Entrevista en La Hora N sobre el proceso de extradición de Martín Belaunde Lossio

El Dr. Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus el miércoles 27 de mayo en el programa La Hora N sobre el caso Martín Belaunde Lossio y su fuga por un probable soborno

Tablada de Lurín

MERCENARIOS EN CRECIMIENTO

Tablada de Lurín

Por César Azabache Caracciolo

¿Cuál es el proceso que posibilita que alguien organice la invasión de un predio (sea zona arqueológica o no), que pueda reclutar 100 o 200 voluntarios que se alquilan para simular una acción espontánea, que pueda mantener en la reserva una milicia urbana que espera para arremeter contra la policía y que asuma, además, que puede quedarse con el lugar? Si quieren conocer la respuesta, visiten, por ejemplo, el kilómetro 23,5 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo.

Encontrarán una caseta que vende públicamente terrenos que fueron invadidos en el verano del 2012 por una turba falsamente espontánea que, después de destrozar las marcas y derrumbar el galpón de trabajo de los obreros que estaba en la zona, cedió el paso al grupo de traficantes que dirigió el despojo y ahora cotiza en 120 o 160 dólares en efectivo el metro cuadrado invadido.

A ese precio, casi 20 hectáreas invadidas producen una utilidad de más de 20 millones de dólares, que luego deben ser lavados y que, parece innecesario decirlo, no pagan impuestos ni serán detectados jamás por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Así, tenemos instalado en nuestra economía un mercado clandestino que trafica con el resultado de las invasiones y que está generando un mercado secundario de organización de milicias urbanas que ya hacen más que invadir tierras. Tenemos consumidores a los que no les importa si la tierra que compran está registrada formalmente o no; lavadores de los fondos que se generan en este circuito que, no debería sorprendernos, pronto formarán bancas de usura; y oportunistas metidos en política que están comenzando a alquilar estas milicias para organizar protestas o, preferiría decir, chantajes sociales que les permitan mantenerse en sus cargos.

¿Cuántas invasiones se están comerciando en este momento en Lima? ¿Qué representan estas ventas en términos de generación de fondos de origen clandestino? Todos los mercados descansan en el desarrollo de sistemas de seguridad.

¿No es acaso evidente que un mercado clandestino como el que generan las invasiones está en el origen de las milicias urbanas que actuaron en La Parada, en Ilave y ahora en Tablada de Lurín? ¿No es evidente que milicias como estas tienden a expandirse hasta estar en la base de las prácticas de extorsiones y asesinatos a sueldo que aumentan en la ciudad? ¿O qué creemos que hacen los milicianos en sus “tiempos de para”?

Me pregunto qué ocurriría si una de las fiscalías de criminalidad organizada comenzara a juntar testimonios sobre invasiones organizándolos por zonas, y preparara investigaciones sobre la base de identificar los patrones comunes que cada una revela.

¿Qué pasaría si comenzáramos a abordar el mercado clandestino de tráfico de tierras en nuestro medio, como abordamos el de tráfico de drogas, con operaciones para interrumpir el ciclo de comercialización y atacando no a los consumidores finales, sino a quienes concentran las ganancias de estos negocios?

La Parada, Tía María y ahora Tablada de Lurín demuestran que las invasiones están en la base del desarrollo de un mercado secundario de mercenarios en plena expansión. Las escenas que se han generado en estos incidentes ilustran de manera muy clara la dimensión del riesgo que enfrentamos como país. Detengamos el proceso o nos arrastrará. La decisión es nuestra.

Publicado en El Comercio el lunes 25 de mayo del 2015

Tía María es un caso real de asociación ilícita para delinquir

LaLey.pe conversó con el experto en Derecho Penal César Azabache a propósito del escenario de violencia y descontrol que se ha generado en la zona arequipeña de Islay, donde se concentra la protesta contra el proyecto cuprífero ‘Tía María’.

Para el penalista César Azabache Caracciolo, el caso Tía María ha sobrepasado los límites de la discusión en torno a reivindicaciones mineras o antimineras. Desde su perspectiva, la violencia que se ha generado en la zona arequipeña de Islay - y que ya cobró la vida de dos manifestantes y un efectivo policial - responde a un escenario delictivo. "Reclutar y movilizar personas para dotarlas de armas caseras y dejarlas a su libre albedrío frente a la Policía representa uno de los pocos casos reales de asociación ilícita para delinquir ", apunta.

De esta manera, el también ex procurador Anticorrupción considera que el uso de la fuerza policial en el lugar está justificado, aunque no descarta que existan excesos en la práctica.“La justificación del uso de la fuerza policial no implica impunidad sobre excesos que también son posibles…Pero el nivel de violencia no permite que se piense con técnicas disuasivas ni atada de manos”, explica.

Sobre la tentativa del gobierno a decretar la zona en estado de emergencia, Azabache se muestra escéptico. “Declarar el estado de emergencia es lo mismo a concentrar la reacción policial en el despeje de las pistas, cuando lo que se debe es erradicar una práctica de violencia que se está instalando como forma de reacción ante controversias que deberían tener otro canal de expresión”.

Tomado de LaLey.pe 13/05/15

Mesa de debate en La Hora N sobre Tía María

La noche del jueves 7 de mayo, el programa La Hora N, conducido por Jaime de Althaus, organizó una mesa conformada por José Luis López, Fernando Rospigliosi y César Azabache, para debatir del conflicto social originado por el proyecto minero Tía María en Islay (Arequipa).

Rospigliosi cree que la única salida es la suspensión del proyecto, por lo menos durante este gobierno.

Azabache hizo notar que la actuación de los rostros enmascarados es similar a la que se presentan cuando se invaden terrenos o a la que hubo en el desalojo de La Parada.

“La Defensoría del Pueblo tiene que intervenir porque ha habido una falta a los respetos de los derechos de los ciudadanos. Ha habido un descontrol en como contener a la misma policía frente a personas físicas”, indicó Azabache,

“El gobierno tiene que trabajar en un proyecto que ya aprobó, que tiene que sacar en algún momento, con o sin suspensión. Las fuerzas de seguridad bajo la dirección de la fiscalía, preparando un caso legal de violencia física directa. La Defensoría del Pueblo debe actuar como tercera banda para proteger los derechos civiles”, agregó Azabache.

Jose Luis López señaló que es a la empresa Southern Copper quien le corresponde si suspende o no el proyecto y que el estado de emergencia puede empeorar la situación. 

Entrevista en La Hora N sobre Seguridad Ciudadana

El Dr. Azabache fue entrevistado junto al regidor por Miraflores, Gino Costa, en el programa La Hora N la noche del miércoles 15 de abril.

Azabache dijo que la tasa histórica de casos en que la policía detiene a alguien en flagrancia y termina en el penal, está cerca al 10%, mientras que la tasa de las personas detenidas por la policía en flagrancia y por orden del Poder Judicial que va entre el 50% y 60%, pero que es una cifra simbólica y no descriptiva.

“La comunidad fijó la regla de que la pena de los delitos de cuatro años (privativos de la libertad) no llevan a la prisión se dio porque los penales estaban superpoblados, pero incentiva la impunidad”, indicó Azabache.

“Se debe fortalecer todo el sistema de justicia. Se necesita un sistema legal que reaccione al nivel de los distritos. Se necesita un pequeño centro de detención, un juez y un fiscal en cada distrito”, manifestó Azabache.

"En Santiago de Chile hay tres veces más prisiones que Lima como menos población", finalizó

Entrevista en La Hora N sobre Martín Belaunde y Daniel Urresti

En el programa La Hora N de canal N, el lunes 23 de marzo, el Dr. César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus sobre las últimas declaraciones de Martín Belaunde Lossio –en donde dice que también se deben meter preso a Toledo y a Nadine Heredia por lavado de activos si a él lo meten preso por ese motivo-, sobre el caso de Mateo Silva Martinot y el caso del exministro Daniel Urresti.

Azabache afirma que la reacción de Belaunde Lossio es por el nuevo caso que ha anunciado la procuraduría anticorrupción para el segundo cuadernillo de su extradición y del cual aún no se tiene información, especificando que el caso Ancash los delitos son de peculado y asociación ilícita para delinquir, mientras que el caso Antalsis se discute las posibles influencias que él pudo tener.

“El caso por lavado activos es algo que está preparando la fiscalía”, afirma Azabache, haciendo notar que Belaunde no reaccionó así por el caso Ancash y que si se prepara un nuevo mandato por detención es porque él se escapó.

Sobre el caso de Mateo Silva Martinot, Azabache dice que no está claro si después del accidente, Silva Martinot intentó huir o no, pero que es “uno de los accidentes más gruesos en cuanto a la descripción de la magnitud de los hechos”.

Sobre el caso del exministro Daniel Urresti, Azabache manifestó que es difícil que a Daniel Urresti lo condenen y que es probable que sea absuelto.

Urresti, Bustíos y Castropampa

LA DENUNCIA POR LA MUERTE DEL PERIODISTA EN 1988

Urresti, Bustíos y Castropampa

Por César Azabache Caracciolo

Es difícil sostener una lectura exclusivamente legal de un asunto que involucra tantos aspectos morales y políticos como el Caso Urresti. El ex ministro de Interior es un personaje especialmente polémico y multiplica las divisiones a su alrededor en cada presentación pública. El asunto toca además problemas muy sensibles como la defensa de la corporación militar frente a las secuelas de la violencia de las décadas de 1980 y 1990, y las complejas cuestiones relacionadas con la postulación del nacionalismo a las elecciones generales del 2016. Y como si fuera poco, el procedimiento se cruzará inevitablemente con las discusiones que provocará la Corte de San José cuando falle en el Caso Cruz Sánchez/Chavín de Huántar, asunto especialmente sensible entre nosotros.

Decía que es difícil mantener una lectura solo legal en casos de este tipo. Pero es precisamente eso lo que debemos hacer si intentamos obtener resultados institucionalmente eficientes de las discusiones por iniciarse.

Si nos concentramos en el plano legal, el Caso Urresti involucra las discusiones sobre el alcance de las reglas de responsabilidad penal de los superiores de las fuerzas de seguridad por actos de sus subalternos e involucra el alcance de las reglas sobre la prueba necesaria para justificar condenas en casos relacionados con derechos humanos. Desde esta perspectiva, debe anotarse que sean cual sean nuestras preferencias teóricas, los superiores de cualquier organización legal deben responder por los crímenes que hayan ordenado y por aquellos que debieron evitar y no evitaron. La simple posición de un acusado como superior del autor directo de un crimen no justifica su condena desde ningún punto de vista, sin que concurran esos elementos. Las órdenes o las posibilidades de evitar un crimen deben probarse además “más allá de toda duda”, no solo a escala circunstancial. Las reglas entonces están más claras de lo que parece. La prueba de las razones por las que se justifica atribuir responsabilidad a una persona por un hecho perpetrado por otro es irrenunciable. Ninguna construcción legal puede servir de pretexto para reemplazar la necesidad de prueba en un caso penal de este tipo.

En lo personal, encuentro la acusación del fiscal Luis Landa contra el entonces ‘Capitán Arturo’ justificada. Lo que ocurre es que creo que esta acusación no conduce necesariamente a una condena. La fiscalía ha propuesto como evidencia la posición circunstancial del entonces capitán Daniel Urresti como oficial de inteligencia de la Base de Castropampa y una serie de testimonios indirectos. Solo uno de ellos es directo, pero corresponde al condenado Vidal Sanbento (‘Ojos de Gato’), que pretende anular su propia condena involucrando al nuevo acusado en los hechos. Todo testimonio debe ser respetado, pero su existencia no implica que deba convencernos por anticipado. Si las condiciones en que comenzará este juicio no se modifican, una eventual absolución no debería sorprendernos.

Todo esto por cierto al margen de los 67 casos de desapariciones registradas en 1988 en el cuartel en que prestó servicios el entonces capitán Urresti. Acaso el verdadero tema por discutir sobre el comportamiento del entonces ‘Capitán Arturo’ no sea el Caso Bustíos, sino el asunto de las desapariciones relacionadas con el cuartel de Castropampa en el período en que estuvo a cargo del equipo de inteligencia de esa sede.


Publicado en El Comercio el lunes 23 de marzo del 2015

Entrevista en La Hora N sobre la sentencia de Antauro Humala

En el programa La Hora N de canal N, el lunes 9 de marzo, el Dr. César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus sobre una posible liberación de Antauro Humala, preso por el Andahuaylazo, quien ha planteado un hábeas corpus.

Azabache también habló sobre el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que la defensa del Estado en esta corte es muy mala.

Entrevista en N Portada del Caso Nadine Heredia

En el programa N Portada de canal N, el miércoles 25 de febrero fue entrevistado el Dr. César Azabache junto al congresista Sergio Tejada sobre los casos de Nadine Heredia y Martín Belaunde.

El congresista Sergio Tejada señaló que a Martín Belaunde se le investiga por contratos de los gobiernos regionales, no del gobierno central, y que él no conoce a Juan Carlos Rivera Idrogo.

El exprocurador Azabache mostró su preocupación que los casos Antalsis y Belaunde Lossio aún no aterrizan en evidencias, que está plagado de incertidumbre y que hay una exposición innecesaria de la Fiscalía y el Ministerio Público. 

Entrevista en Buenos Días Perú sobre el caso Nadine Heredia

En el programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, el miércoles 25 de febrero fue entrevistado el Dr. César Azabache sobre los casos de Nadine Heredia y Martín Belaunde.

El exprocurador Azabache manifestó estar en desacuerdo con la demanda de hábeas corpus presentada por el abogado de Nadine Heredia y consideró que el Juzgado Constitucional debería declararla infundada. 

"Lo que debe discutirse es el mecenazgo privado. Es decir, que un grupo económico se haga cargo de un personaje político. Esto debe estar prohibido. Un grupo económico no debe financiar un político y no debe descontarse esta donación como un gasto de negocios para fines tributarios", señaló Azabache.

Aseguró que la investigación iniciada a la Primera Dama está mal planteada, pues no debió cuestionársele por el delito de lavado de activos, sino por defraudación tributaria. Asimismo, afirmó que las presuntas irregularidades en los aportes de campaña, que vinculan a Ilan Heredia con el ingreso de 11 millones de soles en efectivo, sí justifica una indagación por lavado de activos.

El Caso Heredia

LAS RESPONSABILIDADES DE LA HOY PRIMERA DAMA

El Caso Heredia

Por César Azabache Caracciolo

Lavar activos no es algo sencillo. Supone infiltrar en la economía formal fondos de origen clandestino para conceder a su titular una capacidad financiera que de otra manera no podría obtener. El lavado de activos es un servicio ilegal que se presta a clientes que necesitan ser implantados en el mercado como si fueran los empresarios regulares que no son. Un lavador enmascara fondos y personas sistemáticamente. No imagino a la señora Nadine Heredia haciendo esto. En consecuencia, creo que estamos equivocando las reglas que aplicamos a su caso.

De hecho, las denuncias que dan forma al tema describen un caso de financiamiento encubierto de actividades políticas, no un caso de lavado de activos. Con detalles más o menos, la historia más importante que la fiscalía debe confirmar o descartar mostraría a Martín Belaunde Lossio o a su entorno sosteniendo parte de los gastos de manutención de la señora Heredia, cuando aún no era la primera dama de la República. Por cierto, sostener a otro no constituye delito alguno, aunque resulta inapropiado hacerlo cuando ese otro es un personaje público. Quienes se dedican a la política deberían mantener cierta distancia personal frente a sus donantes. El mecenazgo directo, desarrollado sin la mediación de fundaciones y partidos, borra la cuota de independencia que los políticos deben mantener frente a los grupos de interés. “Adoptar un político” debería estar prohibido, pero en nuestro medio no lo está. Pero, aunque lo prohibiéramos, “adoptar un político” nunca sería más que una infracción merecedora de multas o inhabilitaciones administrativas. No toda conducta inapropiada puede ser convertida automáticamente en un delito.

Sin embargo, si las sospechas se confirman, en el caso de la señora Heredia se habría simulado, y esto es especialmente torpe, una asesoría profesional irreal para darle cierta “forma” a los aportes realizados a su favor. Si se trataba de un caso de mecenazgo personal (fuera de lo inapropiado que resultaría), los pagos debieron registrarse como donaciones sin efectos tributarios. Registrarlos como si fueran gastos de negocio sugiere que fueron descontados para fines de impuestos por quienes los hicieron. Y si el servicio era irreal, proceder de esta forma equivale a defraudar al fisco.

Sin embargo, las consecuencias de un fraude de este tipo podrían haberse diluido hace ya varios años trasparentando las declaraciones tributarias de los aportantes, asumiendo las multas que la innecesaria simulación pueda haber generado y aceptando públicamente las responsabilidades que corresponden a lo que constituye una torpeza inaceptable y punto. Así de sencillo. La cuestión sobre la realidad o falta de realidad de los servicios declarados en este caso es una cuestión seria pero no irremediable, si los personajes de esta historia están en posición de asumir las cosas en su exacta dimensión. En cualquier caso siempre será una alternativa resolver el ‘impasse’ exhibiendo las evidencias que puedan mostrarnos a todos que los servicios registrados ante la administración tributaria como gastos fueron reales. Lo que en ningún caso tiene sentido es enredarse en respuestas complejas o elusivas tan complicadas como demandar por vía constitucional a una fiscalía que solo está intentando aclarar hechos no explicados hasta la fecha. Menos si existen protocolos para resolver este asunto de manera más simple.

No merecemos, como ciudadanos, perder el tiempo en un asunto que jamás debió enredarse tanto.


Publicado en El Comercio el lunes 23 de febrero del 2015

Entrevista en el programa Mira Quién Habla sobre los dos casos relacionados con Martín Belaunde

El martes 27 de enero fue entrevistado el Dr. César Azabache en el programa Mira Quién Habla de Willax TV, conducido por Cecilia Valenzuela.

El Dr. Azabache explicó los casos La Centralita y Antalasis y como está involucrado en ellos Martín Belaunde Lossio, hoy detenido en Bolivia. También señaló que el proceso de extradición tal como está ahora, Belaunde Lossio sólo está incluido en el caso La Centralita, no por el caso Antalsis. Azabache señala que la fiscalía debe incluir el caso Antalsis en el cuaderno de extradición.

En silencio

EL CASO MARTÍN BELAUNDE LOSSIO

En silencio

Por César Azabache Caracciolo

Solo en noviembre del 2014 se reveló el Caso Antalsis, basado, nuevamente, en la aparición pública de e-mails de fuente incierta. El mismo mes, en evidente respuesta, Martín Belaunde Lossio anunció desde la clandestinidad que no sería detenido “gratis”.

Días después, el ministro Daniel Figallo y el procurador anticorrupción Christian Salas discreparon públicamente (¿por qué en público?) sobre la posibilidad de recibir las evidencias (desconocidas) que Belaunde Lossio pudiera tener (pero que no había ofrecido a nadie) sobre algún caso (jamás revelado) a cambio de ventajas legales (que, por cierto, no dependían de ninguno de los dos).

La pugna (innecesaria) y el debate (hecho a ciegas) dejaron evidentemente poco o ningún espacio para que una revelación, o la amenaza de una revelación, pueda ser útil en Lima. Belaunde Lossio escapó hacia Bolivia, aparentemente comenzando diciembre, para reproducir la escena sobre un nuevo marco legal: en esta segunda versión, anunció que lo estaban persiguiendo (jamás ha dicho quién exactamente) y pidió protección legal.

La historia, por cierto, sugería que Belaunde Lossio podía entregar en Bolivia las evidencias que debería haber tenido en sus manos para dar sentido al asunto Figallo-Salas. Una historia distinta habría quedado al descubierto si Belaunde Lossio confirmaba que era portador de un caso más importante y grave que el suyo propio y si hubiera podido probar que sus intentos por revelar ese caso en el Perú fueron bloqueados.

Entonces, habría tenido un verdadero caso de refugio. Y sin duda lo sabe, de manera que anunciar un caso de refugio equivalía a lanzar una segunda amenaza contra alguien que permanece en la sombra.

Pero no es esto lo que hizo. Ya en enero, Belaunde Lossio ha puesto punto final a la escena dejando en claro, siempre en público, que no va a entregar evidencias de ningún tipo ni va a contar historias distintas a las que ya conocemos.

Me queda claro que sabe, y sus abogados saben, que la declaración de La Paz equivale a una capitulación. Al final de la escena (no perdamos jamás de vista los gestos), Belaunde Lossio se entrega en La Paz, en silencio, para permanecer detenido por un día, terminado el cual, por razones perfectamente comprensibles, es trasladado, también en silencio, al lugar que él mismo eligió. ¿No es evidente que la secuencia de su entrega contiene más de una clave que revela el perfil del caso que Belaunde Lossio espera poder administrar en adelante?

Para fines institucionales, esta historia ha terminado, al menos provisionalmente. Belaunde Lossio no nos entregará una nueva historia. Sus abogados intentarán que el caso de extradición sea lo más pequeño posible, tratarán de controlar el Caso Antalsis y se organizarán para resistir los embates del Caso Áncash, contando con que tendrán que alternar períodos bajo arresto domiciliario con eventuales períodos cortos de prisión efectiva.

El esquema parece apoyarse en expectativas construidas sobre el resultado que ha tenido, a la larga, el Caso Quimper. Paulatinamente, esta historia tendrá cada vez menor atención pública y mayor espacio para discutir cuestiones legales y objetar la suficiencia de las evidencias en condiciones estables. Claro, salvo que en el camino se mueva otra pieza en este complejo rompecabezas.

Alguien bautizó este tipo de esquemas con una frase: “Pasando por debajo de la ola”.

Alfil como torre de reina; enroque.

Publicado en El Comercio el 26 de enero del 2015