Entrevista en la Hora N sobre seguridad ciudadana

Ayer me entrevistó en canal N, Jaime de Althaus en su programa La Hora N para hablar sobre los juzgados de flagrancia y la aplicación de penas severas.

Creo que este proceso se debe respaldar, aunque implica discutir correcciones. Ahora que se instale el nuevo Congreso, se debe revisar las condenas para hacerlas más razonables y evaluar la necesidad de crear centros temporales de reclusión.

Los nuevos detenidos

JUICIOS INMEDIATOS

Los nuevos detenidos

Por César Azabache Caracciolo

Hace un par de meses hemos comenzado a llevar a juicio, de inmediato, a quienes son detenidos en flagrancia. El presidente del Poder Judicial ha confirmado que en los últimos dos meses más de 430 personas han ingresado a prisión bajo las nuevas reglas.

Hace un año el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, protestaba porque el 95% de personas detenidas en flagrancia habían sido liberadas por las autoridades. Los cambios introducidos en el procedimiento judicial parecen dirigidos a modificar esa tendencia.

Sin embargo, antes de los cambios, cada mes ingresaban a las cárceles aproximadamente 350 personas. Con ese promedio, la capacidad de albergue de las cárceles ya estaba desbordada por encima del 100% (en promedio, más de 67 mil internos en penales diseñados para 31 mil personas).

Aumentar en 200 los ingresos mensuales a cárceles parece imposible, pero establecer seguridad en el país requiere un uso intensivo de las prisiones. La principal señal de vigencia de la ley consiste en que quienes cometen delitos vayan a prisión lo antes posible.

Entonces, la solución no estriba en ajustar la dimensión del sistema para que coincida con la capacidad de albergue de las prisiones, sino en expandirlas para que puedan corresponder a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades parecen requerir que reforcemos con urgencia la inversión pública en centros de detención, al menos temporales, pequeños, municipales y de bajo costo.

Por supuesto, hay otras alternativas que combinar en este proceso. El sector Justicia tiene en carpeta un proyecto destinado a introducir en nuestro medio grilletes electrónicos.

Muchos expertos en nuestro medio creen que los grilletes podrían servir para despoblar las prisiones. Al contrario, pienso que dadas las condiciones del sistema, los grilletes no reducirán el número de personas recluidas.

Reforzarán la vigilancia sobre quienes no tienen por qué ser llevados a la cárcel. Esto es distinto. Los grilletes incrementarán los márgenes de vigilancia sobre las personas que deben ser conducidas a juicio, lo que por cierto ayuda.

Estamos en un innegable momento de expansión del sistema legal, entendido en sentido fuerte, y toda alternativa suma en el arsenal de herramientas que necesitamos para equilibrar el sistema.

Paralelamente, deben revisarse las reglas sobre condenas. Hace 25 años el Parlamento se dedica a aprobar reformas que han incrementado las penas del código cada vez que se produce una alarma social relacionada con asuntos de violencia o corrupción.

Por cierto, incrementar las penas funciona relativamente bien si se trata de conseguir algo de atención en los medios en contextos en los que las reglas no serán usadas nunca o lo serán de manera imperceptible. No obstante, cuando se apunta a emplear condenas de manera intensa y efectiva, no puede dejarse de atender a las consecuencias que se producirán.

El caso de la señora Silvana Buscaglia, condenada a seis años de prisión por forcejear con un agente de policía que la intervino, evidencia hasta qué punto la cuestión sobre los castigos deja de ser un juego simbólico gratuito cuando tenemos que hacernos cargo de sus consecuencias.

Si usaremos las condenas penales para castigar y contener delitos, entonces tenemos que contar con márgenes de pena razonables y correctamente ponderados. Esto significa que, además de construir prisiones adecuadas para estos casos, debemos revisar las leyes penales con urgencia.

Publicado en El Comercio el lunes 25 de enero del 2016

Al margen de las elecciones

RESOLVER LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS

Al margen de las elecciones

Por César Azabache Caracciolo

Pese al modo en que se ha hecho frívola nuestra política, mantenemos en economía una relación de acuerdos básicos que se han sostenido como fundamento de la actividad pública durante prácticamente 25 años.

Estos acuerdos han soportado embates tan dramáticos como el de la transición de fines del 2000-2001 y la retracción de la inversión pública y privada de estos últimos años. Problemas al margen, y salvando diferencias, la agenda de asuntos pendientes, la relación de expertos a consultar y la lista de medidas posibles está clara entre nosotros y trasciende las preferencias de partidos y grupos.

De hecho, las muestras de frivolidad que han abundado desde que se presentaron las planchas presidenciales han mantenido prácticamente intactos estos fundamentos. Y si funciona en economía, no tendría por qué no funcionar en otros ámbitos igualmente importantes para la estabilización del sistema institucional.

El primer asunto en la lista de temas que deberían replicar la intensidad de estos acuerdos es, desde mi punto de vista, la seguridad ciudadana. Aunque el tema haya llegado tarde a nuestra agenda colectiva, los debates desarrollados en estos últimos años han formado ya el embrión de una política mínima común basada en la atención al ciudadano.

También en la articulación de los cuerpos municipales de serenazgo, la profesionalización de la policía y el uso efectivo, oportuno y visible de los castigos penales en toda clase de delitos, especialmente en aquellos que afectan a las personas en su vida cotidiana, el robo y las formas de violencia urbana.

En esta área, más allá de cualquier ajuste necesario, el uso intensivo de procedimientos rápidos en casos de agresiones a policías, del que todos hemos sido testigos en estos días, debe marcar un punto de no retorno al que deberá seguir un debate amplio y no necesariamente electoral sobre la necesidad de municipalizar los tribunales y el sistema de castigo de delitos.

La instauración de fiscalías de ámbito municipal es un gran paso en esta dirección. Hay todavía problemas operativos por resolver, especialmente relacionados con el incremento de la inversión pública que requiere este sector. Sin embargo, las ideas básicas parecen estar ya puestas sobre la mesa.

Se trata, en adelante, de sostener el proceso independientemente de las elecciones y de la identidad individual de la agrupación que quede a cargo del gobierno. 

Muy cerca de la seguridad ciudadana están la corrupción, el lavado de activos y el tráfico de predios, en que las soluciones dependen de duplicar los procedimientos que ya emplea la policía de narcóticos y terminar de entender que enfrentar con eficiencia estos delitos supone elevar la tasa de intervenciones policiales en flagrancia.

Asimismo en el momento en que se pagan los sobornos, en el que se entregan fondos de origen incierto para ser lavados y cuando se compra y vende tierras invadidas. El éxito de la persecución en estos casos se obtiene interviniendo en cada caso en tiempo real. Eso exige concentrarnos en el financiamiento de complejas investigaciones policiales y fiscales.

Podemos adoptar acuerdos básicos en todas estas materias y exigir su cumplimiento a quien gane las elecciones. Por cierto, generar políticas públicas desde fuera de la escena oficial no es lo óptimo, pero debemos comenzar por alguna parte.

Libertad para los presos políticos en Venezuela.

Publicado en El Comercio el lunes 28 de diciembre del 2015

Los electores

EL ESCÁNDALO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Los electores

Por César Azabache Caracciolo

Hace algunos días registramos un escándalo de proporciones mayores en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero temo que no hemos tomado el asunto en su exacta dimensión. El presidente del cuerpo que elige a nuestros jueces y fiscales, Pablo Talavera Elguera, uno de los magistrados de mejor trayectoria en nuestro medio, renunció. Y no lo hizo por razones personales.

Renunció después de que el pleno del consejo decidió, sobre bases deleznables, perdonarle la vida al señor Alfredo Quispe Pariona, elegido representante ante el CNM por los colegios profesionales. Quispe Pariona debe enfrentar una investigación por corrupción en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Parece sencillo entender que en esas condiciones, sea inocente o culpable, no puede actuar como elector de magistrados. Quispe Pariona debió renunciar por su propia iniciativa, pero en lugar de hacerlo defendió el cargo y el pleno acordó respaldarlo. Talavera Elguera se apartó por esto. Para neutralizar las consecuencias de su renuncia, el CNM revisó su decisión y vacó a quien en realidad nunca debió postular al cargo.

Hay casos que admiten una disculpa para volver las cosas al equilibrio. Hay otros en los que un despropósito evidencia la inhabilidad de una persona o de un colectivo entero para cumplir una función encomendada. El Caso Quispe Pariona pertenece al segundo grupo, de manera que, ocurridas ya las cosas, la única solución posible supone recomponer al CNM por completo.

Entiendo que José Rogelio Gonzales, llamado a reemplazar a Talavera Elguera, ha renunciado al cargo como expresión de su molestia con esta situación. Creo que la Junta de Fiscales Supremos deberá secundarlo y promover la renuncia de sus propios representantes al CNM. Si esto ocurre, el CNM quedaría reducido a cuatro miembros y no podría tomar decisiones hasta que sea reorganizado. Así, la crisis justifica una intervención urgente como esta.

Comprendo que cueste entender la complejidad del asunto. El CNM no es, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, una entidad cuyas competencias o funciones sean fácilmente comprensibles por los ciudadanos.

Lo instauramos como un cuerpo de electores a quienes entregamos la designación de jueces y fiscales de la República, pero no hemos logrado que la comunidad se comprometa activamente en este proceso. En consecuencia, la actividad del CNM se mantiene casi invisible a los ojos de los ciudadanos. Y la invisibilidad es el mejor ambiente para la corrupción de las autoridades públicas de todo tipo.

No es sencillo elegir a las autoridades que deben resolver nuestras controversias. Necesitamos jueces y fiscales a quienes podamos reconocer como autoridades morales independientes, magistrados que no ingresen a sus cargos hipotecados por ningún compromiso adquirido en el proceso que les designa.

Para ello, necesitamos un colectivo de electores que llegue al CNM por el honor que representa el cargo, personalidades intachables, fuertes moralmente, de cuyo origen e intenciones no tengamos dudas. No me corresponde juzgar al señor Quispe Pariona, pero una persona sujeta a investigación no puede ser elector de magistrados.

Si el pleno no ha podido entender esto, entonces debemos cambiarlo. Hay que advertir, de paso, que estamos descuidando –y no debemos hacerlo– uno de los procesos de designación de autoridades públicas más importantes de nuestro medio.

Publicado en el diario El Comercio el lunes 23 de noviembre del 2015

Entrevista en Buenos Días Perú sobre la pericia grafotécnica a Nadine Heredia

Hoy la primera dama, Nadine Heredia, llegaba al Ministerio Público para rendir la prueba grafotécnica y saber si las agendas del reportaje del programa "Panorama" eran suyas o no, aunque la semana pasada, ella declaró que sí eran sus agendas.

Por este tema, en la mañana fue entrevistado el doctor César Azabache en el programa "Buenos Días Perú" de Panamericana TV.

"Este caso no depende de las tomas de firmas actuales de la señora Heredia. El caso tiene como tema más importante, el modo en que se manejaron los fondos del partido que ahora ella dirige y la evidencia con la que en realidad se organiza un caso de ese tipo, es la evidencia bancaria, no las agendas. Este no es el caso de las tarjetas de crédito ni nada parecido", indicó Azabache, remarcando que el objeto de las investigaciones es establecer si se entrometió dinero negro o no en los fondos.

Sobre la importancia que tiene para el caso el hecho que Nadine Heredia haya declarado que esas sí son sus agendas, Azabache dijo que "las investigaciones penales no depende de los investigados o de lo que la defensa hace o no hace; no se acaba cuando se reconocen los hechos. Si el fiscal o los peritos pensaran que hay más de un puño gráfico en esa agenda, entonces el peritaje termina cuando se establezca cual de las anotaciones corresponde a cada persona que haya manipulado esa agenda".

Ante el cuestionamiento sobre la si las agendas podrían ser declaradas ilegales al haber sido robadas del domicilio de Nadine Heredia, tomando en cuenta lo que ha sucedido con otros casos, Azabache señaló que "no es lo mismo tener como evidencia documentos que ya están escritos por alguien, como tener como evidencia el resultado de escuchas ilegales de teléfonos. No aplica el Caso Petroaudios porque es de escuchas ilegales de teléfonos", indicando que el caso que aplica es el Caso Trinidad Becerra, que es el caso en el que llegaron en poder de la fiscalía las maletas de Montesinos que habían sido previamente robadas por Alberto Fujimori.

"¿Qué dijo la Corte Suprema en ese caso? Lo que dijo fue: cuando la evidencia preexiste, el hecho que lo que la haya robado un sospechoso de cometer delitos antes de que llegue a las manos de la fiscalía, es completamente irrelevante porque la fiscalía no se contamina por comportamientos de terceros que no están vinculados a poderes públicos", agregó Azabache.

"Si bien Las agendas pasaron de una mano a otra, no impide usarlas en absoluto", finalizó Azabache.

Entrevista en No Hay Derecho sobre el Caso Nadine Heredia

La mañana de hoy, el Dr. César Azabache fue entrevistado por el programa “No Hay Derecho” de Ideele Radio sobre las diversas investigaciones a Nadine Heredia, indicando que es bien difícil que la Fiscalía logre probar un caso de lavado de activos.

Sobre la primera dama, Azabache señaló que “tiene las de ganar en la medida que tenga la habilidad de dar la vuelta al timón y producir un corte lo más pronto posible a ambos casos (lo de sus cuentas y financiamiento del Partido Nacionalista) porque ambos casos están entrampados por la reacción del otro”.

Azabache consideró que ha habido un exceso de soberbia respecto a la forma en cómo la primera dama ha enfrentado sus procesos, al querer bloquear las investigaciones en su contra.

“Tengo toda esta actitud se puede explicar, creo que ese abordaje en general solo puede caracterizarse como un exceso de soberbia. Hay un matiz muy arrogante de litigación que consiste en asumir que el bloqueo es una táctica. El bloqueo es el esquema que se abordó el caso de derechos humanos en los 80, pero exige una situación institucional muy desequilibrada y un sujeto político absolutamente empoderado”, agregó.

Azabache sostuvo que solo dos investigaciones le resultan viables

“Si vemos esto en abstracto yo solo veo dos casos, no importa cuál es el número de investigaciones, uno me parece más razonable que revisar desde el punto de una posible omisión, que es declaración de ingresos, y que junta los reportes de banco del 2006, los consumos cargados a la tarjeta de la señora Calderón. Algunas de las páginas de la agenda que se refieren a consumos personales y no descomunales de dinero”, sostuvo.

Sobre el Tribunal Constitucional, indicó que está fijando señales institucionales claras, al comentar la decisión que tomó sobre el Caso Nadine Heredia y sobre el Caso de Alejandro Toledo.

La entrevista, a continuación:

Entrevista en Redes y Poder sobre las investigaciones a Nadine Heredia

La noche del lunes 2 de noviembre, el doctor César Azabache fue entrevistado por  en el programa Redes y Poder de Willax TV, conducido por Alfonso Baella Herrera, sobre las investigaciones fiscales a la primera dama Nadine Heredia: lavado de activos, fallecimiento de Fasabi, usurpación de funciones, etc., en total ocho investigaciones en la fiscalía y dos más en el Congreso.

Azabache indicó que una investigación fiscal es una investigación preliminar o preparatoria, en donde se organizan hechos o evidencias, a partir del cual se construye un caso definitivo o final. Para Azabache, los ingresos bancarios de los años 2006-2009 correspondería a ingresos no declarados a la Sunat.

Para Azabache, hay un caso legal que merece ser investigado, sugiere que Nadine Heredia debe regularizar sus posibles ingresos no declarados para afrontar la investigación fiscal y señala que la investigación durará un año por lo menos.

Para caminar derecho...

LAS DONACIONES PERCIBIDAS EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL ANTERIOR

Para caminar derecho...

Por César Azabache Caracciolo

El Caso Nadine Heredia puede aún tener un desenlace más sencillo o menos tortuoso que el que ahora se insinúa para él.

He insistido en afirmar que, al menos hasta ahora, los registros bancarios de la señora Heredia y sus gastos de consumo corresponden con mayor claridad a un caso sobre ingresos no declarados (fraudes al sistema electoral y posiblemente al fisco) que a un caso sobre lavado de activos. Pero su insistencia en eludir las investigaciones ha convertido el caso en el fundamento de una crisis política que debió y pudo evitarse a tiempo.

A estas alturas, la única manera que encuentro de devolverle el equilibrio a las cosas pasa por el difícil expediente de apartar a la señora Heredia de toda actividad política y sincerar su línea de discurso. Aunque parece no tener ninguna intención de hacerlo, si la señora Heredia renunciara al partido que preside y anunciara que se abstendrá en adelante de ejercer los privilegios que le otorga ser la primera dama (que eso se llame renuncia o no es solo cuestión de palabras), su defensa podría reorganizarse sin interferencias de ningún tipo y con mayor espacio para estabilizar las consecuencias que un caso como este produce. La persistencia en la ilusión conduce a una investigación larga y tortuosa que aún puede evitarse.

Puede parecer demasiado, pero un caso constitucional como el que se acaba de perder, una vicepresidenta, dos ministros de Justicia y dos procuradores son un costo demasiado alto para no notar que se requiere un golpe de timón con absoluta urgencia.

Una nueva administración del nacionalismo podría iniciar la campaña reconociendo el enorme desorden que parecen mostrar las cuentas de donaciones percibidas en la campaña anterior. Podría aceptar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revise el material que ahora tiene la fiscalía en relación con el Caso Nadine Heredia e imponga las multas que correspondan por no haber revelado con transparencia el verdadero origen de los fondos recaudados.

Fuera del centro de la escena política, la señora Heredia podría regularizar los impuestos por ingresos no declarados como lo haría cualquier otro ciudadano. Alguna responsabilidad habrá que asumir por haber mentido en estas materias a la administración electoral y tributaria. Pero una línea de discurso honesta y un final rápido resultaría infinitamente mejor para todos que una investigación inacabable destinada a establecer si entre los donantes del nacionalismo se colaron o no traficantes de drogas, tierras, oro, dinero o personas.

Si no se está escondiendo un monstruo dentro del clóset que nadie quiere abrir, entonces el caso requiere un abordaje basado en el sinceramiento de sus personajes y una pronta conclusión. El silencio de Ilán Heredia sugiere que no existe explicación para el origen de los más de S/.7 millones que parece haber inyectado al nacionalismo desde sus propias cuentas.

La ausencia de un peritaje claro y concluyente promovido por la propia señora Heredia sugiere que no hay nada más que decir sobre la autoría de las agendas. Entonces, las cartas están echadas. Pero no contienen, no hasta ahora y esperamos que nunca contengan, vestigios de relación con traficantes. Las evidencias se mantienen en el marco de un caso de fraudes comunes. Confiemos en que no haya más.

Demos a los personajes el beneficio de la duda, solo en tanto no haya más hallazgos por valorar.

Publicado en el diario El Comercio el lunes 26 de octubre del 2015

Entrevista en La Hora N sobre la procuradora Julia Príncipe

La noche del martes 20 de octubre, el doctor César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus en el programa La Hora N sobre el sorpresivo cese de funciones de la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe y sobre la primera dama Nadine Heredia.

Azabache indicó que Julia Príncipe fue cesada por un falso caso de infracciones administrativas.

En la entrevista, Azabache señaló que no debe usarse la Procuraduría para atacar al gobierno anterior. 

"Es innegable que hay dos personas en el equipo de defensa del Estado que son referentes de lo que deben hacer estas oficinas. Una es la doctora Príncipe y la otra es la doctora Medina”, indicó Azabache, quien explicó que las Procuradurías representan un canal de comunicación pública sobre casos emblemáticos.

"Por su propio bien, ella (Nadine Heredia) debería dar un paso al costado de los cargos públicos o designaciones que tiene y concentrase en un caso legal que debe tomarse en serio", señaló Azabache sobre los problemas legales que tiene la primera dama.

Notas para un acuerdo institucional

PRÓXIMOS A LAS CUARTAS ELECCIONES GENERALES CONSECUTIVAS

Notas para un acuerdo institucional

Por César Azabache Caracciolo

Los últimos 45 años de nuestra historia muestran un proceso limitado de creación de reglas fundamentales de verdadera vigencia práctica en la formación de nuestro tejido institucional. Así, la libertad de prensa emergió como respuesta normativa a la dictadura de la década de 1970.

La conservación del equilibrio macroeconómico y la primacía de la libre competencia fueron resultado del final de la crisis de la segunda mitad de la década de 1980, pero el proceso de formación de reglas verdaderamente aceptadas por todos concluye allí.

La transición iniciada a fines del 2000 no transformó el cierre de la década de 1990 en plataforma para verdaderos consensos prácticos sobre derechos humanos y la lucha anticorrupción. Los últimos 15 años de nuestra historia muestran una parálisis institucional sorprendente, si tomamos en cuenta que estamos por entrar, por primera vez en todo el período, a las cuartas elecciones generales consecutivas.

Vamos entonces atrasados en el proceso de formación de consensos prácticos. Y esto es grave. Los acuerdos institucionales no se imponen al azar. Se cimientan unos sobre otros.

La imposición de reglas de transparencia en el financiamiento de la política, la cuestión institucionalmente más importante que ha surgido en este último año, requiere claridad sobre el alcance de las prohibiciones asociadas con la lucha anticorrupción. Y la expansión del sistema judicial hasta niveles municipales, condición imprescindible para estabilizar nuestra crisis de seguridad ciudadana, necesita una plataforma clara sobre el alcance de los derechos humanos.

Estamos exhibiendo una cuota alta de incapacidad para desarrollar nuestro sistema institucional. En lugar de aprovechar el poco tiempo que nos queda antes de las elecciones, estamos sobreconcentrados en las consecuencias judiciales de los últimos escándalos que se han acumulado sobre la mesa.

Sin duda, los casos en discusión (‘Petroaudios’, Facundo Chinguel, Ecoteva, Daniel Urresti y Nadine Heredia, especialmente) tendrán algún final con alguna cuota de polémica. Sin embargo, las condiciones institucionales que han provocado estos casos no serán restablecidas por los tribunales. Tienen que ser establecidas por la comunidad en un proceso aún pendiente de revisión de los fundamentos institucionales de nuestra coexistencia.

No creo, honestamente, que esa especie de guerra desatada entre “buenos” y “malos” en la que estamos cayendo contribuya en absoluto a fijar fundamentos institucionales útiles para salir del entrampamiento en el que estamos. Pienso que ayuda más un acuerdo amplio en favor de la estabilidad del sistema que fije la manera de cerrar las cuestiones pendientes en materia de derechos humanos sin excluir a nadie.

Además, que liste los compromisos anticorrupción que deben poner fin a olas de casos como las que resultaron de la intervención a los gobiernos regionales y a la organización de Rodolfo Orellana. También que defina de manera clara los términos en que de aquí en adelante se relacionarán el dinero y la política, y ofrezca las explicaciones y pedidos de perdón que necesitamos para despejar las enormes dudas generadas en el último año de este ciclo.

Necesitamos pasar la página en que estamos atorados, no con un borrón y cuenta nueva, sino con una actitud que quiebre ese clima de cinismo y agresión que se está impregnando en nuestra comunicación institucional. Lo que tenemos entre manos es una crisis de dimensiones impresionantes. Los tribunales no sirven para resolver crisis de este tipo. Para eso se ha inventado la política.


Publicado en El Comercio el lunes 28 de septiembre del 2015

Entrevista en Mira Quien Habla sobre las agendas de Nadine Heredia

La noche de ayer jueves 27, el abogado César Azabache fue entrevistado por Cecilia Valenzuela en el programa "Mira Quien Habla" de Willax TV sobre las agendas de la primera dama Nadine Heredia, las cuales mostrarían usos de fondos de financiamiento partidaria.

"Cuando las cantidades se hacen exorbitantes, hablar solo de defraudación tributaria puede quedar corto, porque cantidades exorbitantes suponen alguien que está dando muchísimo dinero y hay que identificarlo antes de establecer si es lícito o no", señaló Azabache.

"¿Quién está donando es un evasor tributario, quién lava su dinero metiéndolo en el mercado político? ", se preguntó Azabache.

"La investigación tiene que girar sobre cuales fueron sus orígenes", indicó Azabache

Entrevista en La Hora N sobre las agendas de Nadine Heredia

La noche del lunes 24 de agosto, el doctor César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus en el programa La Hora N.

“Yo tengo la impresión de que la señora Heredia está muy segura que, por lo menos los primeros peritajes judiciales, van a decir que la letra no es suya. Eso es lo que noto conforme se van acumulando las declaraciones. Yo no quiero creer que alguien tiene preparada la escena de los peritajes que vienen”, señaló Azabache.

“En la parte que es realmente importante en esas libretas, si en verdad se comprueba que es su letra, es esa página con tres millones de dólares que salió en Panorama. Es demasiado dinero para que su circulación en efectivo no sea una buena base para comenzar, ahí sí, una investigación por lavado de activos”, agregó Azabache.

El juego de las sombras

LA CLARIDAD PARA LLEGAR A LO CORRECTO

El juego de las sombras

Por César Azabache Caracciolo

¿Cómo aprendemos a diferenciar verdad y mentira en una sociedad organizada sobre el engaño? Somos el primer productor de coca del mundo y traficamos con oro en dimensiones aún no establecidas. El 70% no bancarizado de nuestra economía forma el agujero por el que se filtran fondos de origen absolutamente incierto. Traficamos con predios adquiridos por invasiones y mentimos sistemáticamente sobre el modo en que financiamos nuestra política oficial.

Empujamos a nuestros servidores públicos a convertirse en empleados de empresas privadas y no nos importa el destino final del combustible asignado a nuestras principales dependencias públicas. Creamos y multiplicamos esquemas basados en el clientelismo y el falso mecenazgo y lo disfrazamos de servicios profesionales. ¿Qué nos impide crear anónimos, falsos colaboradores, agentes encubiertos informales, trampas o documentos falsos? ¿Acaso bastan suspicacias y desconfianzas intuitivas para establecer diferencias en medio del juego de sombras en que nos estamos moviendo?

Hemos cultivado la habilidad de desarrollar cruzadas parciales y, en algunos casos, imprecisas. Nos lanzamos a la persecución del terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, pero acumulamos tal margen de inocentes avasallados por el sistema que el propio Alberto Fujimori tuvo que formar una comisión especial para liberarlos (la Comisión Lanssiers). Desmontamos la organización de Vladimiro Montesinos en la transición, pero en el camino cometimos más de un error y más de un abuso que aún esperan reconocimiento y reivindicación pública.

Con estos antecedentes abordamos la cuestión sobre corrupción en los gobiernos regionales y estamos ahora a las puertas de iniciar una revisión quizá muy intensa sobre la relación entre los márgenes de ganancia privada en obras públicas y posibles sobornos. Hacerlo es inevitable y, de hecho, útil, ¿pero cómo prevenimos engaños y cómo nos protegemos de nuestra obstinada tendencia a organizar linchamientos colectivos de manera totalmente irreflexiva y predecible a la primera aparición de un falso as de espadas?

Declaro mi desconfianza ante cualquier apresuramiento en asuntos de relevancia legal. No admito condenas a priori cuando navegamos en un mar de mentiras elevado a su máxima potencia por nuestra adicción a la intriga y al uso de anónimos, colaboradores, grabaciones y filtraciones de todo tipo de información privada.

Si en algún momento necesitamos procedimientos equilibrados para tomar decisiones sobre lo justo, ese momento es ahora. No necesitamos más cruzadas, pero requerimos de más procesos equilibrados que nos permitan tomar decisiones maduradas de manera reflexiva en los asuntos sobre corrupción y justicia que ahora tenemos entre manos.

Algo está cambiando muy rápidamente en las expectativas de los ciudadanos de la región sobre el alcance de las limitaciones a la circulación de dinero entre el sector privado, la política y el Estado. Y eso es positivo. En las décadas de 1980 y 1990 aprendimos que la vida humana no es un recurso que pueda ser sacrificado en nombre de la seguridad nacional.

En este siglo tendremos que aprender que los sobornos son verdadera y no solo teóricamente inaceptables. Paguemos las consecuencias que haya que pagar durante este aprendizaje. Pero si debemos hacer ajustes, no perdamos de vista la imperativa necesidad de mantener el equilibrio, de dudar permanentemente de nuestras primeras impresiones sobre cada asunto que debamos discutir en adelante. Si hay algo ambiguo entre nosotros, es el modo en que manejamos la palabra, la verdad y los nombres en medio de las sombras.

Publicado en El Comercio el lunes 24 de agosto del 2015