El magistrado Salas Arenas

 

La agenda de temas legales tiene distractores y tiene asuntos en cuya atención debemos enfocarnos. Entre los distractores está ese pésimo proyecto de ley presentado esta vez por AP para acumular dos asuntos que están destinados al irremediable naufragio: nuestro retiro del sistema interamericano de DDHH y la restauración de la pena de muerte. Ni el fujimorismo en su mejor momento pudo hacer realidad estas ideaciones. No veo que las cosas sean distintas ahora, aunque en el absurdo este Congreso siempre parece capaz de sorprendernos.

Los asuntos que no deben descuidarse están al otro lado de la agenda. Quiero referirme ahora al caso del magistrado Salas Arenas. El presidente de nuestro Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que pedir protección al sistema interamericano de DDHH; el mismo del que nos quiere apartar AP. La pidió originalmente después de las elecciones del 21, cuando la necia insistencia en el falso caso del fraude en mesa lo eligió como principal víctima propiciatoria de su fracaso. La ha vuelto a pedir ahora, porque el resto de autoridades del Estado parece decidido a ignorar que hay más de un grupo de acosadores permanentes atacándolo y amenazándolo sin pausa.

Evidencia que avergüenza: un alto magistrado de la república tiene que pedir protección en el exterior porque en el país lo mantenemos expuesto a las amenazas que padece. Me cuesta imaginar una mejor manera de probar cuánto necesitamos la jurisdicción de la Corte IDH. Las autoridades que hicieron un esfuerzo de indiscutible precisión para organizar el caso Castillo; las autoridades del país que vencieron al terrorismo, ellas mismas, parecen no tener interés alguno en proteger al principal magistrado de nuestro sistema electoral. No parecen tampoco estar interesadas en neutralizar las campañas públicas de acoso que la autodenominada ‘La Resistencia’ o sus satélites han desplegado con el evidente propósito de hostigarlo hasta el hartazgo.

En el país que mantiene en cuestión que la protesta sea un derecho, el acoso político se tolera con abrumadora indiferencia.

Me pregunto quién se hará responsable de lo que ocurra cuando los niveles de violencia que ya muestran los despliegues ‘La Resistencia’ y afines se descarrilen del todo. La cuestión es simple: toda organización genera disputas internas por el control y el liderazgo del colectivo que integra. En una organización violenta, la disputa se convierte fácilmente en una competencia por exhibir distintos niveles de agresividad. Las armas, las golpizas y el asesinato terminan usándose en estos contextos para posicionar a quienes son capaces de mostrar mayores niveles de crueldad.

Quienes les financian y quienes alimentan su rabia están jugando con fuego. Están ignorando hasta qué punto la adicción a la violencia termina inevitablemente escapándose de cualquier control.

El magistrado Salas Arenas es una persona de carne y hueso. Tiene una familia y tiene una historia de vida que merece contar. Protegerle equivale a proteger a una persona y a proteger una institución. El JNE es la entidad que gestiona la justicia en el sistema en que votamos. Es el tribunal del sistema político y del de elecciones. Nos guste o no la forma en que decide; tengamos la discrepancia que tengamos con el resultado de algún caso en particular, necesitamos su independencia.

El sistema político se nos ha salido de control. Abandonar al tribunal que lo regula a su suerte es la peor manera imaginable de abandonar todo intento por tener un sistema de elecciones y representación política mínimamente confiable.

Me vienen a la mente los nombres de muchas personas acosadas por ‘La Resistencia’ o afines. También por ellos y por ellas este acoso debe terminar ya.

Las pruebas y los colaboradores

Uno imaginaría que la coalición que controla el Gobierno debería relacionar su identidad con el caso contra Castillo por corrupción. Las referencias a ese caso deberían funcionar como un límite o borde político de imposible transgresión para quienes la conforman. Pero no es así. Este Congreso está ahora mismo intentando hacer algo muy semejante a amnistiar a Castillo: bloquear las posibilidades de condenarle.

El vehículo elegido es la reforma a los procedimientos por los que deben atenderse las solicitudes de beneficios por colaboración eficaz. El caso por corrupción que la fiscal Barreto y el equipo especial del coronel Colchado prepararon contra Castillo acumula aproximadamente 18 declaraciones, muchas de ellas presentadas por delatores. Estas declaraciones han puesto el caso donde está porque se confirman recíprocamente. Castillo está en prisión por ellas. Pero ahora el Congreso, en la reforma que comentamos, pretende prohibir a los jueces usarlas.

Si esta norma se promulga, Castillo podrá pedir la revisión judicial de su detención. Podría volverse imposible acusarle. El Congreso está abriendo posibilidades que ahora Castillo no tiene para terminar absuelto.

¿Sorprende? No.

La vacancia contra Castillo fue aprobada en DIC22 por 102 votos. Y prosperó porque Castillo intentó un golpe de Estado. Antes de DIC22, el Congreso había desestimado dos mociones de vacancia por corrupción. Y la acusación derivada de la denuncia que la Fiscalía presentó en OCT22 por estos delitos tuvo que esperar hasta febrero para ser aprobada por solo 57 congresistas. La ley que intenta bloquear el uso de declaraciones cruzadas de delatores ha sido aprobada por 84 votos.

Las diferencias son sugestivas. Pero los silencios también resuenan. Nadie en el Congreso ha explicado por qué la mayoría decidió respaldar una ley que desmonta el caso Castillo. La fiscal de la nación ofreció hace poco una conferencia de prensa por un impasse registrado en un caso común, pero no dijo nada sobre la reforma a la colaboración eficaz, que afecta antes que nada a las fiscalías. El Gobierno, establecido a consecuencia de la vacancia, calla también. Y no faltan las voces que, defendiendo la ley, quieren que limitemos el debate a la cuestión sobre los plazos, uno de los varios detalles formales que la ley introduce con la aparente intención de abrir el procedimiento a la observación de quienes son o pueden ser acusados con base en estas declaraciones. De hecho, quienes más ganan con esta ley son los delatados.

El centro de esta ley está en la cuestión de las pruebas, no en las formalidades ni siquiera en los plazos que la ley contiene. Desde el lenguaje de la Constitución, las cosas se explican de esta manera: las reglas de la prueba establecen que la decisión del tribunal sobre los hechos de un caso penal sea adoptada luego de escuchar a los declarantes (incluidos los delatores) y de ver la forma en que soportan ser interrogados por las partes. El procedimiento supone que en los interrogatorios la Fiscalía y defensa tengan derechos equivalentes y que incluso el tribunal intervenga lo menos posible. En dirección contraria, la ley que ha aprobado el Congreso le permite entrometerse en ese ámbito que está reservado a los tribunales. Y entrometerse para prohibir por anticipado a los jueces escuchar determinado tipo de declaraciones, las de los colaboradores que confirman lo que otros colaboradores han dicho.

No se trata de poner condiciones o regular los debates: se trata de prohibir que los jueces escuchen determinadas declaraciones en juicio. Esa prohibición es inconstitucional.

Preferiría que el Gobierno renuncie. Pero, entre tanto, adhiero al pedido que se ha hecho para que se observe esa ley.

El caso Ávalos

La fiscal Ávalos ha sido acusada por suspender las primeras investigaciones del caso Castillo. La suspensión fue dispuesta en ENE22. Para entonces, la doctrina establecida por las Fiscalías para estos asuntos asumía que, si la Constitución prohíbe acusar a los presidentes en ejercicio, entonces investigarlos no tenía sentido. Seis decisiones de tres fiscales diferentes adoptadas desde la transición del 2000 lo demuestran. Nadie en la academia, entre los autores usualmente citados, objetó esa doctrina. El cambio de reglas solo ocurrió en MAY22, cuando el fiscal Sánchez construyó una doctrina alterna que, reemplazando a la anterior, ha habilitado las investigaciones preliminares contra presidentes en ejercicio. Esta nueva doctrina fue aprobada por la Corte Suprema solo en NOV22.

Entonces, la fiscal Ávalos ha sido acusada por no haber seguido una doctrina que no existía al momento de los hechos. Esto se llama sesgo retrospectivo: es inaceptable juzgar hechos del pasado usando criterios del presente.

Ávalos ha anunciado que acudirá a la CIDH en busca de protección. No hay nada que le impida hacerlo, porque las decisiones del TC que protegen al Congreso contra el Judicial han hecho imposible exigir a las víctimas de casos de este tipo agotar cualquier vía interna. En sede internacional, la derrota del Estado es más que segura porque lo que ha hecho el Congreso no tiene defensa posible. La señora Ávalos tiene además dos precedentes que respaldarían su pedido: la sentencia de la Corte IDH de ENE01 en el caso Tribunal Constitucional y la resolución de la misma Corte de FEB18 en el caso Durand y Ugarte. Los poderes públicos no pueden sancionar a quienes ejercen una magistratura porque no les gusta lo que deciden. Menos aún usando doctrinas legales que no existían cuando tomaron las decisiones que tomaron.Me cuesta entender que 71 personas adultas hayan escuchado a Francisco Eguiguren decir esto ante el Pleno y, sin embargo, hayan votado respaldando una acusación que ha sido escrita sin ningún fundamento que la respalde.

La jurisdicción internacional está abierta para cualquier caso de este tipo. Pero existe una vía que podría devolver las cosas a su lugar sin exponer al Estado a una nueva derrota ante la Corte IDH. La Constitución de 1993 ordena que la Fiscalía y el Judicial abran proceso automáticamente cuando el Congreso acusa. Pero no ordena que los casos que deben abrirse deban llegar a juicio. Imposible además hacerlo con cargos defectuosos como los que ahora comentamos. No debería sorprendernos entonces que el Judicial abra el proceso porque está obligado a hacerlo y lo anule al día siguiente o una semana después por falta de ley aplicable. Tampoco que el Pleno de la Corte Suprema, antes de comenzar este proceso, anuncie que romperá su vinculación con las decisiones que el Congreso tome en esta materia en respeto a su independencia, un valor de rango más alto que la subordinación que le ha impuesto la Constitución del 93 en estos asuntos. Cualquiera de estas dos rutas que están en las manos del Judicial permitiría resolver el impase que genera tener sobre la mesa un caso tan mal armado como el que el Congreso ha aprobado contra la señora Ávalos.

En NOV22, el TC desestimó el caso por traición que el Congreso intentaba organizar sobre ninguna base contra Castillo. El caso por traición, de hecho, fue preparado con una mecánica semejante a la que inspiró el caso sobre el llamado “fraude en mesa”, que también estaba destinado al fracaso desde que fue concebido. El caso contra Ávalos es el tercero en lista. Otra construcción sin fundamentos. La misma forma de convertir en texto un capricho.

Por eso debe ser desestimado.

Sobre extorsiones y protestas

El 8 de junio, en EC, Mario Saldaña sostuvo, con absoluta razón, que el usar en una protesta “el incendio o sabotaje […], el secuestro de vehículos o barcazas […] y también el ataque con armas […] o bombas molotov” forma casos por extorsión. Imposible discrepar. Cruzar la línea que separa el actuar tolerable de la violencia física directa justifica una sanción penal. Pero el artículo hace algo más que lanzar este enunciado: introduce en la misma lista, la de los crímenes intolerables, las ocupaciones de carreteras.

Las ocupaciones de carreteras, de vías de circulación en general, forman hoy en día uno de los asuntos más difíciles de resolver cuando se discuten los límites de la protesta. En el artículo se usa la voz “toma” de carreteras para referirse a ellas. Pero esa voz evoca las tomas de tierras y da al asunto un aire de ajenidad y usurpación que anticipa el sentido del juicio moral que encierra el texto. Las vías no se toman, sino que se ocupan, se obstruyen o se bloquean, pero nadie pretende hacerlas suyas en una protesta. La ocupación de vías no es un asunto sobre propiedades o desalojos. Es un tema distinto y debe abordarse en un cuadrante también distinto.

No es posible asumir de plano que todas las ocupaciones de vías merezcan protección legal. Tampoco es posible asumir lo contrario, que todas son de plano delictivas. Y eso es lo que hace el artículo que comento. Hubo ocupaciones de vías en las protestas para instalar el voto femenino y la jornada de ocho horas, así como para eliminar las políticas de segregación racial, impedir que Castillo imponga un toque de queda, defender los derechos civiles en Cuba y pedir la salida de Maduro. No todas las formas de ocupación de vías pueden juzgarse de la misma manera. Por eso, no tiene sentido equipar el uso de vías en las protestas con incendios o con el uso de bombas molotov, como propone el texto.

La columna fue publicada el 8 de junio. El 5 se cumplieron 14 años de los sucesos de Bagua. En junio del 2009, cientos de indígenas de los pueblos wampi y awajún bloquearon un tramo de la carretera longitudinal, protestando por determinadas decisiones del gobierno de García, que encontraron lesivas a sus derechos territoriales. Un disparo recibido por Santiago Manuin, dirigente awajún, desató un cuadro de violencia sin precedentes en el lugar. En la zona, se perpetraron crímenes intolerables. Pero los crímenes que siguieron a ese disparo no hacen que la ocupación de la vía sea ella misma un delito. La ocupación de la vía fue un acto de protesta. Después se perpetraron crímenes, sin duda. Sin embargo, los crímenes posteriores no hacen de la protesta un delito. Pueden consumarse delitos en el marco de cualquier actividad lícita, pero la perpetración de un delito no convierte en criminal a la actividad en la que un acto reprochable llega a cometerse.

Las protestas de Bagua pudieron resolverse de otro modo. El disparo a Manuin pudo evitarse. La aproximación de las fuerzas de seguridad a la zona pudo ser menos torpe. Pero mientras creamos que la respuesta institucional para la ocupación de una vía debe ser el desalojo, mientras sigamos concibiendo la ocupación de una  vía como una ‘toma’, vamos a mantenernos expuestos a repetir lo que ocurrió en Bagua.

El texto aborda uno de los problemas más serios de la protesta: la ocupación de vías, asumiendo que ellas son delictivas en sí mismas. Esta línea de discurso conduce a disparar antes de tiempo, que fue lo primero que ocurrió en Bagua. Insistimos, 14 años después, en repetir los sesgos que entonces nos costaron 33 muertes. Ahora van más de 50.

La protesta se sofoca escuchando a tiempo. No es sencillo. Pero no debería ser tan difícil aprender a hacerlo.

Las zonas grises de la protesta

Hace poco, la Corte Suprema publicó la sentencia del 17 de abril del caso Las Bambas. La sentencia trata sobre la protesta. Distintos observadores, me incluyo, hemos denunciado que el texto contiene límites que dañan el ejercicio de este derecho. Gonzalo Zegarra (EC 20/5/23) e Iván Meini (PUCP 24/5/23) lo han negado. El debate está abierto. Y creo que importa, porque afecta el alcance de una de las construcciones más recientes y complejas del catálogo de derechos humanos.

Parto reconociendo en la protesta un derecho. La ONU y la Corte Interamericana ya lo han hecho. Gonzalo e Iván también. La sentencia no. Parto además por asumir que la protesta no justifica ninguna forma de violencia física contra personas ni contra cosas. Encuentro que nadie lo ha puesto en duda. Pero la Corte cree que sí y se detiene en ello.

El caso que la Corte tenía entre manos trata sobre la ocupación a una vía por la que transitaban camiones que retiraban mineral de Las Bambas. Era mayo de 2016 y los manifestantes protestaban porque la idea original del proyecto era que el mineral se retire por un ducto cerrado, no por carreteras abiertas. Los vehículos cuyo paso fue interrumpido eran precisamente los camiones que transportaban ese mineral.

La sentencia afirma que las manifestaciones que producen consecuencias sobre terceros son por sí mismas violentas. Que ocupar vías constituye por sí mismo un delito. Agrega que la ocupación de mayo de 2016 cumple ambos requisitos y no dejó libres vías alternas para los transeúntes, sin notar que ese es un criterio que la Corte Europea de DDHH estableció para la ocupación de autopistas, no para casos de este tipo. Confirma la condena que se impuso a los manifestantes. Ahí termina.

La cuestión era más difícil. El debate sobre protestas supone aceptar que no todas las consecuencias colaterales que se originan en una manifestación merecen ser consideradas violentas o delictivas de manera automática. Las discusiones sobre protestas ante los tribunales de justicia tratan de identificar criterios que justifiquen tolerar unas manifestaciones y rechazar otras. Aquí interesan las diferencias, las particularidades de cada caso y las cargas que deben respetar los manifestantes. No es lo mismo ocupar las calles que rodean una plaza que ocupar autopistas o vías de propósito exclusivo. No es lo mismo hacerlo caprichosamente que por un motivo claro. No es lo mismo hacerlo indefinidamente que por plazos limitados. No es lo mismo hacerlo respetando a personas vulnerables o ambulancias que hacerlo con absoluta indiferencia hacia ellas.

Consecuencias colaterales. Las protestas son tales porque generan resultados de este tipo. Las manifestaciones que no las originan, como pintar grafitis o lanzar proclamas en público, están ya protegidas por la libertad de expresión. No necesitan una construcción adicional. La protesta, como construcción, aparece en los instrumentos de las relatorías de la ONU y de la CIDH, que la sentencia ni siquiera menciona, porque la libertad de expresión no basta para discutir estos colaterales. Las discusiones sobre protestas tratan de establecer si las consecuencias colaterales de determinadas manifestaciones consideradas en sus propias características, caso por caso, merecen o no esa tolerancia. La idea no es nueva: las huelgas generan consecuencias colaterales y ya han obtenido ese margen de tolerancia. Las protestas piden lo mismo.

Siempre tendrá sentido estar a favor o en contra de una protesta en particular. De cualquiera. No pretendo que respaldemos todas las protestas que se organicen de manera mecánica. Pero pido que no discutamos cosas tan complejas con tanta ligereza.

La Corte se ha corregido antes. Creo que debería hacerlo ahora.

La Fiscalía se expone a sí misma

Fue un error que la fiscal de la Nación visite a Alejandro Toledo a su llegada a Lima. Toledo perdió hace mucho las protecciones que la Constitución concede a los presidentes en ejercicio. Los casos en su contra no son manejados por ella y el proceso de extradición, en el que sí tuvo competencias, ya había terminado cuando se produjo esa visita. El arribo de Toledo a Lima fue sin duda una noticia. Pero fue una noticia sin contenidos específicos: su caso ya no ofrece espacio para algún debate institucionalmente importante. Entonces, ¿para qué fue a verlo?

Si la intención era solo ganar visibilidad, el resultado ha sido por completo contraproducente. La singularidad de su visita abrió tantas dudas que la reacción de más de un medio fue preguntar a quien fuera posible cómo debía interpretarse el evento. Con el caso de Toledo abierto en los tribunales, los micrófonos se dirigieron, como era de esperarse, hacia quienes lo tienen a su cargo: los fiscales Vela y Pérez. Vela y Pérez contestaron, desde mi punto de vista, con enorme cautela. Pero es que la visita no tenía sentido. Entonces se digan cómo se digan las cosas la conclusión es la misma: la visita expuso a la fiscal de la Nación. La visita, no los comentarios sobre la visita.

Resultado: Vela y Pérez están ahora bajo un procedimiento disciplinario en la Fiscalía. Segundo error, porque el caso que se ha iniciado fuerza a insistir en el poco sentido que tuvo la visita de la fiscal a Toledo. Entonces esa visita, un incidente que nunca debió producirse, pero que podría haber sido olvidado pronto, encuentra un foro en que seguirá siendo debatida. Además, el caso disciplinario obliga a poner sobre la mesa un segundo problema no resuelto: Las fiscalías no tienen una política definida para relacionarse con los medios.

No la han tenido nunca y han dejado a lo largo de los años que los fiscales de mayor notoriedad, como Vela y Pérez, organicen sus propias posiciones públicas con absoluta soltura. La cuestión se vuelve decisiva porque sin una política definida no puede haber una regla previa clara que se pueda usar para condenar las declaraciones de Vela y Pérez como una infracción. El caso está destinado al fracaso y al desestimarse será inevitable que se vuelva a notar que la visita a Toledo no correspondía a ninguna competencia propia de la fiscal de la Nación que pueda considerarse invadida por los comentarios de Vela y Pérez.

Algo anda definitivamente mal en el planeamiento comunicacional de la Fiscalía de la Nación. En marzo, la fiscal utilizó su plataforma para acusar públicamente a la JNJ de abusar de sus atribuciones por haber abierto una indagación en su contra por la forma en que fueron intervenidas las fiscalías a cargo del caso de los llamados ‘Cuellos Blancos’ al comienzo de su mandato. Un asunto que debió resolver a tiempo y que ha dejado sedimentarse. También en marzo decidió aceptar una condecoración de la Municipalidad de Lima, una entidad pública que, como cualquier otra, está expuesta a ser investigada por las fiscalías en cualquier momento. Hace solo unos días volvió a usar su posición comunicacional para declarar en público en que no va a mostrar las tesis que registró para acceder a los grados de magíster y doctora. Otro asunto que está convirtiendo en un verdadero caso de transparencia y acceso a información pública por propia decisión.

Imposible negar el impacto del trabajo que hizo la fiscal de la Nación para darle forma a los casos Castillo y resistir las presiones que él intentó hacer sobre las investigaciones que se seguían en su contra antes de DIC7.

Pero los créditos que se adquieren por acciones institucionales apropiadas pueden perderse cuando la balanza empieza a pesar del otro lado.

Morir por otras manos

Hace solo unos días, Katherine Gómez fue rociada con gasolina e incinerada viva en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo. También hace muy poco una niña de 11 años fue traída a Lima desde su pueblo, ubicado a seis horas de Atalaya. Le habían incrustado dos cinceles de fierro de 16 centímetros cada uno en el cráneo.

Un video muestra a un agente de Policía disparando una bomba lacrimógena directamente a la cabeza de Víctor Santisteban, un manifestante desarmado. Un policía, José Soncco, fue incinerado en Juliaca dentro de la camioneta en que prestaba servicio. Son 49 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en dos meses de protestas. Son 15 feminicidios consumados y otros 20 intentados en solo este año. Son aproximadamente 10 muertes colaterales ocurridas durante las manifestaciones.

No son historias homogéneas; cada una encierra un significado propio. Pero tampoco son eventos singulares. Eyvi Ágreda fue incinerada viva en público en Lima hace casi cinco años. Cirilo Robles fue linchado en la plaza de Ilave durante una protesta el año 2004. Acumulamos dosis intolerables de indiferencia frente a los eventos más crueles que protagonizamos. Los registramos como noticia y luego los dejamos pasar.

No somos capaces de convertirlos en puntos de inflexión que den lugar a reglas prácticas, a compromisos reales, a dispositivos efectivos, vinculantes, diseñados para evitar que estas cosas se repitan. Ningún sereno o agente de policía estaba cerca del lugar en que quemaron viva a Katherine. Los testigos que estaban allí intentaron apagar el fuego, pero nadie intentó detener al agresor mientras escapaba.

La incineración de José Soncco o el disparo de esa bomba que destrozó la cabeza de Santisteban no han sido suficientes para que los colectivos de manifestantes y el Estado forjen acuerdos mínimos, protocolos básicos que conviertan la protesta en un espacio de ejercicio de derechos ciudadanos y no en lo que es ahora: un área vacía de autocontrol en la que se pueden generar escenas de crueldad extrema en cualquier momento.

Nos estamos impregnando de patrones de conducta extremadamente violentos. Los estamos consintiendo. Y el gobierno, al definir la impunidad y la negación como códigos de referencia para ocultar las muertes que ha causado, acelera el proceso. La violencia, cuando se instala sin consecuencias, se expande sin límites. Y somos una sociedad expuesta a ella. No hemos resuelto la herencia de los años 80 y 90 en violaciones a los DDHH. Y vivimos en medio de chantajes, sexismo, diversas formas de tráfico que incluyen tierras y personas que se sostienen por métodos violentos.

¿Qué efecto puede causar la impunidad y la negación en un entorno vacío de reglas? Las sociedades que matan forman rituales perversos. Aquellos que se disfrazan de comandos para disparar a mansalva en colegios y universidades reproducen patrones de violencia que están instalados en el entorno en que viven. La muerte consentida, la que se esconde en nuestra indiferencia, se expande, se duplica, se ritualiza.

Si las muertes de las manifestaciones quedan impunes, si casos como el de Katherine y esa niña no son tomados en su exacta dimensión, tendremos más muertes en las próximas manifestaciones; otras mujeres serán incineradas y otras niñas serán flageladas. Estamos en riesgo. Una sociedad sin reglas está expuesta a internalizar la crueldad como forma de expresión del poder en todas sus formas; la política, la local, la cotidiana. El empoderamiento, en todas sus dimensiones, es un combustible capaz de expandir lenguajes violentos. Morir por mano ajena con el desprecio que representa la crueldad, con la impunidad impuesta en el lugar que corresponde a un funeral. Es demasiado.

Permanencia

Cuando se trata de ética pública, las simulaciones desgastan. La violencia que comenzó en diciembre 22 instaló entre nosotros como necesidad el adelanto de elecciones generales. El Gobierno y el Parlamento se han resistido al reclamo por todas las vías imaginables. Ambos nos han impuesto su permanencia con un discurso casi culposo que simula cada tanto, de mala manera, mantener abierta una cuestión que a ninguno de los dos interesa: Irse. Todos los debates realizados hasta ahora sobre nuevas elecciones han resultado ser puestas en escena. Puestas en escena tan grotescas que profundizan el divorcio que gobierna ahora la relación entre sectores enteros del país y la sociedad política.

El divorcio está ahí, incluso para quien insista en negarlo. El agrietamiento que él está incubando forma una espiral que por ahora no tiene punto de salida.

Ideación y negaciones. En el Gobierno y en el Congreso, la permanencia parece construirse desde una forma de contar las cosas que reemplaza la realidad (negada) por el deseo (convertido en argumento). Una mecánica como esta originó los casos “fraude en mesa” y “traición a la patria”. Es además la misma mecánica que gobierna la defensa de Castillo. En estos casos quien cuenta la historia bloquea la evidencia y construye desde una ideación: el caso del fraude en mesa existía para quienes querían que Castillo no haya ganado. El de traición para quienes creyeron que cualquier pretexto bastaba para forzar su salida. De una manera semejante, el caso contra Castillo es un abuso para quienes no quieren tomar en cuenta la decena de testimonios que le incriminan.

En una línea muy semejante, el discurso de la permanencia quiere asumir que las protestas se desvanecen por el simple paso del tiempo. Entonces “ganar tiempo” se convierte en un objetivo. Hacia allí van las simulaciones de debates sobre elecciones en el Congreso. Fallas en el diagnóstico: las protestas son la expresión de un estado de cosas marcado por la fractura de la legitimidad de la autoridad frente a determinadas personas y colectivos. Son mensajes sobre el estado de una legitimidad que no está siendo construida. Entonces tomarlas en serio exige leer indicadores que establezcan el estado de esa legitimidad y definir rutas para equilibrarla. Limitarse a hacer una contabilidad de marchas y bloqueos o, peor aún, desviar la mirada y hacer inviables a las personas y colectivos que se han movilizado representa un error.

Construir desde el deseo. La forma de contar las cosas que han adoptado quienes defienden (de hecho) la permanencia de Gobierno y Parlamento supone que la legalidad formal “es” el único factor necesario para otorgar legitimidad a la autoridad. Entonces los congresistas fueron elegidos por cinco años, Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional y ambas cosas “deben bastar”. Pero es que no bastan. La legalidad formal es una condición indispensable para construir legitimidad. Pero la legitimidad no se obtiene por nombramiento ni por mandato constitucional. La legitimidad se construye en relaciones edificadas sobre el mutuo reconocimiento práctico de quienes gobiernan y quienes son gobernados, o el de quienes representan y quienes son (o deberían ser) representados. La legitimidad es un estado de cosas derivado de la confianza. Y la confianza se gana o se pierde. Es una verdadera locura (locura: “pérdida de referencia a la realidad”) pretender gobernar o sostener un cuerpo de representación sin medir permanentemente el estado de la confianza ganada o perdida. 

Nosotros seguimos gobernando

Llamar insistentemente “terrorismo” a la protesta como un todo y restar importancia a las más de 50 muertes innecesarias provocadas en este periodo son dos giros que se están haciendo habituales. A ellos se ha unido en los últimos días la promoción de una amnistía pensada para proteger de la justicia a las autoridades involucradas con las muertes de la violencia. Tres componentes de una nueva forma de conservadurismo que ahora resuena por encima de otras varias opciones conservadoras.

La amnistía como opción es una propuesta de corto alcance. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe usar amnistías en casos como los de las muertes de diciembre y enero. En nuestra historia reciente, de hecho, ya se han caído una amnistía, una ley sobre prescripción, una gracia y un indulto. Quienes promueven la amnistía lo saben. Saben que al final del día perderán cuanto juicio internacional se haga en contra de la medida que promueven. Saben que están estafando a sus beneficiarios teóricos.

Pero insisten, porque al hacerlo trazan un lazo de interés subjetivo que refuerza la represión de las protestas. La propuesta es un incentivo simbólico a la represión. Refuerza una identidad específica construida en términos negativos: la identidad antiderechos que la transición del 2000 no pudo remover.

La transición del 2000; la que comenzó con Valentín Paniagua. Imposible olvidar que el consenso del 2000 no logró resolver la memoria sobre las matanzas de los 80 y 90, aunque bloqueó varias medidas de impunidad de esos tiempos. El consenso del 2000 tenía además un componente antiterrorista. E incluía un set de cláusulas económicas duras, entre ellas la forma actual de las economías extractivas.

El consenso del 2000 contenía también las cláusulas sobre consulta previa y los mecanismos que la relativizaron hasta dar lugar a las masacres de Bagua. Límites entonces los tuvo. Pero lo que importa es que como conjunto de referencia ya se ha agotado. El consenso del 2000 no se ha convertido en otra cosa y no ha sido reemplazado por otro.

El momento actual, en el que aparece esta nueva propuesta de amnistía, no tiene nuevos puntos de referencia. No tiene forma definida. Nuestra vida política es, en medio de ese vacío, un hervidero de disputas apocalípticas en agresiva y violenta ebullición. Todas las discusiones que estamos teniendo ahora están planteadas en términos binarios; en función de pares organizados por esquemas del tipo “bueno/malo”; “pro/anti”; “nuestro/ajeno”. Son esquemas diseñados para reforzar identidades negativas que nos alejan sin puntos intermedios de espacios de encuentro.

Sendero Luminoso tiene tres facciones en plena actividad

En este contexto, la amnistía parece pensada para reforzar la distancia que se ha impuesto en estos tiempos entre quienes ahora defendemos las protestas, todas o algunas (jamás los actos vandálicos que la penetran), y quienes defienden la represión indiscriminada impulsada por el Gobierno de Boluarte, que intenta convertir la violencia del Estado en una especie de respirador artificial.

En esa amalgama de tendencias binarias, el conservadurismo “proamnistía” se refuerza con otro que parece intentar negar que el consenso del 2000 se haya agotado e intenta defender sus fundamentos o los privilegios que generó incluso con las armas del Estado. Los conservadurismos por negación tienen siempre corto alcance. Pero eso no les niega un considerable potencial erosivo. La amnistía, si llega a prosperar, se caerá más temprano que tarde. Y las condiciones de un nuevo consenso institucional llegarán a discutirse, en un formato o en otro. 

Pero mientras tanto los negacionismos nos seguirán separando. Lo harán hasta que seamos capaces de establecer varios “nosotros” que nos incluyan sin agresiones

La identidad antiderechos

Llamar insistentemente “terrorismo” a la protesta como un todo y restar importancia a las más de 50 muertes innecesarias provocadas en este periodo son dos giros que se están haciendo habituales. A ellos se ha unido en los últimos días la promoción de una amnistía pensada para proteger de la justicia a las autoridades involucradas con las muertes de la violencia. Tres componentes de una nueva forma de conservadurismo que ahora resuena por encima de otras varias opciones conservadoras.

La amnistía como opción es una propuesta de corto alcance. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe usar amnistías en casos como los de las muertes de diciembre y enero. En nuestra historia reciente, de hecho, ya se han caído una amnistía, una ley sobre prescripción, una gracia y un indulto. Quienes promueven la amnistía lo saben. Saben que al final del día perderán cuanto juicio internacional se haga en contra de la medida que promueven. Saben que están estafando a sus beneficiarios teóricos.

Pero insisten, porque al hacerlo trazan un lazo de interés subjetivo que refuerza la represión de las protestas. La propuesta es un incentivo simbólico a la represión. Refuerza una identidad específica construida en términos negativos: la identidad antiderechos que la transición del 2000 no pudo remover.

La transición del 2000; la que comenzó con Valentín Paniagua. Imposible olvidar que el consenso del 2000 no logró resolver la memoria sobre las matanzas de los 80 y 90, aunque bloqueó varias medidas de impunidad de esos tiempos. El consenso del 2000 tenía además un componente antiterrorista. E incluía un set de cláusulas económicas duras, entre ellas la forma actual de las economías extractivas.

El consenso del 2000 contenía también las cláusulas sobre consulta previa y los mecanismos que la relativizaron hasta dar lugar a las masacres de Bagua. Límites entonces los tuvo. Pero lo que importa es que como conjunto de referencia ya se ha agotado. El consenso del 2000 no se ha convertido en otra cosa y no ha sido reemplazado por otro.

El momento actual, en el que aparece esta nueva propuesta de amnistía, no tiene nuevos puntos de referencia. No tiene forma definida. Nuestra vida política es, en medio de ese vacío, un hervidero de disputas apocalípticas en agresiva y violenta ebullición. Todas las discusiones que estamos teniendo ahora están planteadas en términos binarios; en función de pares organizados por esquemas del tipo “bueno/malo”; “pro/anti”; “nuestro/ajeno”. Son esquemas diseñados para reforzar identidades negativas que nos alejan sin puntos intermedios de espacios de encuentro.

En este contexto, la amnistía parece pensada para reforzar la distancia que se ha impuesto en estos tiempos entre quienes ahora defendemos las protestas, todas o algunas (jamás los actos vandálicos que la penetran), y quienes defienden la represión indiscriminada impulsada por el Gobierno de Boluarte, que intenta convertir la violencia del Estado en una especie de respirador artificial.

En esa amalgama de tendencias binarias, el conservadurismo “proamnistía” se refuerza con otro que parece intentar negar que el consenso del 2000 se haya agotado e intenta defender sus fundamentos o los privilegios que generó incluso con las armas del Estado. Los conservadurismos por negación tienen siempre corto alcance. Pero eso no les niega un considerable potencial erosivo. La amnistía, si llega a prosperar, se caerá más temprano que tarde. Y las condiciones de un nuevo consenso institucional llegarán a discutirse, en un formato o en otro. 

Pero mientras tanto los negacionismos nos seguirán separando. Lo harán hasta que seamos capaces de establecer varios “nosotros” que nos incluyan sin agresiones.

Réquiem para la transición

 

“El consenso del 2000 se agotó y ya no alumbra”. Tomo la frase de una columna que publicó Mauricio Zavaleta en EC en junio 2021. Mauricio se refiere al colapso del sistema institucional que se instaló entre nosotros con las disputas Gobierno-Congreso del periodo 2016-2020. Pone en evidencia que el ciclo de deterioro institucional iniciado entonces solo puede romperse formando un nuevo consenso.

El consenso del 2000 adoptó la Constitución del 93 como propia. Al adoptarla en el momento en que más fácilmente podría reemplazarla, la transición la resignificó. La convirtió en el marco de referencia de su propio orden económico. Y en el marco en que se instalaron la Comisión de la Verdad, el Acuerdo Nacional y la regionalización. El mismo marco que fue usado para redefinir el papel de la Defensoría del Pueblo, de las fiscalías, del judicial y del Tribunal Constitucional, entre otras cosas.

El agotamiento al que se refiere Mauricio sugiere que algo falló en los fundamentos de ese consenso, el del 2000. Las revelaciones de Odebrecht nos mostraron a partir de diciembre del 2016 cuánto nos habíamos engañado al imaginar que logramos adquirir un dispositivo que impediría reproducir la corrupción de finales de los 90. En los hechos la organización de Montesinos fue desactivada. Pero el soborno como factor en la toma de decisiones públicas se movió a otra parte al inicio mismo del periodo.

Bagua debió representar un punto de quiebre. Y lo pasamos por alto. La masacre de Bagua, que incluye la muerte de 23 policías, nos mostró en junio de 2009 que la estabilidad económica se estaba sosteniendo sobre las espaldas de sectores enteros de la ciudadanía a los que sencillamente nadie estaba representando. Y mostró también que esa falta de representación podía expresarse en muertes que hemos hecho relativamente invisibles todo este tiempo. A las 33 muertes de Bagua debemos agregar otras 133 registradas en conflictos sociales por la Coordinadora de DDHH en todo el periodo.

Ya eran 166 muertes cuando comenzó la violencia en que ahora vivimos. Pero las habíamos hecho casi invisibles.

Alberto Vergara ha sostenido que en estos 20 años tratamos de sostener el sistema institucional imaginando que bastaba con gestionar el Gobierno, invisibilizando la necesidad de ser representados. Y ni siquiera nos representamos como problema que el sistema estuviera lastrando muertes como si fueran un costo marginal tolerable; muertes de las que no nos hemos hecho cargo.

Hemos instalado en el sistema válvulas de innegable valor práctico en el manejo de la economía 

Danza sin caretas

Carmen Mac Evoy y Gustavo Montoya han insistido en un libro publicado hace poco en que al XIX le faltó un encuentro entre Lima y el resto del país antes que el Perú se pretenda República. Parafraseo ahora una columna reciente de Gabriel Ortiz de Zevallos: al Perú le faltó convertirse en tejido, en trenza anudada para que la independencia sea fundación y la Constitución acuerdo y no simple proclama. 

Lanzamos nuestra última proclama en el 2000, asumiendo que éramos transición. Y esa proclama se cayó en Bagua y en la Curva del Diablo; se cayó en Ilave cuando asesinaron al alcalde Robles; se cayó cuando fueron descubiertas las mafias que atravesaban los gobiernos regionales en tiempos de Humala y mostró sus débiles costuras con las confesiones de Odebrecht desde diciembre del 16. 

Como dijo Mauricio Zavaleta a mediados del 21, comenzamos a ver el rostro de nuestra sociedad sin acuerdos mínimos, en el 16, en la forma de ser de ese congreso embrutecido por ser mayoría, y en el 19, en el suicidio colectivo que resultó ser haberlo cerrado. Lo vimos cara a cara en los pocos días de Merino y lo vemos ahora, que nos estamos desangrando sin intermediación escénica alguna. 

Tendremos que estar de acuerdo al menos en que casi cincuenta muertes en dos meses impuestas a balazos no conforman un evento analizable quirúrgicamente bajo el lente de un abogado de escritorio sino una tragedia que expone la brutal ceguera en que estamos viviendo.

Indiferenciados. Hace tiempo perdimos de vista incluso las herramientas básicas que podrían al menos hacer más sencillo reconocernos. Si Alberto Vergara y Carlos Melendez comparten algo es esa intuición que les lleva a notar que “la informalidad” no es una construcción que describa a un puñado de marginales que no logran insertarse en una economía sobrecargada de trámites burocráticos. La construcción es enana porque pretende mirar como minúsculo algo que en verdad representa la forma que hemos adquirido en estos años. La informalidad, en efecto nos describe. Describe una forma de ser que no podemos reconocer como colectivo porque supone precisamente la negación de cualquier colectivo imaginable. La todavía llamada informalidad no supone “no haber llegado al sistema”. Supone no querer ser parte de sistema alguno, y sin embargo, constituir uno completamente pervertido. Supone sobrevivir, defenderse por si, expandirse territorialmente por la fuerza, cuando llega el momento de expandirse y entonces poner rejas, o muros, o cercas y entonces golpear y gritar y defenderse atacando, no negociar. 

Si se llega al momento en que se acumula fuerza, ella es su propia concepción transitoria, porque quienes conforman cuadrillas de toma de terrenos, fuerzas de choque para enfrentar policías o alianzas electorales no tiene más propósito común que salvar la consigna del día o del proceso. No comparten un “nosotros” que sin embargo puede reconocerse en el formato de una marcha espontánea alrededor de una plaza, en una vigilia frente al edificio de una autoridad o en un solvente acompañar a nuestros muertos. 

La complejidad de estar siendo de esta forma, decía, proviene también de la absoluta pobreza de las herramientas que tenemos para mirarnos. Indiferenciados. Nos encantaría seguir creyendo que la derecha está militarizada, la izquierda sobre radicalízada, la minería informal mercenarizada y que todas estas capas pueden diferenciarse de una ciudadanía que protesta. Entonces podríamos acusar a unos y otros de no diferenciarse y podríamos imaginar que la consigan consiste en proveer a la ciudadanía, a las organizaciones sociales “buenas” de herramientas para diferenciarse de “los malos”.  Imposible no notar como ese ejercicio reproduce el sesgo binario que nos tiene aquí atrapados. Es exactamente lo mismo buscar nuevos “buenos” que nuevos “malos”. Todo sesgo binario retroalimenta la espiral en que estamos atorados desde los años noventa. 

Esperando “que la tortilla se vuelva” solo abrimos el espacio en que la tortilla se volverá de nuevo. 

Ha dejado de tener todo sentido seguir imaginado que debajo de ciertas tupidas redes ácidas irracionales y violentas hay una maraña de emprendedores y pueblos y colectivos y organizaciones sociales y comunidades que sobreviven bucólicamente apoyándose, reconociéndose, siendo solidarios y solidarias entre sí en espera que la niebla se disipe. Sin duda existen las ollas comunes, las pequeñas cooperativas de productores de granos, de tejedoras y hacedoras de papel y de jabones, los pequeños sindicatos y las escuelas y los comedores populares, los colectivos de barrios y los clubes y los centros de cultura. Sin duda existen esos pequeños espacios en los que vivimos. 

Pero somos nosotros mismos. 

Los espacios colectivos que reclamamos como imprescindibles para formar identidades existen dentro de ese ambiente que todavía reconocemos como informal. No es que nuestras fantasías neo comunitarias basadas en los pequeños espacios de humanidad se hayan impregnado del mal. 

Es que de muchas maneras la sociedad es un todo continuo. El profesional independiente no paga impuestos; el artista alternativo tiene una familia que trafica con predios; el político militarista de derecha sostiene una olla común y canta en el coro de una iglesia; el liberal detiene el auto sobre una cebra; el izquierdista obtuso que sigue soñando ser un príncipe verde olivo aunque no crea en la libre interrupción del embarazo ni en el matrimonio igualitario. Es que estamos entremezclados dentro de nosotros mismos; Indiferenciados; indiferenciadas. Es que nuestro yo colectivo, ni siquiera me refiero al público, forma parte de nuestro yo perverso, narcisista, enceguecido. 

Limitarse a mirar cómo se muere puede ser también absolutamente violento. 

Esto no puede ser más “tu o yo”; “ellos o nosotros”, “matar o morir”, “venceremos y entonces ustedes serán derrotados”; “Dime dónde está tu bandera para quemarla”. 

Las guerras no las acaba la Cruz Roja. Pero alguien tiene que intentar que ya no mueran más personas. Rescatar a las que podamos rescatar. Ese puede ser un principio. Protegernos acaso sea una consigna. Aceptar que somos, en plural y primera persona un enorme montón de gente enceguecida que puede tener o no uniforme pero no llega a ser siquiera un colectivo y sin embargo sangra: sangra de rabia, sangra de frustración, sangra como llora un ser violento que termina rompiéndolo todo y también dispara, incendia y daña. 

Si queremos ser un colectivo antes de intentar ser nación tendremos que inventar una manera de negociar nuestra formación en un país que se volvió ilegal, que no quiere ser nacion, ni república ni autocontrol ni futuro, sino apenas depredación y crudeza. Y notar que somos, nosotros mismos, no una alteridad moral distinta a lo que vemos sólo porque no estamos disparando, sino que sólo parte exactamente de lo mismo mientras nos limitamos a contemplarlo.

La teoría política que conocemos no se escribió para momentos como este. Se escribió para un momento después, cuando toca reconciliarnos enterrando a nuestros muertos.

Pero ¿Seremos acaso capaces de reconciliarnos al menos en nuestros cementerios?

San Marcos: Sin espacio para delitos

[Sobre el alojamiento de manifestantes en el campus y el desalojo del sábado 21 de enero 2023]

He escuchado una opinión que respeto, la de Carlos Caro, calificando la ocupación de los manifestantes en él campos de San Marcos como un caso de usurpación.

Me cuesta entender esa conclusión. Las usurpaciones suponen un ataque de los derechos del ocupante de un lugar causado porque no tiene relación alguna con el o ella o por quien la tiene, pero en términos que delimitan con claridad quién ocupa físicamente el lugar y esos términos se transgreden (es el caso del propietario que con derecho desaloja a su propio inquilino). De varias maneras el marco de referencia de este delito es una relación bilateral.

 

El caso de los manifestantes hay dos cosas que rompen el esquema que propone Carlos. Los ocupantes son manifestantes que viven fuera de la ciudad a la que llegan a protestar. Su estadía debe ser entonces entendida en el marco del derecho a la protesta; es una condición mínima para el ejercicio de ese derecho en las condiciones en que las personas que llegaron a la capital decidieron ejercerlo.

 

Entonces introducir el Código Penal en un análisis legal sobre las condiciones de su estadía impera tanto como declarar que el derecho a la protesta no existe (cosa que no imagino que Carlos pretenda); que el asentamiento en el lugar de la protesta no forma parte de ese derecho (ibid) o que quienes se alojaron en San Marcos no eran manifestantes. La evidencia que contienen las liberaciones de los y las detenidos a horas del operativo descarta esto último. 

 

El segundo aspecto que encuentro rompe el esquema de Carlos es que el recinto en que estaban alojados es una universidad. Una universidad es una autonomía; los derechos relacionados al uso de sus espacios corresponden a tres estamentos: la administración, los profesores y los estudiantes. Entiendo que en este caso quienes invitaron o recibieron a los manifestantes fueron los estudiantes.

 

Entonces, a diferencia de lo que ocurre en un caso de usurpación, aquí los manifestantes ingresaron al recinto con el consentimiento de uno de los tres estamentos competentes para concederlo.

 

Que esa autorización sea suficiente o no es por cierto discutible. Como es discutible que la administración decida, de plano, llamar a la policía en reacción. Quien tendrá que decidir lo correcto en este caso es la asamblea universitaria. De eso tratan las autonomías, también si alguien tiene reservas sobre la decisión de uno de sus estamentos, los estudiantes. Yo no las tengo.