Mostrando entradas con la etiqueta Ministerio del Interior. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ministerio del Interior. Mostrar todas las entradas

domingo, 30 de septiembre de 2018

Entrevista publicada en La República



LO QUE HA HECHO EL CONGRESO ES PONERLE UN VETO AL MINISTERIO PÚBLICO


¿Qué piensa de la decisión de la Comisión Permanente (CP) de obviar la figura de la organización criminal en el caso de César Hinostroza?
Los casos de organizaciones criminales permiten que la justicia estire su radio de acción. Estos grupos no son clubes, no reparten carnés de membresía, no pagan cuotas y no generan evidencias objetivas de la incorporación de alguien o de su expulsión.

¿Cómo se investigan?
A través de las relaciones entre sus presuntos miembros y del valor que se les atribuye. Cerrar la compuerta para una investigación de este tipo implica prohibirle al Ministerio Público establecer la magnitud real de las relaciones entre César Hinostroza y Walter Ríos.

Sobre todo porque existen indicios muy fuertes de la organización criminal.
La organización existe. Las grabaciones prueban una dimensión de las actividades.

Digo indicios porque la investigación está por hacerse.
Correcto, pero los audios son una muy buena razón para considerar la existencia (de la organización criminal). Lo que falta saber es cuánto se expandió, cuántos delitos cometió.

¿Encuentra explicación a la decisión de la CP?
No. Lo que ha hecho el Congreso es ponerle un veto al Ministerio Público (MP), que tendría que comenzar a juntar todos los elementos para interpretar qué ocurrió. ¿Ríos fue puesto por Hinostroza como una especie de lugarteniente? ¿Hinostroza desarrolló su propia organización? ¿Cómo empezó todo? Eso tiene que responderse. El Congreso está bloqueando esa investigación.

¿Y cuál será la consecuencia para el caso?
Esto nos lleva a un caso diminuto. Solo se podría investigar si las grabaciones que ya existen suponen crímenes de tráfico de influencias o de favorecimiento a particulares. Muy chico para la información con la que se cuenta y la importancia de la crisis, la segunda más importante en 20 años.

¿Solo podrían investigarse los audios que ya existen?
Nada más. El núcleo central, las relaciones alrededor de las grabaciones, quedaría bloqueado. Si aparecieran nuevas pruebas el Congreso tendrá que discutir si se amplía el levantamiento de la inmunidad. Funciona como las extradiciones. El MP solo puede funcionar en los límites impuestos por el Parlamento.

El fujimorismo dice que se ha aceptado investigar a Hinostroza por tres delitos: negociación incompatible, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Esos delitos, que son eventos específicos, no permiten indagar sobre el sentido final de las relaciones que Hinostroza pudo tener con Ríos y varios más, entre ellos el señor Gonzalo Chávarry. Se estaría dejando de lado la respuesta a varias preguntas: ¿hasta dónde creció esta red?, ¿a cuántas personas alcanzó?

¿Se quiere proteger al fiscal Chávarry?
No sé si el material recogido permite saber si Chávarry llegó a ser parte de la red, pero es una hipótesis por descartar. Sacar el concepto de organización criminal de la mesa elimina un caso potencial sobre Chávarry, que el propio Ministerio Público ha declarado que desea investigar.

¿O quizás quieren proteger a Héctor Becerril?
En caso se confirme que el señor Becerril, y esto es una especulación, fue una especie de nexo entre el Congreso y la organización. Entonces, hay demasiadas aristas como para decirle “no” al Ministerio Público antes de que las investigaciones tomen forma.

Es curiosa esta posición exageradamente garantista del Congreso, ¿no?
No es ser garantista: esto es bloqueo. Estamos al inicio de la investigación, las grabaciones existen. Si hubiera sospechas sobre mí, sería el primero en pedir que se me levante la inmunidad y se vaya hasta el final. Esto suena a amarrarle las manos a una Fiscalía ya desestructurada para no investigar a una organización criminal cuyos bordes no están establecidos aún. Tomar una decisión así ahora es absolutamente inoportuno.

Sospechoso, en realidad.
Sí, sospechoso más que inoportuno. Inaceptable. Si al final de los juicios un tribunal dijera que no hay prueba suficiente de que Chávarry se vinculó con la organización, pues bien. Habrá que ver.

No parece haber disposición de Fuerza Popular (FP) de revertir la decisión.
Sin embargo, si fuera una mayoría suficientemente fuerte no estaríamos discutiendo el referéndum y la posición de Chávarry sería completamente segura. Sí, FP mantiene la mayoría, se ha cometido una provocación institucional, aunque puede revertirse, como se revirtió el bloqueo de la discusión por el referéndum.

¿Qué debe hacer el Pleno?
Aprobar la separación e inhabilitación de Hinostroza y devolver el caso a la CP para que reconsidere su posición sobre los cargos por integrar o montar una organización criminal.

FP dice, también, que el informe de Oracio Pacori no daba para más. ¿Le parece una respuesta válida?
No, no, es una coartada. La CP no emite sentencia y tampoco estamos al final de un caso. Esto no se trata de controlar la evidencia más allá de toda duda. Además, el informe del señor Pacori, sin ser perfecto, contiene suficientes elementos para justificar el inicio de una investigación. Prohibirle a la Fiscalía investigar sin la llave principal del caso, que son las relaciones de Hinostroza con Ríos y otros, es una mutilación.

¿El caso está en peligro?
Sí, está en peligro. Y puede generar una suerte de efecto multiplicador. La CP le está diciendo al sistema que muchos de los casos que se están desarrollando ahora deben cortarse. El estándar de la prueba para empezar a investigar se ha elevado más allá de lo tolerable. Es absurdo.

Más de un investigado podría alegar que el Congreso le ha dado la razón, digamos.
Claro, podríamos empezar a ver hábeas corpus. Y ahí se pueden empezar a caer los casos, como castillos de naipes. Demasiada irresponsabilidad. Un atolondramiento que, como usted dice, provoca sospechas. Yo espero que cedan. Defenderán su posición, seguro, pero tendrán que ceder.

Es usted un optimista.
Quiero pensar de manera optimista.

Yo creo que hay personas a las que se busca proteger.
Estoy de acuerdo, pero no pueden ganar. 

Publicado en La República el 30 de setiembre de 2018

lunes, 25 de enero de 2016

Los nuevos detenidos


JUICIOS INMEDIATOS

Los nuevos detenidos

Por César Azabache Caracciolo

Hace un par de meses hemos comenzado a llevar a juicio, de inmediato, a quienes son detenidos en flagrancia. El presidente del Poder Judicial ha confirmado que en los últimos dos meses más de 430 personas han ingresado a prisión bajo las nuevas reglas.

Hace un año el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, protestaba porque el 95% de personas detenidas en flagrancia habían sido liberadas por las autoridades. Los cambios introducidos en el procedimiento judicial parecen dirigidos a modificar esa tendencia.

Sin embargo, antes de los cambios, cada mes ingresaban a las cárceles aproximadamente 350 personas. Con ese promedio, la capacidad de albergue de las cárceles ya estaba desbordada por encima del 100% (en promedio, más de 67 mil internos en penales diseñados para 31 mil personas).

Aumentar en 200 los ingresos mensuales a cárceles parece imposible, pero establecer seguridad en el país requiere un uso intensivo de las prisiones. La principal señal de vigencia de la ley consiste en que quienes cometen delitos vayan a prisión lo antes posible.

Entonces, la solución no estriba en ajustar la dimensión del sistema para que coincida con la capacidad de albergue de las prisiones, sino en expandirlas para que puedan corresponder a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades parecen requerir que reforcemos con urgencia la inversión pública en centros de detención, al menos temporales, pequeños, municipales y de bajo costo.

Por supuesto, hay otras alternativas que combinar en este proceso. El sector Justicia tiene en carpeta un proyecto destinado a introducir en nuestro medio grilletes electrónicos.

Muchos expertos en nuestro medio creen que los grilletes podrían servir para despoblar las prisiones. Al contrario, pienso que dadas las condiciones del sistema, los grilletes no reducirán el número de personas recluidas.

Reforzarán la vigilancia sobre quienes no tienen por qué ser llevados a la cárcel. Esto es distinto. Los grilletes incrementarán los márgenes de vigilancia sobre las personas que deben ser conducidas a juicio, lo que por cierto ayuda.

Estamos en un innegable momento de expansión del sistema legal, entendido en sentido fuerte, y toda alternativa suma en el arsenal de herramientas que necesitamos para equilibrar el sistema.

Paralelamente, deben revisarse las reglas sobre condenas. Hace 25 años el Parlamento se dedica a aprobar reformas que han incrementado las penas del código cada vez que se produce una alarma social relacionada con asuntos de violencia o corrupción.

Por cierto, incrementar las penas funciona relativamente bien si se trata de conseguir algo de atención en los medios en contextos en los que las reglas no serán usadas nunca o lo serán de manera imperceptible. No obstante, cuando se apunta a emplear condenas de manera intensa y efectiva, no puede dejarse de atender a las consecuencias que se producirán.

El caso de la señora Silvana Buscaglia, condenada a seis años de prisión por forcejear con un agente de policía que la intervino, evidencia hasta qué punto la cuestión sobre los castigos deja de ser un juego simbólico gratuito cuando tenemos que hacernos cargo de sus consecuencias.

Si usaremos las condenas penales para castigar y contener delitos, entonces tenemos que contar con márgenes de pena razonables y correctamente ponderados. Esto significa que, además de construir prisiones adecuadas para estos casos, debemos revisar las leyes penales con urgencia.


Publicado en El Comercio el lunes 25 de enero del 2016

jueves, 11 de agosto de 2011

A distancia del castigo máximo posible



A distancia del castigo máximo posible
César Azabache Caracciolo

El amotinamiento de Andahuaylas de enero del 2005 representó un inoportuno intento por reinstalar la violencia como forma de acción política en nuestro medio. Por eso el debate sobre el caso tiene un enorme significado moral. A diferencia de lo que ocurrió en Locumba, en el Puente Constitución en Andahuaylas se produjo la muerte de 4 policías que sólo estaban intentando cumplir su deber. La provocación de 4 muertes innecesarias tiene suficiente fuerza moral para justificar la demanda de la comunidad porque los hechos sean considerados a partir de las reglas sobre asesinatos. Y sin embargo son precisamente estas reglas las que están siendo dejadas de lado por la Corte Suprema.

La clave del debate moral en el caso está en la inclusión o exclusión de los cargos sobre asesinato en la lista de delitos en que se basa la condena. Pero el debate se ha hecho especialmente intenso por la soberbia con que el jefe del amotinamiento y su defensa han anunciado que el sólo hecho de discutir si las reglas sobre asesinato y secuestro agravado se aplican al caso constituye la antesala política de su liberación. Incluso pasando por alto el abandono de las reglas sobre asesinato, la condena propuesta en la Suprema, ya sea a 17 o a 19 años, es por cierto muy severa. Y no implica automáticamente la concesión de ningún beneficio penitenciario. A distancia de lo que piensan la defensa del jefe de los etnocaceristas, un condenado no obtiene beneficios penitenciarios por el solo paso del tiempo, o porque se excluya tal o cual delito de su condena. Los beneficios penitenciarios deben otorgarse sólo a personas condenadas que demuestran aptitud para reincorporarse a la sociedad en condiciones aceptables. Quien 6 años después del crimen sigue reivindicando lo que hizo y anuncia que su primera acción, de recuperar la libertad, será reorganizar al grupo que se amotinó, claramente no califica para ningún beneficio sea cual sea el delito por el que se le condena finalmente.

Puesto así el debate, dos gestos se vuelven urgentes: El Procurador del Ministerio del Interior debería solicitar una audiencia a la Corte Suprema antes que el señor Santa María emita su voto sobre el caso.  Esperaríamos ver en esa audiencia un Procurador que deje en claro que los intereses del Ejecutivo corresponden a lo que el Estado debe perseguir: Que eventos como el que causó las muertes de Puente Constitución no se repitan jamás. Además la jefatura del INPE debería dejar en claro, públicamente, que los condenados que insisten en reivindicar sus crímenes después del juicio no pueden ser recomendados por el gobierno para ningún beneficio penitenciario.

De hecho el señor Santa María, el siguiente Juez Supremo llamado a votar en este caso, tiene libertad suficiente para optar por la decisión que le parezca más justa, sea adherir a uno de los votos en disputa o recuperar los cargos por asesinato (imprescindibles para ajustar la sentencia final a la descripción más adecuada del evento). En cualquiera de estos casos, la condena será mantenida. Y el principal acusado no puede pretender obtener beneficios en base a ella sin primero reparar los daños cometidos, pedir perdón al país por lo que hizo y, sin duda, garantizar la desmovilización inmediata e incondicional del etnocacerismo.