El sesgo unilateral

LAS PUGNAS ENTRE EL FISCAL DE LA NACION Y EL EQUIPO ESPECIAL PARA EL CASO LAVA JATO

LA LEY NO LE CONCEDE AL FISCAL DE LA NACIÓN ATRIBUCIONES PARA FORMAR GRUPOS ESPECIALES PARA QUE LOS UTILICE EN FUNCIÓN A SUS PREFERENCIAS

Hace un año Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República. Enfrentaba la primera crisis de vacancia por el Caso Westfield. Y en el contexto de esa crisis decidió indultar a Alberto Fujimori, en un evidente canje destinado a capturar los votos que pudo reunir a su favor Kenji Fujimori. Un año después, Kuczynski ya no es el presidente. Además, está impedido de salir del país como consecuencia de las investigaciones del Caso Westfield. Kenji Fujimori está fuera del Congreso. Y Alberto Fujimori se mantiene en una clínica en condiciones institucionalmente precarias, mientras espera la decisión final del caso judicial que se le sigue por la anulación de su indulto.

La cadena de errores que condujeron a este infeliz desenlace corresponde a una desviación que se repite con una frecuencia alarmante en nuestro medio. Se trata del “sesgo unilateral”. Este se registra cuando un tomador de decisiones públicas cree que la posición que ocupa es suficiente para optar por la senda que sus preferencias subjetivas sugieren, acomodando el sentido de la ley y de sus propios deberes a ellas.

Cegado por la fascinación que le produce su propio plan, quien se desvía de esta forma suprime arbitrariamente o minimiza todas las demás variables que deberían entrar en la ecuación. Entre ellas está la posibilidad de que la ley tenga alcances que le contradigan. Además de la sensibilidad de los grupos que serán afectados por lo que haga. También las condiciones que marcan su propia debilidad y la debilidad de sus eventuales aliados. Y, por cierto, los efectos corrosivos que las decisiones carentes de fundamento generan en la posición de aquel que las adopta.

En el caso del indulto, Kuczynski pasó por alto el impacto que su decisión tendría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas de la corte no entraban, ahora es evidente, en su cuadro de preferencias subjetivas. Kuczynski encontró una lectura literalista y simplona de sus facultades constitucionales y eligió pensar que esa lectura debía predominar en el desenlace porque era la que mejor se acomodaba a sus planes.

Sobre esa base, Kuczynski minimizó las lecturas alternativas de las normas, hizo manipular el procedimiento de indulto para adecuarlo a sus prioridades y apremios personales, y eliminó de la ecuación, sin explicación alguna, a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a los sectores progresistas y de izquierda que lo habían respaldado en las elecciones del 2016 y en la votación contra la primera moción de vacancia apenas días antes de firmar el indulto.

Hay, indudablemente, algo de desprecio a los demás en la forma en la que actúa el que procede sesgado de esta manera. Pero también hay una infinita ceguera. Y la ceguera es la peor consejera imaginable para tomar decisiones que se pretenden sostenibles.

Las enseñanzas que deja el caso de Kuczynski deberían haber sido suficientes para ahorrarnos el costo institucional que nos está imponiendo el sitio que el fiscal de la Nación está montando alrededor del equipo especial anticorrupción que lidera el fiscal Rafael Vela. En las condiciones específicas en las que se está desenvolviendo la coyuntura, no basta que el fiscal de la Nación esté en funciones o que no haya aceptado renunciar al cargo para que pretenda estar en posición de desmontar al equipo más importante de fiscales que tenemos. La ley no le concede al fiscal de la Nación atribuciones para formar y reorganizar grupos especiales de investigación para que las use en función a sus preferencias personales y desmonte los casos que no le gustan. Entonces, si procede conforme a las que parecen ser sus preferencias subjetivas –asumo que no lo hará–, terminará involucrándose él mismo en un acto de obstrucción en el caso de Keiko Fujimori que puede terminar, tarde o temprano, siendo sancionado.

Sea cual sea la decisión de la sala en la apelación de la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori, el caso avanzó ya demasiado para que alguien pretenda detenerlo con una maniobra tan ciega como remover al equipo de fiscales que conduce las investigaciones.

Por cierto, el menú parece ser más agresivo. Aparentemente incluye un ataque frontal al acuerdo de colaboración por medio del que la fiscalía está por recibir una valija de evidencias nuevas provenientes de Brasil. Y además incluye un forzado cambio a las leyes que intenta imponer la mayoría en el Congreso y que, desde cierto punto de vista, permitiría alegar a la defensa que lavar activos en la política solo es delito “a partir de ahora”.

Creer que estas maniobras juntas o separadas frenarán un proceso en pleno desarrollo supone actuar en un nivel de ceguera tan intenso que solo se explica como resultado de la desesperación que provoca un final prácticamente inevitable.

El sesgo unilateral aparece cuando el pánico niebla toda forma de cordura.

Publicado el 24 de diciembre en El Comercio