LA CANDIDATURA DE JULIO GUZMÁN
Los
puentes mal armados terminan por caer
Por
César Azabache Caracciolo
Había prometido a mis consejeros no hacer
comentarios sobre estas elecciones. En medio de la frivolidad del proceso, las
cuestiones legales parecían destinadas a servir de simples coartadas para
ataques personales. Sin embargo, el Caso Julio Guzmán ha roto el circuito de
frivolidad que se instaló al inicio de la campaña. Se ha convertido en una
referencia imprescindible para establecer de qué manera estamos tratando las
cuestiones relacionadas con la ley y los límites del comportamiento electoral.
Dice mucho que un candidato joven y académicamente
sólido como Guzmán haya sido incapaz de organizar un equipo lo suficientemente
hábil como para evitar errores de novato. Pero, bueno, los errores son siempre
posibles. La cuestión real no está entonces en que ocurran, sino en resolverlos
sin crear segundos errores.
En el caso, el Registro de Organizaciones Políticas
(ROP) objetó los estatutos, el cambio de símbolo y la conformación del Consejo
Ejecutivo y del Tribunal Electoral de la agrupación de Guzmán, que (no puedo
entender por qué) pretendió poco menos que reinventarse en diciembre, en
condiciones absolutamente precarias.
El Jurado le ha dado la razón al ROP, de modo que
Guzmán tiene hoy a media organización desbaratada. Guzmán insiste en minimizar el
problema y quienes lo secundan sostienen que es cuestión de meros formulismos.
Pero este sistema electoral nuestro, tan permisivo que tenemos 17 agrupaciones
en carrera, pone apenas dos requisitos de fondo para permitir una candidatura:
tener una agrupación de respaldo y alguna forma de elección interna.
Guzmán no cumple uno de estos dos requisitos. En un
artículo publicado ayer (“Ir a votar sin DNI“, de Federico Salazar), se explica
que Guzmán pretende un privilegio personal, una excepción inconcebible.
Entonces, lo que debemos decidir como comunidad es si queremos dejar que
proceda en estas condiciones o no.
La cuestión, como puede verse, no tiene que ver con
el indiscutible derecho de toda persona a elegir y ser elegido. Tiene que ver
con la seriedad o superficialidad con que tomamos las leyes electorales y tiene
que ver con la importancia, poca o mucha, que queremos asignar a la necesidad
de tener al menos algún tipo de agrupación mínima que respalde cada
candidatura.
Guzmán ha demostrado ser un excelente candidato,
pero no tiene una agrupación en forma o completa que lo respalde. En estas
condiciones, para mantenerse en campaña, Guzmán necesita que la justicia
electoral haga algo semejante a modificar el papel del ROP en el proceso, a
mitad de elecciones y al menos en su favor.
En lo personal, puede gustarme o no que exista algo
como el ROP, pero si existe, no podemos dejar de usarlo a favor de un solo
candidato. Creo que quienes respaldan la tesis de Guzmán no perciben que están
pidiendo algo tan drástico como derogar la ley que la agrupación de Guzmán no
pudo cumplir para dejar que él postule.
El juego político constituye un espacio en el que
la expresión del respeto a los límites resulta especialmente importante.
Estamos discutiendo quién será el próximo presidente.
Creo que es una pésima señal que estemos
promoviendo que se mantenga en competencia alguien que por desgracia necesita
acomodar las normas a una situación que contribuyó, de una manera u otra, a
provocar.
Pido excusas a mis consejeros, pero esto no se
refiere a elecciones. Se refiere a nuestra idea sobre la vigencia de la ley.
Publicado en El Comercio el lunes 22 de febrero del 2016
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