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viernes, 15 de mayo de 2015

Tía María es un caso real de asociación ilícita para delinquir

LaLey.pe conversó con el experto en Derecho Penal César Azabache a propósito del escenario de violencia y descontrol que se ha generado en la zona arequipeña de Islay, donde se concentra la protesta contra el proyecto cuprífero ‘Tía María’.



Para el penalista César Azabache Caracciolo, el caso Tía María ha sobrepasado los límites de la discusión en torno a reivindicaciones mineras o antimineras. Desde su perspectiva, la violencia que se ha generado en la zona arequipeña de Islay - y que ya cobró la vida de dos manifestantes y un efectivo policial - responde a un escenario delictivo. "Reclutar y movilizar personas para dotarlas de armas caseras y dejarlas a su libre albedrío frente a la Policía representa uno de los pocos casos reales de asociación ilícita para delinquir ", apunta.

De esta manera, el también ex procurador Anticorrupción considera que el uso de la fuerza policial en el lugar está justificado, aunque no descarta que existan excesos en la práctica.“La justificación del uso de la fuerza policial no implica impunidad sobre excesos que también son posibles…Pero el nivel de violencia no permite que se piense con técnicas disuasivas ni atada de manos”, explica.

Sobre la tentativa del gobierno a decretar la zona en estado de emergencia, Azabache se muestra escéptico. “Declarar el estado de emergencia es lo mismo a concentrar la reacción policial en el despeje de las pistas, cuando lo que se debe es erradicar una práctica de violencia que se está instalando como forma de reacción ante controversias que deberían tener otro canal de expresión”.

Tomado de LaLey.pe 13/05/15

viernes, 8 de mayo de 2015

Mesa de debate en La Hora N sobre Tía María

La noche del jueves 7 de mayo, el programa La Hora N, conducido por Jaime de Althaus, organizó una mesa conformada por José Luis López, Fernando Rospigliosi y César Azabache, para debatir del conflicto social originado por el proyecto minero Tía María en Islay (Arequipa).

Rospigliosi cree que la única salida es la suspensión del proyecto, por lo menos durante este gobierno.

Azabache hizo notar que la actuación de los rostros enmascarados es similar a la que se presentan cuando se invaden terrenos o a la que hubo en el desalojo de La Parada.

“La Defensoría del Pueblo tiene que intervenir porque ha habido una falta a los respetos de los derechos de los ciudadanos. Ha habido un descontrol en como contener a la misma policía frente a personas físicas”, indicó Azabache,

“El gobierno tiene que trabajar en un proyecto que ya aprobó, que tiene que sacar en algún momento, con o sin suspensión. Las fuerzas de seguridad bajo la dirección de la fiscalía, preparando un caso legal de violencia física directa. La Defensoría del Pueblo debe actuar como tercera banda para proteger los derechos civiles”, agregó Azabache.


Jose Luis López señaló que es a la empresa Southern Copper quien le corresponde si suspende o no el proyecto y que el estado de emergencia puede empeorar la situación.