Mostrando entradas con la etiqueta Policía Nacional del Perú. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Policía Nacional del Perú. Mostrar todas las entradas

jueves, 31 de julio de 2014

La sostenibilidad del ministro Urresti


SEGURIDAD CIUDADANA

La sostenibilidad del ministro Urresti

Por César Azabache Caracciolo. Abogado

Resulta contraproducente persistir, como persiste el Ejecutivo, en alejar todo contenido político del manejo de la seguridad ciudadana. El problema de la seguridad ciudadana es resultado de nuestra enorme incapacidad para asegurar de manera sostenida y extendida la vigencia de la ley y el castigo a quienes la infringen en todos los niveles y ámbitos de la sociedad.

La seguridad requiere como fundamento el fortalecimiento de las instituciones que la soportan. Es imposible ofrecer seguridad a las personas sin contar con una policía estrictamente pública (un cuerpo de policía que trabaja para empresas privadas alternadamente no lo es), procedimientos judiciales oportunos y fáciles de entender y condenas efectivas cumplidas de manera visible para todos.

Contar con estos elementos requiere acuerdos claros en materia de gasto público y desarrollo del sistema legal y estos acuerdos requieren planes que puedan debatirse colectivamente, compromisos explícitos y decisiones que todos sintamos como propias. El pragmatismo del ministro Daniel Urresti va en dirección opuesta a estas condiciones. Confirma que el Ejecutivo se niega a definir un plan de seguridad que merezca tal nombre y esto asegura la pérdida de los dos años que median entre el presente y el 2016 en este sector.

Sin duda, el pragmatismo del ministro Urresti responde a esa actitud de rechazo que se ha impuesto entre nosotros desde los primeros 90 hacia “lo político” entendido como si fuera una entelequia abstracta y prescindible. Por eso el pragmatismo resulta tan atractivo. Atractivo como rechazar la reimplantación del Senado, mirar con desinterés a quienes usan cargos públicos para enriquecerse, mantener los partidos como concesiones electorales, eludir el pago de impuestos o cruzar las pistas saltando rejas para no desgastarse en el esfuerzo que representa usar puentes peatonales.

La tasa de aceptación al primer mes del ministro Urresti confirma que, como tendencia, los electores no buscan política en la política interior. Buscan gestos escénicos y se hacen adictos a su repetición con extrema facilidad. Como consecuencia, acortan el tiempo en el sector a tal extremo que el propio ministro puede afirmar sin rubor que una designación como la suya puede durar un mes o un año, cuando en Economía, donde la improvisación es claramente imposible, el ministro Luis Miguel Castilla exhibe tres años de continuidad ininterrumpida.

El pragmatismo que enarbola el ministro Urresti, además de adictivo, es altamente corrosivo. Se traga su propia sostenibilidad y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado. El perfil que ha adoptado lo condena al agotamiento y al recambio rápido. Y esto aún sin considerar que las declaraciones de por lo menos dos testigos hacen casi inminente que sea llevado a juicio en cualquier momento por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra.

En la otra cara de la moneda, un colectivo de expertos independientes ha puesto ya sobre la mesa la plataforma de un acuerdo mínimo en materia de seguridad ciudadana que, en mi opinión, merece ocupar un lugar en la lista de acuerdos institucionales permanentes en que ahora están el respeto a la libertad de prensa y la regulación del gasto público (véase “Demandamos seguridad”, por Fernando Rospigliosi, El Comercio 20 de julio del 2014). ¿Nos alcanzarán los dos años que le quedan a este gobierno para establecerlo como pacto inicial?


Publicado en El Comercio el 31 de julio del 2014

lunes, 30 de junio de 2014

Cuando más es menos


SOBRE EL PROGRESO EN LA JUSTICIA NACIONAL

Cuando más es menos

Por: César Azabache Caracciolo. Ex procurador anticorrupción

Las detenciones de César Álvarez, Kléver Meléndez y Gregorio Santos marcan sin dudas un punto de inflexión en el modo de encarar los problemas de corrupción en el país. A diferencia del proceso iniciado con la divulgación de los videos de Montesinos, hace casi 15 años, esta vez los casos en debate no se organizan sobre revelaciones originadas fuera del sistema, sino que son el resultado de un trabajo paciente de elaboración de las propias entidades del sistema y esto merece un reconocimiento público. La fiscalía, la policía y la contraloría han mostrado que pueden formar equipos sumamente eficientes combinando la investigación rigurosa de organizaciones clandestinas y actos de soborno (trabajo que indudablemente corresponde a la policía) con la búsqueda de singularidades en cuentas y procedimientos administrativos (que corresponden a la contraloría). La combinación, equilibrada por la mediación de fiscalías evidentemente conscientes del sentido de su labor, ha generado casos de una gran solidez. No es usual que esto ocurra. Por eso es una excelente noticia. En medio de una compleja escena institucional, marcada por el problema de los nombramientos de fiscales supremos y por la secuela de las últimas elecciones del fiscal de la Nación, las fiscalías anticorrupción están mostrando lo que significa actuar sin protagonismos individuales y pensando en alcanzar objetivos de indiscutible interés público.

Hay 15 años de maduración y aprendizaje que respaldan estos casos. En el camino que sigue podrá haber ajustes, pero dudo de que pueda haber un punto de retorno que eclipse el significado del momento que ha generado el Ministerio Público con el inicio de estos procesos.

¿Por dónde seguir? Es muy importante evitar que el éxito y la precisión que se han exhibido en esta escena inaugural se deterioren sobreexponiendo el proceso en marcha a una serie masiva de denuncias indiscriminadas. El riesgo parece ser sumamente alto, si consideramos que, como ha trascendido, la fiscalía tiene en sus manos investigaciones contra 19 de los 25 gobiernos regionales en actividad, y más de 1.500 personas, contando solo funcionarios públicos. La concentración de los esfuerzos de la fiscalía en pocos casos cuidadosamente elegidos puede ser estadísticamente invisible, mientras la expansión de la lista puede producir cifras relevantes. Pero el precio del volumen puede ser muy alto si en el camino se pierde la calidad que muestran los resultados exhibidos hasta este momento. En este tipo de asuntos “más” no agrega valor; al contrario, pone en riesgo los objetivos del sistema.

A los economistas les gusta decir que los asuntos de la justicia penal son complejos porque el sistema actúa con un margen de error demasiado alto que es preciso reducir a cada momento. Tienen razón. Los recursos que manejan las fiscalías y los demás cuerpos del sistema (contraloría y policía en este caso) no solo son escasos sino que se comportan como los bienes perecibles: Se descomponen fácilmente si el entorno en que se emplean no se protege con mucho cuidado. El sistema entero se deprecia rápidamente cuando sus componentes comienzan a generar resultados equívocos. Por eso el equilibrio de la justicia penal se alcanza manteniendo la prudencia y el autocontrol, no cayendo en los errores que genera cualquier apresuramiento inoportuno.

Publicado en El Comercio el lunes 30 de junio del 2014