirar, están quienes exigen que Boluarte renuncie y quienes exigen que se sostenga en el lugar en que ahora está. Aquí comienzan las decisiones que ahora podemos tomar. Boluarte llegó donde ahora está porque estaba llamada a ocupar ese asiento. Pretender discutir el origen del encargo es solo un esfuerzo inútil por reinstalar en la mesa la irreversible situación de Castillo. No tiene sentido. La cuestión es que no encuentro cómo pueda sostenerse en el cargo después de más de 50 muertes. Son ya más de 50.

Boluarte debió renunciar después de la primera masacre deliberada, la de Huamanga. No debió imponernos la de Puno ni intentar convencernos de que disparar sobre el cuerpo de personas desarmadas o fuera de una escena de ataque es una forma válida de ordenar desadaptados. No estamos discutiendo escenas relacionadas con enfrentamientos. Ni siquiera es un caso sobre proporciones. Estamos discutiendo lo que representa haber disparado sobre personas desarmadas o que huían del lugar. Y es aún peor, estamos discutiendo lo que representa haber autorizado un despliegue de potencia de fuego que incluía la posibilidad de matar como parte del cometido de las fuerzas de seguridad.

La permanencia de Boluarte después de la primera masacre insulta la memoria de los que han muerto. Pero constituye además sin margen de duda su responsabilidad sobre la segunda masacre. Mantenerse en el cargo solo agrava para ella las cosas. Lo entenderá acaso con el tiempo. Las investigaciones oficiales sobre los hechos tomarán seguramente más tiempo que su mandato en la presidencia. Pero terminarán en algún momento. Y salvo que alguna ilusión le permita imaginar que podrá contener los cargos en el Congreso por cinco años seguidos, como lo viene haciendo Merino, el caso que sigue a estas muertes, como el de Merino, terminará en los tribunales de justicia.

El tiempo en que se sostiene en el cargo solo agrava su situación futura. Pero, más importante que eso, su permanencia en el cargo insulta a las familias de quienes han muerto. Porque no tenían porqué morir y ella pudo evitarlo. No lo hizo. Y sigue sin dar una sola muestra de comprender las consecuencias de lo que al menos ha dejado hacer.

Que alguien pretenda que debo aceptar la muerte de quien fue hijo o hija de alguien más pretende al mismo tiempo que acepte la muerte que podría serle impuesta a mi propio hijo. Eso es algo que jamás voy a hacer. Yo me pongo de pie por la muerte de los otros porque no aceptaré bajo ninguna condición la muerte de los míos.

Y si no entendemos eso como un mínimo de justicia, estamos sencillamente perdidos.

Estado de cosas

Llama a extrema preocupación que la mayoría del Tribunal Constitucional haya decidido respaldar al cartel de las universidades no licenciadas. Con la sentencia que emitió el 20 de diciembre en el caso Sunedu, el Tribunal ha abierto una puerta al desmontaje de una reforma, la de educación superior, que se ha sostenido por más de 12 años. Preocupa porque el Tribunal arrastra fallas adquiridas en el proceso en que fueron elegidos sus miembros.

Tenía y mantiene el deber de reforzar su legitimidad. Y hasta hora la ha dañado dos veces: ha flexibilizado la prohibición que debe impedir que los congresistas generen gasto público y ahora respalda un ataque abierto contra una de las pocas reformas institucionales que ha podido sostenerse en el tiempo.

La reforma comenzó en junio de 2010, cuando el Tribunal notó que muchas universidades estaban limitándose a acumular ganancias para sus dueños sin invertir en educación. Declaró que esto representaba un “estado de cosas inconstitucional” y le ordenó al Ejecutivo hacerse cargo del problema.

“Estado de cosas inconstitucional”. La construcción no es gratuita. Como construcción ya está asentada en el derecho comparado. Se usa para iniciar procesos de reforma amparados por la Constitución que deben ser supervisados por un tribunal. A partir de estas declaraciones, los gobiernos quedan obligados a presentar al tribunal avances o a denunciar ante él los obstáculos que encuentran en “audiencias de supervisión” que pueden dar origen a nuevos deberes de ajuste y corrección a las reformas en proceso, o incluso a sentencias que remueven los obstáculos que se hayan encontrado en el camino. Es el tipo de procedimiento que se impuso al INPE durante la pandemia, para citar el mejor de varios ejemplos posibles.

Estando en vigencia el “estado de cosas” declarado por el Tribunal en junio de 2010, el Congreso decidió desmontar la reforma universitaria. Sunedu, el operador de la reforma, podría haber pedido al Tribunal una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia de junio de 2010 para discutir los alcances de la decisión del Congreso y su incompatibilidad general con el proceso en curso. Eligió una ruta alternativa: demandó al Congreso por vía de un amparo y le ganó en primera instancia.

Entonces, sin esperar que se discuta la apelación que se había presentado en ese caso, 30 congresistas que votaron a favor de la ley aprobada en mayo del 22 propusieron al Tribunal usar el proceso por inconstitucionalidad de leyes para involucrase en el asunto y revisar los fundamentos de la sentencia de primera instancia, saltándose la apelación y sin esperar al recurso que llevaría este caso ante el propio Tribunal. Un absoluto adelanto de opinión por lo que toca al amparo. Pero una violación también flagrante a los deberes vinculados a la supervisión del “estado de cosas” declarado en junio de 2010.

La mayoría del Tribunal, en la sentencia de diciembre, ha aceptado respaldar al cartel de las no licenciadas representado por 30 congresistas. Para saltarse los límites que le impone el procedimiento de supervisión aplicable a estos casos, la mayoría del Tribunal se ha limitado a declarar que no le alcanzan las objeciones hechas sobre la identidad de los 30 congresistas ni se siente vinculada por las 7 sentencias dictadas sobre este asunto, porque ninguna de ellas se refiere a la ley aprobada en mayo de 2022.

Cerraré estas líneas observando que el fallo de diciembre 2022 representa infracciones a la Constitución que sin duda este Congreso no estará interesado en procesar. Pero pronto vendrá otro. Entre tanto notaré que esta forma de proceder hace del fallo un documento inoponible ante terceros, especialmente ante el judicial.

Historia de una fuga narrativa

Antes de DIC7 Castillo enfrentaba un racimo de casos sobre corrupción distribuidos entre el Congreso y la fiscalía. Los dos últimos declarantes de esta historia, dos de casi una decena, el señor Marrufo y la señora Goray, estaban para entonces reconociendo sobornos pagados para Castillo, entre varias otras cosas. Los argumentos que reducían la importancia de estos testimonios a “solo dichos” empezaban a ceder: casi una decena de personas contando historias semejantes son una razón indiscutible para justificar un juicio. Aun así la oposición en el Congreso no tenía, nadie ha podido probar otra cosa, votos suficientes para destituirlo. El puesto de Castillo, la presidencia, no iba a ser declarado vacante en DIC7. Y, sin embargo, Castillo no quiso esperar el resultado de la votación en el pleno. Quiso anunciar que disolvería el Congreso antes que el Pleno desestime el tercer caso por vacancia presentado contra él. Mejor anticiparse que perder la oportunidad de proclamarse perseguido político, ¿verdad?

Después de DIC7 hemos insistido colectivamente en que Castillo debe ser condenado por el golpe de Estado que intentó ese día. La Corte Suprema ha confirmado ya que los hechos califican como un delito y que el proceso que ahora se sigue en su contra por ese hecho se justifica. Pero quizá deberíamos contar la historia de otra manera: Castillo quiso escapar de los casos por corrupción, sobre los que no había logrado tener control alguno, e intentó un golpe como parte de su plan de fuga. Insisto: el golpe es indiscutible y constituye un delito por sí mismo aunque no haya tenido éxito. Pero quizá la meta personal del autor, la subjetiva, la que da sentido a la historia, no haya sido sostenerse como dictador hasta el 2026. Quizá lo que Castillo quería era llegar a la embajada de México y asilarse en medio del golpe; adquirir artificialmente el perfil de un presidente de izquierda que intentó cerrar un Congreso dominado por la derecha.

López Obrador ha confirmado que Castillo había pedido asilo en México. No sabemos exactamente cuándo, pero cerró ese acuerdo. Y ahora sabemos que ese era el único acuerdo que tenía arreglado en DIC7. Dio el golpe sin tener un acuerdo con las fuerzas de seguridad para convertirse en dictador. Si reconstruimos las cosas desde esta evidencia, es simple notar que Castillo no fugó por que el golpe hubiera fracasado. Más bien usó el golpe como parte del escape. El golpe ocupa en esta historia el mismo papel que tienen los anaqueles que arroja al piso quien escapa por un estrecho corredor de los captores que le siguen.

Esta historia ha sido siempre una historia sobre corrupción. Sin embargo, casi 20 días después de DIC7, Castillo sigue en prisión solo por el golpe, no por los cargos por corrupción que provocaron tanto el golpe como su intento de fuga. Esta es la trampa en que hemos caído; la trampa que abre el espacio por el que se articula la artificial narrativa del perseguido que están reproduciendo seis países en la región. Si queremos contestarla, tenemos que equilibrar los soportes institucionales de esta historia: Debemos representar sin demora los cargos por corrupción que estamos dejando de lado en mandatos de detención independientes.

Las fugas por cierto no son solo físicas. También existen las fugas narrativas. Castillo ha escapado del caso sobre corrupción y se ha instalado a sí mismo en un espacio artificial ensamblado a la medida de la protección diplomática que anhela obtener. No parecería difícil reinstalarlo en el lugar que le corresponde, a no ser que acabe por cegarnos esa fascinación que parece estarnos concediendo presentarlo como golpista y olvidar que tenemos delante un Estado impregnado por corrupción.

Golpe y corrupción

Castillo fue detenido mientras intentaba escapar. Un caso policial en flagrancia sin duda. No imagino a nadie que pretenda que las autoridades tengan algún deber que les obligue a contemplar la fuga de un presidente pasivamente, sin ninguna reacción. Nada semejante puede deducirse de la Constitución para un caso de ese tipo.

En los hechos Castillo intentó dar un golpe de Estado el día que se discutiría su destitución por corrupción. Esta ha sido todo este tiempo, sigue siendo ahora, una historia sobre corrupción. Ninguna escisión que pretenda separar el intento de golpe de sus antecedentes inmediatos ayuda a entender las cosas. Tampoco ayuda a entenderlas dejarse deslumbrar por la espectacularidad del hecho ni por la enorme banalidad de sus formas. Este fue y sigue siendo un caso sobre corrupción presidencial.

Una versión del caso estaba registrada en el pedido original de destitución por vacancia. Otra está en la denuncia que la fiscal de la nación presentó al Congreso en octubre de este año. Puede no gustar a determinados observadores la identidad de los autores de estos documentos o sus trayectorias. Pero la identidad de los autores no invalida jamás los contenidos ni hace falsos los hechos. Lo contrario es sencillamente una forma de negacionismo.

Al momento de intentar fugarse Castillo acumulaba 9 testimonios que le incriminaban. Nueve. Salvo que las personas no nos importen, 9 testimonios convergentes son más que una buena razón para resolver esto en un juicio en forma. De modo que dejemos ya ese lugar vacío de contenido que pretende manipular el sentido que tienen las pruebas en casos reales. Los mitos sobre construcciones legales son eso, mitos. Y muestran absoluto cinismo cuando los usamos de manera distinta según simpaticemos o no con quien viene siendo acusado en base a ellos.

Destituido ya Castillo, las trabas que el 117 ponía para acusarle han quedado removidas. La comisión permanente del Congreso puede (y debe) acusarlo ante el pleno por corrupción. Aprobada la acusación, la fiscal de la nación podrá abrir en su contra un proceso en forma (la llamada “investigación preparatoria”) y solicitar, en el caso que mejor representa esta historia, se ponga a Castillo bajo prisión preventiva, una orden más fuerte que la detención preliminar que se le ha impuesto ahora, mientras se prepara el caso con el que será llevado a juicio.

La historia del golpe intentado aún no está completa. La fiscalía necesita establecer cuánto avanzó Castillo en el plan montado para alterar el orden constitucional. Conspiración o tentativa en el uso de las armas para sostener sus propósitos son las opciones bajo investigación. El golpe llegará a juicio cuando la Fiscalía esté lista para presentar acusación y libere el caso en un segundo antejuicio, que deberá comenzar en su momento. Pero eso tomará algún tiempo más. Pongamos entonces nuestras expectativas en el orden que a ellas corresponde.

Pero hay diferencias que hemos mantenido en estos años y ahora debemos empezar a resolver. Esto que hemos visto ha sido un golpe de Estado. El pleno del Congreso tendrá que calificarlo como tal en algunas semanas más. Mi voto porque al hacerlo el fujimorismo reconozca que, más allá de los resultados, no existe diferencia moral entre esto y lo que se hizo en abril del 92. Mi voto porque la izquierda no negacionista acepte que si condenó el golpe del 92 ahora debe condenar este, sin coartadas absurdas. Si alguna oportunidad existe para pedir finalmente perdón por lo que hemos hecho de un lado y del otro es esta. Un golpe es un golpe, sea quien sea el perpetrador. Y hasta aquí no hemos llegado si no es por responsabilidad de todos nuestros sesgos.

Los de todos los lados.

Nunca fue un pedido de confianza

 La única pregunta que queda en mi tintero es si Torres seguirá siendo el principal abogado de Castillo después de la semana que hoy termina. En su último movimiento, el penúltimo primer ministro parece haber creído que armaba una astuta plataforma para cerrar el Congreso al costo de su propia permanencia en el gabinete. Pero el ejercicio condujo a un grosero fiasco. Un flagrante papelón, sería mejor decir.

Quizá pasó por alto que Castillo no quiere cerrar este Congreso. Está demasiado cómodo con su inoperancia. No veo por qué querría reemplazarlo por uno nuevo que podría vacarlo al día siguiente de instalarse. Algo así le pasó a Vizcarra. Además, la Corte Suprema y el TC han confirmado, en las entrelíneas de sus dos últimas decisiones, que no admitirán que se pasen por alto los límites que impone el artículo 117 de la Constitución a la destitución del presidente en ejercicio por infracciones a la Constitución o por delitos, y que ni siquiera se le podrá llevar a investigación preparatoria mientras el 117 esté en vigencia. Caso cerrado. ¿Para qué entonces presionar al sistema?

Además de mantener el muro de votos que impide vacarlo, Castillo solo necesita ahora asegurarse de que el Congreso siga sin mover un dedo para suprimir el artículo 117 de la Constitución. Su tarea parece entonces sencilla.

En lo inmediato, el Congreso ya anunció que demandará al presidente por las declaraciones del jueves 24, en las que asumió que se había cumplido la primera de las dos denegaciones de confianza requeridas para cerrar el Congreso. Si la demanda se escribe sin las confusiones que hemos visto en otros casos (el caso por traición por ejemplo), el Tribunal Constitucional podrá descalificar su declaración muy fácilmente: para notar el abuso que representa la maniobra ensamblada por Torres basta con notar que solo en 6 días pasó de pedir, bajo cuestión de confianza, la derogación de la ley que regula las cuestiones de confianza (redundancia inevitable) a pedir la derogación de la ley sobre referéndum. El tema era claramente lo de menos; el objetivo era lanzar lo que sea.

En el primer caso, el Gobierno no había logrado que el TC declare que la ley en cuestión transgrede la Constitución. En el segundo caso, antes del pedido de confianza, el Gobierno había demandado ya la inconstitucionalidad, y perdió el caso el mismo jueves 24. Torres, en su último movimiento, estaba pidiendo que se deroguen leyes que había atacado sin éxito. Ni siquiera es necesario leer la ley que regula las cuestiones de confianza para notar que el ejercicio era desde el inicio un absoluto despropósito. Por vía de estas confianzas, Torres pedía al Congreso que le obsequie la derogatoria de dos leyes que no pudo hacer anular en el TC.

Quizá Torres pensó que planteando las cosas así, en el extremo de lo inviable, la denegatoria sería inminente. Craso error. En realidad estaba ofreciendo a Castillo algo que solo él mismo quería: cerrar el Congreso. Acaso no notó que la poca seriedad del movimiento era evidente desde el primer acto. Torres intentó construir una crisis artificial provocándola. Un cierre que representa con absoluta precisión lo falaz de su paso por el Gobierno de Castillo.

El juego queda entonces estancado. Si nada cambia, Castillo se queda; los casos en su contra seguirán siendo solo investigaciones preliminares hasta agosto del 2026; la primera cuestión confianza será desmontada; el Congreso no tocará el 117 y Betssy Chávez probablemente obtenga, incluso de la oposición, el voto de confianza.

Un largo invierno se avecina. Salvo, por cierto, que el Congreso finalmente deje de quitar el cuerpo al debate de fondo: la vigencia o supresión definitiva del artículo 117 de la Constitución.

Los controladores de escaparates

 El sistema político coloca en puestos de gobierno y representación a personas clientelistas y corruptibles. No porque ellos correspondan a las preferencias de los electores. Los coloca porque son funcionales a una serie extensa de intermediarios que controlan las candidaturas de una manera que se asemeja a la que se usaría para controlar los escaparates de un mercado instalado en una zona poblada por mafias y carteles.

La idea no es mía. Me baso en un par de conversaciones que he aceptado mantener en reserva, pero que me han dejado convencido de que esos intermediarios han logrado instalar entre nosotros una oferta política sujeta a su control. Encuentro que estos intermediarios han encontrado la forma de desalentar alternativas que podrían resultarles inmanejables. Aunque de cuando en vez algunas cosas se les escapen de las manos, esos intermediarios tienen ahora el control de una escena canibalizada por el permanente recambio que impuso la absurda prohibición de reelección parlamentaria que instalamos con el referéndum de 2018. Los títeres que ahora se eligen, porque usualmente eligen títeres, siguen siendo títeres porque con cargos no renovables les es imposible adquirir cualquier cuota de poder o influencia que los convierta en agentes autónomos frente al sistema. Terminado su ciclo en el Congreso dependerán de los controladores de escaparates para reubicarse en algún gobierno regional, en una municipalidad o en alguna otra burocracia.

Algunos de estos intermediarios son reyezuelos locales o regionales que han cambiado de liga aprovechando las grietas generadas en el sistema por los barones de la construcción (“El Club”) a partir de los casos Odebrecht. Hay quienes controlan franquicias; otros tienen fortunas que pueden mover por debajo de los radares de las autoridades. Y no faltan quienes tienen ambas cosas.

No se trata de un monopolio como el que pretendió instalar Montesinos en los 90. Se trata más bien de un mercado en permanente ebullición, en agresiva competencia. Los agentes de este mercado pueden aglomerarse alrededor de puntos fijos de ataque (Sunedu y género por ejemplo); pero no están alineados en torno a ideas o planes que les conviertan en organizaciones sostenibles. Más que tribus forman redes inestables que pueden desarrollar fisuras conforme se expanden y consolidan las posiciones que tienen ahora, pero pueden perder mañana.

Los controladores de escaparates de este periodo tienen características particulares. Se muestran obsesionados por mostrar que las instituciones, las reglas y el lenguaje no les interesan; que son capaces de sostenerse en el agreste potro del poder haciendo casi ningún esfuerzo por hacer algo parecido a gobernar. Son depredadores indiscriminados. Se exhiben sin recubrimiento alguno. Muestran un nivel de resistencia que no tuvieron sus más recientes antecesores. Y multiplican la tensión que generan sin importarles que al hacerlo pueden hacer estallar el andamiaje que les sostiene.

Precario equilibrio. Como ocurre siempre en los mercados ilegales, aquí la curva de crecimiento caerá en algún momento de manera abrupta. En este ciclo de expansión las ganancias y la avidez aumentan. Del baño de Pacheco a la 4x4 y de ahí al primer millón en sobornos. Difícil llegar a 30, porque para entonces los actuales controladores de escaparates serán reemplazados por otros, acaso los dueños de los edificios en que esos escaparates están instalados. Habrá nuevas subastas; subirán los precios de la corrupción y ellos no podrán pujar y serán delatados; delatarán a otros, fugarán o irán presos. Una mafia reemplaza casi siempre a otra cuando cambian los términos de intercambio.

Si no reaccionamos a tiempo, por supuesto.

Lavado de activos - La teoría del retorno

Esta nota intenta poner algo de orden en el debate, por cierto complejo, sobre las reglas del delito por lavar activos que volverán a ser revisadas por la Corte Suprema con ocasión al caso Humala, otros y otras. 

Propongo para estos fines 6 proposiciones:

1. La primera cuestión se refiere al asunto que se discutirá en la audiencia programada por la Corte para el 16 de noviembre. En ella no se discutirá el fondo del caso, que corresponde a la pregunta sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados. Se discutirá una excepción, esto es, una cuestión relacionada a las condiciones que deben cumplirse para que un caso pueda llegar a juicio. Las excepciones, en el lenguaje usual de los procedimientos judiciales, corresponden a lo que llamamos “cuestiones de previo pronunciamiento”. En ellas se discuten si un caso, tal como viene propuesto por la fiscalía, merece llegar a juicio o no. Para decirlo de una manera clara, cuando la Corte Suprema discute una cuestión sobre inocencia o culpabilidad el estándar para darle la razón a la fiscalía es el máximo imaginable: La Fiscalía debe haber probado su caso más allá de toda duda razonable. Cuando se discuten las condiciones para llegar al juicio el estándar es menor: La fiscalía debe poder mostrar que al menos teóricamente tiene en sus manos un caso que merece un debate público basado en pruebas. 

Esta diferencia es fundamental porque la Corte suprema no suele interrumpir juicios ya iniciados o por iniciar en atención a excepciones como la que aquí se ha propuesto. El asunto comienza entonces cuesta arriba para la defensa, aunque es imposible negar que la defensa ha planteado un debate difícil que merece ser tomado muy en serio y que está correctamente propuesto desde más de un punto de vista. Ocurre que la Corte Suprema es muy conservadora en estos asuntos y usualmente elige habilitar el juicio, no suspenderlo ni anularlo si la fiscalía muestra que el asunto merece una discusión razonablemente. De varias maneras la Corte Suprema ha mostrado una tendencia clara a interrumpir procesos en marcha en base a excepciones solo cuando la cuestión es muy clara, extremadamente clara a favor de una defensa que sostiene que el caso ni siquiera merece un debate. 

2. Los tribunales peruanos, no solo la Corte Suprema, suelen declarar que si los puntos en los que las partes discrepan dependen de pruebas, entonces el debate debe hacerse en un juicio público y no por separado, en un incidente o una audiencia previa sobre excepciones. En este caso, como en el caso de la señora Fujimori y otros, la fiscalía sostiene que puede probar en juicio que Odebrecht manejaba una lavandería. Y sostiene también que en las condiciones en que se hicieron las entregas de dinero con ocasión a las campañas, especialmente las del 2011, quienes recibieron los fondos debían saberlo y abstenerse de recibirlos y sin embargo los recibieron, acaso prefiriendo ignorar la posibilidad de que fondos entregados en efectivo y en reuniones privadas hubieran sido originados en una lavandería. Las defensas -todas, las de Humala y otros y las de la señora Fujimori y otros- sostienen que las entregas jamas ocurrieron. Jorge Barata y otros funcionarios de Odebrecht han dicho que sí, pero no aceptan que esa empresa manejara una lavandería. La fiscalía de hecho no tiene un caso contra Odebrecht ni contra sus funcionarios por cargos por lavar activos. El acuerdo de delación y premios que ha firmado Odebrecht con las autoridades peruanas no contiene ninguna referencia a lavado de activos y acaso esa es la mayor dificultad que enfrenta la fiscalía dada la forma en que ha organizado su caso. Pero la fiscalía sostiene que aún así puede probar todos los hechos que completan los elementos del delito, y sobre esa base pide llegar a juicio. La defensa sostiene que en estas condiciones el juicio es inútil; que basta con leer el relato de los hechos para constatar que ellos no contienen una historia sostenible sobre un caso por lavado de activos. Si la Corte Suprema encuentra que la cuestión no se puede resolver sin escuchar antes a los testigos y discutir los documentos que ha presentado la fiscalía en estos casos, desestimará la excepción. Pero eso no asegura que la fiscalía vaya a ganar el juicio. Para que el caso sea desestimado ahora la Corte debería concluir que el juicio es innecesario; que la historia está demasiado lejos de las reglas, y que el material acopiado por la fiscalía es por completo innecesario. Esto no es algo que suela hacer en casos de esta envergadura. 

3. Sin embargo varios de los principales observadores de esta historia han notado que es difícil que en el año 2011 alguien en el Perú haya “debido saber” que la lavandería de Odebrecht haya existido. Acaso las mejores opciones de la fiscalía vienen de la regla de la indiferencia, pero la Corte Suprema aún no ha emitido una decisión que confirme que la indiferencia puede ser suficiente para casos de este tipo. Y la fiscalía aún no ha explicado claramente, sin duda deberá hacerlo en la audiencia del 16 de noviembre, como pretende construir en el juicio un caso sobre lavado de activos basándose en la declaración de arrepentidos y delatores premiados que sostienen que jamás lavaron activos, cuando ella misma no ha presentado contra ellos cargos basados en las reglas de ese delito. 

A esto se agregan las opiniones de algunos de nuestros principales expertos: Percy García Cavero ha sostenido más de una vez que el deber vinculado al “saber” de dónde viene el dinero que se recibe es algo que depende de normas de derecho positivo que en el 2011 no existían para quienes se dedicaban a la política. Carlos Caro ha puesto en duda que la forma en que Odebrecht juntó el dinero que empleó en el pago de sobornos en América Latina corresponda propiamente a la organización de una lavandería. Yván Montoya e Iván  Meini discrepan con ambos en los dos puntos que acabo de mencionar. Y estamos hablando de cuatro de los más importantes profesores universitarios en derecho penal material del medio. Difícil aceptar que un debate de esta envergadura pueda resolverse de plano, en una excepción, sin un juicio, sin escuchar a los testigos y sin debatir el alcance de los documentos que se han puesto a debate. Pero es igualmente difícil negar solidez y seriedad al debate que ha planteado la defensa en este caso. 

4. Los casos difíciles son exactamente eso: Casos en los que podemos reconocer una respuesta como correcta, pero en los que estamos también obligados a aceptar que las respuestas que no elegimos, las que no corresponden a nuestras perspectivas y preferencias, son también respuestas que merecen ser tomadas en serio. 

5. A este complejo panorama debo agregar una cuestión final: En la audiencia del 16 de noviembre la defensa pedirá a la Corte Suprema que reciba como propia una teoría sumamente compleja y discutible sobre las reglas del delito relacionado a lavar activos. Se trata de la teoría del retorno, que sostiene que solo lava activos quien organiza un evento destinado a que los fondos que inyecta en la economía regresen a sus manos convertidos en fondos “limpios”. La teoría por cierto existe en el derecho comparado y no tiene nada de insensata. Pero no encuentro claro que ella corresponda a la forma en que se han escrito las normas sobre lavado de activos en nuestro país. Aquí las cuestiones a resolver dependen de la forma específica en que se organiza cada catálogo de delitos en la ley, no de la forma en que nos gustaría que la ley esté escrita. Hay países en los que determinados delitos complejos como los fraudes en contratos públicos solo se sancionan cuando incluyen documentos falsos o engaños, o perjuicios efectivos impuestos al patrimonio del Estado. En el Perú las cosas no son así: Los casos por colusión se sancionan también cuando no se causan daños al patrimonio del Estado; basta que un funcionario se ponga de acuerdo con un particular para violar las reglas de contratación pública. Los ejemplos pueden multiplicarse: Hay países en los que solo se sanciona como malversación de fondos públicos las operaciones de determinada envergadura; en nuestro caso el monto no importa. Pues bien. Es perfectamente posible imaginar un país en el que solo se sancione como delito lavar activos para que los fondos retornen “inmediatamente” o casi inmediatamente a las manos del lavador, de modo que el “lavador ingenioso” el que invierte fondos delictivos apostando a un retorno posterior, no inmediato o casualmente vinculado a la escena quede impune. Creo que este no es nuestro caso. Las normas sobre lavado de activos sancionan la conversión o transferencia de fondos de origen delictivo realizada en condiciones organizadas para ocultar la fuente. No incluyen el retorno como elemento del delito. No en el texto de las normas. Encuentro por eso difícil, aunque no imposible, que la Corte Suprema, en el estado en que se encuentra su jurisprudencia, decida interpretar las leyes vigentes para introducir un elemento que recortaría el alcance de las reglas sobre este delito. La jurisprudencia y la ley han ido a lo largo de esto este siglo ampliando su alcance, no recortándolo. 

6. No dudo que en el plan subjetivo de quien lava dinero pueda reconocerse “el retorno” como una disposición subjetiva, como un objetivo final, como un motivo del crimen. Pero que los fondos lavados retornen “de inmediato” a las manos del lavador que los ha originado no es un asunto que aparezca mencionado en nuestras leyes como necesario para la consumación de este delito. De hecho el retorno, cuando sea que ocurra, pronto o después, es un asunto que corresponde a lo que en el lenguaje del derecho se llama “agotamiento”; la realización en los hechos de propósitos o móviles subjetivos que están en la mente del autor, pero de los que la ley se desinteresa. 

Por cierto Odebrecht es uno de esos autores que manejan el modo de perpetrar sus delitos “en el borde” del texto de la ley: los sobornos se pagan después de los hechos, no antes, y el dinero se lava para que retorne en ganancias lícitas de proyectos futuros en condiciones inciertas que le permitieron apostar a financiar elecciones para luego “dejar de pagar por cada contrato ganado”. A partir de determinado momento Odebrecht invirtió en su propio posicionamiento considerando eficiente apostar por un retorno diferido en contratos futuros . Si las leyes estuvieran escritas de otra forma tal vez sería difícil o acaso imposible alcanzar su comportamiento bajo estas reglas. Pero sería una concesión a la habilidad del autor, no una decisión basada en teorías infranqueables. Nuestras leyes describen la consumación como actos de filtración de fondos en la economía. El retorno, a mi entender, no aparece en los elementos del delito. Aparece solo como la constatación sociológica del plan teórico de un autor que, por ende, puede organizar las cosas para que se produzcan de inmediato o de manera diferida 

El debate de la audiencia que sigue será, como puede verse, muy complejo. Como en todo caso difícil no generará una decisión que sea aprobada por unanimidad. Por eso es tan importante que terminemos aceptando, sea cual sea el fallo y sean cuales sean nuestras objeciones, la decisión final que la Corte adopte, incluso aunque no nos agrade.

Los mínimos morales

 En otras condiciones el debate abierto sobre las alternativas para resolver el caso Castillo tendría que haber conducido a alguna decisión en el Congreso. Pero no ha producido ninguna. En el medio, el intento por filtrar una consulta al Constitucional en el ómnibus de una demanda sobre otros asuntos fue desestimado ya. La Comisión de Constitución no ha hecho ningún esfuerzo por definir como debe emplearse el artículo 117 de la Constitución. Ni la de Justicia por definir bajo qué condiciones puede la Fiscalía llevar un caso de este tipo a investigación preparatoria.

El silencio del Congreso parece haberse establecido para intentar, en tercera insistencia, llegar a los 87 votos que requiere la vacancia. Pero la oposición no los tiene. Por eso la insistencia resulta sospechosa.

En medio de este silencio, esta semana estalló la tensión incubada en el caso sobre los fondos para campañas políticas filtrados por Odebrecht. La Fiscalía no quiere tener al juez San Martín en la siguiente audiencia de este caso: ya se rechazó su pedido para separarle, pero insiste. Al mismo tiempo, la Junta Nacional de Justicia nos dejó saber que tiene una postura incriminatoria contra la presidenta del judicial que deberá ser resuelta antes que se discuta su ratificación, que acaba de ser dejada en suspenso.

La fiscal de la nación, a pesar del considerable capital que ha acumulado en este periodo, no ha hecho ningún comentario sobre estos impasses. Y con ese otro silencio ha abierto ella misma las puertas a una corriente que demanda soluciones a los problemas que arrastra por la forma en que manejó los primeros cambios en las fiscalías y el caso de la jueza Benavides, su hermana.

¿Cómo caracterizar la canibalización en que nos estamos metiendo? Nunca nos hemos caracterizado por sostener periodos de equilibrio institucional por demasiado tiempo. Y algunos de los que creíamos emblemáticos, la transición pos 90, por ejemplo, han quedado impregnados por el impacto de las revelaciones sobre corrupción, las que parten de los casos Odebrecht desde diciembre del 16. Hasta hace solo algunos meses parecía que podíamos apostar, con todo lo riesgoso que venía siendo, a construir mínimos morales a partir de la enorme autonomía que han construido para sí los tribunales y las fiscalías, especialmente después de la crisis del 19, cuando se descubrió la red de los llamados “Cuellos Blancos”. Sin embargo, nos está ocurriendo aquí lo mismo que ocurre en cualquier desbalance institucional: cuando un agente no encuentra contrapesos que le limiten, se desborda; pierde toda noción de prudencia y ataca impulsivamente todo lo que se le opone, sin reparar en que al hacerlo daña los propios fundamentos de su posición institucional.

Pasó con la mayoría absoluta del fujimorismo en el Congreso del 16. Pasa con los órganos del sistema de justicia, ahora mismo, ante nuestra mirada. La confrontación que está explotando entre las fiscalías, el judicial y la Junta Nacional de Justicia puede terminar de dejarnos sin refugio si no la detenemos de inmediato.

¿Qué hacer? Una tregua. No veo dificultad en que, dado el estado de cosas, la Junta suspenda las ratificaciones de supremos, la Fiscalía encargue el caso de la jueza Benavides a un fiscal ad hoc y acepte la conformación de la sala que verá el caso Humala y el judicial pase a ayudarnos a establecer cuál puede ser la mejor ruta equilibrada que puede permitirnos recuperar el orden en los casos Castillo.

Después de todo está por llegar una Misión de la OEA. Y el enorme desorden que se acaba de generar no corresponde en absoluto a lo que han representado nuestras instituciones legales en este último tiempo.

Más que nunca, es ahora cuando tenemos la palabra.