Responsables por organización

La Resolución del Jurado Electoral Especial

Responsables por organización

Por César Azabache

El Jurado Electoral Especial (JEE) acaba de declarar que la candidata Keiko Fujimori no violó la ley al participar, en febrero de este año, en la entrega de los premios de un concurso organizado por el grupo de hip hop Factor K, simpatizante explícito de Fuerza Popular.

El hecho fue denunciado a principios de marzo. En verdad, parece poco razonable que las indagaciones sobre el caso hayan tomado tanto tiempo, pero la regla es nueva y eso explica que aún nos movamos con algo de incertidumbre sobre su alcance.

La prohibición no conduce necesariamente a la exclusión de un candidato en todos los casos en los que se prueba el uso de dinero con fines proselitistas. Lleva a su exclusión cuando los hechos le son propios. Es decir, han sido promovidos, organizados o protagonizados por él.

La prohibición reconoce que pueden existir casos en los que la responsabilidad por la compra de votos o el soborno a electores puede corresponder a un dirigente que no postula a cargo alguno y no a un candidato en particular.

Para estos casos, lo que corresponde es imponer una multa a la agrupación, que se justifica por no haber incluido en sus protocolos internos mecanismos que eviten este tipo de conductas, por no haberlas desaprobado claramente o por haberlas encubierto o tolerado.

Las opciones de sanción, entonces, son dos y no solo una, pero la elección entre ambas exige siempre explicaciones claras.

En el caso de César Acuña, el JEE estableció que se debe excluir del proceso al candidato que viola esta prohibición incluso cuando presenta su propia conducta bajo un ropaje humanitario.

En el tema de Keiko Fujimori, el JEE no ha encontrado que el hecho deba ser atribuido a la candidata como asunto propio. Sin embargo, el evento está probado, y si la candidata no es personalmente responsable por su ocurrencia, entonces la responsabilidad debería alcanzar a la organización que ella dirige.

Después de todo, el caso contiene evidencias que muestran la intervención de uno de los dirigentes de la agrupación en la obtención de los fondos convertidos en premios. Y la aquiescencia de la señora Fujimori frente al hecho, aunque le sea ajeno, siendo presidenta de la agrupación, es, desde mi punto de vista, evidencia suficiente para justificar que comience a discutirse una multa.

A la resolución del JEE le falta claridad en este aspecto. Y esa claridad es imprescindible porque el evento, más allá de nuestras preferencias subjetivas, demuestra que no estamos entendiendo que los métodos de proselitismo tienen límites legales que debemos respetar.

Sin duda, estamos pagando las consecuencias inevitables de haber introducido en el sistema, tan tardíamente como en enero, la prohibición de comprar votos o sobornar electores, que requiere debates para configurarse de manera sólida y comprensible, pero la necesidad de la regla ha sido evidenciada estas semanas.

Que pese a haber introducido esta prohibición tengamos una fila de personalidades que han obsequiado dinero ante cámaras de televisión no puede ser gratuito.

No cambiaremos este absurdo modo de entender las cosas con una prohibición, pero no podemos comenzar a poner límites serios a este tipo de conductas sin esta prohibición. Y menos comunicaremos adecuadamente su alcance si no aprendemos colectivamente a usarla con mesura y en toda su extensión.

Publicado en El Comercio el lunes 28 de septiembre del 2016

Opciones para el Caso de Julio Guzmán

En el programa La Hora N, conducido por Jaime de Althaus en Canal N, César Azabache sostuvo, en diálogo con Aníbal Quiroga, la última alternativa que ha difundido si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidiera mantener en carrera al candidato Julio Guzmán del partido Todos por el Perú (TPP)

En otras intervenciones, César Azabache ha propuesto reabrir el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), entre la primera y la segunda vuelta, para que TPP pueda subsanar las observaciones confirmadas por el JNE. 

En este diálogo, sostiene que "Desde el punto estricto de la legalidad, la candidatura de Guzmán no puede ir para adelante. Si el JNE decidiera hacer una excepción, la excepción no puede ser pasar por alto absolutamente las reglas del registro (ROP). La única excepción que encuentro posible tendría que afectar la fecha de cierre del registro, que repito, no es una cuestión fundamental al sistema, sino circunstancial, administrativa y por ende manejable”. De esta manera Julio Guzmán tendría "una agrupación política establecida y registrada", agregó.

Caso Guzmán, última alternativa

El Presidente Távara anunció ayer que el JNE concentraría todos los asuntos pendientes (los más importantes se vinculan a las observaciones del Registro de Organizaciones Políticas a TpP) en una sola audiencia. El anuncio es importante porque muestra al JNE notando que el tiempo apremia, adaptando creativamente sus reglas e intentando unificar criterios que ahora resultan contradictorios y dispersos.

Ya no queda tiempo para la amnistía que propuse hace algunos días. Pero aún queda tiempo para ensayar una opción semejante, que aunque sea más limitada, ponga punto final a la polarización en que estamos atrapados.

Si esta vez la mayoría del JNE estima necesario permitir que Guzmán siga en carrera, debería sin embargo, imponerle el deber de resolver las observaciones del ROP en el menor tiempo posible. Para que pueda hacerlo, el JNE tendría que ordenar que el ROP se abra nuevamente entre la primera y la segunda vuelta (no hay tiempo para hacerlo antes). Esta solución no tiene porqué extenderse ya para resolver los problemas de las listas parlamentarias, porque las elecciones al Congreso se cierran en primera vuelta. Además el asunto que nos está dividiendo es la candidatura de Guzmán, no la organización de sus listas al parlamento.

En cualquier caso hay que evitar que Guzmán, si pasa, enfrente la segunda vuelta desacatando la ley que su agrupación no supo cumplir. Si permitimos que esos errores sean pasados simplemente por alto, habremos hipotecado el futuro inmediato del sistema legal al capricho disfrazado en “excepciones basadas en principios”. Nuestras preferencias subjetivas no constituyen instituciones ni establecen derechos. Sólo la ley puede hacerlo.

Si el sistema se inclina por mantener a Guzmán en carrera, promovamos que admita los errores de su agrupación y que se reorganice en el menor tiempo posible.


Publicado en Facebook el viernes 4 de marzo del 2016

Entrevista en No Hay Derecho sobre el caso de Julio Guzmán

La mañana de hoy, el Dr. César Azabache fue entrevistado por el programa “No Hay Derecho”, conducido por Glatzer Tuesta de Ideele Radio.

Foto: Twitter de Ideele

El Dr. Azabache analizó la situación de la candidatura de Julio Guzmán del partido Todos por el Perú.

Azabache explicó que no hay tiempo para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vea todos los procesos pendientes, sino “que la llave está en mover el plazo de cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y abrirlo en un período muy corto, tres o cinco días, para que aquellas observaciones que corresponden a asuntos subsanables ante el Registro, puedan resolverse”. De esta forma, se resolvería el problema de Todos por el Perú y el de otros partidos en la inscripción de sus listas congresales.

La entrevista a continuación:

Entrevista en canal N en la Hora N de Jaime de Althaus sobre alternativas para resolver el impase en el caso Todos por el Perú.

En la entrevista se explica que las opciones puestas sobre la mesa, pasar por encima de la ley para mantener en campaña al candidato Julio Guzmán o hacer que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluya, generan demasiada insatisfacción para admitirlas como soluciones útiles institucionalmente. Se propone una amnistía electoral que permita que el JNE ordene abrir el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para regularizar las inscripciones pendientes y salir del impase al menor costo posible.

Para resolver el impase

Los dos profesores más importantes en temas constitucionales del medio, Domingo García Belaúnde y César Landa, se han manifestado en dos entrevistas por separado a favor de subsanar o levantar las observaciones que pesan aún sobre la agrupación de Guzmán. El profesor Landa ha defendido un esquema que pondere valores contra normas, como ha hecho el JEE, pero el profesor García Belaúnde ha notado que flexibilizar las normas en atención a un derecho regulable como la participación política no es una buena idea. El profesor García Belaúnde ha regresado a una idea que estaba ya en un artículo publicado hace más de una semana por Gustavo Gorriti, y que supone no exigir el cumplimiento de requisitos que desde cierto punto de vista parecen excesivos. Pero Federico Salazar ha dejado en claro ya en dos entregas en su columna en El Comercio que no tiene nada de excesivo exigir que las agrupaciones políticas y sus órganos internos estén adecuadamente inscritos antes de proceder, de modo que la idea de "pasar por alto" el registro parece poco convincente.

La cuestión sigue dando vueltas y creo que ha adquirido ya el carácter de un dilema erosivo institucionalmente. Si manejamos este asunto limitándonos a hacer ejercicios de fuerza entre quienes están a favor y quienes están en contra de mantener en carrera la candidatura de Guzmán en estas condiciones (oposición que no necesariamente coincide con la simpatía u oposición a lo que él representa políticamente) entonces el resultado será inevitablemente insatisfactorio para grupos importantes de electores. Quienes quieren que siga en carrera se sentirán legítimamente defraudados si el JNE interviene y lo excluye. Quienes por el contrario demandamos el respeto a la ley vigente sin excepciones nos sentiremos igualmente defraudados en caso contrario.

En lo personal creo que este impasse es suficientemente importante para hacer un ejercicio de ponderación, pero no entre el derecho abstracto a la participación y las normas vigentes, sino entre la necesidad de mantener este desacuerdo y la posibilidad de resolverlo creativamente.

¿Qué claves tenemos? En términos legales el Registro de Organizaciones Políticas existe y no podemos derogarlo ni desfigurarlo por un caso. Las observaciones a los estatutos, al Consejo Ejecutivo y al Tribunal de Todos por el Perú han sido ratificadas por el JNE, de modo que Todos por el Perú no tiene sus inscripciones completas ante el Registro. El JEE ha declarado que los documentos internos de Todos por el Perú, en tanto no observados al interior de la agrupación, pueden ser usados para admitir la inscripción de la candidatura de Guzmán. Pero esto no tiene porque significar que la agrupación de Guzmán haya sido exonerada de resolver el problema de las observaciones del Registro.

Si vemos las cosas con cuidado la verdadera llave del impase no está en las observaciones ratificadas por el JNE, sino en la imposibilidad de levantarlas en forma que genera una norma que sí es absolutamente reglamentaria. Esa norma es la que establece el plazo para hacer anotaciones en el Registro. El plazo cerró con la inscripción de candidaturas. Pero esta norma es absolutamente formal y por ende, menos resistente que las demás que están en juego.

Si queremos resolver el impasse dentro de un marco legalmente aceptable, entonces pidamos al JNE una amnistía electoral que reabra el Registro para que Todos por el Perú y cualquier agrupación que tenga problemas semejantes, y haya inscrito sus candidaturas a tiempo, pueda resolver las observaciones que queden pendientes. Si Todos por el Perú logra hacerlo, entonces el asunto estará definitivamente resuelto y el único precio que habremos pagado será el de una amnistía para regularizar observaciones.

Hay una razón que habilita esta amnistía: cuando el JNE confirmó las observaciones del Registro, la posibilidad de hacer nuevas anotaciones estaba cerrada por el plazo. Imposible admitir que un tribunal confirme observaciones que no pueden ser reparadas por una cuestión así de forma ¿Verdad?

Si vamos a conceder excepciones concedámoslas al menor costo posible y en un marco legalmente aceptable.

Ahora, si aún así Todos por el Perú no logra resolver las observaciones pendientes, entonces la inhabilidad de la agrupación estará comprobada y, por favor, no insistamos más en este asunto.


Publicado en mi Facebook el 28 de febrero del 2016

Caso Guzmán: Sobre el fallo del JEE del 24 de febrero

Creo que el fallo del 24 de febrero contiene un golpe de timón difícil de explicar en el JEE, aunque también debo decir que el texto es interesante. El JEE dice en este fallo que la participación de Guzmán en las elecciones debe prevalecer sobre los defectos de su elección interna. Pero dice además que la existencia de Todos por el Perú como agrupación política es suficiente para habilitar su candidatura. Entonces en este fallo las observaciones que el Registro de Organizaciones Políticas hizo a la inscripción del estatuto, de su Consejo Ejecutivo y de su Tribunal son irrelevantes. Basta el registro de la agrupación. Bien, pero si es así, ¿por qué suspendió antes el procedimiento de inscripción de la candidatura hasta que se resuelva el caso sobre las observaciones?

Las suspensiones vinculan a los Tribunal; fijan un punto controvertido que luego debe considerarse al fallar. Si es un juicio sobre bigamia, suspendo el proceso hasta que se decida si el primer matrimonio es nulo, no puedo luego declarar que el resultado del primer juicio es irrelevante. Además el fallo del 24 supone que las observaciones del Registro no surten efecto alguno. Entonces, si las observaciones del Registro no surten efectos ¿Para qué existen?

Bajo el último fallo del JEE, el Registro es uno distinto al establecido en la Ley. Es uno que se limita a recibir los documentos que las agrupaciones políticas le envían y probablemente a emitir constancias sobre su contenido. La idea me suena bien y en lo personal me gustaría que el Registro sea solo eso, pero ese no es el Registro que aparece en la ley, de manera que el JEE, más allá de cualquier preferencia personal, acaba de modificar la ley de manera indirecta. Y no tiene competencias para hacerlo.

Si se trata de prevalencia, prefiero la vigencia de la ley.

Ahora habrá que esperar a ver si se presentan tachas. Y si se presentan habrá que esperar un nuevo fallo del JNE sobre el caso Guzmán.

Sin duda, el procedimiento está sobre legalizado. Pero es el procedimiento vigente. No creo que nada de esto sumé demasiado institucionalmente, en realidad. Pero tampoco creo que pasar la ley simplemente por alto en función a preferencias subjetivas a favor de un candidato, por más arrastre que tenga, agregué nada a nuestro perfil institucional.

Los puentes mal armados terminan por caer

LA CANDIDATURA DE JULIO GUZMÁN

Los puentes mal armados terminan por caer

Por César Azabache Caracciolo

Había prometido a mis consejeros no hacer comentarios sobre estas elecciones. En medio de la frivolidad del proceso, las cuestiones legales parecían destinadas a servir de simples coartadas para ataques personales. Sin embargo, el Caso Julio Guzmán ha roto el circuito de frivolidad que se instaló al inicio de la campaña. Se ha convertido en una referencia imprescindible para establecer de qué manera estamos tratando las cuestiones relacionadas con la ley y los límites del comportamiento electoral.

Dice mucho que un candidato joven y académicamente sólido como Guzmán haya sido incapaz de organizar un equipo lo suficientemente hábil como para evitar errores de novato. Pero, bueno, los errores son siempre posibles. La cuestión real no está entonces en que ocurran, sino en resolverlos sin crear segundos errores.

En el caso, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) objetó los estatutos, el cambio de símbolo y la conformación del Consejo Ejecutivo y del Tribunal Electoral de la agrupación de Guzmán, que (no puedo entender por qué) pretendió poco menos que reinventarse en diciembre, en condiciones absolutamente precarias.

El Jurado le ha dado la razón al ROP, de modo que Guzmán tiene hoy a media organización desbaratada. Guzmán insiste en minimizar el problema y quienes lo secundan sostienen que es cuestión de meros formulismos. Pero este sistema electoral nuestro, tan permisivo que tenemos 17 agrupaciones en carrera, pone apenas dos requisitos de fondo para permitir una candidatura: tener una agrupación de respaldo y alguna forma de elección interna.

Guzmán no cumple uno de estos dos requisitos. En un artículo publicado ayer (“Ir a votar sin DNI“, de Federico Salazar), se explica que Guzmán pretende un privilegio personal, una excepción inconcebible. Entonces, lo que debemos decidir como comunidad es si queremos dejar que proceda en estas condiciones o no.

La cuestión, como puede verse, no tiene que ver con el indiscutible derecho de toda persona a elegir y ser elegido. Tiene que ver con la seriedad o superficialidad con que tomamos las leyes electorales y tiene que ver con la importancia, poca o mucha, que queremos asignar a la necesidad de tener al menos algún tipo de agrupación mínima que respalde cada candidatura.

Guzmán ha demostrado ser un excelente candidato, pero no tiene una agrupación en forma o completa que lo respalde. En estas condiciones, para mantenerse en campaña, Guzmán necesita que la justicia electoral haga algo semejante a modificar el papel del ROP en el proceso, a mitad de elecciones y al menos en su favor.

En lo personal, puede gustarme o no que exista algo como el ROP, pero si existe, no podemos dejar de usarlo a favor de un solo candidato. Creo que quienes respaldan la tesis de Guzmán no perciben que están pidiendo algo tan drástico como derogar la ley que la agrupación de Guzmán no pudo cumplir para dejar que él postule.

El juego político constituye un espacio en el que la expresión del respeto a los límites resulta especialmente importante. Estamos discutiendo quién será el próximo presidente.

Creo que es una pésima señal que estemos promoviendo que se mantenga en competencia alguien que por desgracia necesita acomodar las normas a una situación que contribuyó, de una manera u otra, a provocar.

Pido excusas a mis consejeros, pero esto no se refiere a elecciones. Se refiere a nuestra idea sobre la vigencia de la ley.

Publicado en El Comercio el lunes 22 de febrero del 2016

Entrevista en la Hora N sobre seguridad ciudadana

Ayer me entrevistó en canal N, Jaime de Althaus en su programa La Hora N para hablar sobre los juzgados de flagrancia y la aplicación de penas severas.

Creo que este proceso se debe respaldar, aunque implica discutir correcciones. Ahora que se instale el nuevo Congreso, se debe revisar las condenas para hacerlas más razonables y evaluar la necesidad de crear centros temporales de reclusión.

Los nuevos detenidos

JUICIOS INMEDIATOS

Los nuevos detenidos

Por César Azabache Caracciolo

Hace un par de meses hemos comenzado a llevar a juicio, de inmediato, a quienes son detenidos en flagrancia. El presidente del Poder Judicial ha confirmado que en los últimos dos meses más de 430 personas han ingresado a prisión bajo las nuevas reglas.

Hace un año el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, protestaba porque el 95% de personas detenidas en flagrancia habían sido liberadas por las autoridades. Los cambios introducidos en el procedimiento judicial parecen dirigidos a modificar esa tendencia.

Sin embargo, antes de los cambios, cada mes ingresaban a las cárceles aproximadamente 350 personas. Con ese promedio, la capacidad de albergue de las cárceles ya estaba desbordada por encima del 100% (en promedio, más de 67 mil internos en penales diseñados para 31 mil personas).

Aumentar en 200 los ingresos mensuales a cárceles parece imposible, pero establecer seguridad en el país requiere un uso intensivo de las prisiones. La principal señal de vigencia de la ley consiste en que quienes cometen delitos vayan a prisión lo antes posible.

Entonces, la solución no estriba en ajustar la dimensión del sistema para que coincida con la capacidad de albergue de las prisiones, sino en expandirlas para que puedan corresponder a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades parecen requerir que reforcemos con urgencia la inversión pública en centros de detención, al menos temporales, pequeños, municipales y de bajo costo.

Por supuesto, hay otras alternativas que combinar en este proceso. El sector Justicia tiene en carpeta un proyecto destinado a introducir en nuestro medio grilletes electrónicos.

Muchos expertos en nuestro medio creen que los grilletes podrían servir para despoblar las prisiones. Al contrario, pienso que dadas las condiciones del sistema, los grilletes no reducirán el número de personas recluidas.

Reforzarán la vigilancia sobre quienes no tienen por qué ser llevados a la cárcel. Esto es distinto. Los grilletes incrementarán los márgenes de vigilancia sobre las personas que deben ser conducidas a juicio, lo que por cierto ayuda.

Estamos en un innegable momento de expansión del sistema legal, entendido en sentido fuerte, y toda alternativa suma en el arsenal de herramientas que necesitamos para equilibrar el sistema.

Paralelamente, deben revisarse las reglas sobre condenas. Hace 25 años el Parlamento se dedica a aprobar reformas que han incrementado las penas del código cada vez que se produce una alarma social relacionada con asuntos de violencia o corrupción.

Por cierto, incrementar las penas funciona relativamente bien si se trata de conseguir algo de atención en los medios en contextos en los que las reglas no serán usadas nunca o lo serán de manera imperceptible. No obstante, cuando se apunta a emplear condenas de manera intensa y efectiva, no puede dejarse de atender a las consecuencias que se producirán.

El caso de la señora Silvana Buscaglia, condenada a seis años de prisión por forcejear con un agente de policía que la intervino, evidencia hasta qué punto la cuestión sobre los castigos deja de ser un juego simbólico gratuito cuando tenemos que hacernos cargo de sus consecuencias.

Si usaremos las condenas penales para castigar y contener delitos, entonces tenemos que contar con márgenes de pena razonables y correctamente ponderados. Esto significa que, además de construir prisiones adecuadas para estos casos, debemos revisar las leyes penales con urgencia.

Publicado en El Comercio el lunes 25 de enero del 2016

Al margen de las elecciones

RESOLVER LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS

Al margen de las elecciones

Por César Azabache Caracciolo

Pese al modo en que se ha hecho frívola nuestra política, mantenemos en economía una relación de acuerdos básicos que se han sostenido como fundamento de la actividad pública durante prácticamente 25 años.

Estos acuerdos han soportado embates tan dramáticos como el de la transición de fines del 2000-2001 y la retracción de la inversión pública y privada de estos últimos años. Problemas al margen, y salvando diferencias, la agenda de asuntos pendientes, la relación de expertos a consultar y la lista de medidas posibles está clara entre nosotros y trasciende las preferencias de partidos y grupos.

De hecho, las muestras de frivolidad que han abundado desde que se presentaron las planchas presidenciales han mantenido prácticamente intactos estos fundamentos. Y si funciona en economía, no tendría por qué no funcionar en otros ámbitos igualmente importantes para la estabilización del sistema institucional.

El primer asunto en la lista de temas que deberían replicar la intensidad de estos acuerdos es, desde mi punto de vista, la seguridad ciudadana. Aunque el tema haya llegado tarde a nuestra agenda colectiva, los debates desarrollados en estos últimos años han formado ya el embrión de una política mínima común basada en la atención al ciudadano.

También en la articulación de los cuerpos municipales de serenazgo, la profesionalización de la policía y el uso efectivo, oportuno y visible de los castigos penales en toda clase de delitos, especialmente en aquellos que afectan a las personas en su vida cotidiana, el robo y las formas de violencia urbana.

En esta área, más allá de cualquier ajuste necesario, el uso intensivo de procedimientos rápidos en casos de agresiones a policías, del que todos hemos sido testigos en estos días, debe marcar un punto de no retorno al que deberá seguir un debate amplio y no necesariamente electoral sobre la necesidad de municipalizar los tribunales y el sistema de castigo de delitos.

La instauración de fiscalías de ámbito municipal es un gran paso en esta dirección. Hay todavía problemas operativos por resolver, especialmente relacionados con el incremento de la inversión pública que requiere este sector. Sin embargo, las ideas básicas parecen estar ya puestas sobre la mesa.

Se trata, en adelante, de sostener el proceso independientemente de las elecciones y de la identidad individual de la agrupación que quede a cargo del gobierno. 

Muy cerca de la seguridad ciudadana están la corrupción, el lavado de activos y el tráfico de predios, en que las soluciones dependen de duplicar los procedimientos que ya emplea la policía de narcóticos y terminar de entender que enfrentar con eficiencia estos delitos supone elevar la tasa de intervenciones policiales en flagrancia.

Asimismo en el momento en que se pagan los sobornos, en el que se entregan fondos de origen incierto para ser lavados y cuando se compra y vende tierras invadidas. El éxito de la persecución en estos casos se obtiene interviniendo en cada caso en tiempo real. Eso exige concentrarnos en el financiamiento de complejas investigaciones policiales y fiscales.

Podemos adoptar acuerdos básicos en todas estas materias y exigir su cumplimiento a quien gane las elecciones. Por cierto, generar políticas públicas desde fuera de la escena oficial no es lo óptimo, pero debemos comenzar por alguna parte.

Libertad para los presos políticos en Venezuela.

Publicado en El Comercio el lunes 28 de diciembre del 2015

Los electores

EL ESCÁNDALO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Los electores

Por César Azabache Caracciolo

Hace algunos días registramos un escándalo de proporciones mayores en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero temo que no hemos tomado el asunto en su exacta dimensión. El presidente del cuerpo que elige a nuestros jueces y fiscales, Pablo Talavera Elguera, uno de los magistrados de mejor trayectoria en nuestro medio, renunció. Y no lo hizo por razones personales.

Renunció después de que el pleno del consejo decidió, sobre bases deleznables, perdonarle la vida al señor Alfredo Quispe Pariona, elegido representante ante el CNM por los colegios profesionales. Quispe Pariona debe enfrentar una investigación por corrupción en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Parece sencillo entender que en esas condiciones, sea inocente o culpable, no puede actuar como elector de magistrados. Quispe Pariona debió renunciar por su propia iniciativa, pero en lugar de hacerlo defendió el cargo y el pleno acordó respaldarlo. Talavera Elguera se apartó por esto. Para neutralizar las consecuencias de su renuncia, el CNM revisó su decisión y vacó a quien en realidad nunca debió postular al cargo.

Hay casos que admiten una disculpa para volver las cosas al equilibrio. Hay otros en los que un despropósito evidencia la inhabilidad de una persona o de un colectivo entero para cumplir una función encomendada. El Caso Quispe Pariona pertenece al segundo grupo, de manera que, ocurridas ya las cosas, la única solución posible supone recomponer al CNM por completo.

Entiendo que José Rogelio Gonzales, llamado a reemplazar a Talavera Elguera, ha renunciado al cargo como expresión de su molestia con esta situación. Creo que la Junta de Fiscales Supremos deberá secundarlo y promover la renuncia de sus propios representantes al CNM. Si esto ocurre, el CNM quedaría reducido a cuatro miembros y no podría tomar decisiones hasta que sea reorganizado. Así, la crisis justifica una intervención urgente como esta.

Comprendo que cueste entender la complejidad del asunto. El CNM no es, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, una entidad cuyas competencias o funciones sean fácilmente comprensibles por los ciudadanos.

Lo instauramos como un cuerpo de electores a quienes entregamos la designación de jueces y fiscales de la República, pero no hemos logrado que la comunidad se comprometa activamente en este proceso. En consecuencia, la actividad del CNM se mantiene casi invisible a los ojos de los ciudadanos. Y la invisibilidad es el mejor ambiente para la corrupción de las autoridades públicas de todo tipo.

No es sencillo elegir a las autoridades que deben resolver nuestras controversias. Necesitamos jueces y fiscales a quienes podamos reconocer como autoridades morales independientes, magistrados que no ingresen a sus cargos hipotecados por ningún compromiso adquirido en el proceso que les designa.

Para ello, necesitamos un colectivo de electores que llegue al CNM por el honor que representa el cargo, personalidades intachables, fuertes moralmente, de cuyo origen e intenciones no tengamos dudas. No me corresponde juzgar al señor Quispe Pariona, pero una persona sujeta a investigación no puede ser elector de magistrados.

Si el pleno no ha podido entender esto, entonces debemos cambiarlo. Hay que advertir, de paso, que estamos descuidando –y no debemos hacerlo– uno de los procesos de designación de autoridades públicas más importantes de nuestro medio.

Publicado en el diario El Comercio el lunes 23 de noviembre del 2015

Entrevista en Buenos Días Perú sobre la pericia grafotécnica a Nadine Heredia

Hoy la primera dama, Nadine Heredia, llegaba al Ministerio Público para rendir la prueba grafotécnica y saber si las agendas del reportaje del programa "Panorama" eran suyas o no, aunque la semana pasada, ella declaró que sí eran sus agendas.

Por este tema, en la mañana fue entrevistado el doctor César Azabache en el programa "Buenos Días Perú" de Panamericana TV.

"Este caso no depende de las tomas de firmas actuales de la señora Heredia. El caso tiene como tema más importante, el modo en que se manejaron los fondos del partido que ahora ella dirige y la evidencia con la que en realidad se organiza un caso de ese tipo, es la evidencia bancaria, no las agendas. Este no es el caso de las tarjetas de crédito ni nada parecido", indicó Azabache, remarcando que el objeto de las investigaciones es establecer si se entrometió dinero negro o no en los fondos.

Sobre la importancia que tiene para el caso el hecho que Nadine Heredia haya declarado que esas sí son sus agendas, Azabache dijo que "las investigaciones penales no depende de los investigados o de lo que la defensa hace o no hace; no se acaba cuando se reconocen los hechos. Si el fiscal o los peritos pensaran que hay más de un puño gráfico en esa agenda, entonces el peritaje termina cuando se establezca cual de las anotaciones corresponde a cada persona que haya manipulado esa agenda".

Ante el cuestionamiento sobre la si las agendas podrían ser declaradas ilegales al haber sido robadas del domicilio de Nadine Heredia, tomando en cuenta lo que ha sucedido con otros casos, Azabache señaló que "no es lo mismo tener como evidencia documentos que ya están escritos por alguien, como tener como evidencia el resultado de escuchas ilegales de teléfonos. No aplica el Caso Petroaudios porque es de escuchas ilegales de teléfonos", indicando que el caso que aplica es el Caso Trinidad Becerra, que es el caso en el que llegaron en poder de la fiscalía las maletas de Montesinos que habían sido previamente robadas por Alberto Fujimori.

"¿Qué dijo la Corte Suprema en ese caso? Lo que dijo fue: cuando la evidencia preexiste, el hecho que lo que la haya robado un sospechoso de cometer delitos antes de que llegue a las manos de la fiscalía, es completamente irrelevante porque la fiscalía no se contamina por comportamientos de terceros que no están vinculados a poderes públicos", agregó Azabache.

"Si bien Las agendas pasaron de una mano a otra, no impide usarlas en absoluto", finalizó Azabache.