Las curvas de tolerancia

NO TOMAR LAS PROHIBICIONES BÁSICAS DE UNA SOCIEDAD EN SERIO REPRESENTA TANTO COMO NO ABORDAR SERIAMENTE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS. ES LO MISMO QUE NO RESPETARNOS.

Con el establecimiento de la República fueron abolidos los castigos impuestos sobre el cuerpo de los condenados, las flagelaciones y las mutilaciones practicadas en plazas públicas. Después de la Segunda Guerra Mundial un enorme movimiento que desembocó en la constitución de Amnistía Internacional ha convertido la tortura en un crimen reconocido por la ley. Otros movimientos en desarrollo promueven aun ahora la abolición de la pena de muerte. En paralelo el terrorismo ha sido reconocido como un crimen distinto a los atentados individuales y a los asesinatos que comenten sus adherentes; el lavado de activos ha tomado forma también como un delito autónomo y las empresas ‘offshore’ y el secreto bancario comienzan a ser mirados bajo sospecha. A principio de los años ochenta se reconoció entre nosotros, en términos prácticos, que el uso de la violencia cotidiana en la educación de los niños está prohibido y ahora se aplican sanciones por acoso a profesores universitarios y jefes de oficina por la imposición de estilos de relación sexista que antes se mantenían invisibles.

La línea de las prohibiciones efectivamente acatadas o sancionadas se mueve con el paso del tiempo. De pronto encontramos que lo que antes parecía usual o cotidiano se reconoce como prohibido y se castiga. Nuestra tolerancia a determinadas situaciones que en verdad son transgresoras se mueve atendiendo a procesos de toma de conciencia sobre el ser y el merecer ser respetadas y respetados. Y se mueve también atendiendo a necesidades de control y protección reconocidas por las autoridades públicas.

Prohibiciones y tolerancia se mueven también en función a la lenta, demasiado lenta entre nosotros, conversión de espacios no regulados en espacios institucionalizados. Estamos comenzando a reconocer que en el país se trafica con niñas y niños, pero todavía no reconocemos que está prohibido comprar predios invadidos por mafias que los ponen en el mercado paralelo, sin títulos formales. “Prohibido pagar sobornos” y “prohibido apoderarte de bienes del Estado” son reglas que no fueron aprendidas por completo en tiempos de la transición pos-90. Pero pueden serlo ahora. Comenzamos a reconocer además que falsos mecenas clandestinos han financiado nuestros partidos políticos, pero no todos han encontrado valor para contar sus historias personales en voz alta.

En estos procesos las curvas de tolerancia se mueven; tienden a estrecharse con el paso del tiempo reduciendo progresivamente los espacios de impunidad “natural”, “asumida como normal”, o desplazándolos a nuevos nichos de impunidad que luego habría que abordar también y desmontar. La magia estriba en que este proceso no crea nuevas prohibiciones. Simplemente activa o redefine algunas que ya existían, pero aceptamos pasar por alto; algunas entre aquellas cuya transgresión venimos aceptando con absoluta naturalidad.

La impunidad es solo un subproducto de nuestra enorme e inaceptable tendencia aprendida a tolerar infracciones con absoluta indiferencia.

¿Cuántas prohibiciones reconocidas como vigentes aceptamos transgredir sin exigir consecuencias prácticas? Deberíamos incorporar entre nuestros indicadores de desarrollo institucional una “tasa de tolerancia aprendida”, una TTA que exprese en un coeficiente la cantidad de abusos frente a los que simplemente somos incapaces de reaccionar. Un país debería poder ser reconocido como “institucionalmente sólido” si la TTA resulta baja. Y debería ser considerado “inelegible” para colectivos como el OCDE, si la tasa resulta alta.

No tomar las prohibiciones básicas de una sociedad en serio representa tanto como no abordar seriamente los derechos de las personas. Es lo mismo que no respetarnos. Y sin respeto compartido conformarse como comunidad se convierte en imposible.

Sin embargo, podemos mover las curvas de tolerancia por nuestra propia iniciativa. “Ni Una Menos” esta ahí, como están los equipos de fiscales anticorrupción y contra la trata de personas. Están también el periodismo de investigación, el movimiento de defensa de derechos humanos y la defensoría. Me gustaría enumerar más agencias de contención de impunidad, pero temo que no abundan. Sin embargo, las pocas agencias que tenemos nos han dado más de una muestra de las cosas que se pueden hacer para confirmar que no somos una comunidad totalmente fallida.

Necesitamos convertir la reducción de nuestra tasa de tolerancia aprendida (que por cierto habrá que medir) en una meta colectiva. Necesitamos ser conscientes de que suma en este proceso cada movimiento que reclame la vigencia de una prohibición, cada acción colectiva que reclame nuevas formas de protección efectiva a personas expuestas, cada demanda de nuevos espacios que hagan posible que la responsabilidad de los infractores sea reclamada y hecha efectiva ante todos, de manera visible.

No es este un momento en que podamos esperar que la construcción de la ciudadanía, condición básica para la conversión de un conjunto en un país, nos venga de algún lugar distinto a nuestros propios espacios de interacción e intercambio.

Se trata de convertir el respeto mutuo en fundamento de nuestra coexistencia.

Publicado en El Comercio, el 26 de agosto de 2019.

Sobre un tejado caliente

EL CASO PEDRO CHÁVARRY

EL CASO CHÁVARRY HA PUESTO EN EVIDENCIA NUESTRA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR EL PROCEDIMIENTO QUE CONDUCE A LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE LA NACIÓN.


El señor Chávarry acaba de cerrar, de la peor manera, una larga lista de desaciertos que comenzó a desplegarse el día que se precipitó a tomar el cargo. Para entonces varias voces le habían pedido retrasar la ceremonia de su investidura para escuchar primero sus explicaciones sobre el sentido de sus conversaciones con el señor Hinostroza, que era entonces presidente de una sala en la Corte Suprema, y hoy espera una decisión final sobre su extradición desde España.

Primero, se negó a ofrecer cualquier explicación. En lugar de poner punto final a esta historia, mintió. Quiso obtener el apoyo incondicional de las juntas superiores de fiscales y no pudo. Se disculpó a medias, pero volvió a la carga en defensa de su asiento cuando la fiscal Castro puso por escrito sus sospechas sobre sus relaciones con el señor Hinostroza. El fujimorismo lo defendió de manera sospechosa aun antes de que la señora Fujimori fuera detenida. Y en lugar de cortar las aguas en defensa de las investigaciones de la fiscalía, decidió emprender la lucha contra el equipo especial a cargo de los casos Odebrecht. Ha querido reemplazar a los señores Vela y Pérez por los señores Almanza y Páucar, pero ambos han declarado que no asumirán el cargo. Así, multiplicando ‘impasses’ generados por su insistencia en sesgarse, el señor Chávarry ha intensificado su propio deterioro de una manera inconcebible. Solo el señor Kuczynski y la señora Fujimori han perdido tanto poder en tan poco tiempo.

Ciclos de deterioro del poder como este deberían desembocar siempre en el retiro prudente de quien comienza a errar. Pero ocurrió que el señor Chávarry decidió al comienzo de este período de caída libre no renunciar al cargo. Decidió aferrarse a él empleando las llaves formales que lo atornillaron al puesto. Con las reglas actuales el fiscal de la Nación no podía ser retirado contra su voluntad sin ser propiamente destituido. Para destituirlo se hacía imprescindible romper el cerco que, al menos hasta ahora, había establecido la mayoría del Congreso a su alrededor. Experta en explotar los alambiques del retardo, la mayoría actual habría tenido que entrar en razón o romperse para cancelar el nombramiento del señor Chávarry como magistrado. Un caso criminal absolutamente claro y concluyente al menos en este momento, no existía, no al menos en una versión suficientemente fuerte; pero un caso de infracción a la Constitución, sí.

Entonces el Caso Chávarry ha puesto en evidencia nuestra urgente necesidad de reformar el procedimiento que conduce a la designación del fiscal de la Nación. Parece mentira que no nos hayamos dado cuenta en la transición de principios de siglo que las reglas de la Constitución de 1993 creaban un puesto como este, al que se le encargó la enorme responsabilidad de conducir las políticas públicas de persecución del delito, pero sin someterlo a los rigores de la interpelación a los que están sujetos todos los ministros de Estado, y sin imponerle la imprescindible carga de una presentación anual de políticas y resultados a la que está sujeto el defensor del Pueblo. Parece mentira que no hayamos notado que la Constitución del 93 entregó la elección del fiscal de la Nación a una pequeña junta de 5 magistrados que adquirieron la extraña costumbre de designar a un responsable de políticas públicas por orden de antigüedad. Pero como tantas cosas, esta se nos pasó por delante en la transición de principios de siglo.

En adelante tendremos que modificar íntegramente el diseño constitucional de la Fiscalía de la Nación. Entre tanto, porque las reformas constitucionales no se hacen en días, tendremos que adoptar una acción de urgencia. Alguna. El presidente Vizcarra, voy a entender que reaccionando a la gravedad de la crisis, ha propuesto al Congreso intervenir el Ministerio Público. En lo personal no creo en intervenciones verticales, ni siquiera en estas circunstancias, pero el Congreso sí puede, aunque reconozco que me cuesta pensar que la mayoría decida actuar en positivo, modificar la Junta de Fiscales Supremos: agregarle tres miembros más que, por esta vez, ya que la designación de la Junta Nacional de Justicia requerirá aún de un tiempo adicional, sean elegidos por los presidentes de las juntas superiores de fiscales. Una nueva junta, conformada por una nueva mayoría, puede elegir un nuevo fiscal de la Nación. Uno que no se convierta en obstáculo para iniciar el proceso que se desprende del último referéndum. Uno que no nos ponga permanentemente en un paso atrás de lo avanzado.

Necesitamos estabilidad. El señor Chávarry, en lugar de ofrecernos esa estabilidad, decidió ocupar el lugar del señor Hinostroza en la lista de obstáculos que nos distancian de la meta final: un sistema de justicia y persecución del delito que nos permita sentar bases para una añorada y aparentemente lejana forma más sostenible de impartir justicia.

Publicado en El Comercio el 3 de enero de 2018

El juego de las sillas

LA ROTACIÓN DE ALGUNOS CARGOS PÚBLICOS

VOTO POR QUE EL CONEJO QUE INSTALEMOS DESPUÉS DEL REFERÉNDUM RATIFIQUE O INVITE A PASAR AL RETIRO A QUIENES AHORA ESTÁN EN LA CORTE SUPREMA.

No creo posible establecer el momento exacto en el que comenzamos a convertir la política en el juego de las sillas. El juego –si alguien no lo recuerda– consiste en hacer rondas esperando que la música se detenga para entonces dejar en evidencia que hay alguien que no tiene dónde sentarse. El jugador que queda sin asiento se retira. Entonces el juego supone no tener más habilidad que la necesaria para correr, empujar a discreción y retener un asiento que en realidad jamás es nuestro. Nunca entendí qué se supone exactamente que enseña este juego, aparte, claro, de la enorme crueldad que encierra no tener más objetivo que retener alguna silla en el reparto sin importar las consecuencias.

Nuestra historia inmediata muestra que las presidencias pueden convertirse en sillas. Pedro Pablo Kuczynski intentó retener la suya canjeando votos contra llaves de acceso a nuevas clientelas. Pero no es el único caso que muestra presidencias convertidas en sillas. Reviso el cuadro de presidencias de Comisiones del Congreso y observo que casi ningún cargo se repite. Un amigo me informa sobre el origen del extraño fenómeno: “Es que en la mayoría de bancadas las presidencias rotan por turnos”. Aparentemente también para algunas agrupaciones políticas, todos tienen derecho a sentarse en esa silla, al menos por un tiempo.

La Fiscalía de la Nación administra un recurso muy escaso: la persecución del delito. Pero el cargo no se elige con nuestra intervención, directa o indirecta, como se eligen los ministerios. La Fiscalía de la Nación se asigna por costumbre al fiscal supremo más antiguo. Así, todos pueden alguna vez sentarse cómodamente también en esa silla.

“Me toca”. Aparentemente la frase funciona tanto en la fila de un supermercado como en determinados espacios en los que debe asignarse la jefatura o la representación de cuerpos públicos colegiados que –en teoría– deberían organizarse en perspectiva a consideraciones derivadas de políticas públicas.

Repaso las grabaciones del señor Walter Ríos, ahora detenido, pero antes tenedor también de una presidencia en la Corte del Callao. Claramente otra presidencia convertida en una silla. Parece, sin embargo, que el señor Ríos planeaba pararse sobre ella para otear el horizonte. Encuentro en alguna de estas transcripciones la palabra “hegemonía”. En la teoría social, la hegemonía hace referencia al modo en que se establecen y comparten visiones del mundo y de las cosas que articulan la política. Pero en el lenguaje vulgar de las grabaciones, la palabra apenas hace referencia a la formación de mayorías en base a sobornos e intercambios de favores entre redes pervertidas. Una Corte Superior se controla pactando las designaciones con quienes manejan el Consejo Nacional de la Magistratura, que además parece repartir como si fueran prebendas las posiciones en la Corte Suprema y la permanencia de los miembros de la junta de fiscales supremos.

En este instante la música parece haberse detenido. Nadie juega al juego de las sillas. Todos los que han podido hacerlo permanecen sentados, aferrados a asientos que no son suyos. Algunos están perplejos. Otros en franca defensiva. No es absurdo imaginar que ha llegado el momento de retirar todas las sillas de la sala, para que ninguno de los protagonistas de este juego encuentre nunca más dónde sentarse. Pero quizá sea más bien el momento de encender todas las luces, para que todos veamos con precisión absoluta quién es quién y a qué y con quién, deliberada o irresponsablemente, estaba jugando.

Bienaventurado sea el jugador que de propia voluntad se aparte. También el que pueda ponerse de pie y nombrar por su propio nombre a quienes hasta hoy actuaron en tinieblas.

Por mi parte, espero que todos se pongan de pie. No es el momento de retener ninguna silla. Mi voto por que el consejo que debemos instalar después del referéndum ratifique o invite a pasar al retiro, por una sola vez, a quienes ahora están en la Corte Suprema. Mi voto por que la Corte Suprema asuma el desafío de reducirse ella misma y frenar toda movilidad de magistrados y toda designación provisional, para asegurarnos de que no habrá ya más tráfico de posiciones por simple clientelismo. 

Mi voto además por que la junta de fiscales supremos acuerde su propia disolución. Y aunque este no sea un asunto que corresponda al referéndum, mi voto por que el Congreso cree una nueva Junta de Gobierno del Ministerio Público y convierta al fiscal de la Nación en un sujeto elegido y políticamente responsable por la definición de políticas públicas establecidas como tales.

Dar un paso adelante, pedir perdón y comenzar de nuevo. Ponernos todos a disposición de un nuevo sistema de control. Romper colectivamente con quienes nos trajeron hasta aquí. Y también con nosotros mismos. Hacer renuncias y hacerlas inmediatamente. Porque algún precio tendremos que pagar si queremos reinventarnos de alguna manera que sea honesta y sea sostenible.

Públicado en el Comercio el 27 agosto de 2018.

Relaciones humanas e instituciones políticas