El sesgo unilateral

LAS PUGNAS ENTRE EL FISCAL DE LA NACION Y EL EQUIPO ESPECIAL PARA EL CASO LAVA JATO

LA LEY NO LE CONCEDE AL FISCAL DE LA NACIÓN ATRIBUCIONES PARA FORMAR GRUPOS ESPECIALES PARA QUE LOS UTILICE EN FUNCIÓN A SUS PREFERENCIAS

Hace un año Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República. Enfrentaba la primera crisis de vacancia por el Caso Westfield. Y en el contexto de esa crisis decidió indultar a Alberto Fujimori, en un evidente canje destinado a capturar los votos que pudo reunir a su favor Kenji Fujimori. Un año después, Kuczynski ya no es el presidente. Además, está impedido de salir del país como consecuencia de las investigaciones del Caso Westfield. Kenji Fujimori está fuera del Congreso. Y Alberto Fujimori se mantiene en una clínica en condiciones institucionalmente precarias, mientras espera la decisión final del caso judicial que se le sigue por la anulación de su indulto.

La cadena de errores que condujeron a este infeliz desenlace corresponde a una desviación que se repite con una frecuencia alarmante en nuestro medio. Se trata del “sesgo unilateral”. Este se registra cuando un tomador de decisiones públicas cree que la posición que ocupa es suficiente para optar por la senda que sus preferencias subjetivas sugieren, acomodando el sentido de la ley y de sus propios deberes a ellas.

Cegado por la fascinación que le produce su propio plan, quien se desvía de esta forma suprime arbitrariamente o minimiza todas las demás variables que deberían entrar en la ecuación. Entre ellas está la posibilidad de que la ley tenga alcances que le contradigan. Además de la sensibilidad de los grupos que serán afectados por lo que haga. También las condiciones que marcan su propia debilidad y la debilidad de sus eventuales aliados. Y, por cierto, los efectos corrosivos que las decisiones carentes de fundamento generan en la posición de aquel que las adopta.

En el caso del indulto, Kuczynski pasó por alto el impacto que su decisión tendría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas de la corte no entraban, ahora es evidente, en su cuadro de preferencias subjetivas. Kuczynski encontró una lectura literalista y simplona de sus facultades constitucionales y eligió pensar que esa lectura debía predominar en el desenlace porque era la que mejor se acomodaba a sus planes.

Sobre esa base, Kuczynski minimizó las lecturas alternativas de las normas, hizo manipular el procedimiento de indulto para adecuarlo a sus prioridades y apremios personales, y eliminó de la ecuación, sin explicación alguna, a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a los sectores progresistas y de izquierda que lo habían respaldado en las elecciones del 2016 y en la votación contra la primera moción de vacancia apenas días antes de firmar el indulto.

Hay, indudablemente, algo de desprecio a los demás en la forma en la que actúa el que procede sesgado de esta manera. Pero también hay una infinita ceguera. Y la ceguera es la peor consejera imaginable para tomar decisiones que se pretenden sostenibles.

Las enseñanzas que deja el caso de Kuczynski deberían haber sido suficientes para ahorrarnos el costo institucional que nos está imponiendo el sitio que el fiscal de la Nación está montando alrededor del equipo especial anticorrupción que lidera el fiscal Rafael Vela. En las condiciones específicas en las que se está desenvolviendo la coyuntura, no basta que el fiscal de la Nación esté en funciones o que no haya aceptado renunciar al cargo para que pretenda estar en posición de desmontar al equipo más importante de fiscales que tenemos. La ley no le concede al fiscal de la Nación atribuciones para formar y reorganizar grupos especiales de investigación para que las use en función a sus preferencias personales y desmonte los casos que no le gustan. Entonces, si procede conforme a las que parecen ser sus preferencias subjetivas –asumo que no lo hará–, terminará involucrándose él mismo en un acto de obstrucción en el caso de Keiko Fujimori que puede terminar, tarde o temprano, siendo sancionado.

Sea cual sea la decisión de la sala en la apelación de la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori, el caso avanzó ya demasiado para que alguien pretenda detenerlo con una maniobra tan ciega como remover al equipo de fiscales que conduce las investigaciones.

Por cierto, el menú parece ser más agresivo. Aparentemente incluye un ataque frontal al acuerdo de colaboración por medio del que la fiscalía está por recibir una valija de evidencias nuevas provenientes de Brasil. Y además incluye un forzado cambio a las leyes que intenta imponer la mayoría en el Congreso y que, desde cierto punto de vista, permitiría alegar a la defensa que lavar activos en la política solo es delito “a partir de ahora”.

Creer que estas maniobras juntas o separadas frenarán un proceso en pleno desarrollo supone actuar en un nivel de ceguera tan intenso que solo se explica como resultado de la desesperación que provoca un final prácticamente inevitable.

El sesgo unilateral aparece cuando el pánico niebla toda forma de cordura.

Publicado el 24 de diciembre en El Comercio

Caso Kuczynski

Entrevista en ATV  con Milagros Leiva, 29 de marzo de 2018

Entrevista en Buenos Días Perú con Paco Flores y Pame Acosta, 28 de marzo de 2018

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 26 de marzo de 2018

A PEDIDO DE LA FISCALÍA, EL PODER JUDICIAL ORDENÓ HOY UN PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS CONTRA PPK POR 18 MESES, TAMBIÉN EL ALLANAMIETO DE TRES INMUEBLES A SU NOMBRE.

PPK: ¿Son proporcionales las medidas contra el ex presidente?

Un día después de que el Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia, el Poder Judicial dictó dos medidas en su contra: un impedimento de salida del país de 18 meses y el allanamiento a tres inmuebles a su nombre ubicados en San Isidro y Cieneguilla.

Y PPK tuvo dos reacciones. Una a través de su abogado, César Nakazaki, quien dijo que se allanaban a cualquier decisión para contribuir con las autoridades. La otra fue más política y confrontacional a través de sus redes sociales.

"Daré todas las facilidades del caso [...] Dejemos atrás el show mediático y no sigamos dañando la imagen del país. Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país", escribió vía Twitter.

Consultado por El Comercio, el abogado penalista Yván Montoya consideró que, más allá de las críticas del ex presidente, ambas decisiones odernadas por el Poder Judicial son proporcionales, tomando en cuenta que PPK es investigado por un delito común, que es lavado de activos.

"Al día siguiente de su renuncia, el ex presidente ya no goza de ninguna protección. A PPK no se le está imputando algo que no sea lavado de activos. Si hubiera sido por actos dentro de su función, quizá sí hubiera tenido algún tipo de protección, pero ante un delito común no hay ninguna consideración", manifestó.

Montoya señaló también que el impedimento de salida del país es la medida cautelar menos invasiva del sistema y la que menos derechos afecta.

"El estándar es que esta restricción es la más simple de todas y lo único que busca es que el ex presidente no salga del país, por lo que es proporcional al estado de la investigación, a la presunta vinculación de PPK con los delitos investigados y a los indicios que tiene Hamilton Castro", señaló.

"Con relación al allanamiento, solo cabría conocer los motivos de la urgencia, las razones por las cuales el fiscal consideró necesario llevarlas a cabo el mismo día que se decidía el impedimento de salir del país. Pero aún así, se justifica porque los allanamientos por delitos graves deben ser sorpresivos e inesperados", indicó.

–Entre la política y la justicia–

Una opinión contraria tuvo Enrique Ghersi, quien calificó como desproporcionadas ambas medidas restrictivas contra PPK.

Específicamente sobre el impedimento de salir del país, cuestionó que el fiscal Castro haya incluido en su sustentación los ingresos del ex presidente PPK como elemento para un posible peligro de fuga.

"Se supone que todos somos iguales ante la ley. Es irrelevante que una persona sea rica o no, o que tenga más o menos relaciones sociales. Para la ley eso es irrelevante, lo que importa es la comisión del delito. Esos argumentos son más políticos, y eso hay que dejarlo de lado", comentó.

Con relación al allanamiento, consideró que prematuro el accionar de la fiscalía. "Hay otras personas a las que también se investiga y contra quienes no se ha dictado un allanamiento como este", resaltó.

Por eso, sugirió "natural moderación" a jueces y fiscales. "Que se investigue si hay que investigar, pero dejar que la gente piense que la justicia es una herramienta de venganzas políticas solo deslegitima sus decisiones. Que sea severa, pero no por eso que deje de actuar con equilibrio y moderación", comentó.

–Un camino cuestionable –

El abogado penalista y ex procurador anticorrupción César Azabache consideró adecuado que la fiscalía busque que PPK permanezca en el Perú y solicite el impedimento de salir del país, pero cuestionó que use el presunto delito de lavado de activos, algo que no considera que exista en las indagaciones por los pagos a Westfield y First Capital.

"Estos pagos, como un caso en sí mismo y en mi opinión, son eventos prescritos, por más desagradable que sea. Desde mi punto de vista, las investigaciones adquieren sentido en el marco del Caso Odebrecht y con el proceso por la Interoceánica Sur. Habría tenido más sentido que la fiscalía reaccione a la renuncia de PPK incluyéndolo en el caso de las IIRCSA", comentó.

Agregó que el delito de lavado de activos como tal, un intento de percibir y ocultar dinero clandestino, no tiene elementos. Eso, expresó, puede poner en peligro el caso que busca estructurar la fiscalía.

"La cuestión de Westfield no es lavado de activos. Puede ser negociación incompatible, ventaja de privados, pero no hay circulación de fondos clandestinos", señaló César Azabache al recordar que, a diferencia del proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, no hay elementos que vinculen los pagos a las empresas vinculadas a PPK con los fondos ilícitos de Odebrecht.

"PPK merece ser investigado y con todo el rigor, pero no con este tipo de procedimientos", concluyó el penalista.

Publicado en El Comercio el sábado 24 de marzo. 

Renuncia de Pedro Pablo Kuczynski

Entrevista en RPP con Aldo Mariátegui, 19 de marzo de 2018

Perdiendo todo sentido de equilibrio

LO QUE SE VIENE LUEGO DE SUPERADA LA MÁS RECIENTE CRISIS POLÍTICA

Perdiendo todo sentido de equilibrio

El debate sobre la incapacidad moral del presidente Kuczynski se desarrolló y cerró en medio de enormes fisuras institucionales que no compensamos ni resolvimos en absoluto. La vacancia por incapacidad moral existe ente nosotros desde 1839. Pero jamás se había discutido el significado de la regla de manera concluyente. Las antiguas referencias al derecho civil clásico citadas en estos días, que identificaban incapacidad moral con la locura, resultan a estas alturas claramente desfasadas. Se ha citado entre nosotros el caso Billinghurst, en 1914, pero Billinghurst renunció por escrito, de modo que su historia no nos dice nada sobre este asunto. En el caso Fujimori, en el 2000, las referencias a la incapacidad moral como causa de vacancia se mezclaron con el rechazo a su renuncia y las consecuencias de su escape al Japón, dos causales de vacancia concurrentes por sí mismas que hicieron invisibles las cuestiones morales asociadas al evento.

Casi dos siglos después de la introducción de la regla, abordamos esta discusión sin tener un cuerpo de criterios y antecedentes sólidamente establecido que haya podido dar forma a la discusión y permitido diferenciar cuándo aplicar esta regla, cuándo no, cuándo es justo y proporcional tomar una decisión irreversible como la vacancia o cuándo es necesario y posible optar por soluciones intermedias, acaso como la suspensión del presidente.

Vaciado de contenido moral el debate del jueves pasado fue institucionalmente inútil.

Y ni siquiera tenemos ya un Senado que hubiera podido poner una pausa de reflexión en la discusión. El procedimiento definido por el Reglamento del Congreso fue diseñado teniendo en mente casos flagrantes como la incapacidad física, el abandono del país o la renuncia, no casos como este, en el que las discusiones se han cerrado sin completar historias que hasta hoy han sido contadas solo parcialmente y de manera bastante superficial. 

Hemos dejado que prevalezca el apuro. Hemos optado por no compensar ninguno de los defectos que exhiben nuestros procedimientos y nuestras prácticas. Hemos cerrado este episodio impregnado por el peso de incógnitas muy serias sin resolver sobre la historia de las asesorías financieras que, nos guste o no, vinculan de una u otra manera al presidente Kuczynski con Odebrecht. El trasfondo de los pagos recibidos en Westfield Capital, su consultora personal, permanece en la penumbra. 

Pero además durante el debate que concluyó al final de la noche del jueves, los bandos en contienda decidieron proceder tratando la cuestión sobre la vacancia como un vulgar asunto librado al juego de las preferencias subjetivas y de la conquista o conservación de votos de unos y de otros, votos que en las últimas horas del debate fueron arranchados y repuestos sin referencia a los costos que se adquieren con cada compromiso asumido. Un bando derrotó al otro luego de una sofisticada exhibición de esgrima de pasillos, que incluyó la filtración y también la negación de documentos auténticos relacionados con la liberación de Alberto Fujimori, el nuevo jefe de una naciente “bancada de los 10”, mientras su liberación, ya es evidente, venía decidida de antemano.

Alberto Fujimori acaba de ser indultado sin más debate, sin más consideraciones a opciones como la reducción de su condena o su pase a una clínica o a su propio domicilio. Toda opción distinta al indulto habría costado muchísimo menos que lo que costará lo que se acaba de hacer. La nueva “bancada de los 10” decidió el destino final de la vacancia. Y a cambio, ha cobrado el precio de su rescate. Pero por desgracia las consecuencias colaterales de esa transacción serán pagadas por nuestro ya lesionado equilibrio institucional. 

Hemos terminado vaciando de todo contenido moral los dos principales debates que debían marcar el final de este año. 

Esta historia merecía un final más digno. En la combinación entre la no vacancia y el indulto se arriesgan cuestiones decisivas relacionadas con el enorme saldo de la reconciliación pendiente que arrastramos como un pasivo desde la transición. Se arriesgan además la manera de abordar nuestros principales problemas de ética pública. Como están las cosas, el final de esta historia representa apenas una solución pragmática vaciada de todo fundamento.

La excarcelación de Alberto Fujimori requería un debate abierto y un esfuerzo honesto a favor de la reconciliación. La no vacancia también. Acabamos de perder la oportunidad de compensar el enorme déficit de moralidad que tuvo la jornada del jueves. Los debates imaginables sobre el verdadero sentido del Caso Westfield Capital y las opciones para poner punto final al Caso Fujimori van a ceder ante la brutal exhibición de falta de respeto hacia todos que el entorno del presidente acaba de exhibir.

Pudimos llevar esta situación inestable al mejor puerto posible. Con este innecesario apresuramiento perdimos absolutamente el sentido del todo el equilibrio necesario para estabilizar el final de este proceso.

Publicado en El Comercio el lunes 25 de diciembre de 2017

Entrevista en América Noticias con Federico Salazar y Verónica Linares, 26 de diciembre de 2017

Entrevista en Canal N con Karina Borrero, 26 de diciembre de 2017

Entrevista en RPP con Mónica Delta, 26 de diciembre de 2017

Alberto Fujimori: César Azabache advierte problemas legales en derecho de gracia

Al referirse al  caso Pativilca, abogado señala que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo.

La noche del 24 de diciembre,  Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión hasta el 10 de febrero de 2032, no solo fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que también recibió el derecho de gracia, que lo libra de todo proceso pendiente.

Sin embargo, el abogado  César Azabache advirtió hoy martes problemas legales respecto a la aplicación del derecho de gracia específicamente por el caso Pativilca, por el cual Fujimori tiene un proceso judicial abierto con mandato de detención.

El 29 de enero de 1992 el denominado grupo Colina asesinó a seis pobladores de la localidad de Pativilca. Por este caso, el 6 de junio pasado, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la extradición de Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita. 

Según informó la justicia chilena en aquel momento, los magistrados compartieron,  "el criterio del ministro de primera instancia respecto de los delitos de homicidio y asociación ilícita por tratarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles desde el punto de vista de la persecución penal".

Además, en julio pasado, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó al ex mandatario entre los responsables de ese crimen y lo acusó de autoría mediata.

"En el  caso Pativilca, Fujimori tiene mandato de detención que impediría ejecutar el indulto humanitario (...). Es un error innecesario para un caso tan sensible", aseveró Azabache.

En Canal N, declaró, además, que la Constitución establece que se puede cortar los procesos en trámite siempre que éstos hayan acumulado un retardo de 24 meses como mínimo. 

"El caso Pativilca comenzó hace 10 meses, en febrero, porque Fujimori estaba sujeto a reglas de la extradición y eso le dio inmunidad para ese caso", explicó.

Azabache manifestó que en los casos de gracias presidenciales, el tribunal tiene que recibir un pedido basado en la decisión del presidente de la República para abrir una audiencia y discutir si la medida esta bien basada o no. "No es automático", añadió. 

En ese contexto, añadió que en la gracia presidencial, que implica interferencia sobre un procedimiento judicial en marcha, el presidente de la República "tiene atribuciones menos intensas que frente a indulto humanitario".

Publicado en Perú 21 el martes 26 de diciembre de 2017

Peru's President Hangs On to Power, but at What Cost?

President Pedro Pablo Kuczynski avoided being removed from office on Thursday after a Congressional motion to impeach him narrowly failed.

But even as the drama in Peru’s Congress halted the upheaval of ousting the country’s leader, it also revealed the president’s tenuous hold on power. And it showed the strength of far-right politics in Peru, a country that returned to democracy only 17 years ago.

Mr. Kuczynski pleaded his case before lawmakers who had introduced a motion to remove him from office this week. With a Congress dominated by the opposition Popular Force, a right-wing party whose leader ran against Mr. Kuczynski in the last election, many had expected the vote to result in his removal.

But a faction of the right-wing party, which was founded by the daughter of the country’s jailed former authoritarian leader Alberto Fujimori, surprisingly swung the late-night vote in favor of Mr. Kuczynski.

Some constitutional experts said the crisis was driven by congressional overreach. Because of Peru’s authoritarian past, its system of government gives Congress significant powers to shape the executive branch and other government institutions. But no one had tried to use those powers to this extent until now.

Cesar Landa, law professor at the Pontifical Catholic University of Peru and a former president and magistrate of the country’s Constitutional court, said the Popular Force party had “attempted an untraditional coup d’état.”

This year, the Popular Force party — whose political philosophy is often referred to as Fujimorismo — forced Mr. Kuczynski to fire his entire cabinet by refusing to endorse his nominees. At the time, his supporters had advised the president to use a little-known constitutional measure to force new legislative elections. Mr. Kuczynski didn’t go that route, but this week he said he regretted not doing it.

“A mistake that I now see clearly was to expect anything else from our rivals,” Mr. Kuczynski said. “I opted for dialogue and not confrontation.”

Then, other opponents — this time from the left — said he lied during a congressional inquiry by stating he had no professional ties to Brazilian construction giant Odebrecht, a company at the center of a complex graft scandal. It was later revealed that a financial services company he owned had received $782,000 from Odebrecht.

That led to the motion of impeachment.

The motion, on the grounds of “permanent moral incapability,” has been tested only once before — with Mr. Fujimori himself — but only after he had fled Peru for Japan and resigned from the presidency.

Mr. Fujimori, a hard-right authoritarian leader, was in power from 1990 to 2000 before being convicted on corruption and human rights abuses and sentenced to 25 years in prison. He has served 12 years, but he says that his health is deteriorating and that he should be pardoned.

Even from prison, though, he is still influencing politics, and his supporters, so-called Fujimoristas, have continued to dominate the legislature. Hector Becerril, a Popular Force member who voted for impeachment, said Mr. Fujimori urged members of his party, by phone, to cast votes of abstention and not vote in favor of the president’s removal.

During Thursday’s vote, details of Mr. Fujimori’s petition for a presidential pardon and release were also leaked to local news outlets. Some legislators speculated that Mr. Kuczynski made a deal with the Popular Force to pardon Mr. Fujimori in exchange for keeping him in office, a claim that the president’s party has denied.

Cesar Azabache, a lawyer and former state prosecutor, said that if Mr. Kuczynski pardoned Mr. Fujimori it would be a “moral failure.”

“If the discussion has been resolved by this exchange, it weakens the system in an extreme way,” Mr. Azabache said.

But even as the Popular Force wields immense power, the party appears fractured.

At its helm is Keiko Fujimori, Mr. Fujimori’s daughter, who is not a member of Congress, but who ran for the presidency in the last election and was ultimately defeated by Mr. Kuczynski by a few thousand votes. Her brother, Kenji Fujimori, was among the 10 Popular Force party members who cast votes of abstention, ultimately swaying the vote in favor of Mr. Kuczynski’s remaining in office.

During the latter half of the hourslong debate, the younger Mr. Fujimori was seen pacing the halls while texting and making calls. Established party members approached and appeared to scold him, underlining the tensions within the party.

On Friday, Mr. Fujimori said he voted against the president’s removal to “avoid a period of turbulence.” He added, “I do not hide my legitimate expectation, as a son, to see my father recover his freedom one day, but my decision has been made thinking of what is best for my country.”

Mr. Becerril, the Popular Force lawmaker who voted for impeachment, said he saw no problem with elder Mr. Fujimori asking for a pardon but not if it left Mr. Kuczynski in office.

“What is wrong is that the pardon be exchanged so that a president remains unquestioned for corruption,” Mr. Becerril said.

Other members of the party who voted for Mr. Kuczynski’s removal denounced those who abstained.

“I have voted against corruption,” Miguel Torres said, adding that disciplinary action was being considered for Popular Force members who didn’t vote for impeachment.

The party that had initially introduced the motion to impeach Mr. Kuczynski last week, the left-wing Broad Front, said that splitting the Popular Force was the objective when the party took the action.

Marco Arana, leader of the Broad Front, said the vote was also intended to send a message.

“Tell the president that he cannot lead the country kneeling before Fujimori,” Mr. Arana said Thursday.

After the hearing, Mr. Kuczynski tweeted a victorious rallying cry to the country: “Peruvians. Tomorrow a new chapter starts in our history: our country’s reconciliation and reconstruction.”

Despite his victory, the president and his associates have remained silent about how they plan to steer the government going forward, and haven’t addressed the questions about a potential quid pro quo for releasing Alberto Fujimori from prison.

Publicado en The New York Times el viernes 22 de diciembre de 2017

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas

Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 19 de diciembre de 2017

El equilibrio futuro

El equilibrio futuro

César Azabache Caracciolo

La desconfianza que provocan las dos minorías en disputa debería haber llevado a los candidatos a ofrecer verdaderas garantías de equilibrio y estabilidad para el manejo de la cuestión pública en el futuro inmediato. Ya se ha dicho que las promesas verbales hechas por ambos antes del debate satisfacen poco. Una verdadera disposición a gobernar en base a acuerdos hacia el centro se habría expresado mejor en el anuncio anticipado de gabinetes independientes que expresen la voluntad de cada candidato de limitar su propia influencia en el sistema político.

Uno se preguntaría qué sentido tenía esperar que un candidato que espera gobernar anuncie antes de ganar que nombraría un gabinete independiente. Pues tenía todo el sentido del mundo si tomamos en cuenta que el ganador de las elecciones sólo representará al tercio o menos del electorado del país. En estas elecciones ninguna de las dos opciones en disputa tiene verdaderamente la mayoría. Ninguna debería estar entonces en posición de controlar al Congreso sin una agenda clara de acuerdos políticos constructivos y sin una mediación institucional sólida  que asegure el desarrollo eficiente de una red de negociaciones complejas basada en alianzas por sectores.

Sin embargo ninguna de las dos candidaturas ha dado señales de necesitar un giro institucional hacia el centro. Ambas han preferido presionar al centro, más que convocarlo, y han logrado dividirlo todavía más de lo que ya estaba dividido en primera vuelta. El ex Presidente Toledo anunció ya su respaldo al señor Humala. Los señores Castañeda y Kuckynski anunciaron su respaldo a la señora Fujimori. Terminaron de dividirse sin siquiera intentar imponer un compromiso que les permita asegurar, como representantes del centro político, una mínima cuota de influencia sobre el sistema resultante.

Las dos candidaturas han jugado a polarizar al país en base a la reducción del otro a sus aspectos más negativos. El centro ha caído en el juego y se ha dividido en base a una ingenua identificación de lo menos aceptable como base para impulsar el voto en dirección contraria. Válido para la decisión personal en las urnas, el llamado público a votar contra el menos aceptable crea una mayoría aparente, que sin embargo es capaz de ensoberbecer al ganador, permitiéndole olvidar su verdadera dimensión electoral. Pero más grave que eso, el llamado público al voto contra el menos aceptable puede terminar desarticulando al centro en formación, que ya ha perdido la primera vuelta precisamente por su completa incapacidad para reconocerse como opción en convergencia.

Las dos minorías han construido sus plataformas previendo la nula capacidad de convergencia que el centro sería capaz de desarrollar incluso después de la derrota de abril. Y esto es extremadamente peligroso, porque perdida la opción de forzar a los candidatos a ceder en el gabinete, la segunda alternativa pasa por consolidar al centro como una bancada única que asegure un congreso “a tres bandas” ¿Podrán hacerlo después de la división de opciones en que han caído en segunda vuelta? ¿O pasaremos a un Congreso de “dos bandas imperfectas” con algunas personalidades sueltas?

La tercera opción de estabilidad institucional proviene de asegurar el resultado de las elecciones que deben hacerse en el segundo semestre del año de dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional y del nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo el TC acaba de cometer la impertinencia de llamar a audiencia en el caso Fujimori vs. Corte Suprema para el primero de junio, en medio de una innecesaria y poco explicable crisis interna. Sería esperable que el TC reconsidere esta decisión y se asegure de mantener la prestancia de un organismo que está llamado a ocupar un papel decisivo en la mediación institucional en el periodo siguiente.

Una agenda mínima de estabilidad institucional requiere, sin duda, una suerte de veeduría ciudadana permanente con suficiente espacio institucional para funcionar como articulador de las relaciones entre ciudadanía y ejecutivo. Una especie de complemento intermedio a las labores de nuestro parlamento unicameral, que de alguna manera al menos simbólica llene el vacío que nos ha dejado la ausencia de un Senado, y articule de manera eficiente las relaciones entre los poderes públicos y la Presidencia del Consejo de Ministros ¿Asumirá el reto el Acuerdo Nacional?