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martes, 26 de enero de 2016

Entrevista en la Hora N sobre seguridad ciudadana


Ayer me entrevistó en canal N, Jaime de Althaus en su programa La Hora N para hablar sobre los juzgados de flagrancia y la aplicación de penas severas.

Creo que este proceso se debe respaldar, aunque implica discutir correcciones. Ahora que se instale el nuevo Congreso, se debe revisar las condenas para hacerlas más razonables y evaluar la necesidad de crear centros temporales de reclusión.


lunes, 28 de diciembre de 2015

Al margen de las elecciones



RESOLVER LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS

Al margen de las elecciones

Por César Azabache Caracciolo

Pese al modo en que se ha hecho frívola nuestra política, mantenemos en economía una relación de acuerdos básicos que se han sostenido como fundamento de la actividad pública durante prácticamente 25 años.

Estos acuerdos han soportado embates tan dramáticos como el de la transición de fines del 2000-2001 y la retracción de la inversión pública y privada de estos últimos años. Problemas al margen, y salvando diferencias, la agenda de asuntos pendientes, la relación de expertos a consultar y la lista de medidas posibles está clara entre nosotros y trasciende las preferencias de partidos y grupos.

De hecho, las muestras de frivolidad que han abundado desde que se presentaron las planchas presidenciales han mantenido prácticamente intactos estos fundamentos. Y si funciona en economía, no tendría por qué no funcionar en otros ámbitos igualmente importantes para la estabilización del sistema institucional.

El primer asunto en la lista de temas que deberían replicar la intensidad de estos acuerdos es, desde mi punto de vista, la seguridad ciudadana. Aunque el tema haya llegado tarde a nuestra agenda colectiva, los debates desarrollados en estos últimos años han formado ya el embrión de una política mínima común basada en la atención al ciudadano.

También en la articulación de los cuerpos municipales de serenazgo, la profesionalización de la policía y el uso efectivo, oportuno y visible de los castigos penales en toda clase de delitos, especialmente en aquellos que afectan a las personas en su vida cotidiana, el robo y las formas de violencia urbana.

En esta área, más allá de cualquier ajuste necesario, el uso intensivo de procedimientos rápidos en casos de agresiones a policías, del que todos hemos sido testigos en estos días, debe marcar un punto de no retorno al que deberá seguir un debate amplio y no necesariamente electoral sobre la necesidad de municipalizar los tribunales y el sistema de castigo de delitos.

La instauración de fiscalías de ámbito municipal es un gran paso en esta dirección. Hay todavía problemas operativos por resolver, especialmente relacionados con el incremento de la inversión pública que requiere este sector. Sin embargo, las ideas básicas parecen estar ya puestas sobre la mesa.

Se trata, en adelante, de sostener el proceso independientemente de las elecciones y de la identidad individual de la agrupación que quede a cargo del gobierno. 

Muy cerca de la seguridad ciudadana están la corrupción, el lavado de activos y el tráfico de predios, en que las soluciones dependen de duplicar los procedimientos que ya emplea la policía de narcóticos y terminar de entender que enfrentar con eficiencia estos delitos supone elevar la tasa de intervenciones policiales en flagrancia.

Asimismo en el momento en que se pagan los sobornos, en el que se entregan fondos de origen incierto para ser lavados y cuando se compra y vende tierras invadidas. El éxito de la persecución en estos casos se obtiene interviniendo en cada caso en tiempo real. Eso exige concentrarnos en el financiamiento de complejas investigaciones policiales y fiscales.


Podemos adoptar acuerdos básicos en todas estas materias y exigir su cumplimiento a quien gane las elecciones. Por cierto, generar políticas públicas desde fuera de la escena oficial no es lo óptimo, pero debemos comenzar por alguna parte.

Libertad para los presos políticos en Venezuela.

Publicado en El Comercio el lunes 28 de diciembre del 2015

jueves, 16 de abril de 2015

Entrevista en La Hora N sobre Seguridad Ciudadana


El Dr. Azabache fue entrevistado junto al regidor por Miraflores, Gino Costa, en el programa La Hora N la noche del miércoles 15 de abril.

Azabache dijo que la tasa histórica de casos en que la policía detiene a alguien en flagrancia y termina en el penal, está cerca al 10%, mientras que la tasa de las personas detenidas por la policía en flagrancia y por orden del Poder Judicial que va entre el 50% y 60%, pero que es una cifra simbólica y no descriptiva.

“La comunidad fijó la regla de que la pena de los delitos de cuatro años (privativos de la libertad) no llevan a la prisión se dio porque los penales estaban superpoblados, pero incentiva la impunidad”, indicó Azabache.

“Se debe fortalecer todo el sistema de justicia. Se necesita un sistema legal que reaccione al nivel de los distritos. Se necesita un pequeño centro de detención, un juez y un fiscal en cada distrito”, manifestó Azabache.

"En Santiago de Chile hay tres veces más prisiones que Lima como menos población", finalizó

jueves, 31 de julio de 2014

La sostenibilidad del ministro Urresti


SEGURIDAD CIUDADANA

La sostenibilidad del ministro Urresti

Por César Azabache Caracciolo. Abogado

Resulta contraproducente persistir, como persiste el Ejecutivo, en alejar todo contenido político del manejo de la seguridad ciudadana. El problema de la seguridad ciudadana es resultado de nuestra enorme incapacidad para asegurar de manera sostenida y extendida la vigencia de la ley y el castigo a quienes la infringen en todos los niveles y ámbitos de la sociedad.

La seguridad requiere como fundamento el fortalecimiento de las instituciones que la soportan. Es imposible ofrecer seguridad a las personas sin contar con una policía estrictamente pública (un cuerpo de policía que trabaja para empresas privadas alternadamente no lo es), procedimientos judiciales oportunos y fáciles de entender y condenas efectivas cumplidas de manera visible para todos.

Contar con estos elementos requiere acuerdos claros en materia de gasto público y desarrollo del sistema legal y estos acuerdos requieren planes que puedan debatirse colectivamente, compromisos explícitos y decisiones que todos sintamos como propias. El pragmatismo del ministro Daniel Urresti va en dirección opuesta a estas condiciones. Confirma que el Ejecutivo se niega a definir un plan de seguridad que merezca tal nombre y esto asegura la pérdida de los dos años que median entre el presente y el 2016 en este sector.

Sin duda, el pragmatismo del ministro Urresti responde a esa actitud de rechazo que se ha impuesto entre nosotros desde los primeros 90 hacia “lo político” entendido como si fuera una entelequia abstracta y prescindible. Por eso el pragmatismo resulta tan atractivo. Atractivo como rechazar la reimplantación del Senado, mirar con desinterés a quienes usan cargos públicos para enriquecerse, mantener los partidos como concesiones electorales, eludir el pago de impuestos o cruzar las pistas saltando rejas para no desgastarse en el esfuerzo que representa usar puentes peatonales.

La tasa de aceptación al primer mes del ministro Urresti confirma que, como tendencia, los electores no buscan política en la política interior. Buscan gestos escénicos y se hacen adictos a su repetición con extrema facilidad. Como consecuencia, acortan el tiempo en el sector a tal extremo que el propio ministro puede afirmar sin rubor que una designación como la suya puede durar un mes o un año, cuando en Economía, donde la improvisación es claramente imposible, el ministro Luis Miguel Castilla exhibe tres años de continuidad ininterrumpida.

El pragmatismo que enarbola el ministro Urresti, además de adictivo, es altamente corrosivo. Se traga su propia sostenibilidad y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado. El perfil que ha adoptado lo condena al agotamiento y al recambio rápido. Y esto aún sin considerar que las declaraciones de por lo menos dos testigos hacen casi inminente que sea llevado a juicio en cualquier momento por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra.

En la otra cara de la moneda, un colectivo de expertos independientes ha puesto ya sobre la mesa la plataforma de un acuerdo mínimo en materia de seguridad ciudadana que, en mi opinión, merece ocupar un lugar en la lista de acuerdos institucionales permanentes en que ahora están el respeto a la libertad de prensa y la regulación del gasto público (véase “Demandamos seguridad”, por Fernando Rospigliosi, El Comercio 20 de julio del 2014). ¿Nos alcanzarán los dos años que le quedan a este gobierno para establecerlo como pacto inicial?


Publicado en El Comercio el 31 de julio del 2014

martes, 20 de agosto de 2013

Entrevista con Jaime de Althaus sobre Seguridad Ciudadana



Comparto aquí una reciente entrevista con Jaime de Althaus de la Hora N, en la que debatimos ciertos temas de seguridad ciudadana con Gustavo Carrión (ex director de la Policía)y Ricardo Valdés (ex viceministro del interior), acerca de las últimas normas que modifican diversos artículos del Código Penal y otros con motivo del crimen organizado.

lunes, 18 de marzo de 2013

Los pasos siguientes



Los pasos siguientes
Por: César Azabache Caracciolo

Los recientes comentarios acerca de la seguridad evidencian que el primer objetivo imprescindible es obtener "una policía a tiempo completo", que combine el desarrollo de comisarías comunitarias con cuerpos especializados en criminalidad violenta y organizada. No obstante, además hay un entorno institucional que es preciso moldear.

La policía no cubre todo el sistema de reacción frente al delito. En el estado actual, estabilizar la capacidad de operativa de la policía sin hacer más cambios solo evidenciará otras falencias que provienen del retraso en el desarrollo del área de seguridad. Una buena investigación policial puede terminar en el fracaso sin un fiscal capaz de convertir las pruebas que la policía obtenga en base de un caso legal sostenible ante los tribunales. Un buen caso armado por la policía y la fiscalía puede también terminar en el fracaso si ambos no tienen delante un sistema judicial que pueda dotarles de medidas suficientes para asegurar que los delincuentes no escapen, que las evidencias necesarias puedan obtenerse incluso coactivamente y, al mismo tiempo, que el sistema no malgaste sus energías en casos absurdos.

Finalmente, el sistema necesita espacios adecuados para hacer de los arrestos temporales y del castigo al delito un vehículo que confirme ante todos que la ley está vigente y debe ser tomada en serio. La sensación de seguridad de la ciudadanía es fundamental porque determina la percepción de las personas sobre la presencia y legitimidad del Estado. Y no se obtiene con medidas parciales; se obtiene sobre la base de un sistema capaz de instalarse como referente de nuestras preocupaciones sobre lo justo y lo esperable en caso de abusos.

Además de una fuerte policía municipal o comunitaria "a tiempo completo", necesitamos que el Ministerio Público y el de Justicia se consoliden en adscripciones territoriales municipales que amplíen la visibilidad de sus funcionarios ante la población. Si hoy en día preguntamos a un poblador promedio quién es su alcalde, probablemente lo sepa. Pero si preguntamos quién es el comisario o el fiscal que investiga el crimen en su distrito, no tendrá respuesta alguna que dar. Y el silencio será mayor si le preguntamos dónde están sus tribunales o dónde se controla el cumplimiento de condenas en su vecindario. El silencio a estas preguntas revela el nivel que ha adquirido la ausencia de autoridad en la que se basa nuestra sensación de indefensión.

Hay ya un buen tramo recorrido en esta dirección, especialmente en el Judicial y en el Ministerio Público. Sin embargo, el esfuerzo hecho hasta el presente por expandir al sistema en Lima no se ha organizado en perspectiva  a su municipalización, ni ha venido acompañado de un desarrollo mínimo de la infraestructura penitenciaria. Sin duda el redimensionamiento del sistema para refundarlo desde un pilar municipal será especialmente complejo. Pero pasado cierto tiempo y tolerados los costos de la reforma, el sistema de estabilizará.

Todo cambio fundamental tiene sin duda un considerable costo financiero y toma tiempo. Pero sin duda un considerable costo financiero y toma tiempo. Pero si no comenzamos ahora, ¿cuánto tiempo más pasará hasta alcanzar al ideal de estabilidad que buscamos en materia de seguridad?