En otras condiciones el debate abierto sobre las alternativas para resolver el caso Castillo tendría que haber conducido a alguna decisión en el Congreso. Pero no ha producido ninguna. En el medio, el intento por filtrar una consulta al Constitucional en el ómnibus de una demanda sobre otros asuntos fue desestimado ya. La Comisión de Constitución no ha hecho ningún esfuerzo por definir como debe emplearse el artículo 117 de la Constitución. Ni la de Justicia por definir bajo qué condiciones puede la Fiscalía llevar un caso de este tipo a investigación preparatoria.
El silencio del Congreso parece haberse establecido para intentar, en tercera insistencia, llegar a los 87 votos que requiere la vacancia. Pero la oposición no los tiene. Por eso la insistencia resulta sospechosa.
En medio de este silencio, esta semana estalló la tensión incubada en el caso sobre los fondos para campañas políticas filtrados por Odebrecht. La Fiscalía no quiere tener al juez San Martín en la siguiente audiencia de este caso: ya se rechazó su pedido para separarle, pero insiste. Al mismo tiempo, la Junta Nacional de Justicia nos dejó saber que tiene una postura incriminatoria contra la presidenta del judicial que deberá ser resuelta antes que se discuta su ratificación, que acaba de ser dejada en suspenso.
La fiscal de la nación, a pesar del considerable capital que ha acumulado en este periodo, no ha hecho ningún comentario sobre estos impasses. Y con ese otro silencio ha abierto ella misma las puertas a una corriente que demanda soluciones a los problemas que arrastra por la forma en que manejó los primeros cambios en las fiscalías y el caso de la jueza Benavides, su hermana.
¿Cómo caracterizar la canibalización en que nos estamos metiendo? Nunca nos hemos caracterizado por sostener periodos de equilibrio institucional por demasiado tiempo. Y algunos de los que creíamos emblemáticos, la transición pos 90, por ejemplo, han quedado impregnados por el impacto de las revelaciones sobre corrupción, las que parten de los casos Odebrecht desde diciembre del 16. Hasta hace solo algunos meses parecía que podíamos apostar, con todo lo riesgoso que venía siendo, a construir mínimos morales a partir de la enorme autonomía que han construido para sí los tribunales y las fiscalías, especialmente después de la crisis del 19, cuando se descubrió la red de los llamados “Cuellos Blancos”. Sin embargo, nos está ocurriendo aquí lo mismo que ocurre en cualquier desbalance institucional: cuando un agente no encuentra contrapesos que le limiten, se desborda; pierde toda noción de prudencia y ataca impulsivamente todo lo que se le opone, sin reparar en que al hacerlo daña los propios fundamentos de su posición institucional.
Pasó con la mayoría absoluta del fujimorismo en el Congreso del 16. Pasa con los órganos del sistema de justicia, ahora mismo, ante nuestra mirada. La confrontación que está explotando entre las fiscalías, el judicial y la Junta Nacional de Justicia puede terminar de dejarnos sin refugio si no la detenemos de inmediato.
¿Qué hacer? Una tregua. No veo dificultad en que, dado el estado de cosas, la Junta suspenda las ratificaciones de supremos, la Fiscalía encargue el caso de la jueza Benavides a un fiscal ad hoc y acepte la conformación de la sala que verá el caso Humala y el judicial pase a ayudarnos a establecer cuál puede ser la mejor ruta equilibrada que puede permitirnos recuperar el orden en los casos Castillo.
Después de todo está por llegar una Misión de la OEA. Y el enorme desorden que se acaba de generar no corresponde en absoluto a lo que han representado nuestras instituciones legales en este último tiempo.
Más que nunca, es ahora cuando tenemos la palabra.
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