El delito negación

El delito negación

César Azabache Caracciolo

Enumeremos ciertos antecedentes: Primero, Alfredo Crespo usó la presentación de un texto atribuido a Guzmán Reynoso para lanzar al Movadef. Luego intentó inscribirlo como partido político ante el JNE, que por cierto mostró pocos reflejos en el incidente. Luego la juventud afiliada al Movadef se presentó públicamente como heredera de la tradición senderista, pretendiendo protegerse bajo el manto de la democracia. Apareció después el Conare SUTEP, una facción de profesores posiblemente relacionados con Movadef. Y en respuesta Educación ha propuesto que los condenados por terrorismo sean separados del magisterio. En interior se ha separado del cargo a un funcionario acusado por terrorismo. Y para cerrar la secuencia, Oswaldo Reynoso, un escritor de talla innegable, y Máximo Laura, un artesano nombrado antes embajador de la Marca Perú, salieron públicamente a sostener que el senderismo no tenía por qué ser considerado como responsable de los daños que sin duda ha provocado.

En medio de ese marco, se comprende claramente porqué el Ejecutivo, intentando representar en una ley la necesaria reacción a lo que está pasando entre nosotros, ha propuesto que la negación del significado del terrorismo en el Perú sea considerada un delito. Un mensaje claro que deje establecido que la conciencia de nuestra comunidad no tolerará expresiones como las que hemos escuchado en estos días puede, sin duda, ser útil. Sin embargo, si algo caracteriza especialmente al senderismo de los nuevos tiempos es su apego a explotar todas las fisuras legales del sistema para construir casos que le permitan presentarse ante la comunidad internacional como víctimas de un Estado que quieren presentar como intolerante y represivo. No hay que olvidar el enorme éxito que han tenido ante la Corte IDH cada vez que, aprovechando su imparcialidad, han explotado las respuestas todavía incongruentes del Estado hacia la herencia de casos no resueltos por violaciones a los derechos humanos. Es esperable entonces que, de aprobarse la ley, el senderismo trate de encontrar una manera de emplearla para victimizarse fuera del país y volver a provocar observaciones al Estado en el sistema interamericano.

Y lamento tener que decir que la propuesta, aunque explicable, si tiene un defecto fundamental, que abre las puertas a una estrategia masiva de cuestionamiento. El delito de negación, con más intensidad que la apología o la incitación, supone una restricción objetiva a una serie de derechos vinculados a las libertades de pensamiento y expresión. La cuestión estriba en identificar los casos en los que esa restricción es tolerable. Y en el derecho comparado (que no se construye ni modifica en un día), la tolerancia a la sanción de estos delitos proviene de la previa calificación de “eso que se niega” como un crimen de lesa humanidad (CLH). Entonces la iniciativa supone, para ser sostenible, ganar una batalla previa: Obtener que la comunidad internacional reconozca que el terrorismo es un CLH. Y aunque el esfuerzo me parece del todo sensato, quizá no seamos nosotros los mejores promotores de la idea. No al menos mientras no podamos hacernos cargo cabalmente del significado y alcance que corresponde a esta construcción.