Mirando el tiempo futuro

EL ACUERDO CON ODEBRECHT

ES LA JUSTICIA LA QUE DEBE HACERSE CARGO DE ASUNTOS DEL PASADO. ALA POLÍTICA LE TOCA EL TIEMPO FUTURO.

La semana anterior estuvo impregnada por un debate de dos días desarrollado en el Congreso sobre el tercero de los acuerdos firmados por el Estado con Odebrecht. Mirando ese debate en retrospectiva es preciso notar la ausencia de comentarios de fondo sobre el sentido y el destino final de esta historia. Hemos presenciado una discusión en la que no se ha echado una mínima mirada, ni por asomo, al futuro de las cosas, que es el terreno en que se definen las políticas públicas, el terreno en que se toman decisiones constructivas y se ensamblan metas, alianzas y acuerdos. Sobre esto, sobre la forma de describir el presente para obtener y crear equilibrios al menos transitorios, hemos escuchado en estos días muy poco o simplemente nada.

El Congreso se ha limitado a discutir si el Ejecutivo (procuraduría incluida) “lo hizo bien” en el tercer acuerdo (no en el primero, no en el segundo). Encerrado en este cuadrante, el Congreso convirtió una cuestión sobre políticas públicas en un remedo de discusión legal sobre responsabilidades derivadas de eventos ya ocurridos. Y de eventos que, además, tienen un significado que se ha mantenido en absoluta penumbra.

La escena, entonces, se perfila como una muestra palmaria de la enorme fuerza absorbente que ha adquirido entre nosotros el lenguaje que se escribe en tiempo pasado. El 2018 comenzó con el debate sobre el indulto ya anulado que Kuczynski entregó a Fujimori, pasó por la destitución del propio Kuczynski, el retiro de Kenji Fujimori del Congreso y la detención de Keiko y cerró con la crisis del Judicial y el referéndum. En un entorno político vaciado de contenido propio, el lenguaje de las responsabilidades ha instalado entre nosotros una suerte de agujero negro que se lleva cualquier oportunidad de iniciar una discusión mínimamente constructiva. Estamos entrampados en la cuestión sobre los culpables; inhabilitados por nosotros mismos para crear escenas conjuntas en que podamos organizar algo distinto a un linchamiento. Hemos perdido la brújula que nos permite organizar acciones conjuntas mirando hacia adelante.

Es la justicia la que debe hacerse cargo de asuntos del pasado. A la política le toca el tiempo futuro. Pero el tiempo futuro está ausente de nuestro horizonte verbal.

La política es evanescente cuando se ancla en el lenguaje de los culpables. Pierde todo contenido práctico. Y ahí es exactamente donde estamos entrampados.

Si cambiamos el eje de referencia, la cuestión a resolver sobre los acuerdos firmados con Odebrecht es cómo pasamos de los aproximadamente S/ 1.000 millones que la procuraduría ha comprometido o está embargando (separados los impuestos) a los S/1.200 millones por daños que, hasta ahora, ha estimado la contraloría deben ser cobrados en reparaciones. Por supuesto, deben revisarse las bases del tercer acuerdo. Pero eso le toca ahora al Judicial. El Judicial deberá establecer por ejemplo si los cálculos hechos con ocasión de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (de ahí vienen los fondos del tercer acuerdo) han sido correctos. Será además el Judicial el que confirme que el tercer acuerdo no contiene candado alguno que impida al Estado firmar un cuarto, un quinto o un sexto acuerdo sobre otros proyectos destinados a elevar el monto de las reparaciones (los números de la contraloría son, además, provisionales). Toca a la fiscalía afinar las evidencias de los siguientes casos (Odebrecht va aceptando ser responsable en 5 de 23 casos posibles, considerando Chacas). Toca al Ejecutivo bloquear toda reclamación posible de Odebrecht por vía arbitral para evitar que las reparaciones que está obteniendo se reduzcan por estratagemas indirectas.

Pero más importante aún: toca al Ejecutivo afinar los planes necesarios para reactivar la venta de los otros dos grandes proyectos de los que Odebrecht debe salir: Olmos y Chavimochic. La más importante fuente de fondos para alcanzar la meta de S/1.200 millones en reparaciones es la venta de esos proyectos, anunciada desde finales del 2016 pero congelada durante todo este tiempo.

En términos de políticas públicas la meta en ese caso es el incremento de las cifras de la reparación. Esta meta se alcanza en la combinación de un proceso intenso de obtención de nuevas evidencias asociadas a los casos pendientes y una acción pública específicamente dirigida a cambiar al controlador de la explotación de dos megaproyectos que aún están en manos de Odebrecht.

La discusión sobre los hechos del pasado no debe detenerse. Pero le toca a los tribunales de justicia. La discusión que conforma la política en sentido propio es la que involucra la organización del futuro por construir. El futuro práctico, no el soñado o fantaseado, se construye en presente progresivo, día a día, en el desarrollo de actividades dirigidas a metas concretas, susceptibles de ser medidas. 

Afinemos entonces nuestra mirada. Necesitamos nuevos ejes de referencia de una vez por todas.

Publicado en El Comercio el 25 de marzo de 2019

Los 5 errores que están detrás de las 21 preguntas al Ministro Zeballos

Interpelación al ministro Zeballos: cinco errores en las 21 preguntas

Este jueves el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, será interpelado en el Congreso por el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Pliego de interrogantes tendría contradicciones y violaría confindencialidad en caso Lava Jato.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, asistirá este jueves en el Congreso a responder 21 preguntas sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

La moción fue promovida por la congresista Yeni Vilcatoma, quien alega que el convenio perjudica los intereses del Estado en el caso Lava Jato a través de una reparación civil que considera irrisoria.

Sin embargo, en las interrogantes que plantearán al ministro Zeballos habría contradicciones y violaciones a la confidencialidad del proceso que lleva el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría del Caso Odebrecht. Así lo explicó el abogado César Azabache.

Reparación civil y dos errores

La indemnización calculada, a través del acuerdo, es de US$ 245 millones y será pagada por Odebrecht en 15 años. Pero el monto es criticado por el fujimorismo y el Apra, y, principalmente, por Vilcatoma. Azabache aclaró que la reparación civil en este convenio es la tercer monto estipulado para pagar el Estado en base a la venta de activos de la Hidroeléctrica Chaglla.

“Los US$ 245 millones no son la reparación que Odebrecht le debe al Estado, ni son el resultado de una medición de daños. La tercera cifra acordada para pago representa apenas el monto disponible para reparación que se obtuvo como resultado de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla”, precisó en su cuenta de Facebook.

Esta explicación apunta a la pregunta N° 4 del pliego interpelatorio con Zeballos: “¿Es cierto que el “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios”, suscrito por el Procurador Ad Hoc con la empresa Odebrecht, se ha establecido por concepto de reparación civil, un monto ascendente tan solo a 610 millones de soles?”.

La otra preocupación – y error en el pliego interpelatorio – es que para revisar el monto, también se tiene que analizar qué información brindará Odebrecht a cambio. Si el Congreso hace dicha verificación, según Azabache, se estaría violando la confidencialidad del acuerdo. “ Esas evidencias deben mantenerse en reserva hasta que se apruebe el acuerdo. Están bajo embargo hasta la aprobación y ese embargo debe ser respetado por la Fiscalía y la Procuraduría”, precisó.

Tercer error: el mito de los cuatro casos

La critica de Vilcatoma al acuerdo también dispara contra la cantidad de proyectos investigados. Por eso la pregunta N° 8 de la interpelación cuestiona la cantidad de proyectos abordados en el convenio. Si bien, se enfoca en cuatro obras, (Tren Eléctrico, IIRSA, Costa Verde del Callao y Vía de Evitamiento del Cusco), es porque son las únicas en las que Odebrecht ha admitido delitos, eso no exime ni limita la pesquisa contra más edificaciones, según Azabache.

“El acuerdo no cierra la lista de proyectos y sobornos que pueden investigarse. Hace muy poco Caretas sostuvo que las investigaciones pueden estirarse hasta comprender 23 proyectos”, refutó.

Cuarto error: violación de Autonomía

Cabe precisar además que el reciente acuerdo del Equipo Especial con Odebrecht, es el tercero que se suscribe por Lava Jato. Pero este útimo aún no es ratificado por el Poder Judicial. Por lo tanto, su contenido no puede ser debatido públicamente en el Parlamento.

Pero la interpelación en sus preguntas 9, 10, 11, 16, 18, 19 lapidarían el contenido de acuerdo al tratarse de información confidencial. 

“Organizar una sesión pública en el Congreso para debatirlo es prematuro. Pero más grave que eso, constituye un caso de interferencia en un asunto sujeto a los tribunales de justicia”, refirió Azabache.

En ese sentido, adelantarse al fallo del PJ violaría la autonomía de poderes. “Un caso de interferencia entre poderes que, por cierto, podría ser llevado ante el Tribunal Constitucional y recuerda la teoría sobre “obstrucción institucional” que ensambló al juez Richard Concepción Carhuancho en base a la propuesta del fiscal José Pérez Gómez”, sostuvo.

Quinto error: es el único acuerdo de colaboracón.

El primer acuerdo con Odebrecht fue firmado el 4 de enero del 2017 cuando el fiscal Hamilton Castro estuvo a cargo del Equipo Especial. El segundo fue suscrito el 30 de octubre por el caso La Centralita. “Las preguntas parecen inspiradas en el error de creer que el acuerdo de los ahora US$ 245 millones es “el” acuerdo. No es así. Es solo el acuerdo de una cadena que comenzó en enero del 2017”, puntualizó.

Publicado en La República, el 20 de marzo de 2019

Lavado de Activos. La recognoscibilidad del otro.

Enlace al artículo en Lampadia

Las ganancias ilícitas reconocidas

EL MONTO DE LO QUE ODEBRECHT PUDO HABER GANADO EN EL PERÚ FRUTO DE LOS SOBORNOS

El tercer acuerdo firmado por el Estado con Odebrecht eleva la suma de las compensaciones pactadas de US$28 millones –que teníamos a octubre del 2018– a US$273 millones, considerando intereses. A esta, hay que agregar otros US$60 millones en embargos ya impuestos a terceros. E insisto, falta aún que Odebrecht renuncie a hacer efectivo cualquier cobro por laudos arbitrales en ejecución o pendientes de emitirse. Falta que el Estado reciba una compensación adicional por los sobornos que se haya pagado por arbitrajes. Y falta que se pague una compensación por haber filtrado fondos en el sistema político, sea que consideremos estos últimos como actos delictivos (lo son para mí) o no.

Todo esto aún sin contar los montos que habrá que sumar a la lista por el acuerdo con Josef Maiman, que ya ha sido anunciado, y los que a partir de ahora firmen las empresas acusadas de haberse consorciado con Odebrecht sabiendo de los sobornos que se pagaban. 

En estas condiciones, me habría gustado entonces concluir que la senda está ya trazada y que solo queda seguirla. Pero temo que no es así. Los números de este caso se siguen moviendo y estos nuevos movimientos deben traer nuevas consecuencias: acaso confirmatorias, acaso no.

En diciembre del 2016, Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en el Perú por US$29 millones. Pero la contabilidad de pagos ilegales al momento de anunciarse el tercer acuerdo había sobrepasado ya los US$50 millones. Y con la primera rueda de declaraciones posteriores al tercer acuerdo, la cantidad reconocida en sobornos ha traspasado ya los US$81,76 millones, sin contar los fondos filtrados en campañas políticas.

Las cifras, evidentemente, han estallado. Y esto, sin duda, es perturbador.

En las matemáticas de la corrupción ha sido usual reconocer alguna relación entre los sobornos pagados y las ganancias ilícitas reconocidas por aquel que paga. Los coeficientes de rentabilidad de los sobornos son siempre relativos, pero los US$29 millones admitidos en diciembre del 2016 parecían guardar alguna relación con los US$143 millones que en la misma fecha Odebrecht admitió como ganancias ilícitas obtenidas en el Perú. Eran US$4,9 por cada dólar pagado en sobornos.

Pero ahora que los sobornos reconocidos sobrepasaron los US$81,76 millones, ¿a cuánto debemos asumir que ascienden las ganancias ilegales de Odebrecht? ¿Siguen siendo US$143 millones? ¿Debemos entonces aceptar que Odebrecht hizo lo que hizo para ganar menos de un dólar por cada dólar pagado en sobornos? No lo creo.

Nadie paga sobornos de manera sistemática si no es dentro de un esquema general organizado para ganar dinero. Por lo mismo, la compensación total que el Estado reciba al final de esta historia debe mantener alguna relación con el monto de las ganancias ilícitas que logren identificarse. Sea cual sea la teoría que adoptemos, las consecuencias de un acto ilegal deben compensar a quien sufre su perpetración y desestimar nuevas ofensas. El crimen debe ser más caro que el respeto a la ley. Por lo tanto, la compensación que paga el que cometió un crimen debe ser mayor a las ventajas que obtuvo al ejecutarlo.

Aunque nuestras normas actuales naveguen por trochas insondables, sigo creyendo que la compensación final que pague Odebrecht por estos casos debe aproximarse, pero no ser menor, al doble de las ganancias ilícitas que obtuvo.

El concepto es incierto, de modo que habría que revisarlo. Aunque esto todavía es una sospecha, me permito suponer que las ganancias ilícitas reconocidas por Odebrecht en la confesiones de diciembre del 2016 se referían a un excedente no declarado para fines de impuestos como utilidad que podría equivaler a la “cuota” que la “operación Perú” transfirió a ese bolsón de fondos por lavar que hemos convenido en llamar caja 2. ¿Cómo se formó ese excedente? ¿Incluye los fondos que Odebrecht aparentemente hizo devolver a las consorciadas como una especie de cupo impuesto por el lugar que tuvieron en sus principales proyectos? ¿Incluye falsos proveedores que puedan haberle permitido simular gastos para retirar del Perú fondos que, de otra manera, tendrían que haber engrosado la cifra de utilidades declaradas ante la Sunat? No lo sabemos aún, pero parece imperativo saberlo. Porque los US$143 millones que Odebrecht reconoció en diciembre del 2016 (cuando sostenía que solo había pagado en el Perú US$29 millones en sobornos) son insostenibles como referencia práctica a estas alturas.

La legitimidad final de los acuerdos que Odebrecht firme con el Estado (apenas vamos en el tercero) depende, entre otras cosas, de que podamos resolver esos dilemas.

Las cifras se han movido. Esto es innegable. Y en su vertiginoso movimiento se encuentran las claves del proceso que debe conducirnos a una compensación final que podamos reconocer colectivamente como algo aceptable.

Publicado en El Comercio, el 25 de febrero de 2019.

Nota técnica caso Odebrecht - Las cifras.

Las reparaciones

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ODEBRECHT

UNA BUENA MANERA DE CONTROLAR LA ACEPTABILIDAD DE ESTA COMPENSACIÓN CONSISTE EN MARCAR COMO MÍNIMO A PERCIBIR EL DOBLE DE LAS GANANCIAS ILÍCITAS QUE HA RECONOCIDO HABER GENERADO EL CORRUPTOR

El intento de indulto, la vacancia, el descubrimiento de una mafia enquistada en el Judicial, el referéndum, la detención de Keiko Fujimori, el Caso Chávarry y la desarticulación de Fuerza Popular. El 2018 fue un año en que vivimos en peligro. Y eso no deja de tener consecuencias.

Los ciclos políticos que adquieren la intensidad de una montaña rusa sin barandas inoculan en el sistema cierta dependencia a vivir en medio de una insana adrenalina. Una adrenalina que nos envuelve en un ambiente predominantemente apocalíptico en el que insistimos en lanzar denuncias tortuosas ante cada evento nuevo, sin concedernos espacio para reconocer los momentos en los que logramos alcanzar determinadas metas concretas. Correctamente abordados, esos momentos deberían permitirnos reconocer que no todo se limita a repetir fracasos en nuestra difícil vida institucional.

Por lo qué toca a los casos Odebrecht, he insistido en que los dos grandes hitos que debemos sostener como objetivo colectivo corresponden a la reparación de los daños causados al Estado y el inicio de los juicios.

Para entender el proceso, es imprescindible notar que el acuerdo de reparación anunciado por la fiscalía y la procuraduría especial no es en verdad ni el primero ni el último que contiene el proceso. Primero fue el acuerdo de enero del 2017, que liberó la evidencia con que se lanzó el caso del metro de Lima y generó los primeros US$8 millones de compensación. El segundo se aprobó en octubre del 2018 y representó US$20 millones adicionales por el Caso Chacas. Este, el que ahora discutimos, no es entonces el primer acuerdo ni tiene por qué ser el último que se firme. Con él las compensaciones que el Estado pone sobre la mesa incorporan US$190 millones adicionales. Y aún hay que agregar los US$60 millones que la procuraduría ha obtenido en embargos vigentes impuestos a personas individuales y a otras empresas vinculadas al caso. Son entonces US$278 millones y aún falta definir a cuánto ascenderá la reparación que deberá pagar Odebrecht por haber filtrado en el sistema político US$8,4 millones reconocidos de manera clandestina. Si mantenemos las proporciones, la reparación por los casos relacionados con actividades políticas debería alcanzar alguna cifra ubicada entre US$20 millones y los US$40 millones adicionales, de modo que podríamos estar por superar, en cálculos conservadores, los US$298 millones.

Y la lista de compensaciones debería incluir además el acuerdo con Josef Maiman y acaso con alguna de las empresas que en su momento se asociaron a Odebrecht.

Una buena manera de controlar la aceptabilidad de esta compensación consiste en marcar como mínimo a percibir el doble de las ganancias ilícitas que ha reconocido haber generado el corruptor. En las confesiones de Washington Odebrecht no solo aceptó haber pagado en el Perú US$29 millones en sobornos. También aceptó haber acumulado US$143 millones en ganancias ilícitas. La cifra aún requiere más de un ajuste, porque los US$29 millones en sobornos inicialmente reconocidos son ahora US$50. Pero mientras se revisan los números (los US$143 millones podrían transformarse, aún no lo sabemos, en US$245) el doble de las ganancias ilícitas admitidas hasta ahora equivale a US$286 millones. Mientras las cifras se ajustan, estamos acercándonos a superar el borde de lo mínimo aceptable con comodidad.

Entonces la senda de la compensación de los daños ha sido establecida. Para reconocer la razonabilidad de la cifra nos faltará por cierto tener además alguna idea de la cantidad de evidencia que estos acuerdos producen. Pero mientras la evidencia se acopia y se introduce a los casos en preparación, debemos mirar el proceso en perspectiva y no concentrarnos solo en los US$190 millones de este acuerdo. Solo US$190 millones en efecto serían muy poco. También habría sido poco quedarnos con los US$8 millones del primer acuerdo o los US$20 del segundo. Considerar estos acuerdos en conjunto es ahora fundamental.

Entonces colectivamente toca ahora concentrarnos en las acusaciones que esperamos y el inicio de los juicios, que debería ocurrir durante el segundo semestre de este año. Son ellos, no estos acuerdos ni las audiencias de prisión preventiva, los que deben ofrecernos un espacio suficientemente sólido para discutir las diferencias entre lo justo y lo posible de esta historia de manera definitiva.

Publicado en El Comercio el 28 de enero de 2019

Sobre un tejado caliente

EL CASO PEDRO CHÁVARRY

EL CASO CHÁVARRY HA PUESTO EN EVIDENCIA NUESTRA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR EL PROCEDIMIENTO QUE CONDUCE A LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE LA NACIÓN.


El señor Chávarry acaba de cerrar, de la peor manera, una larga lista de desaciertos que comenzó a desplegarse el día que se precipitó a tomar el cargo. Para entonces varias voces le habían pedido retrasar la ceremonia de su investidura para escuchar primero sus explicaciones sobre el sentido de sus conversaciones con el señor Hinostroza, que era entonces presidente de una sala en la Corte Suprema, y hoy espera una decisión final sobre su extradición desde España.

Primero, se negó a ofrecer cualquier explicación. En lugar de poner punto final a esta historia, mintió. Quiso obtener el apoyo incondicional de las juntas superiores de fiscales y no pudo. Se disculpó a medias, pero volvió a la carga en defensa de su asiento cuando la fiscal Castro puso por escrito sus sospechas sobre sus relaciones con el señor Hinostroza. El fujimorismo lo defendió de manera sospechosa aun antes de que la señora Fujimori fuera detenida. Y en lugar de cortar las aguas en defensa de las investigaciones de la fiscalía, decidió emprender la lucha contra el equipo especial a cargo de los casos Odebrecht. Ha querido reemplazar a los señores Vela y Pérez por los señores Almanza y Páucar, pero ambos han declarado que no asumirán el cargo. Así, multiplicando ‘impasses’ generados por su insistencia en sesgarse, el señor Chávarry ha intensificado su propio deterioro de una manera inconcebible. Solo el señor Kuczynski y la señora Fujimori han perdido tanto poder en tan poco tiempo.

Ciclos de deterioro del poder como este deberían desembocar siempre en el retiro prudente de quien comienza a errar. Pero ocurrió que el señor Chávarry decidió al comienzo de este período de caída libre no renunciar al cargo. Decidió aferrarse a él empleando las llaves formales que lo atornillaron al puesto. Con las reglas actuales el fiscal de la Nación no podía ser retirado contra su voluntad sin ser propiamente destituido. Para destituirlo se hacía imprescindible romper el cerco que, al menos hasta ahora, había establecido la mayoría del Congreso a su alrededor. Experta en explotar los alambiques del retardo, la mayoría actual habría tenido que entrar en razón o romperse para cancelar el nombramiento del señor Chávarry como magistrado. Un caso criminal absolutamente claro y concluyente al menos en este momento, no existía, no al menos en una versión suficientemente fuerte; pero un caso de infracción a la Constitución, sí.

Entonces el Caso Chávarry ha puesto en evidencia nuestra urgente necesidad de reformar el procedimiento que conduce a la designación del fiscal de la Nación. Parece mentira que no nos hayamos dado cuenta en la transición de principios de siglo que las reglas de la Constitución de 1993 creaban un puesto como este, al que se le encargó la enorme responsabilidad de conducir las políticas públicas de persecución del delito, pero sin someterlo a los rigores de la interpelación a los que están sujetos todos los ministros de Estado, y sin imponerle la imprescindible carga de una presentación anual de políticas y resultados a la que está sujeto el defensor del Pueblo. Parece mentira que no hayamos notado que la Constitución del 93 entregó la elección del fiscal de la Nación a una pequeña junta de 5 magistrados que adquirieron la extraña costumbre de designar a un responsable de políticas públicas por orden de antigüedad. Pero como tantas cosas, esta se nos pasó por delante en la transición de principios de siglo.

En adelante tendremos que modificar íntegramente el diseño constitucional de la Fiscalía de la Nación. Entre tanto, porque las reformas constitucionales no se hacen en días, tendremos que adoptar una acción de urgencia. Alguna. El presidente Vizcarra, voy a entender que reaccionando a la gravedad de la crisis, ha propuesto al Congreso intervenir el Ministerio Público. En lo personal no creo en intervenciones verticales, ni siquiera en estas circunstancias, pero el Congreso sí puede, aunque reconozco que me cuesta pensar que la mayoría decida actuar en positivo, modificar la Junta de Fiscales Supremos: agregarle tres miembros más que, por esta vez, ya que la designación de la Junta Nacional de Justicia requerirá aún de un tiempo adicional, sean elegidos por los presidentes de las juntas superiores de fiscales. Una nueva junta, conformada por una nueva mayoría, puede elegir un nuevo fiscal de la Nación. Uno que no se convierta en obstáculo para iniciar el proceso que se desprende del último referéndum. Uno que no nos ponga permanentemente en un paso atrás de lo avanzado.

Necesitamos estabilidad. El señor Chávarry, en lugar de ofrecernos esa estabilidad, decidió ocupar el lugar del señor Hinostroza en la lista de obstáculos que nos distancian de la meta final: un sistema de justicia y persecución del delito que nos permita sentar bases para una añorada y aparentemente lejana forma más sostenible de impartir justicia.

Publicado en El Comercio el 3 de enero de 2018

Emergencia en el Ministerio Público

Entrevista en Canal N, el 9 de enero de 2019

Entrevista en Canal N, el 2 de enero de 2019

El sesgo unilateral

LAS PUGNAS ENTRE EL FISCAL DE LA NACION Y EL EQUIPO ESPECIAL PARA EL CASO LAVA JATO

LA LEY NO LE CONCEDE AL FISCAL DE LA NACIÓN ATRIBUCIONES PARA FORMAR GRUPOS ESPECIALES PARA QUE LOS UTILICE EN FUNCIÓN A SUS PREFERENCIAS

Hace un año Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República. Enfrentaba la primera crisis de vacancia por el Caso Westfield. Y en el contexto de esa crisis decidió indultar a Alberto Fujimori, en un evidente canje destinado a capturar los votos que pudo reunir a su favor Kenji Fujimori. Un año después, Kuczynski ya no es el presidente. Además, está impedido de salir del país como consecuencia de las investigaciones del Caso Westfield. Kenji Fujimori está fuera del Congreso. Y Alberto Fujimori se mantiene en una clínica en condiciones institucionalmente precarias, mientras espera la decisión final del caso judicial que se le sigue por la anulación de su indulto.

La cadena de errores que condujeron a este infeliz desenlace corresponde a una desviación que se repite con una frecuencia alarmante en nuestro medio. Se trata del “sesgo unilateral”. Este se registra cuando un tomador de decisiones públicas cree que la posición que ocupa es suficiente para optar por la senda que sus preferencias subjetivas sugieren, acomodando el sentido de la ley y de sus propios deberes a ellas.

Cegado por la fascinación que le produce su propio plan, quien se desvía de esta forma suprime arbitrariamente o minimiza todas las demás variables que deberían entrar en la ecuación. Entre ellas está la posibilidad de que la ley tenga alcances que le contradigan. Además de la sensibilidad de los grupos que serán afectados por lo que haga. También las condiciones que marcan su propia debilidad y la debilidad de sus eventuales aliados. Y, por cierto, los efectos corrosivos que las decisiones carentes de fundamento generan en la posición de aquel que las adopta.

En el caso del indulto, Kuczynski pasó por alto el impacto que su decisión tendría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas de la corte no entraban, ahora es evidente, en su cuadro de preferencias subjetivas. Kuczynski encontró una lectura literalista y simplona de sus facultades constitucionales y eligió pensar que esa lectura debía predominar en el desenlace porque era la que mejor se acomodaba a sus planes.

Sobre esa base, Kuczynski minimizó las lecturas alternativas de las normas, hizo manipular el procedimiento de indulto para adecuarlo a sus prioridades y apremios personales, y eliminó de la ecuación, sin explicación alguna, a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a los sectores progresistas y de izquierda que lo habían respaldado en las elecciones del 2016 y en la votación contra la primera moción de vacancia apenas días antes de firmar el indulto.

Hay, indudablemente, algo de desprecio a los demás en la forma en la que actúa el que procede sesgado de esta manera. Pero también hay una infinita ceguera. Y la ceguera es la peor consejera imaginable para tomar decisiones que se pretenden sostenibles.

Las enseñanzas que deja el caso de Kuczynski deberían haber sido suficientes para ahorrarnos el costo institucional que nos está imponiendo el sitio que el fiscal de la Nación está montando alrededor del equipo especial anticorrupción que lidera el fiscal Rafael Vela. En las condiciones específicas en las que se está desenvolviendo la coyuntura, no basta que el fiscal de la Nación esté en funciones o que no haya aceptado renunciar al cargo para que pretenda estar en posición de desmontar al equipo más importante de fiscales que tenemos. La ley no le concede al fiscal de la Nación atribuciones para formar y reorganizar grupos especiales de investigación para que las use en función a sus preferencias personales y desmonte los casos que no le gustan. Entonces, si procede conforme a las que parecen ser sus preferencias subjetivas –asumo que no lo hará–, terminará involucrándose él mismo en un acto de obstrucción en el caso de Keiko Fujimori que puede terminar, tarde o temprano, siendo sancionado.

Sea cual sea la decisión de la sala en la apelación de la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori, el caso avanzó ya demasiado para que alguien pretenda detenerlo con una maniobra tan ciega como remover al equipo de fiscales que conduce las investigaciones.

Por cierto, el menú parece ser más agresivo. Aparentemente incluye un ataque frontal al acuerdo de colaboración por medio del que la fiscalía está por recibir una valija de evidencias nuevas provenientes de Brasil. Y además incluye un forzado cambio a las leyes que intenta imponer la mayoría en el Congreso y que, desde cierto punto de vista, permitiría alegar a la defensa que lavar activos en la política solo es delito “a partir de ahora”.

Creer que estas maniobras juntas o separadas frenarán un proceso en pleno desarrollo supone actuar en un nivel de ceguera tan intenso que solo se explica como resultado de la desesperación que provoca un final prácticamente inevitable.

El sesgo unilateral aparece cuando el pánico niebla toda forma de cordura.

Publicado el 24 de diciembre en El Comercio

Financiamiento de partidos políticos

Entrevista en Canal N, el 7 de diciembre de 2018

Entrevista en Cuarto Poder, el 9 de diciembre de 2018

Allanamiento abogados

Entrevista en Panamericana, el 21 de noviembre de 2018

Caso Fuerza Popular

Entrevista en Canal N, el 5 de noviembre de 2018

Entrevista en Canal N, el 24 de octubre de 2018

Entrevista en RPP, el 15 de octubre de 2018

Entrevista en Canal N, el 11 de octubre de 2018

Entrevista publicada en La República

LO QUE HA HECHO EL CONGRESO ES PONERLE UN VETO AL MINISTERIO PÚBLICO

¿Qué piensa de la decisión de la Comisión Permanente (CP) de obviar la figura de la organización criminal en el caso de César Hinostroza?

Los casos de organizaciones criminales permiten que la justicia estire su radio de acción. Estos grupos no son clubes, no reparten carnés de membresía, no pagan cuotas y no generan evidencias objetivas de la incorporación de alguien o de su expulsión.

¿Cómo se investigan?

A través de las relaciones entre sus presuntos miembros y del valor que se les atribuye. Cerrar la compuerta para una investigación de este tipo implica prohibirle al Ministerio Público establecer la magnitud real de las relaciones entre César Hinostroza y Walter Ríos.

Sobre todo porque existen indicios muy fuertes de la organización criminal.

La organización existe. Las grabaciones prueban una dimensión de las actividades.

Digo indicios porque la investigación está por hacerse.

Correcto, pero los audios son una muy buena razón para considerar la existencia (de la organización criminal). Lo que falta saber es cuánto se expandió, cuántos delitos cometió.

¿Encuentra explicación a la decisión de la CP?

No. Lo que ha hecho el Congreso es ponerle un veto al Ministerio Público (MP), que tendría que comenzar a juntar todos los elementos para interpretar qué ocurrió. ¿Ríos fue puesto por Hinostroza como una especie de lugarteniente? ¿Hinostroza desarrolló su propia organización? ¿Cómo empezó todo? Eso tiene que responderse. El Congreso está bloqueando esa investigación.

¿Y cuál será la consecuencia para el caso?

Esto nos lleva a un caso diminuto. Solo se podría investigar si las grabaciones que ya existen suponen crímenes de tráfico de influencias o de favorecimiento a particulares. Muy chico para la información con la que se cuenta y la importancia de la crisis, la segunda más importante en 20 años.

¿Solo podrían investigarse los audios que ya existen?

Nada más. El núcleo central, las relaciones alrededor de las grabaciones, quedaría bloqueado. Si aparecieran nuevas pruebas el Congreso tendrá que discutir si se amplía el levantamiento de la inmunidad. Funciona como las extradiciones. El MP solo puede funcionar en los límites impuestos por el Parlamento.

El fujimorismo dice que se ha aceptado investigar a Hinostroza por tres delitos: negociación incompatible, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Esos delitos, que son eventos específicos, no permiten indagar sobre el sentido final de las relaciones que Hinostroza pudo tener con Ríos y varios más, entre ellos el señor Gonzalo Chávarry. Se estaría dejando de lado la respuesta a varias preguntas: ¿hasta dónde creció esta red?, ¿a cuántas personas alcanzó?

¿Se quiere proteger al fiscal Chávarry?

No sé si el material recogido permite saber si Chávarry llegó a ser parte de la red, pero es una hipótesis por descartar. Sacar el concepto de organización criminal de la mesa elimina un caso potencial sobre Chávarry, que el propio Ministerio Público ha declarado que desea investigar.

¿O quizás quieren proteger a Héctor Becerril?

En caso se confirme que el señor Becerril, y esto es una especulación, fue una especie de nexo entre el Congreso y la organización. Entonces, hay demasiadas aristas como para decirle “no” al Ministerio Público antes de que las investigaciones tomen forma.

Es curiosa esta posición exageradamente garantista del Congreso, ¿no?

No es ser garantista: esto es bloqueo. Estamos al inicio de la investigación, las grabaciones existen. Si hubiera sospechas sobre mí, sería el primero en pedir que se me levante la inmunidad y se vaya hasta el final. Esto suena a amarrarle las manos a una Fiscalía ya desestructurada para no investigar a una organización criminal cuyos bordes no están establecidos aún. Tomar una decisión así ahora es absolutamente inoportuno.

Sospechoso, en realidad.

Sí, sospechoso más que inoportuno. Inaceptable. Si al final de los juicios un tribunal dijera que no hay prueba suficiente de que Chávarry se vinculó con la organización, pues bien. Habrá que ver.

No parece haber disposición de Fuerza Popular (FP) de revertir la decisión.

Sin embargo, si fuera una mayoría suficientemente fuerte no estaríamos discutiendo el referéndum y la posición de Chávarry sería completamente segura. Sí, FP mantiene la mayoría, se ha cometido una provocación institucional, aunque puede revertirse, como se revirtió el bloqueo de la discusión por el referéndum.

¿Qué debe hacer el Pleno?

Aprobar la separación e inhabilitación de Hinostroza y devolver el caso a la CP para que reconsidere su posición sobre los cargos por integrar o montar una organización criminal.

FP dice, también, que el informe de Oracio Pacori no daba para más. ¿Le parece una respuesta válida?

No, no, es una coartada. La CP no emite sentencia y tampoco estamos al final de un caso. Esto no se trata de controlar la evidencia más allá de toda duda. Además, el informe del señor Pacori, sin ser perfecto, contiene suficientes elementos para justificar el inicio de una investigación. Prohibirle a la Fiscalía investigar sin la llave principal del caso, que son las relaciones de Hinostroza con Ríos y otros, es una mutilación.

¿El caso está en peligro?

Sí, está en peligro. Y puede generar una suerte de efecto multiplicador. La CP le está diciendo al sistema que muchos de los casos que se están desarrollando ahora deben cortarse. El estándar de la prueba para empezar a investigar se ha elevado más allá de lo tolerable. Es absurdo.

Más de un investigado podría alegar que el Congreso le ha dado la razón, digamos.

Claro, podríamos empezar a ver hábeas corpus. Y ahí se pueden empezar a caer los casos, como castillos de naipes. Demasiada irresponsabilidad. Un atolondramiento que, como usted dice, provoca sospechas. Yo espero que cedan. Defenderán su posición, seguro, pero tendrán que ceder.

Es usted un optimista.

Quiero pensar de manera optimista.

Yo creo que hay personas a las que se busca proteger.

Estoy de acuerdo, pero no pueden ganar. 

Publicado en La República el 30 de setiembre de 2018