En su última contribución titulada “Cuando de los fiscales depende tanto” (Ideele 294), Luis Pásara pone la mirada sobre la considerable cantidad de tiempo durante el que determinadas fiscalías retienen en sus manos casos que deberían ser expuestos a un juicio. Claro, un juicio siempre puede perderse o ganarse. Entonces, deliberada o no, la retención de casos en investigaciones inacabables crea una falsa imagen de influencia o poder que puede estar alterando el sentido de las cosas.
Pásara se detiene especialmente en dos casos: Pérez Miranda (41 meses en prisión sin acusación) y Martín Belaunde (60 meses). En ambos el retraso ha intentado ser cubierto por prisiones preventivas como falso reemplazo de verdaderas condenas. Un sustituto tan malo, por cierto, que termina desvaneciéndose en el tiempo. Pero 60 o 41 meses en prisión no son poco tiempo, si pueden alcanzar a personas que merecen ser protegidas institucionalmente.
La disfunción detrás del reemplazo es innegable. El deber del Ministerio Público supone presentar acusaciones, no legitimar su actividad en base a las estadísticas sobre prisiones preventivas y listados de casos que subsisten solo porque permanecen en las fiscalías. El reemplazo del que hablamos afecta la medición de resultados de una entidad que, es preciso no olvidarlo, tiene a su cargo la administración de un recurso tan sensible como la persecución del delito.
De hecho una distorsión como esta debería ser controlada y bloqueada por el judicial. Pero Pásara observa que para contener ese potencial bloqueo algunas fiscalías estarían acudiendo a los medios. Y lo estarían haciendo no en un formato abierto basado en conferencias de prensa y vocerías oficiales, sino en uno que él reconoce como basado en simples y puras filtraciones dirigidas y acaso respaldadas por alguna especie de canje; “primicias contra respaldos”. Como Pásara lo ve, ese canje persigue tejer corrientes de opinión que cerquen a la judicatura, que debería atajar estas prácticas. El resultado es el adelgazamiento del espacio por el que estos procedimientos podrían, y en muchos casos deberían, ser controlados por el judicial.
Creo que el judicial no debería permitirse el lujo de ser cercado de esta manera. No tiene sentido que lo permita. Es innegable que más de una vez ha roto el cerco. Lo hizo cuando, más allá de cualquier preferencia, revocó las detenciones preliminares del caso Swing. Pero la distancia de criterio que exhibió en ese caso no parece representar una tendencia dominante. El judicial debería distanciarse más de las fiscalías, porque en estos asuntos la unanimidad es sospechosa. Un judicial que acepta demasiadas veces los pedidos que le hace la fiscalía, en principio, podría no estar agregando a estos procesos el valor que ofrecen el balance y el control de la persecución penal basados en derechos.
Pásara tiene razón cuando observa que estamos tolerando colectivamente una práctica de filtraciones de hechos bajo investigación oficial como si fuera neutra en sus resultados. No lo es. Es más bien una distorsión cuyas consecuencias deberíamos comenzar a revisar seriamente. La información sobre investigaciones oficiales constituye un bien público que no debe ser asignado en atención a preferencias subjetivas. En las prácticas oficiales existen además una serie de procedimientos, como las ruedas de prensa, que permiten que una oficina pública abra su información al mismo tiempo a medios que representan distintas tendencias y que sin duda difundirán las cosas desde enfoques distintos.
Que la información salga al público no es el problema. El problema está en la carga subjetiva que impregna el formato de estas filtraciones que estamos tolerando.
Demasiado importante para pasarlo simplemente por alto.
Publicado en La República, el primero de noviembre de 2020.
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