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lunes, 22 de abril de 2019

El silencio del suicidio


LA MUERTE DEL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA

Los tribunales no siempre son los espacios apropiados para construir la memoria del pasado reciente. Para que ellos funcionen se requiere la presencia física de aquel o aquella persona a quien se acusa. Enorme limitación. Los tribunales no nos sirven cuando debemos cerrar de alguna manera la historia de alguien que decide suicidarse.

El que se quita la vida en medio de acusaciones, de pedidos de prisión, escapa a toda confrontación. Esto es innegable. 
El suicidio en casos que están marcados por el riesgo de un juicio, representa una fuga irreversible. Pero además, el que elige hacer esto impone el dolor de sus deudos como un muro, un obstáculo destinado a contener la rabia de quienes encontraban justo llevarle ante los tribunales. El suicidio condena a la familia del que escapa a convertirse en un objeto que impide discutir el sentido de la fuga en su exacta dimensión. Como si fueran un escaparate lanzado al piso en el tracto de la huida. Imposible discutir los fundamentos de un castigo que deviene en imposible con un hijo, una hija, un padre, una madre o una pareja que intentan organizar sus propios duelos.

Jamás debemos atacar a los que quedan en reemplazo de aquel que ha provocado su propia ausencia.

Y sin embargo aquel que decide suicidarse se impone un castigo. El peor castigo imaginable. Un castigo sin revisión posible; uno que nadie más habría podido imponerle. Uno que usualmente confirma que no se pedirá perdón por lo que pudiera haberse hecho. La propia muerte es la única vía de fuga que el sistema legal no es capaz de impedir ni sancionar.

Más allá de cualquier intento de mitificación, el suicidio de aquel que ha sido señalado como responsable de un crimen tiene un efecto práctico indiscutible. Quien opta por escapar de esta forma a una acusación renuncia a defenderse, renuncia a disputar la razón a quien le acusa, renuncia a arrepentirse y renuncia a toda forma de clemencia. Pero renuncia también a ser perdonado. El relativo silencio que impone aquel que de esta manera se fuga no confirma inocencia alguna. El que se quita la vida solo confirma con su decisión que, a final de cuentas, los cargos tuvieron consecuencias. Desproporcionadas por cierto, porque la muerte no mantiene ninguna proporción, pero llevadas a este absurdo por su propia decisión.

Dejarse asesinar es una cosa por completo distinta a suicidarse. Quitarse la vida en medio de un golpe de Estado o un combate, también. Dejarse encarcelar por años reivindicando el derecho irrenunciable a ser libre, incluso estando en prisión, es por supuesto algo enteramente distinto a un suicidio. Los suicidios en juicio no pueden ser asociados a martirologio alguno.

La semántica del suicidio en juicio, actualmente, está marcada inevitablemente por la escena organizada por el bosnio Slobodan Praljak en noviembre del 2017, en La Haya. A una proclama unilateral: “No soy un criminal de guerra”, siguió el veneno ante las cámaras. Después nada. Imposible réplica alguna ante quien entonces abandona la escena. La muerte autoprovocada en un juicio puede llegar a tener mucho de arrebato histriónico. Pero tiene más de negación y silencio impuesto a una comunidad entera que entonces, queda en claro, se desprecia.

El suicidio del acusado cierra toda alternativa a discutir equilibradamente la proclama que antes de quitarse la vida lanza quien sin saberlo se castiga.

¿Elimina las sospechas el que después de lanzar una proclama cancela toda opción de debate equilibrado? No lo creo, no en absoluto.

No pretendo lanzar comparaciones que puedan parecer ofensivas, pero antes de la escena ensamblada por Prajlak en La Haya había quedado registrado el suicidio del ex presidente Roh Moo-hyun en el 2009, en Corea del Sur. Moo-hyun alcanzó a pedir perdón. Aceptó que recibió el dinero que se denunció como un soborno. Pero nunca aceptó claramente ser responsable de un crimen. Cercado por la recepción de estos fondos y por los cargos presentados contra su hermano, también por soborno, se quitó la vida.

Antes de él solo aparece en los registros el suicidio de Emil Haussmann, agente de los escuadrones de la muerte del gobierno alemán, quien se quitó la vida en 1947, dos días después de ser acusado por crímenes de lesa humanidad. Además están los suicidios de Görig, Blaskowitz, Böhme y Hess, todos agentes del gobierno alemán de la segunda guerra, condenados por genocidio.

No encuentro ningún personaje semejante a Mandela o a Wu Gan escapando de esta manera.

El suicidio no aparece en el lenguaje de las personas que se sienten inocentes.

García, imponiéndose el mayor de los castigos, ha puesto punto final a esta historia. Hay aún mucho por descubrir. Pero se descubrirá discutiendo la responsabilidad de los otros. No la de García.

Ahora nos toca continuar.

Publicado en El Comercio, el 21 de abril de 2019 

jueves, 9 de febrero de 2017

Las nuevas Procuradoras

Introducción

Para continuar con la agenda de nuestra aún desordenada versión del caso Lava Jato toca que las nuevas Procuradoras Ad Hoc, las Doctoras Ampuero y Meza, presenten sus planes de trabajo. 

A diferencia de la Fiscalía, la Procuraduría no trabaja con delaciones premiadas ni con evidencias reservadas, sino con información pública que proviene de los archivos del Estado y se refiere a los activos, créditos, de derechos y expectativas de quienes fueron sus proveedores. Esta información, que a estas alturas debe estar ya compilada, tendría que ser usada como fundamento de las medidas y procedimientos a emplearse para asegurar que Odebrecht pague la reparación de los daños que haya producido en el marco de los sobornos ya reconocidos.

Aquí entonces no hay espacio para reservas ni para más dilaciones. Hemos esperado todo el mes de enero a tener el plan del Ejecutivo para este caso. Hemos entendido que intentar rescatar el gasoducto, una inversión de US$ 4,000 millones valía la pena aunque haya salido mal. Hemos entendido que los anuncios sobre el uso de fideicomisos para que Odebrecht “no se lleve un centavo” han sido un buen comienzo (aunque el Presidente haya llegado a sostener que Odebrecht debía dejar “la parte que toca a las reparaciones” que no es lo mismo).

Pero además hay un desafío que no se puede pasar por alto y que va a permitir medir la efectividad con que se aborde el plan. A diferencia de lo que ocurrió a principios de este siglo, las Procuradurías ahora están trabajando con casos de corrupción que, a excepción del Metro de Lima, afectan negocios en marcha. No es lo mismo intervenir negocios ya cerrados y ejecutados, como las compras de los aviones rusos del 98, que intervenir en proyectos en plena ejecución como Olmos, Chavimochic o las propias IIRSA. De hecho, encontramos ejemplos claros de lo que no debe hacerse si miramos las consecuencias económicas de la intervención masiva en proyectos dirigidos por gobiernos regionales de mediados del 2,014, o, más claro aún, si miramos las consecuencias de la intervención sobre la construcción de la Vía Expresa de la avenida Faucett de noviembre del 2,007. 

Una intervención legal está sin duda plenamente justificada en casos de este tipo, pero las consecuencias económicas que produzca deben ser calculadas con precisión, porque en caso contrario puede tener resultados contraproducentes, y terminar causando un daño mayor al que se pretende resarcir.

Y por supuesto, bajo ningún punto de vista las consecuencias económicas de estas intervenciones pueden ser un pretexto para que Odebrecht gane un sólo dólar por las prácticas de corrupción que ha probado haber desplegado en el Perú.


Los daños a resarcir

La Contraloría ha estimado en US$ 283 millones los daños producidos por Odebrecht, pero empleando un período más extenso que el que corresponde al caso (si nos centramos en el período 2,005/ 2,014 la estimación parece reducirse a US$ 272 millones) y sin especificar si sus números son definitivos o no. Los daños que ha presentado al Congreso no incluyen una estimación de daños relacionada con la Línea 2 del Metro ni incluyen estimaciones claras sobre daños asociados a la construcción de las IIRSA. 

A estas alturas de las discusiones debería haber quedado claro para todos que las diferencias entre los valores provisionales o referenciales empleados a la firma de los contratos de este ciclo y los valores finales no construyen un indicador de sobre costos ni de perjuicios, sino el resultado de una pésima manera de contratar sobre supuestos no confirmados, que fue ya comentada en extenso por la Contraloría en un documentado informe publicado en julio del 2,015. Las estimaciones sobre daños deben apoyarse entonces en cálculos específicos. Y siempre es posible que contratos obtenidos a partir de sobornos, como las IIRSA, no hayan causado daños específicos en su ejecución. Pues bien, considerando esto, los números de la Contraloría (US$ 272 millones) están fuertemente concentrados en un solo caso (Línea 1 del Metro, con US$ 111.30 millones). Si esa es la referencia, entonces las nuevas Procuradoras deben explicarnos cómo planean emplearla. 


El gasoducto y los activos

Por lo que toca al Gasoducto, sobre el que aún no se revela ningún soborno, la Contraloría ha reportado daños por US$ 136 millones. Pero antes que acabe enero el Ejecutivo ha resuelto el contrato no por causa de corrupción, sino porque la concesión no logró cerrar su plan de financiamiento. Por este incumplimiento el Ejecutivo ha ejecutado una carta fianza por US$ 260 millones, y al ejecutarla, ha activado un complejo cronograma que concede a la concesión (por tanto también a Odebrecht, que es una de las socias de la concesión) expectativas de recuperación sobre las inversiones que se hicieron mientras el contrato estuvo en vigencia. En este punto la Procuraduría Ad Hoc deberá explicarnos cómo entienden que se relaciona (si es que tiene alguna relación) la ejecución de la carta fianza con las responsabilidades que Odebrecht debe asumir, y cómo se evitará en este caso que los derechos de Odebrecht (de Odebrecht específicamente, no de la concesión que lidera) deben afectarse para reparar los daños causados.

La regla es muy simple: Si una persona me atropella conduciendo su auto y me causa lesiones, no responde sólo con el valor del vehículo que conducía al atropellarme. Responde con todo su patrimonio. Por eso los activos enteros de Odebrecht están expuestos, no sólo los derechos relacionados a cada proyecto contaminado. Y en la relación de activos de Odebrecht están además sus derechos sobre la venta de Olmos (actualmente a la espera de aprobación por el gobierno de Lambayeque), sus derechos sobre el proyecto Chavimochic (a la espera de un certificado de bancabilidad que debe emitir el Ejecutivo -o no- y de la aprobación de una nueva adenda) y Chaclla, una Hidroeléctrica que le pertenece, pero que no puede operar sin licencia del Estado.  


Los procesos judiciales

Pero además la Procuraduría debe explicarnos cómo actuarán en los tres principales procesos que ya están en marcha: Gasoducto del Sur (sobre el que aún no hay información de soborno alguno, pero sí una teoría sobre daños que alcanza los US$ 136 millones y una fianza por US$ 260 millones ejecutada); IIRSA (con US$ 20 millones en sobornos documentados y ninguna teoría clara sobre daños) y Metro (con US$ 8.1 millones en sobornos también documentados y US$ 111.30 millones en perjuicios alegados por la Contraloría).

Las nuevas Procuradoras han anticipado que no negociarán con Odebrecht. No queda claro aún si el anuncio significa que todas las garantías que deben obtener serán promovidas a través de decisiones judiciales. Pero en este caso deberán obtener decisiones parciales conforme a las estimaciones de perjuicios que corresponden a cada caso. 


Palabras finales

Esperamos el plan con muchísimas expectativas. Y por cierto esperamos que su contenido tenga tanta claridad que permita que, en adelante, los abogados independientes pasemos a ocupamos de lo que nos toca en esta historia: Ejercer la defensa de los casos que sea necesaria o que corresponda defender y mantener abierta la discusión sobre los límites y los excesos que aparezcan en el camino. Nuestro papel no debería ser por cierto decirle al Ejecutivo qué debe hacer sino consolidar los inevitables y necesarios contrapesos que es preciso mantener en historias como la que comienza ahora a desplegarse ante nosotros.


Entrevista en "La Hora N" con Jaime de Althaus, 8 de febrero de 2017


lunes, 9 de enero de 2017

Entrevistas Caso Lava Jato

César Azabache, abogado que integró el equipo de la Procuraduría Anticorrupción que investigó a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, consideró que los sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios de los últimos tres gobiernos constituyen “un terremoto institucional” que tendrá “consecuencias impactantes”.

—¿Fue un error de la fiscalía iniciar la investigación del Caso Lava Jato en noviembre último, cuando en Brasil ya se había comenzado una pesquisa hace más de dos años?

¿Por qué habría que comenzar en el mismo ritmo de Brasil o por qué habría que considerar que las situaciones son comparables? […] El caso brasileño está organizado en función a delaciones, a investigaciones por vigilancia electrónica, a intervenciones de teléfono y a registros bancarios. Cuenta con insumos que la justicia peruana no ha tenido y todavía no tiene. Para el Perú, el Caso Lava Jato comienza desde el momento en que llegan a nuestros oídos las revelaciones de Odebrecht en el punto de que pagó sobornos por US$29 millones. A partir de ese momento surge la verdadera pregunta de un caso de corrupción: quién recibió ese dinero, en qué condiciones, a través de qué vehículos y cómo podemos probar que eso ha ocurrido. Antes de ese momento, lo único que teníamos eran sospechas fundadas.



—¿Qué gana Odebrecht firmando un acuerdo de colaboración con la fiscalía?

Odebrecht ha lanzado en Brasil, Estados Unidos y ahora en el Perú una rendición prácticamente incondicional. De modo que el acuerdo es antes que nada un acto mínimo esperado. Hay muchos comentarios sobre las ventajas que Odebrecht quiere obtener en base a su posición, la mayoría de ellos se refiere al esfuerzo por lograr un esquema en que la responsabilidad penal derivada de los sobornos no implique una liquidación de su proyecto corporativo y la empresa pueda continuar con las obras que tiene. Esta decisión la tiene que tomar el Ejecutivo, que ya anunció que no habrá nuevos contratos. Lo que falta saber es si habrá cambios o giros en los contratos [vigentes].



—Las obras que Odebrecht obtuvo en el Perú en los últimos tres gobiernos fueron por US$12.534 millones. ¿El pago de S/30 millones como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas no es insuficiente?

Es un gesto institucional positivo. En lo personal, me parece que S/30 millones es una cantidad baja para la revelación de los sobornos de US$29 millones. Pero un acuerdo adoptado en las condiciones de necesidad y apremio que tiene este caso en este momento supone una negociación en términos y con flexibilidades que no conocemos y que la fiscalía ha manejado. Así que de primera impresión debemos recibir este primer resultado como positivo, no definitivo y que no clausura la posibilidad de nuevas ampliaciones una vez que el Ejecutivo pueda informar cuál es la lista en limpio de cartas-fianza que pueda ejecutar en corto plazo y cuáles son las facturas que el Estado aún no paga a Odebrecht. Otro punto, la referencia que hay que utilizar para medir el impacto económico de este caso de corrupción es lo que Odebrecht reveló en EE.UU., en el sentido de que obtuvo una ganancia de US$143 millones por sus proyectos. Lo que queda por establecer es si los US$143 millones corresponden al margen de ganancia real, y eso lo tiene que evaluar el Ejecutivo.


—¿La coima fue parte del costo del proyecto?
Sí, a nadie se le va a ocurrir que para pagar sobornos una compañía como Odebrecht ha metido la mano a su bolsillo. Si hay US$29 millones de manera provisional como monto pagado por sobornos, entonces ese dinero debe haber sido trasladado de alguna manera a los contratos que firmó con el Estado. No de manera mecánica, ni contrato por contrato, pero sí en cuotas asimétricas en función al valor total de los márgenes de ganancia total […] Lo que está claro hasta ahora es que hay US$29 millones que el Estado ha pagado de más y eso son los que tienen que ser recuperados.

— ¿Por qué no se piden medidas limitativas como el embargo de los bienes de Odebrecht?
Para fijar la protección de los intereses del Estado se requiere un plan, en el que hay que definir el papel específico que cumple cada decisión. No hay un manual a rajatabla que obligue a comenzar [una investigación] con un embargo. En este caso, por ejemplo, la fiscalía ha hecho algo que también pudo hacer la procuraduría y que aún debe hacer, que es sentarse en una mesa y exigir que Odebrecht cumpla la palabra que ha empeñado. Odebrecht ha dicho que va a cooperar con las autoridades peruanas, eso tiene que significar primero el garantizar el pago de la reparación civil.

— ¿El congelamiento de cuentas se puede negociar directamente con Odebrecht?
Por supuesto, Odebrecht ha reconocido que pagó sobornos por US$29 millones. Si ha reconocido que pagó sobornos, tiene que reconocer que sus cuentas pueden ser afectadas, especialmente sus cuentas por cobrar. Odebrecht tendrá que aceptar que las cartas-fianza, que el Ejecutivo tendrá que enumerar, sean ejecutadas en lo que corresponda. Un caso que comienza con una confesión no tiene que ser sobrelitigado, tiene que ser conducido en base a los acuerdos.

—El Congreso también ha abierto una investigación del Caso Lava Jato. ¿No puede afectar la estabilidad de la investigación si el Parlamento accede a información reservada de la fiscalía?
Siempre que hay un procedimiento de este tipo y se abren comisiones investigadoras, se presenta este dilema, se presentó en el 2001, cuando se formaron las comisiones originales que investigaron a Fujimori y Montesinos y se seguirá presentando a lo largo del tiempo. Tenemos un sistema que permite que el Congreso abra comisiones investigadoras para asuntos de interés público sin ponerle la Constitución ningún límite a las prerrogativas que tiene respecto a las prerrogativas que al mismo tiempo tiene el Ministerio Público. Aspiro a que exista un acuerdo institucional entre la fiscalía y el Congreso […] El Congreso debe establecer las responsabilidades políticas [del Caso Lava Jato] que no son necesariamente penales, en eso debería concentrarse con mayor énfasis.

—Durante el gobierno de Alan García, Odebrecht le regaló al Perú una réplica del Cristo del Corcovado, valorizada en US$833 mil. ¿Se debe devolver? 
Desde mi punto de vista, es ofensivo que ese monumento siga depositado al frente de todos los peruanos recordándonos lo que Odebrecht ha hecho. El Ejecutivo tiene que tomar una decisión urgente, rápida y creo que ya está retardada respecto a ese monumento.

—Usted fue parte de la procuraduría para los casos Fujimori y Montesinos. ¿Lava Jato tiene una dimensión mayor?
Comparar dos cosas de diferente envergadura y tiempo es muy difícil y creo que inapropiado, son momentos y estructuras de corrupción distintas. El Caso Lava Jato llega al Perú en una expansión de un esquema de corrupción que tiene su centro en Brasil, no en el Perú. Los US$29 millones que se han revelado en sobornos [dados por Odebrecht], corresponden al primer hallazgo contra Montesinos, en las primeras cuentas suizas. En términos de impacto económico, el Caso Montesinos y Fujimori era inmensamente más importante que el Caso Odebrecht. Institucionalmente que, 15 años después del hallazgo de las cuentas de Montesinos, encontremos que la principal constructora que opera en el Perú reconozca pagos por US$29 millones es gravísimo, es un terremoto institucional de consecuencias impactantes.

—¿El Caso Lava Jato marca un hito de corrupción como lo marcó el Caso Montesinos y Fujimori?
Exactamente, este es un hito de corrupción y pone a prueba nuestra capacidad como sociedad para reaccionar y recuperarnos.

—Una de las sucursales de Odebrecht ganó obras por más de US$449 millones durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cree que la pesquisa debe incluir al fujimorato?
Debe ser incluido todo, la pesquisa debe incluir todo el alcance que pudo tener el patrón de corrupción [de Odebrecht] que se pueda reconstruir y revisar. Pero hay que tener muchísimo cuidado con creer que los actos de corrupción se pueden descubrir leyendo papeles, memorias o un presupuesto, porque eso no es así. Ni la corrupción ni los fraudes se leen en balances, la corrupción se descubre en función a la revelación de patrones de comportamiento ocultos y desarrollados en la clandestinidad. No es lo mismo investigar actos de corrupción en el presente, cuando se puede intervenir teléfonos y detener a personas en el momento en que se pagan sobornos, que descubrir actos de corrupción en el pasado.


Publicado en El Comercio el domingo 8 de enero de 2,017



Entrevista en Canal N con Augusto Thorndike, 9 de enero 2017






Entrevista en "Ampliación de Noticias" de RPP, 9 de enero 2017





Entrevista en "A pensar más con Rosa María Palacios" de Radio Santa Rosa, 13 de enero 2017






Entrevista en "Mira quien Habla" de Willax, 29 de enero de 2017






Entrevista en "Nacional en la Noticia" de Radio Nacional, 31 de enero de 2017





Entrevista en "Todo se Sabe" de RPP con Milagros Leiva, 2 de febrero de 2017




Entrevista en "24 horas" de Panamericana, 3 de febrero de 2017




Entrevista en "La Hora N" con Jaime de Althaus, 3 de febrero de 2017





Entrevista en "La Hora N" con Jaime de Althaus, 13 de febrero de 2017






Entrevista en "Tiempo Real" de RPP con Patricia del Río, 14 de febrero de 2017






lunes, 26 de diciembre de 2016

Los socios clandestinos



EL PAGO DE SOBORNOS DE ODEBRECHT EN EL PERÚ
Los socios clandestinos

Las personas que reciben la confianza de otro para cuidar su patrimonio adquieren al mismo tiempo el deber de mantenerse leales a quien los nombra y revelarle todo conflicto de intereses del que puedan ser portadores. La corrupción comienza cuando quien recibió un encargo como este oculta vínculos de interés antagónicos, y se consolida cuando los hace prevalecer sobre lo que debe custodiar, sin importarle las consecuencias.
El soborno es el pago que se obtiene por violar los deberes derivados de esta confianza en casos específicos. En el derecho comparado, quien procede de esta forma puede ser sancionado como autor de un delito, sea que actúe en el ámbito privado o en el público. En nuestro caso, por razones históricas y no teóricas, solo castigamos los sobornos que cobran los segundos. Ya entenderemos que eso es un error y que también puede sobornarse a un empresario o a un curador. 
Pero ahora quiero llamar la atención sobre otro aspecto: recortar la sanción a funcionarios en ejercicio –o al menos elegidos– genera limitaciones absurdas. Para eludir la regla basta con reclutar al objetivo antes que sea elegido para el cargo, cuando aún no ‘es’ funcionario o autoridad electa. Y para esto, por cierto, la falta de control que mantenemos sobre el financiamiento de campañas políticas (que no han sido puestas al alcance del radar de la UIF ni siquiera con la última reforma) ofrece un enorme punto ciego de acción libre y clandestina, fácil de explotar.
El soborno, usualmente, es un pago por servicios ilegales específicos prestados por quien se corrompe. Pero es sencillo remplazar el soborno convencional por una participación en las ganancias esperadas en el negocio que se pone en marcha. El personaje que así se recluta puede percibir estos fondos, al menos en parte, antes de ser elegido (aunque con esto se asume el riesgo que resultaría de una derrota electoral). Puede, asimismo, comprometerse sin especificar los actos en concreto en los que deberá intervenir. Entonces, deja de ser un simple prestador de servicios específicos para convertirse en un socio clandestino de la empresa.   
Una cosa es ser sobornado por una violación específica a los deberes del cargo que se ejerce y otra, mucho más grave y compleja, es convertirse en socio clandestino de un negocio definido sobre fundamentos corruptos para participar en sus ganancias.
Propongo introducir estos matices en las construcciones que empleamos usualmente para estos casos, porque las cifras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha difundido no corresponden, desde mi punto de vista, a una historia sobre sobornos convencionales. Indican que Odebrecht podría haber reclutado como socios clandestinos a personajes de la política calculando cuotas encubiertas que los comprometieron con los resultados de proyectos y no solo con servicios particulares o prestaciones concretas.   
Quiero explicarme. La facturación anual de Odebrecht en el Perú alcanzaba los US$1.000 millones anuales hacia el 2012. De acuerdo al Departamento de Estado estadounidense, las ganancias obtenidas entre el 2005 y el 2014 habrían alcanzado los US$143 millones. Los US$29 millones destinados a corromper funcionarios en el país sugieren una cuota de inversión equivalente a poco más del 20% de las ganancias del período. Entonces, el tamaño de la cuota no parece relacionado con el precio de servicios ilegales específicos recibidos, sino con el resultado del negocio. Y esto convierte a quienes hayan recibido estas ganancias (al menos las cuotas más importantes) en socios clandestinos, no solo en vendedores de servicios específicos.
El socio clandestino puede ser reclutado antes de asumir el cargo. Adquiere una posición de interés que no revela y que oculta deliberadamente durante el tiempo en que ejerce funciones. Pero además presta su influencia en situaciones imposibles de relacionar con los fondos que ha percibido. Esto impide usar las reglas del cohecho, tal como están definidas, para sancionarlo. Pero no impide hacerlo por haber alterado la verdad en sus declaraciones tributarias y electorales, y por lavar las ganancias que obtuvo. Tampoco impide inhabilitarlo políticamente por haber escondido una situación objetiva de conflicto de intereses que traiciona la confianza depositada cuando se le encomendó el cargo.
En general, US$778 millones distribuidos clandestinamente en 12 países ponen en evidencia el despliegue de una maquinaria de lavado de ganancias sin precedentes en el hemisferio. El negocio perverso, cegado por su propio éxito temporal, ha estallado. Ahora nos queda ver cómo hace añicos los cuadros de alianzas temporales que constituyó.
Publicado en El Comercio el lunes 26 de diciembre de 2016

domingo, 25 de diciembre de 2016

Entrevistas sobre el caso Lava Jato




El caso Lava Jato en Perú empieza a consolidarse con el reconocimiento del pago de sobornos por US$29 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de alto nivel. El ex procurador César Azabache analiza la situación y plantea algunas medidas de urgencia que deben realizar las autoridades peruanas.

Tras el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía ha dado a conocer una serie de diligencias que está adoptando…El Estado debe tomar acciones inmediatas, no necesariamente penales pero sí estrictamente civiles para asegurar los montos involucrados en esos actos de corrupción.

¿A qué se refiere?El Estado peruano debe asegurar la indemnización que debe recibir y la recuperación de los US$29 millones que están inmersos en prácticas de corrupción. Los sobornos tienen que ser devueltos al Perú.

En la práctica pareciera una diligencia inmediata, pero a veces en la teoría la figura se complica…Lo único necesario es saber cuáles son las cuentas que el Estado tiene en este momento con los consorcios de Odebrecht, qué ha formado, auspiciado o promovido, de manera que esos saldos por pagar puedan ser intervenidos sin necesidad de esperar a acopiar el conjunto de información que tiene que llegar, o los fiscales obtener, de las autoridades americanas y brasileras.

¿No cree que se tiene que cumplir con una serie de procedimientos? ¿La Fiscalía pedirá información a EE.UU. sobre el mencionado caso?Hay que asegurar la reparación patrimonial antes de que la información de EE.UU. y Brasil llegue. Los procedimientos en el Perú no se van a cerrar mientras toda la información sea recibida, pero no veo razones para que tengamos que esperar a que la información de los mencionados países llegue al país, entre 6 y 8 meses más para empezar a realizar las cosas básicas porque ya hay un reconocimiento muy claro.

Odebrecht se ha comprometido a colaborar con las pesquisas…Se debe aprovechar ese compromiso de la empresa en cuestión para obtener información. Tiene que haber un reconocimiento público de Odebrecht y eso tiene que traducirse en una revelación de información sobre los detalles de pagos que se han hecho y de las personas que han recibido.

Una información relevante…Se obtendría un material fuerte para poder realizar una segunda ronda de declaraciones y seguir con el interrogatorio. Todas las personas involucradas en el asunto y si es que no están involucradas que digan cómo pudo ocurrir sin que se dieran cuenta.

El ex fiscal Avelino Guillén considera que los US$29 millones no serían la única coima que se pagó a funcionarios peruanos…Probablemente ese monto no es la única cantidad. Hay indicios de que la suma es superior. Se tiene que seguir investigando.
La Fiscalía no ha descartado citar a los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo… 
Sin duda, hay una serie de personajes que tendrán que ser citados en la Fiscalía a consecuencia de estas revelaciones pero, por ahora, lo más inteligente es recopilar información y sobre base la base de ello empezar con el interrogatorio.

Ninguno de los ex mandatarios asume algún tipo de responsabilidad…Las declaraciones de las autoridades de más alto nivel serán necesarias porque se requiere el detalle de la información. Deben colaborar con la investigación no solo los ex presidentes sino también ex funcionarios y trabajadores de Odebrecht para que se pueda contrastar la información y seguir con las indagaciones.

El procurador anticorrupción, Amado Enco, considera que se deben suspender los proyectos de Odebrecht. ¿Qué opina al respecto?¿Para qué? Lo que se tiene que hacer es recuperar los US$29 millones y no paralizar las obras públicas. Al final, los precios se pueden reajustar y favorecer al Estado, debido a los actos de corrupción que se han suscitado.

Pero, ¿considera que una empresa que ha cometido presuntos actos de corrupción deba seguir operando…?El patrón de corrupción que se está revelando no es uno en el que Odebrecht haya vendido al Estado proyectos basura o activos chatarra a cambio de sobreprecios. Este es un esquema sumamente complejo en el que hay obras públicas útiles en marcha a las que, adicionalmente, les ha rondado un esquema de corrupción que alteró sus precios.

Algunas autoridades han cuestionado el papel de la Fiscalía porque consideran que actúa con lentitud…En lo absoluto. La dinámica en el Perú es distinta a la del extranjero. No se puede comparar. Este no es un caso en que se puedan hacer deducciones mecánicas. Las evidencias sobre sobornos no se encuentran en los contratos. Los sobornos se pagan por fuera.

El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, y Guillén consideran que el Congreso debe abstenerse de investigar el caso Lava Jato para no politizarlo…A veces las investigaciones del Congreso dan pocos resultados; hay que pedirles que no interfieran en la investigación del Ministerio Público.


Publicado en Perú21 el domingo 25 de diciembre de 2016



Entrevista en Canal N con Jaime de Althaus *


26 de diciembre de 2016

* En el minuto 6:52 dice "413 millones de dólares", debe decir "143 millones de dólares"