Día 26

Sin duda, el anuncio reciente de la señora Fujimori, que se alejara de la política “por un tiempo”, está alineado a lo que su defensa necesita mostrar en una audiencia en la que se discutirá cuánto control puede tener en el futuro sobre el comportamiento de su propia organización.

En tres días más se discutirá entre nosotros el segundo pedido que la fiscalía ha presentado buscando que la señora Fujimori espere juicio en prisión. La última escena de este caso contiene una decisión de la Corte Suprema que justificó la prisión como medida. Contiene también una decisión del pleno de la Corte Suprema que, sin afectar el contenido de esa decisión, confirmó el sentido de las reglas que aplican a estos casos. Pero contiene también una decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional (TC) que, contradiciendo a la corte, provocó la excarcelación de la señora Fujimori sin dejar un mensaje claro o uniforme sobre los fundamentos de su decisión.

La que viene es, sin lugar a dudas, una audiencia de insistencia, en la que la fiscalía procede contando con que el Poder Judicial no tiene por qué sentirse vinculado por las consideraciones de la mayoría del Constitucional, ciertamente confusas. La propia mayoría desperdició la oportunidad de mejorar su fallo desestimando de plano el pedido de aclaración que el judicial presentó ante ella. La fiscalía sin duda debe estar contando con que la siguiente discusión en el TC sobre este caso, si se presenta, se llevará a cabo con un tribunal integrado por nuevos magistrados, que tampoco tendrían por qué sentirse vinculados por un fallo que ha sido más que polémico en su contenido.

Nuevamente, la elección de los jueces del TC se convierte en una llave maestra para prefigurar la decisión final en este caso.

En la audiencia del 26, tendrá que discutirse, es inevitable, la teoría del magistrado Ramos. Al formar la mayoría, el magistrado Ramos declaró que procedía porque el principal factor de interferencia que él encontraba en el caso se relacionaba con el control que la señora Fujimori ejerció sobre la mayoría en el Congreso disuelto. Para él, la medida dejó de ser necesaria después de la disolución del Parlamento.

Se ha discutido abundantemente si el magistrado Ramos tenía o no derecho a sostener esa opinión en un debate sobre decisiones judiciales que fueron adoptadas antes del cierre del Congreso. Discusión importante. Pero las cuestiones sobre la oportunidad de estos comentarios desaparecerán en la audiencia del 26. Este es un caso sobre interferencias y no sobre fugas. En el debate del 26, la fiscalía deberá explicarnos cuáles son las fuentes de interferencias que espera bloquear esta vez. Probablemente, la fiscalía presentará un caso distinto, que ahora estará basado en la enorme importancia que siguen teniendo en sus investigaciones los testimonios de personas que fueron próximas a la señora Fujimori y que ahora están revelando aspectos sensibles de su comportamiento sobre los fondos entregados por terceros para el sostenimiento de sus actividades. Probablemente, la fiscalía presentará un caso en el que la necesidad de la detención resultará de la preservación y ampliación de esos nuevos testimonios, algunos de los cuales podrían expandir las investigaciones a la campaña del 2016 o generar un caso nuevo sobre ese período. Sin duda, el anuncio reciente de la señora Fujimori, que se alejara de la política “por un tiempo”, está alineado a lo que su defensa necesita mostrar en una audiencia en la que se discutirá cuánto control puede tener en el futuro sobre el comportamiento de su propia organización.

Imposible dejar de notar además que entre nosotros la prisión preventiva no es aún un vehículo instrumental claramente circunscrito a resolver problemas relacionados con la contención de fugas o de interferencias con investigaciones en proceso. Entre nosotros, la prisión preventiva sigue operando como un espacio de refugio que permite al sistema eludir las consecuencias de sus propias demoras en la producción de acusaciones oportunas.

Tenemos aún fisuras legales que siguen permitiendo que las cosas se nos escapen de control. El tiempo en que se organizan los casos penales es una cuestión enteramente fuera de control. Cuando hayamos cerrado este ciclo, tendremos que revisar si los procedimientos de 36 meses de investigación tienen sentido o no. Tendremos que revisar también si 36 meses es un plazo razonable para que alguien espere juicio en prisión o si un plazo tan extenso forma ya en realidad una suerte de condena encubierta. El tiempo es una llave que debe permitirnos equilibrar estos asuntos. En este caso en particular, creo que un fiscal que pide que alguien espere juicio en prisión debería poder decirnos claramente cuándo espera tener lista su acusación. Pienso que el plazo debería funcionar como una carga que desestimule el proceder a ciegas.

En este caso, por ejemplo, el juzgado no debería pasar por alto que la medida original impuesta a la señora Fujimori se extendía hasta mayo del año que viene.

Asociar el tiempo a las cargas del proceso debería permitirnos no perder de vista el objetivo del sistema: se trata de llegar a juicio, no de obtener medidas de reemplazo.

Publicado en EC, el 23 de diciembre de 2019.

Nuestra fatal indiferencia

LA PRISIÓN DOMICILIARIA DE OSMÁN MOROTE

Nuestra fatal indiferencia

Descubrimos el avance del Movadef cuando ya habían construido un mausoleo entero, y nos pusimos en alerta por el final del ciclo de vigencia de las condenas por terrorismo solo cuando teníamos encima el agotamiento de sus plazos.  

Temo que ahora, con Osmán Morote en prisión domiciliaria, estamos pagando las consecuencias de haber intentado resolver problemas fundamentales con simples coartadas de corto alcance. El sistema legal funciona como una trampa de límites que deben ser administrados, de hecho, con algo más de habilidad que la que usualmente pone en evidencia la improvisación y las reacciones de urgencia.  

Morote fue detenido en junio de 1988, cuando las reglas sobre cadena perpetua aún no existían. Se le condenó a 18 años de cárcel. Después de los sucesos de abril de 1992, se elevó su condena a prisión perpetua, por decisión de la justicia militar. Sin embargo, los cargos acumulados en su contra se referían solo a atentados cometidos hasta junio de 1991. En octubre del 2006 un tribunal ordinario advirtió este defecto y redujo su condena a 25 años, advirtiendo además que el plazo se cumpliría en junio del 2013.  De una manera u otra, la sentencia de octubre del 2006 nos concedió siete años enteros para organizar un caso complementario que corrija el defecto y permita homologar la condena de Morote a las de los cabecillas del senderismo, a los que se impuso prisión perpetua. 

Había dos maneras de hacerlo: volver a presentar cargos contra Morote por los hechos que permitieron que el resto de la cúpula senderista sea condenada a prisión perpetua (los hechos que en su caso fueron omitidos) o hacer un segundo proceso solo contra él por hechos como el atentado de la calle Tarata, de julio de 1992. Ese caso complementario debió lanzarse no bien se leyó la sentencia de octubre del 2006. Y organizado como un procedimiento complementario, corto, dirigido contra él con un solo objetivo, el caso podría haber terminado en el 2008 o en el 2009, antes de que se venciera la condena original.  

Pero dejamos pasar siete años casi completos sin resolver esto. Solo en marzo del 2013, a poco de cumplirse la fecha anunciada, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de detención que impidió a Morote salir de la cárcel, pero solo temporalmente. La orden provino de los cargos que la fiscalía presentó en su contra por la masacre de Soras, un crimen horrendo perpetrado por el senderismo en julio de 1984. Luego vinieron las órdenes de prisión provisional de los casos Tarata y Perseo. Pero las tres fueron atadas a casos complejos, en los que se acumularon cargos contra tantas personas que los procesos estaban destinados a durar todo lo que han durado.  

Los cargos por el Caso Tarata, por ejemplo, llegaron al judicial solo en setiembre del 2014, ocho años después de la condena original. Y además de llegar tarde incluyeron a toda la cúpula del senderismo, también a quienes ya estaban condenados a una prisión perpetua que para entonces era imposible modificar. El atentado es moralmente reprochable a la cúpula del senderismo, sin duda. Pero era innecesario llevar a juicio a aquellos que ya cumplen prisión perpetua, porque respecto a ellos el juicio no va a producir consecuencias prácticas que modifiquen nada en absoluto.  

Para estos últimos, además, el juicio no representa riesgo alguno. Acaso solo la oportunidad de contar con un escenario simbólico que les permite mostrarse públicamente como colectivo y generar imágenes como aquella que los muestra celebrando la liberación de Morote, ante nuestros ojos atónitos.  

El resultado: un juicio largo y tardío en reemplazo de lo que se necesitaba: uno corto y dirigido directamente a homologar la condena impuesta contra Morote.  

Un mal plan produce malos resultados. Sin embargo, el problema real sigue siendo homologar la situación de Morote a la que corresponde a los demás cabecillas del senderismo, que ya cumplen prisión perpetua. Y aunque la ruta establecida para alcanzar esa meta no es la mejor, esta es ahora la única que podemos transitar.  

Morote debe regresar a prisión. Pero hay dos opciones para lograrlo y no solo una. La Corte Suprema puede revocar la orden que aprobó el inmueble de Chaclacayo como centro de reclusión temporal. Pero esta alternativa reproduce el error que hemos cometido todo este tiempo: contener a Morote en prisión en lugar de organizar las cosas de manera que se logre homologar su situación a la que hemos impuesto a los demás cabecillas del senderismo. Entonces deberíamos concentrarnos en lograr que la sala modifique su concepción del tiempo y termine este juicio lo más pronto que sea posible.  

Convirtamos la sentencia que está por venir en un documento que ponga en limpio el sentido moral de esta difícil historia.

Publicado en El Comercio, el lunes 23 de abril del 2018.

Entrevista en El Comercio por Jaime de Althaus

En esta entrevista, César Azabache, experto en Derecho Penal, analiza el allanamiento a los locales de Fuerza Popular, la citación a Nancy Lange por parte de la Comisión Lava Jato y la prisión preventiva para los representantes de las empresas que se consorciaron con Odebrecht.

—¿Cuál es su opinión acerca del allanamiento a los locales de Fuerza Popular? Hasta PPK lo rechazó...
El allanamiento es una medida dura, sin duda. Pero no es siempre concluyente. El fiscal Pérez parece haber encontrado que una notaría tenía más libros que los que Fuerza Popular le entregó, y parece haber encontrado registros de gastos que no corresponden a la información entregada a la ONPE. Entonces entrar a la oficina por sorpresa significa tener la oportunidad de mirar los registros físicos y digitales de la organización sin preparación previa de los abogados y establecer si estas diferencias corresponden a simples errores o al resultado de una depuración de papeles que deba ser explicada de otra forma. Hay sin duda una enorme preocupación colectiva sobre el posible uso descontrolado de medidas provisionales en estos casos. De hecho, si como todos esperamos, los archivos de Fuerza Popular no tienen muestras que indiquen manipulaciones, entonces los propios investigados no tendrían por qué estar preocupados por esta medida, por más ofensiva que, en los papeles, pueda parecer.

—Si es cierto que hay aportantes falsos, etc., lo que vemos es que sería lo mismo que ocurrió en el caso del Partido Nacionalista y seguramente de todos. Hay empresarios o empresas importantes que aportan y no quieren figurar, pero, salvo que esos aportes vengan de fuentes ilegales, ¿tiene sentido criminalizar todo esto?
Sí, es cierto. Pero nota que en los casos que comentas tenemos donantes que quieren mantenerse en el anonimato y son reemplazados por testaferros en las rendiciones de cuentas. Esos casos no llegan a ser delictivos porque nadie sale objetivamente perjudicado. Pero aquí estaríamos hablando de posibles entregas de dinero en cantidades exorbitantes, posiblemente en efectivo y en condiciones de clandestinidad. Se investiga si estos fondos fueron entregados para dejar que los candidatos o alguien en su entorno se enriquezca personalmente al extremo de “reclutarlo” como una especie de socio clandestino en caso gane las elecciones y contar con su favor en adelante. Probablemente esta crisis se traslade ahora a una discusión constitucional sobre la legitimidad del allanamiento o la falta de proporcionalidad de los instrumentos.

—Keiko Fujimori niega que haya recibido aportes de Odebrecht y pide que se publique la declaración de Marcelo Odebrecht para probarlo…
En efecto. También Nadine y Humala lo niegan, Toledo lo niega y Villarán lo niega. En el Caso Humala-Heredia hay notas muy claras en herramientas incautadas en Brasil, y por cierto, la agenda de la señora Heredia. En el caso de Toledo están las cuentas de Josef Maiman. En el Caso Villarán falta saber si las cuentas de Garreta pueden cumplir una función semejante a las cuentas de Josef Maiman. Y sin duda, donde las evidencias muestran menos consistencia es en el caso de Keiko Fujimori, donde hasta ahora solo habría declaraciones de delatores y unas notas muy borrosas sobre un “incremento de 500”, no sabemos si sobre lo ofrecido o sobre lo aceptado o sobre qué.

—La acusación a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular como organización criminal, ¿es correcta o es un exceso?
Es un error. Nuestro Ministerio Público está entrampado en su imposibilidad institucional de presentar acusaciones oportunas. Entonces, la solución práctica que encontró ha sido extender las investigaciones por 36 meses, una regla que fue dada para criminalidad organizada, para casos en los que hay bandas estructuradas ocultas, clandestinas, difíciles de identificar, con prácticas de comercio internacional complejas, no para financiamiento de campañas políticas. La fiscalía se refugió en una regla como la de criminalidad organizada sin notar que eso tiene consecuencias institucionales, porque en política los nombres son importantes. Una pelea que se gatilla porque a alguien se le pone la etiqueta de criminalidad organizada, que sensibiliza a los acusados. En términos institucionales, los nombres importan y producen crisis.

—Hemos ingresado a una suerte de espiral persecutoria. La prisión preventiva se ha convertido casi en regla común, ¿no debería ser esta la excepción, sobre todo tomando en cuenta que se afecta un derecho fundamental que es el derecho a la libertad, y el derecho a la presunción de inocencia además? 
Creo que tienes razón. Los casos de Lava Jato tienen entre nosotros un retraso en las expectativas. Estamos ansiosos por conseguir resultados que no estamos teniendo, y entonces el sistema gira a una suerte de compensación práctica, no necesariamente correcta, ofreciéndonos detenciones anticipadas. Eso no es, necesariamente, justo ni correcto.

—Otra manera de decirlo es que los fiscales y jueces estarían cediendo a la presión política, a la presión mediática. 
Exacto. Antes, la prisión preventiva solo era aceptable cuando la fiscalía podía presentar un caso serio de fuga o de interferencia en las evidencias. En realidad, los casos Toledo, Humala-Heredia, y ahora las consorciadas no tienen un discurso real sobre fugas o sobre perturbación de actividad probatoria. Tienen un discurso donde la fiscalía reivindica su derecho a pedir detenciones cuando sostiene que tiene un caso suficientemente claro como para demostrar que los investigados van a ser condenados en el futuro. Bueno, esa regla no ha sido admitida hasta ahora por la Corte Suprema. Por eso creo, por ejemplo, que si la fiscalía quiere salvar el Caso Humala-Heredia en detención para juicio tiene que presentar acusación de inmediato, antes que la suprema acepte la casación que César Nakazaki ha propuesto, porque la suprema podría decirles: “En este momento, señores, no; primero me presentan acusación y después veo”.

—Pero en el caso de los directivos de las consorciadas, por ejemplo, no parece haber una investigación ya acabada que permita justificar una precondena…
Yo tengo la impresión de que la defensa, en la audiencia del domingo pasado, ha caído en una trampa. La audiencia se concentró en discutir si los acuerdos en consorcio para distribuir utilidades son sospechosos o no. Es claro que un consorcio puede, en el transcurso de los proyectos que tiene a su cargo, modificar las reglas de distribución de utilidades. Claro, hay un problema fuerte y es que los accionistas de las empresas tienen derecho a saber bajo qué condiciones exactas se han modificado las reglas de distribución de utilidades…

—La defensa sostuvo que la presunción de la fiscalía de que los ‘riesgos adicionales’ encubren el soborno se basa en un acta del 1 de junio, pero la fiscalía no reconoce que esa acta hace referencia a otra de febrero que sí específica detalladamente cuáles son esos riesgos adicionales… 
Exacto, sí. Y esto no ha quedado tampoco claro en el debate, pero la pregunta correcta es si el acta de febrero tiene una liquidación de gastos suficiente para que los accionistas de las empresas reconozcan que esta especie de innovación del acuerdo se justifica.

—¿Y se justifica? 
En la audiencia no se presentó ningún respaldo al acta de febrero por desgracia, y eso fue muy llamativo. De hecho hay una escena en la que el juez le pregunta a los abogados que presentaron el acta de febrero: “Bueno, y ¿en qué se respalda?”, y no hubo respuesta. Pero al margen de eso, lo que teñiría ese acuerdo de distribución de utilidades es si antes de que se produjera haya habido o no una reunión clandestina en la que Jorge Barata le haya dicho a los ahora detenidos que había pagado un soborno al ex presidente Toledo y que ellos tenían que encontrar la manera de reintegrar el soborno. Si esa reunión fuera cierta, dicho acuerdo posterior se convierte en delictivo. Entonces claro, la clave está en cuánta evidencia tiene el fiscal de que esa reunión se haya producido realmente. En la audiencia del domingo, el fiscal solo presentó un testimonio, el de un colaborador eficaz, Barata, y un colaborador eficaz no es un testigo, es un declarante interesado. El problema es que nadie en la defensa observó que la fiscalía tuviera prueba insuficiente sobre la existencia de esa reunión, y estamos hablando de estudios competentes. Ese punto es de manual.

—¿El tema de la detención preventiva no se podía manejar como detención domiciliaria, con grilletes por ejemplo, como es en Estados Unidos?
Sí, por supuesto, tenemos varias disfunciones: primero, la prisión preventiva se ha convertido en un reemplazo a nuestra incapacidad institucional de producir decisiones oportunas. En segundo lugar, estamos usando, para las detenciones preventivas, el penal de Ancón, que es para casos de máxima seguridad. En tercer lugar, estamos usando la cárcel, por el enorme retraso que tiene entre nosotros el sistema de implementación de grilletes y no tenemos tampoco un sistema de prisiones municipales.

—Da la impresión de que aquí, en general, estamos en una especie de pelea de todos contra todos y no hay capacidad alguna de conversación política, ¿no?
Sí, a ver, listemos Jaime: ¿qué estamos negociando en términos institucionales, entre la oposición y Gobierno? La única negociación en marcha es la de la fiscalía con Barata, Odebrecht y la fiscalía de Brasil, pero en términos del [Decreto de Urgencia] 003 ¿alguna empresa afectada está negociando con alguien que sepamos? ¿El Ejecutivo está negociando con el Congreso? ¿La citación al presidente de la República al Congreso fue negociada por alguien? Hemos perdido totalmente la perspectiva fundamental de la política que es ponernos de acuerdo en condiciones de equilibrio a partir de acusaciones transparentes. En la agenda institucional de hoy solo estamos cruzando acusaciones sin ninguna referencia a puntos que permitan estabilizar nuestros procesos. Como resultado, el 003 que ha sido ínfimamente usado. No hemos promovido ninguna venta de los proyectos de Odebrecht y, en consecuencia, la Costa Verde al Callao está parada, Evitamiento en el Cusco está parado. La clave del fracaso del 003 es que el Ejecutivo y el sistema político creen que no pueden negociar, y entonces el sistema político solo se acusa, unos a otros, y desde el Estado solo se embargan utilidades o se paraliza activos y nadie negocia.

“Estamos pagando una factura institucional”

—Ahora estamos en una guerra de acusaciones y retaliaciones. Algunos hablan de linchamiento colectivo. Por ejemplo, la Comisión Lava Jato citó a la esposa del presidente luego de que este dijera que solo respondería por escrito. ¿Le parece apropiada o necesaria esa citación?
Déjame retroceder un metro. Yo creo que estamos pagando una factura institucional. A principios de este siglo, en el 2000, cuando estábamos todos en el proceso de transición creamos en nuestro medio una enorme dictadura de los hombres buenos, todos aquellos que, me voy a incluir en el colectivo, sentimos de una u otra manera que habíamos sido atacados, reprimidos o marginados en el tramo final de los años 90, ese tramo tan fuertemente impregnado por la expansión de la organización de Montesinos. Cobramos, nos guste o no, una suerte de venganza contra el fujimorismo y contra la comunidad militar. Los invisibilizamos políticamente, los anulamos institucionalmente. Yo creo que al hacer que la tortilla se vuelva creamos el germen de lo que ahora está ocurriendo. La actual eliminación de canales equilibrados de comunicación política representa una suerte de venganza a la enorme disfunción que generamos en los años 90, en la forma de imponer el discurso de la Comisión de la Verdad, de la reivindicación frente a los crímenes de los años 90, del aplastamiento al fujimorismo; este es un círculo vicioso que tenemos que romper. Yo, en efecto, creo que la citación a la señora Lange en este instante es también la respuesta al presidente Kuczynski declarando que no va a ir al Congreso y que el Congreso es un circo, con lo que hizo lo mismo que hicimos todos a principios de siglo, negando el derecho del fujimorismo a tomar parte en las decisiones institucionales que marcaban el inicio del nuevo siglo. Estamos entrampados...

—¿El presidente debería asistir a la Comisión Lava Jato? 
Yo creo que el presidente tendría que explicarnos claramente si en el período que está en discusión, recibió o no, a través del señor Sepúlveda, contratos o asesorías que hubieran venido monitoreadas por Odebrecht, y eso significa revelarnos qué consultorías hizo, para quién las hizo, cuánto se le pagó y en los correos electrónicos que recibió a quien se reveló como el solicitante de esos acuerdos. Mientras no lo haga, las dudas van a persistir y esas dudas deterioran la imagen moral de la presidencia de la República. Esto puede no ser un crimen, porque el período que se discute es uno que no corresponde ni a su tiempo en la PCM, ni a su tiempo como ministro de Economía, ni a su tiempo como candidato.

—El presidente acaba de reconocer que hizo una consultoría para el proyecto H2Olmos. ¿Esto mueve una vez más la agenda, verdad? 
Ya que Odebrecht manejaba el proyecto falta saber quién lo contactó para hacer esa consultoría, quién exactamente la pagó y qué referencias pueden haber habido en el medio a los intereses de Odebrecht, si acaso hubo alguna. El asunto es de máximo interés en términos de moral pública, aunque pueda ser legalmente irrelevante. Espero que pueda marcar un punto de quiebre en la búsqueda de equilibrio en estos asuntos.

El Comercio, 11 de diciembre de 2017
https://elcomercio.pe/politica/cesar-azabache-allanamiento-medida-dura-siempre-concluyente-noticia-480495