Después de las cenizas

La muerte de Guzmán parece abrir un ciclo de reemplazos en las representaciones políticas de quienes han heredado o pretende heredar el imaginario del senderismo, en la versión corregida por Guzmán después de su captura. 

Conare no existía en tiempos del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas, que fracasó en su intento de desarrollar un frente sindical senderista basado en el recurso a paros armados. Conare fue impulsada originalmente por Puka Llacta (los llamados “Pukas”), una escision maoísta de Patria Roja asentada en el sur andino que decidió respaldar al senderismo. Conare recibió en su seno a cuadros que venían de Movadef y de su entorno, pero ahora está siendo reemplazado por el Fenate. Movadef fue creado de varias maneras como sucesor del antiguo Movimiento de Defensa de los Derechos del Pueblo que surgió como periferia del senderismo después del congreso de 1988, en tiempos del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas. Pero Movadef fracasó en su intento por inscribirse como partido en 2012; fracaso en su intento por construir un mausoleo como símbolo de permanencia del ideario original de Guzmán y fracasó en el intento de construir un mito a partir de sus restos, ahora convertidos en cenizas dispersas. 

No es imposible que ahora, dispersadas como están las cenizas de Guzmán, Movadef desaparezca y sus militantes migren a la organización en formación que Maraví respalda o representa, el Partido Magisterial y Popular. Si esto ocurre, la aparente fractura de la banda de PL será en realidad la partida de nacimiento de una nueva versión del senderismo, la de los herederos de la primera generación, que habrán alcanzado el objetivo trazado por Guzmán después de su caída en 1992: Lograr la permanencia de su ideario en una versión sostenible dentro del sistema político.

Difícil sin duda seguir las siglas que marcan la ruta de esta historia. Su confusa sucesión forma una suerte de Macondo que parte del senderismo e intenta instalarse en la extrema izquierda, conservando sin embargo el legado que pretendió haber originado Guzman, simplemente la memoria del terrorismo. Quienes organizan estas variantes y mutaciones cuentan con que no podamos rastrear sus orígenes. 

De hecho, en su narrativa aparecen cortes de historia como el que ensayó Maraví el jueves. Básicamente, “yo no he sido condenado por terrorismo”. También podría haber usado “yo no fui parte del Comité Central del senderismo” porque no lo fue o “yo o estuve en el Congreso de 1988”, porque tampoco estuvo. Pero esas no son las preguntas correctas. Las preguntas correctas, lo dijo Cecilia Cebreros en twitter, debían redactarse en tiempo presente “¿qué opina usted de la dispersión de las cenizas de Guzmán?” “¿Cree usted que los senderistas en prisión son presos políticos o no?” “¿Encuentra justificado que se haya demolido el mausoleo de Comas?” “¿Cree usted que el JNE debe exigir a quienes quieran anotarse en el registro de organizaciones políticas una declaración concluyente sobre estos temas o sobre su vinculación o falta de vinculación con las organizaciones derivadas del senderismo o del emerrerismo o con sus idearios originales o derivados?” 

La historia de la instalación del ideario del senderismo en nuestro imaginario se está construyendo por desvinculaciones sucesivas que sin embargo postulan a la permanencia de una narrativa que idealiza el terror, que niega o distorsiona al extremo su sentido histórico. 

Importante entonces tener a la mano algo con que escribir y una hoja de papel, para jamás perder la pistas que dan sentido a estas historias.

La falsa Antígona

En el mito griego Antígona reclama a Creonte, rey de Tebas, el derecho a enterrar a su propio hermano, Polinice, muerto en una disputa por el trono de la ciudad. Para los griegos enterrar a los muertos era sagrado. Pero para Creonte Polinice murió como un traidor y por tanto no merecía sepultura. En resumen, Antígona se convierte en heroína en su insistencia por honrar los restos de su hermano a pesar de la ley de Creonte.

Eduardo Adrianzén propuso en estos días usar el mito de Antígona como referencia para asignarle sentido al caso sobre la disposición y destino final de los restos de Guzmán Reinoso. Para Adrianzén, hay que decirlo, el caso de Guzmán Reinoso contiene una versión “chicha” de la tragedia; un “esperpento gore”, dijo, ensamblado “sin héroes, ni épica, ni nobleza alguna”.

Adrianzén usa el mito para establecer una clara distancia entre su contenido, profundamente ético, y el reclamo de los restos de Guzmán Reinoso, que entonces encuentra anético. La idea es simple: Elena Iparraguirre es una falsa Antígona; es una impostora. En la narrativa que parece estar preparando su entorno probablemente será representada como mujer-esposa-en prisión cuyo derecho a enterrar a su pareja está siendo conculcado por un Estado que podría ser presentado como si fuera el Creonte de la historia; tiránico, narcisista, inconsecuente. Esta construcción falla porque pasa por alto la evidencia.

Iparraguirre reclama para sí misma una posición que ha adquirido en papeles, pero que ha sido superpuesta a otra, que la rebasa porque está anclada en su historia personal; es más antigua y por ello debe ser reconocida como predominante. Es esta segunda posición la que revela el sentido de su historia: Iparraguirre es la heredera de la jefatura del senderismo; la segunda al mando que se encumbra como lideresa a consecuencia de la muerte de Guzmán.

Para una organización terrorista que se antepone a sí misma por sobre la vida e historia personal de sus militantes, las exequias de Guzmán no son un ritual de duelo, recuerdo o construcción de memorias personales. Son principalmente un ritual colectivo que representa la sucesión en el mando senderista; la continuidad de la ideología; la preservación del llamado “pensamiento Gonzalo”.

Para encuadrar esta historia en las coordenadas correctas parece útil recordar que el matrimonio de los dos principales líderes del senderismo fue registrado en el año 2010, uno después de la aparición pública del Movadef; casi 4 antes de que la policía encuentre en la celda de Guzmán los documentos que explican su fundación; 6 antes de que se hiciera pública la construcción del mausoleo de Comas, pero 18 después de que Iparraguirre y Guzmán fueron recluidos en prisión.

Importante recordar el mausoleo, que aparentemente tenía un espacio reservado para los restos de Guzmán; un espacio central, rodeado por “los mejores hijos” del senderismo, los que, en su narrativa, “se inmolaron” en las llamadas “luminosas trincheras de combate” abatidas en 1986, luego del levantamiento de los penales de Lima.

¿Puede Iparraguirre negar ante un juez de manera convincente que su pedido está íntimamente vinculado a la preservación y culto de la memoria del fundador del senderismo? No lo creo. ¿Puede el judicial autorizar que en estas condiciones Iparraguirre reciba los restos de quien dio origen a una de las historias de terror más horrendas del siglo XX? Tampoco lo creo.

Pero no soy yo quien debe decidirlo. Por eso nos hacía falta una ley, que ahora tenemos. Por eso necesitamos que el judicial tenga la última palabra y sea quien decida, en definitiva, si Iparraguirre debe ser tratada como esposa-en-prisión, o como lo que ahora es, la nueva jefa del senderismo.

Nuestra fatal indiferencia

LA PRISIÓN DOMICILIARIA DE OSMÁN MOROTE

Nuestra fatal indiferencia

Descubrimos el avance del Movadef cuando ya habían construido un mausoleo entero, y nos pusimos en alerta por el final del ciclo de vigencia de las condenas por terrorismo solo cuando teníamos encima el agotamiento de sus plazos.  

Temo que ahora, con Osmán Morote en prisión domiciliaria, estamos pagando las consecuencias de haber intentado resolver problemas fundamentales con simples coartadas de corto alcance. El sistema legal funciona como una trampa de límites que deben ser administrados, de hecho, con algo más de habilidad que la que usualmente pone en evidencia la improvisación y las reacciones de urgencia.  

Morote fue detenido en junio de 1988, cuando las reglas sobre cadena perpetua aún no existían. Se le condenó a 18 años de cárcel. Después de los sucesos de abril de 1992, se elevó su condena a prisión perpetua, por decisión de la justicia militar. Sin embargo, los cargos acumulados en su contra se referían solo a atentados cometidos hasta junio de 1991. En octubre del 2006 un tribunal ordinario advirtió este defecto y redujo su condena a 25 años, advirtiendo además que el plazo se cumpliría en junio del 2013.  De una manera u otra, la sentencia de octubre del 2006 nos concedió siete años enteros para organizar un caso complementario que corrija el defecto y permita homologar la condena de Morote a las de los cabecillas del senderismo, a los que se impuso prisión perpetua. 

Había dos maneras de hacerlo: volver a presentar cargos contra Morote por los hechos que permitieron que el resto de la cúpula senderista sea condenada a prisión perpetua (los hechos que en su caso fueron omitidos) o hacer un segundo proceso solo contra él por hechos como el atentado de la calle Tarata, de julio de 1992. Ese caso complementario debió lanzarse no bien se leyó la sentencia de octubre del 2006. Y organizado como un procedimiento complementario, corto, dirigido contra él con un solo objetivo, el caso podría haber terminado en el 2008 o en el 2009, antes de que se venciera la condena original.  

Pero dejamos pasar siete años casi completos sin resolver esto. Solo en marzo del 2013, a poco de cumplirse la fecha anunciada, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de detención que impidió a Morote salir de la cárcel, pero solo temporalmente. La orden provino de los cargos que la fiscalía presentó en su contra por la masacre de Soras, un crimen horrendo perpetrado por el senderismo en julio de 1984. Luego vinieron las órdenes de prisión provisional de los casos Tarata y Perseo. Pero las tres fueron atadas a casos complejos, en los que se acumularon cargos contra tantas personas que los procesos estaban destinados a durar todo lo que han durado.  

Los cargos por el Caso Tarata, por ejemplo, llegaron al judicial solo en setiembre del 2014, ocho años después de la condena original. Y además de llegar tarde incluyeron a toda la cúpula del senderismo, también a quienes ya estaban condenados a una prisión perpetua que para entonces era imposible modificar. El atentado es moralmente reprochable a la cúpula del senderismo, sin duda. Pero era innecesario llevar a juicio a aquellos que ya cumplen prisión perpetua, porque respecto a ellos el juicio no va a producir consecuencias prácticas que modifiquen nada en absoluto.  

Para estos últimos, además, el juicio no representa riesgo alguno. Acaso solo la oportunidad de contar con un escenario simbólico que les permite mostrarse públicamente como colectivo y generar imágenes como aquella que los muestra celebrando la liberación de Morote, ante nuestros ojos atónitos.  

El resultado: un juicio largo y tardío en reemplazo de lo que se necesitaba: uno corto y dirigido directamente a homologar la condena impuesta contra Morote.  

Un mal plan produce malos resultados. Sin embargo, el problema real sigue siendo homologar la situación de Morote a la que corresponde a los demás cabecillas del senderismo, que ya cumplen prisión perpetua. Y aunque la ruta establecida para alcanzar esa meta no es la mejor, esta es ahora la única que podemos transitar.  

Morote debe regresar a prisión. Pero hay dos opciones para lograrlo y no solo una. La Corte Suprema puede revocar la orden que aprobó el inmueble de Chaclacayo como centro de reclusión temporal. Pero esta alternativa reproduce el error que hemos cometido todo este tiempo: contener a Morote en prisión en lugar de organizar las cosas de manera que se logre homologar su situación a la que hemos impuesto a los demás cabecillas del senderismo. Entonces deberíamos concentrarnos en lograr que la sala modifique su concepción del tiempo y termine este juicio lo más pronto que sea posible.  

Convirtamos la sentencia que está por venir en un documento que ponga en limpio el sentido moral de esta difícil historia.

Publicado en El Comercio, el lunes 23 de abril del 2018.

El delito negación

El delito negación

César Azabache Caracciolo

Enumeremos ciertos antecedentes: Primero, Alfredo Crespo usó la presentación de un texto atribuido a Guzmán Reynoso para lanzar al Movadef. Luego intentó inscribirlo como partido político ante el JNE, que por cierto mostró pocos reflejos en el incidente. Luego la juventud afiliada al Movadef se presentó públicamente como heredera de la tradición senderista, pretendiendo protegerse bajo el manto de la democracia. Apareció después el Conare SUTEP, una facción de profesores posiblemente relacionados con Movadef. Y en respuesta Educación ha propuesto que los condenados por terrorismo sean separados del magisterio. En interior se ha separado del cargo a un funcionario acusado por terrorismo. Y para cerrar la secuencia, Oswaldo Reynoso, un escritor de talla innegable, y Máximo Laura, un artesano nombrado antes embajador de la Marca Perú, salieron públicamente a sostener que el senderismo no tenía por qué ser considerado como responsable de los daños que sin duda ha provocado.

En medio de ese marco, se comprende claramente porqué el Ejecutivo, intentando representar en una ley la necesaria reacción a lo que está pasando entre nosotros, ha propuesto que la negación del significado del terrorismo en el Perú sea considerada un delito. Un mensaje claro que deje establecido que la conciencia de nuestra comunidad no tolerará expresiones como las que hemos escuchado en estos días puede, sin duda, ser útil. Sin embargo, si algo caracteriza especialmente al senderismo de los nuevos tiempos es su apego a explotar todas las fisuras legales del sistema para construir casos que le permitan presentarse ante la comunidad internacional como víctimas de un Estado que quieren presentar como intolerante y represivo. No hay que olvidar el enorme éxito que han tenido ante la Corte IDH cada vez que, aprovechando su imparcialidad, han explotado las respuestas todavía incongruentes del Estado hacia la herencia de casos no resueltos por violaciones a los derechos humanos. Es esperable entonces que, de aprobarse la ley, el senderismo trate de encontrar una manera de emplearla para victimizarse fuera del país y volver a provocar observaciones al Estado en el sistema interamericano.

Y lamento tener que decir que la propuesta, aunque explicable, si tiene un defecto fundamental, que abre las puertas a una estrategia masiva de cuestionamiento. El delito de negación, con más intensidad que la apología o la incitación, supone una restricción objetiva a una serie de derechos vinculados a las libertades de pensamiento y expresión. La cuestión estriba en identificar los casos en los que esa restricción es tolerable. Y en el derecho comparado (que no se construye ni modifica en un día), la tolerancia a la sanción de estos delitos proviene de la previa calificación de “eso que se niega” como un crimen de lesa humanidad (CLH). Entonces la iniciativa supone, para ser sostenible, ganar una batalla previa: Obtener que la comunidad internacional reconozca que el terrorismo es un CLH. Y aunque el esfuerzo me parece del todo sensato, quizá no seamos nosotros los mejores promotores de la idea. No al menos mientras no podamos hacernos cargo cabalmente del significado y alcance que corresponde a esta construcción.

El caso Feria Tinta

El caso Feria Tinta

César Azabache Caracciolo

Al incidente derivado del intento de inscripción del Movadef de Sendero como partido político ha seguido el anuncio de un nuevo caso, el Feria Tinta, promovido por la CIDH contra el país ante la Corte Interamericana. De hecho, ambos casos, Movadef y Feria Tinta, se ubican en una línea de tiempo que se inicia con los hábeas corpus por medio de los cuales Sendero intentó excarcelar a sus militantes apenas instalada la transición de finales del año 2000. Para entonces, a través de una serie de demandas, todas rechazadas por el Tribunal en este periodo, el senderismo intentó, sin éxito, “colarse” en la agenda de la transición en base a un discurso bastante cínico sobre la legalidad constitucional. En la misma línea de tiempo se encuentran dos casos (Penal Miguel Castro Castro, sobre el debelamiento de un motín senderista en 1992 y Gómez Paquiyauri, sobre dos desapariciones forzadas del 91), que la propia Feria Tinta, ahora una abogada especializada en derechos humanos, ganó al Perú ante la Corte Interamericana entre  julio del 2004 y agosto del 2008. También forma parte de esta línea de tiempo su propio proceso de extradición, que perdimos silenciosamente en Alemania en setiembre del 2008. Ahora la propia Feria Tinta, requerida por el Perú por cargos por pertenencia al senderismo desde 1993, asilada en Inglaterra desde entonces, promueve su propia historia como caso ante la Corte. Y si gana, seguramente será la promotora de un probable nuevo caso, el Movadef, ante la CIDH, por la supuesta denegación de los derechos de sus militantes a participar en política.

La acumulación de ambos casos, el de Feria Tinta y el Movadef nos revela entonces una plataforma posible que anunciaría de manera definitiva un recambio en la posición de los principales cuadros conductores del senderismo. Y nos revelaría además un nuevo eje de actuación, esta vez internacional, por medio del cual el senderismo podría intentar volver a articularse, dejando la escena nacional a un grupo de jóvenes mal informados y manipulables que sin duda apostarán a ser perseguidos y se inmolarán para justificar una plataforma global de auto victimización que intentará mostrarnos como un país poco confiable, institucionalmente hablando.

            Hay que decir que, si esta es la estrategia, entonces el senderismo está contando con nuestra aprendida e irrefrenable torpeza legal. Está contando con que repetiremos el error de los noventa y anunciaremos otra vez el inútil abandono del sistema interamericano de derechos humanos. Está contando con que despreciaremos nuevamente a la Corte. Está contando que no sabemos cómo ganar ninguno de los casos con que la CIDH se prepara para emboscarnos. Y está contando con que cometeremos tantos errores legales internos que desde fuera se volverá sencillo dejarnos en ridículo.

He oído decir que el senderismo estuvo activo en la recolección de firmas que condujo a la Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero del 2003, contra la legislación antiterrorista del 92. Debo decir que aunque esto fuera cierto, el desenlace de los hechos mostró entonces como una sólida reacción legal puede impedir a Sendero ganar las partidas que intenta. El Constitucional ordenó entonces la anulación de los procedimientos militares para estos casos. Pero confirmó al mismo la necesidad de mantener en prisión a todos los condenados mientras se revisaban y rehacían las leyes y los procedimientos que debían aplicarse. El proceso que siguió a la Sentencia de enero del 2003 desembocó en 4 decretos legislativos, los número 922, 923, 925 y 926 que sirvieron de plataforma para el segundo juicio contra Guzmán y el resto de la dirigencia. El juicio concluyó en octubre de 2006 con una nueva condena a prisión perpetua ratificada por la Corte Suprema en enero de 2008. La solidez de esa segunda condena ha cerrado el paso a cualquier ofensiva internacional relacionada con la liberación de Guzmán. Entonces el resultado del proceso ahogó por completo las expectativas originales que pudiera haber depositado el senderismo en la demanda. Y esto no debe ser olvidado, porque significa que el senderismo, aunque adopte ese rostro de cínica legalidad que ahora posee, puede, sin duda, ser derrotado, como merece ser derrotado todo enfoque intolerante, extremista y violento. 

Transfondo de un escándalo

Trasfondo de un escándalo
Por: César Azabache Caracciolo Abogado

Me cuento entre los muchos que deben haber sentido curiosidad por leer la compilación de [Elena] Yparraguirre. Confieso que mi interés proviene más de la atención que dedicaron determinados medios a la presentación que de la existencia misma del texto. Hace ya bastante que dejé de leer todo lo que se publica por el hecho de estar publicado. No he leído, por ejemplo, ninguno de los tres libros que publicó Montesinos desde la prisión, y no creo, honestamente, que sea imprescindible leerlos.

Sin embargo, la presentación del libro de Guzmán convocó más atención y reacciones más intensas que los tres libros seguidos de Montesinos. Y mi curiosidad se despertó. Gracias a un muy buen amigo, interesado en general en este tipo de asuntos, pude acceder a una copia del texto (los originales parecen haber sido ya confiscados por las autoridades). Y debo decir que el texto muestra a un Guzmán que no tiene punto de comparación con el Guzmán de la llamada “entrevista del siglo” de 1983. Este es un Guzmán intelectualmente desarticulado, que probablemente haya sido exhibido públicamente por razones que ya no está en posición de controlar. La derrota militar de su versión del senderismo a mediados de los años 90 y más de 17 años de cárcel han convertido a quien fue el terrorista más buscado de nuestra historia en alguien que no es capaz de escribir ya ni siquiera un texto articulado. Los editores del libro han aprovechado como han podido manuscritos sueltos de Guzmán sobre sí mismo y los han mezclado con notas de nivel escolar sobre manuales de derecho de uso común. Han reimpreso fotografías antiguas, algunas arengas solapadas y han perpetrado un par de textos cortos (el núcleo del caso por apología) que recuerdan los viejos volantes del senderismo de los años 90, para simular un libro que los presenta como los herederos del otrora jefe del senderismo. La presentación seguida de las cartas de Guzmán sobre la muerte de su primera esposa y las cartas enviadas a Yparraguirre insinúan una línea de conexión y continuidad (a “Norah” le sigue “Miriam”) entre los dos matriarcados del senderismo que el texto parece emplear como base para sostener que hay una segunda línea de conexión entre el llamado “acuerdo de paz” que Montesinos y Guzmán presentaron en los 90 y la estrategia legal de defensa de los senderistas en prisión.

La insistencia en pretender que es Guzmán quien dirige la estrategia legal del senderismo y que su mensaje final es luchar por la libertad de los terroristas en prisión son los puentes que cierran el círculo de un testamento pegado artesanalmente a pedazos. Es como si un grupo de personas que reclaman ser las herederas de un casi difunto lo maquillara, lo sentara en una silla de ruedas y forzara en su rostro una mueca de sonrisa para hacer una foto que demuestre su vinculación de cara al futuro.

Si algo muestra el libro, entonces, es un torpe intento por establecer una sucesión en una línea que, suponen los editores, es política. Cortar este intento a través de un caso legal por apología parece entonces haber sido una buena idea. De hecho, el texto no es un ejercicio de libertad de expresión, sino un intento solapado por legitimar una nueva dirección de un grupo que en mi opinión fue, es y seguirá siendo terrorista. Y eso es bastante más que apología.

Lo curioso es que el texto reivindica como un éxito del senderismo de Guzmán la anulación de los procesos militares ordenada por el Tribunal Constitucional en el 2003, e insinúa, sigilosamente, que las más de 5.000 firmas recolectadas para la demanda son la base de algo que, leído entrelíneas, quieren presentar como el caudal electoral que podría convertir al senderismo en un partido legal organizado para lograr la amnistía de los senderistas que aún están en prisión.

Curioso, en verdad. El senderismo de Guzmán (o alguien, reivindicando a Guzmán) quiere llegar al Congreso. Quedará en las autoridades establecer si el destino final de este intento, en verdad, conduce a prisión. Por lo que toca a nosotros, tal vez sea mejor concentrarnos en otros asuntos de mayor interés.

Aprender de las lecciones del pasado

El perpetuo silencio

Perder todo a cambio de nada