Entrevista sobre Caso Gaseoducto Sur, Odebrecth

En Canal N con Jaime de Althaus

24 de enero de 2017

El movimiento que sigue

EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA QUE ODEBRECHT VENDA SU PARTICIPACIÓN EN EL GASEODUCTO SUR PERUANO

El movimiento que sigue

Hoy es un día clave en la historia del caso contra Odebrecht. La compañía condujo hasta hoy el gasoducto del sur, un proyecto de energía tan importante que su continuidad merece ser considerada como un asunto de interés público. El proyecto, en el que ya se invirtieron aproximadamente US$1.500 millones, constituye la llave de la seguridad energética del país. Sin el gasoducto (el ejemplo es usual entre expertos), una falla mayor del único ducto ahora en operaciones produciría pérdidas por US$3.250 millones en solo 5 días. Que se revierta la concesión genera un año y medio de retraso en los problemas que el gasoducto está llamado a resolver. Y esto, en pleno intento de reactivación, es demasiado. 

El proyecto se está cayendo porque Odebrecht controla el 55% de la concesión y ningún banco serio ni el Ejecutivo, por cierto, quieren respaldar financieramente la posición de quien basó la expansión de sus negocios en sobornos. La clave para resolver el impasse está en que Odebrecht salga de la concesión. En lo que va del año el Ejecutivo ha intentado promover la salida de la empresa usando los mecanismos establecidos en el propio contrato, sin éxito. El modelo de intervención en el impasse basado en el contrato de concesión ha fracasado. 

Hoy, mientras la fiscalía confirma su efectividad mostrando las dos primeras órdenes de detención que ha obtenido, el Ejecutivo tiene que elegir entre asumir las pérdidas que representa la reversión de la concesión del gasoducto o intervenir en el proceso para salvarlo, con un esquema distinto al que acaba de colapsar.

En las condiciones actuales la concesión solo puede ser salvada si el propio Ejecutivo emplea las atribuciones excepcionales de intervención en protección de intereses públicos que posee para reemplazar a Odebrecht, temporalmente en el manejo de la concesión. Por cierto, el Estado no debe compensar a la empresa por esto, y solo debe mantenerse al frente del gasoducto por el tiempo necesario para obtener el financiamiento que el proyecto necesita. 

Y ya que Odebrecht ha ofrecido cooperar con las autoridades, el Estado está en posición de emplazarla públicamente para exigirle que admita pacíficamente esta intervención sin reclamos. La cesión puede organizarse de manera que se justifique con cargo a la liquidación final de la reparación que la empresa deberá pagar al Estado por los daños que ha causado. Encuentro que Odebrecht no está en condiciones de negarse públicamente a esto. Pero si se negara, entonces todos deberemos entender que la cooperación que ha ofrecido públicamente a las autoridades incluye limitaciones frente a las que habrá que proceder judicialmente.

Si no hubiera un acuerdo que permita organizar esta intervención pacíficamente, el Ejecutivo tendría que usar un decreto de urgencia para obtener el mismo resultado mientras demanda que un juez ordene que Odebrecht pierda el dominio que ahora tiene sobre todas las posiciones contractuales que adquirió entre los años 2005 y 2014. Adicionalmente el Estado puede demandar la anulación judicial de todas las transferencias efectuadas por la empresa después de febrero del 2016, fecha en la que se difundieron los pagos hechos por la empresa a favor del “proyecto OH” en el Perú. 

Lanzado el caso sobre la anulación de transferencias y sobre la pérdida de dominio, la intervención puede ser homologada por el juez que quede a cargo de ese pedido. 

Y los hechos que justifican la medida son simples: además de la confesión pública de Odebrecht, la empresa anunció a mediados del año pasado que vendería la Hidroeléctrica de Chaglla. Además ha vendido parte de sus derechos sobre Rutas de Lima. Tiene pendiente de aprobación ante el gobierno de Lambayeque la transferencia de sus derechos sobre el proyecto Olmos y sus derechos sobre el gasoducto del sur son la causa que ha puesto en riesgo la viabilidad financiera del proyecto.  

Además tenemos ya una medición de los daños producidos por los sobornos: US$286 millones si empleamos la regla usada para el Brasil (el doble de las ganancias reconocidas en la plaza) o US$314 millones si seguimos la última estimación efectuada por la contraloría.      

La detención de Luyo Barrientos y el allanamiento de la casa de Jorge Cuba confirman que la mesa de negociaciones abierta por la fiscalía funciona. Pues bien, ahora es necesario que esa mesa permita resolver los problemas patrimoniales originados por esta historia. En caso contrario, la única opción disponible exige que el Ejecutivo use de manera equilibrada sus atribuciones más extremas. 

No existe opción distinta.

Publicado en El Comercio el lunes 23 de enero de 2017

Entrevistas Caso Lava Jato

César Azabache, abogado que integró el equipo de la Procuraduría Anticorrupción que investigó a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, consideró que los sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios de los últimos tres gobiernos constituyen “un terremoto institucional” que tendrá “consecuencias impactantes”.

—¿Fue un error de la fiscalía iniciar la investigación del Caso Lava Jato en noviembre último, cuando en Brasil ya se había comenzado una pesquisa hace más de dos años?

¿Por qué habría que comenzar en el mismo ritmo de Brasil o por qué habría que considerar que las situaciones son comparables? […] El caso brasileño está organizado en función a delaciones, a investigaciones por vigilancia electrónica, a intervenciones de teléfono y a registros bancarios. Cuenta con insumos que la justicia peruana no ha tenido y todavía no tiene. Para el Perú, el Caso Lava Jato comienza desde el momento en que llegan a nuestros oídos las revelaciones de Odebrecht en el punto de que pagó sobornos por US$29 millones. A partir de ese momento surge la verdadera pregunta de un caso de corrupción: quién recibió ese dinero, en qué condiciones, a través de qué vehículos y cómo podemos probar que eso ha ocurrido. Antes de ese momento, lo único que teníamos eran sospechas fundadas.

—¿Qué gana Odebrecht firmando un acuerdo de colaboración con la fiscalía?

Odebrecht ha lanzado en Brasil, Estados Unidos y ahora en el Perú una rendición prácticamente incondicional. De modo que el acuerdo es antes que nada un acto mínimo esperado. Hay muchos comentarios sobre las ventajas que Odebrecht quiere obtener en base a su posición, la mayoría de ellos se refiere al esfuerzo por lograr un esquema en que la responsabilidad penal derivada de los sobornos no implique una liquidación de su proyecto corporativo y la empresa pueda continuar con las obras que tiene. Esta decisión la tiene que tomar el Ejecutivo, que ya anunció que no habrá nuevos contratos. Lo que falta saber es si habrá cambios o giros en los contratos [vigentes].

—Las obras que Odebrecht obtuvo en el Perú en los últimos tres gobiernos fueron por US$12.534 millones. ¿El pago de S/30 millones como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas no es insuficiente?

Es un gesto institucional positivo. En lo personal, me parece que S/30 millones es una cantidad baja para la revelación de los sobornos de US$29 millones. Pero un acuerdo adoptado en las condiciones de necesidad y apremio que tiene este caso en este momento supone una negociación en términos y con flexibilidades que no conocemos y que la fiscalía ha manejado. Así que de primera impresión debemos recibir este primer resultado como positivo, no definitivo y que no clausura la posibilidad de nuevas ampliaciones una vez que el Ejecutivo pueda informar cuál es la lista en limpio de cartas-fianza que pueda ejecutar en corto plazo y cuáles son las facturas que el Estado aún no paga a Odebrecht. Otro punto, la referencia que hay que utilizar para medir el impacto económico de este caso de corrupción es lo que Odebrecht reveló en EE.UU., en el sentido de que obtuvo una ganancia de US$143 millones por sus proyectos. Lo que queda por establecer es si los US$143 millones corresponden al margen de ganancia real, y eso lo tiene que evaluar el Ejecutivo.

—¿La coima fue parte del costo del proyecto?

Sí, a nadie se le va a ocurrir que para pagar sobornos una compañía como Odebrecht ha metido la mano a su bolsillo. Si hay US$29 millones de manera provisional como monto pagado por sobornos, entonces ese dinero debe haber sido trasladado de alguna manera a los contratos que firmó con el Estado. No de manera mecánica, ni contrato por contrato, pero sí en cuotas asimétricas en función al valor total de los márgenes de ganancia total […] Lo que está claro hasta ahora es que hay US$29 millones que el Estado ha pagado de más y eso son los que tienen que ser recuperados.

— ¿Por qué no se piden medidas limitativas como el embargo de los bienes de Odebrecht?

Para fijar la protección de los intereses del Estado se requiere un plan, en el que hay que definir el papel específico que cumple cada decisión. No hay un manual a rajatabla que obligue a comenzar [una investigación] con un embargo. En este caso, por ejemplo, la fiscalía ha hecho algo que también pudo hacer la procuraduría y que aún debe hacer, que es sentarse en una mesa y exigir que Odebrecht cumpla la palabra que ha empeñado. Odebrecht ha dicho que va a cooperar con las autoridades peruanas, eso tiene que significar primero el garantizar el pago de la reparación civil.

— ¿El congelamiento de cuentas se puede negociar directamente con Odebrecht?

Por supuesto, Odebrecht ha reconocido que pagó sobornos por US$29 millones. Si ha reconocido que pagó sobornos, tiene que reconocer que sus cuentas pueden ser afectadas, especialmente sus cuentas por cobrar. Odebrecht tendrá que aceptar que las cartas-fianza, que el Ejecutivo tendrá que enumerar, sean ejecutadas en lo que corresponda. Un caso que comienza con una confesión no tiene que ser sobrelitigado, tiene que ser conducido en base a los acuerdos.

—El Congreso también ha abierto una investigación del Caso Lava Jato. ¿No puede afectar la estabilidad de la investigación si el Parlamento accede a información reservada de la fiscalía?

Siempre que hay un procedimiento de este tipo y se abren comisiones investigadoras, se presenta este dilema, se presentó en el 2001, cuando se formaron las comisiones originales que investigaron a Fujimori y Montesinos y se seguirá presentando a lo largo del tiempo. Tenemos un sistema que permite que el Congreso abra comisiones investigadoras para asuntos de interés público sin ponerle la Constitución ningún límite a las prerrogativas que tiene respecto a las prerrogativas que al mismo tiempo tiene el Ministerio Público. Aspiro a que exista un acuerdo institucional entre la fiscalía y el Congreso […] El Congreso debe establecer las responsabilidades políticas [del Caso Lava Jato] que no son necesariamente penales, en eso debería concentrarse con mayor énfasis.

—Durante el gobierno de Alan García, Odebrecht le regaló al Perú una réplica del Cristo del Corcovado, valorizada en US$833 mil. ¿Se debe devolver? 

Desde mi punto de vista, es ofensivo que ese monumento siga depositado al frente de todos los peruanos recordándonos lo que Odebrecht ha hecho. El Ejecutivo tiene que tomar una decisión urgente, rápida y creo que ya está retardada respecto a ese monumento.

—Usted fue parte de la procuraduría para los casos Fujimori y Montesinos. ¿Lava Jato tiene una dimensión mayor?

Comparar dos cosas de diferente envergadura y tiempo es muy difícil y creo que inapropiado, son momentos y estructuras de corrupción distintas. El Caso Lava Jato llega al Perú en una expansión de un esquema de corrupción que tiene su centro en Brasil, no en el Perú. Los US$29 millones que se han revelado en sobornos [dados por Odebrecht], corresponden al primer hallazgo contra Montesinos, en las primeras cuentas suizas. En términos de impacto económico, el Caso Montesinos y Fujimori era inmensamente más importante que el Caso Odebrecht. Institucionalmente que, 15 años después del hallazgo de las cuentas de Montesinos, encontremos que la principal constructora que opera en el Perú reconozca pagos por US$29 millones es gravísimo, es un terremoto institucional de consecuencias impactantes.

—¿El Caso Lava Jato marca un hito de corrupción como lo marcó el Caso Montesinos y Fujimori?

Exactamente, este es un hito de corrupción y pone a prueba nuestra capacidad como sociedad para reaccionar y recuperarnos.

—Una de las sucursales de Odebrecht ganó obras por más de US$449 millones durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cree que la pesquisa debe incluir al fujimorato?

Debe ser incluido todo, la pesquisa debe incluir todo el alcance que pudo tener el patrón de corrupción [de Odebrecht] que se pueda reconstruir y revisar. Pero hay que tener muchísimo cuidado con creer que los actos de corrupción se pueden descubrir leyendo papeles, memorias o un presupuesto, porque eso no es así. Ni la corrupción ni los fraudes se leen en balances, la corrupción se descubre en función a la revelación de patrones de comportamiento ocultos y desarrollados en la clandestinidad. No es lo mismo investigar actos de corrupción en el presente, cuando se puede intervenir teléfonos y detener a personas en el momento en que se pagan sobornos, que descubrir actos de corrupción en el pasado.

Publicado en El Comercio el domingo 8 de enero de 2,017

Entrevista en Canal N con Augusto Thorndike, 9 de enero 2017

Entrevista en "Ampliación de Noticias" de RPP, 9 de enero 2017

Entrevista en "A pensar más con Rosa María Palacios" de Radio Santa Rosa, 13 de enero 2017

Entrevista en "Mira quien Habla" de Willax, 29 de enero de 2017

Entrevista en "Nacional en la Noticia" de Radio Nacional, 31 de enero de 2017

Entrevista en "Todo se Sabe" de RPP con Milagros Leiva, 2 de febrero de 2017

Entrevista en "24 horas" de Panamericana, 3 de febrero de 2017

Entrevista en "La Hora N" con Jaime de Althaus, 3 de febrero de 2017

Entrevista en "La Hora N" con Jaime de Althaus, 13 de febrero de 2017

Entrevista en "Tiempo Real" de RPP con Patricia del Río, 14 de febrero de 2017

Los socios clandestinos

EL PAGO DE SOBORNOS DE ODEBRECHT EN EL PERÚ

Los socios clandestinos

Las personas que reciben la confianza de otro para cuidar su patrimonio adquieren al mismo tiempo el deber de mantenerse leales a quien los nombra y revelarle todo conflicto de intereses del que puedan ser portadores. La corrupción comienza cuando quien recibió un encargo como este oculta vínculos de interés antagónicos, y se consolida cuando los hace prevalecer sobre lo que debe custodiar, sin importarle las consecuencias.

El soborno es el pago que se obtiene por violar los deberes derivados de esta confianza en casos específicos. En el derecho comparado, quien procede de esta forma puede ser sancionado como autor de un delito, sea que actúe en el ámbito privado o en el público. En nuestro caso, por razones históricas y no teóricas, solo castigamos los sobornos que cobran los segundos. Ya entenderemos que eso es un error y que también puede sobornarse a un empresario o a un curador. 

Pero ahora quiero llamar la atención sobre otro aspecto: recortar la sanción a funcionarios en ejercicio –o al menos elegidos– genera limitaciones absurdas. Para eludir la regla basta con reclutar al objetivo antes que sea elegido para el cargo, cuando aún no ‘es’ funcionario o autoridad electa. Y para esto, por cierto, la falta de control que mantenemos sobre el financiamiento de campañas políticas (que no han sido puestas al alcance del radar de la UIF ni siquiera con la última reforma) ofrece un enorme punto ciego de acción libre y clandestina, fácil de explotar.

El soborno, usualmente, es un pago por servicios ilegales específicos prestados por quien se corrompe. Pero es sencillo remplazar el soborno convencional por una participación en las ganancias esperadas en el negocio que se pone en marcha. El personaje que así se recluta puede percibir estos fondos, al menos en parte, antes de ser elegido (aunque con esto se asume el riesgo que resultaría de una derrota electoral). Puede, asimismo, comprometerse sin especificar los actos en concreto en los que deberá intervenir. Entonces, deja de ser un simple prestador de servicios específicos para convertirse en un socio clandestino de la empresa.   

Una cosa es ser sobornado por una violación específica a los deberes del cargo que se ejerce y otra, mucho más grave y compleja, es convertirse en socio clandestino de un negocio definido sobre fundamentos corruptos para participar en sus ganancias.

Propongo introducir estos matices en las construcciones que empleamos usualmente para estos casos, porque las cifras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha difundido no corresponden, desde mi punto de vista, a una historia sobre sobornos convencionales. Indican que Odebrecht podría haber reclutado como socios clandestinos a personajes de la política calculando cuotas encubiertas que los comprometieron con los resultados de proyectos y no solo con servicios particulares o prestaciones concretas.   

Quiero explicarme. La facturación anual de Odebrecht en el Perú alcanzaba los US$1.000 millones anuales hacia el 2012. De acuerdo al Departamento de Estado estadounidense, las ganancias obtenidas entre el 2005 y el 2014 habrían alcanzado los US$143 millones. Los US$29 millones destinados a corromper funcionarios en el país sugieren una cuota de inversión equivalente a poco más del 20% de las ganancias del período. Entonces, el tamaño de la cuota no parece relacionado con el precio de servicios ilegales específicos recibidos, sino con el resultado del negocio. Y esto convierte a quienes hayan recibido estas ganancias (al menos las cuotas más importantes) en socios clandestinos, no solo en vendedores de servicios específicos.

El socio clandestino puede ser reclutado antes de asumir el cargo. Adquiere una posición de interés que no revela y que oculta deliberadamente durante el tiempo en que ejerce funciones. Pero además presta su influencia en situaciones imposibles de relacionar con los fondos que ha percibido. Esto impide usar las reglas del cohecho, tal como están definidas, para sancionarlo. Pero no impide hacerlo por haber alterado la verdad en sus declaraciones tributarias y electorales, y por lavar las ganancias que obtuvo. Tampoco impide inhabilitarlo políticamente por haber escondido una situación objetiva de conflicto de intereses que traiciona la confianza depositada cuando se le encomendó el cargo.

En general, US$778 millones distribuidos clandestinamente en 12 países ponen en evidencia el despliegue de una maquinaria de lavado de ganancias sin precedentes en el hemisferio. El negocio perverso, cegado por su propio éxito temporal, ha estallado. Ahora nos queda ver cómo hace añicos los cuadros de alianzas temporales que constituyó.

Publicado en El Comercio el lunes 26 de diciembre de 2016

Entrevistas sobre el caso Lava Jato

El caso Lava Jato en Perú empieza a consolidarse con el reconocimiento del pago de sobornos por US$29 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de alto nivel. El ex procurador César Azabache analiza la situación y plantea algunas medidas de urgencia que deben realizar las autoridades peruanas.

Tras el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía ha dado a conocer una serie de diligencias que está adoptando…El Estado debe tomar acciones inmediatas, no necesariamente penales pero sí estrictamente civiles para asegurar los montos involucrados en esos actos de corrupción.

¿A qué se refiere?El Estado peruano debe asegurar la indemnización que debe recibir y la recuperación de los US$29 millones que están inmersos en prácticas de corrupción. Los sobornos tienen que ser devueltos al Perú.

En la práctica pareciera una diligencia inmediata, pero a veces en la teoría la figura se complica…Lo único necesario es saber cuáles son las cuentas que el Estado tiene en este momento con los consorcios de Odebrecht, qué ha formado, auspiciado o promovido, de manera que esos saldos por pagar puedan ser intervenidos sin necesidad de esperar a acopiar el conjunto de información que tiene que llegar, o los fiscales obtener, de las autoridades americanas y brasileras.

¿No cree que se tiene que cumplir con una serie de procedimientos? ¿La Fiscalía pedirá información a EE.UU. sobre el mencionado caso?Hay que asegurar la reparación patrimonial antes de que la información de EE.UU. y Brasil llegue. Los procedimientos en el Perú no se van a cerrar mientras toda la información sea recibida, pero no veo razones para que tengamos que esperar a que la información de los mencionados países llegue al país, entre 6 y 8 meses más para empezar a realizar las cosas básicas porque ya hay un reconocimiento muy claro.

Odebrecht se ha comprometido a colaborar con las pesquisas…Se debe aprovechar ese compromiso de la empresa en cuestión para obtener información. Tiene que haber un reconocimiento público de Odebrecht y eso tiene que traducirse en una revelación de información sobre los detalles de pagos que se han hecho y de las personas que han recibido.

Una información relevante…Se obtendría un material fuerte para poder realizar una segunda ronda de declaraciones y seguir con el interrogatorio. Todas las personas involucradas en el asunto y si es que no están involucradas que digan cómo pudo ocurrir sin que se dieran cuenta.

El ex fiscal Avelino Guillén considera que los US$29 millones no serían la única coima que se pagó a funcionarios peruanos…Probablemente ese monto no es la única cantidad. Hay indicios de que la suma es superior. Se tiene que seguir investigando.

La Fiscalía no ha descartado citar a los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo… 

Sin duda, hay una serie de personajes que tendrán que ser citados en la Fiscalía a consecuencia de estas revelaciones pero, por ahora, lo más inteligente es recopilar información y sobre base la base de ello empezar con el interrogatorio.

Ninguno de los ex mandatarios asume algún tipo de responsabilidad…Las declaraciones de las autoridades de más alto nivel serán necesarias porque se requiere el detalle de la información. Deben colaborar con la investigación no solo los ex presidentes sino también ex funcionarios y trabajadores de Odebrecht para que se pueda contrastar la información y seguir con las indagaciones.

El procurador anticorrupción, Amado Enco, considera que se deben suspender los proyectos de Odebrecht. ¿Qué opina al respecto?¿Para qué? Lo que se tiene que hacer es recuperar los US$29 millones y no paralizar las obras públicas. Al final, los precios se pueden reajustar y favorecer al Estado, debido a los actos de corrupción que se han suscitado.

Pero, ¿considera que una empresa que ha cometido presuntos actos de corrupción deba seguir operando…?El patrón de corrupción que se está revelando no es uno en el que Odebrecht haya vendido al Estado proyectos basura o activos chatarra a cambio de sobreprecios. Este es un esquema sumamente complejo en el que hay obras públicas útiles en marcha a las que, adicionalmente, les ha rondado un esquema de corrupción que alteró sus precios.

Algunas autoridades han cuestionado el papel de la Fiscalía porque consideran que actúa con lentitud…En lo absoluto. La dinámica en el Perú es distinta a la del extranjero. No se puede comparar. Este no es un caso en que se puedan hacer deducciones mecánicas. Las evidencias sobre sobornos no se encuentran en los contratos. Los sobornos se pagan por fuera.

El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, y Guillén consideran que el Congreso debe abstenerse de investigar el caso Lava Jato para no politizarlo…A veces las investigaciones del Congreso dan pocos resultados; hay que pedirles que no interfieran en la investigación del Ministerio Público.

Publicado en Perú21 el domingo 25 de diciembre de 2016

Entrevista en Canal N con Jaime de Althaus *

26 de diciembre de 2016

* En el minuto 6:52 dice "413 millones de dólares", debe decir "143 millones de dólares"

Caso Heredia

Reportaje de CNN del 1 de Noviembre de 2016

El retorno

LA INVESTIGACIÓN A NADINE HEREDIA Y LA ORDEN PARA QUE REGRESE AL PAÍS

Entrevista telefónica con Jaime Chincha del 25 de Noviembre de 2016

Entrevista en Primer Plano de Willax.tv del 28 de Noviembre de 2016

El retorno

La semana pasada la señora Nadine Heredia viajó a Ginebra sin anunciar fecha de retorno. Su viaje creó un clima altamente sugestivo, ambiguo al extremo y desafiante en varios aspectos. Viajó cómodamente, después de que las autoridades locales levantaron las restricciones que le impedían salir del país. El destino elegido fue Ginebra, no un lugar remoto o inaccesible. Y la razón, un contrato de trabajo con una entidad irreprochable como la FAO. Además, el viaje fue convenientemente rodeado de un silencio sin precedentes en quien siempre ha sido activa en redes. Se produjo pocos días después de que el juez Richard Concepción impusiera reglas de conducta a su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. Y estuvo acompañado de suficientes filtraciones para justificar cualquier sospecha y gatillar, como gatilló, un escándalo explosivo, sonoro, lleno de protestas.

Indignación comprensible, desde varios puntos de vista. Pero probablemente inapropiada. En todo caso, debimos reaccionar hace unas semanas, cuando las autoridades dejaron caducar las restricciones que impedían viajar al personaje principal de esta historia. Con ocasión al viaje, la defensa pidió, sugestivamente, que se delegara la vigilancia sobre la señora Heredia al consulado en Ginebra. Y la fiscalía pidió su detención. En el medio exacto, el juez Concepción rechazó ambos pedidos y ordenó que la señora Heredia regrese en diez días. Si lo que tanto nos indignó fue que viajara, entonces lo razonable era ordenar su retorno. Y esto se ha hecho. Cualquier observador imparcial, ajeno a las particularidades emocionales de nuestra comunidad, habría encontrado absurdo que se ordene algo distinto. 

Al final, estupendo ejercicio de equilibrio. Pero aún falta resolver un detalle. 

La orden de retorno al país quedaría  vacía de todo contenido si la fiscalía no hace pronto un cambio en sus planes. El fiscal Germán Juárez Atoche debe demostrar ahora que la presencia de Heredia es necesaria en Lima al extremo que su vigilancia no puede ser delegada a Ginebra. Hasta ahora, la fiscalía había relajado los controles sobre la señora Heredia en un aparente intento por obtener más tiempo para desarrollar la segunda parte de su investigación, que comenzó con la inclusión al procedimiento del ex presidente Humala. 

Expliquémonos: aunque no haya una regla legal que lo determine, cada orden de prisión y cada impedimento de salida tienen un efecto innegable sobre el tiempo del que dispone un fiscal para terminar una investigación. Para decirlo en una frase: “Los plazos son siempre más flexibles si nadie está en prisión”. Un caso legal es también un ejercicio de manejo del tiempo. Y si necesitamos un ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde esto de vista, observemos el caso de Gregorio Santos, liberado justo antes del juicio. Relajar las limitaciones impuestas a la señora Heredia para imponer nuevas al ex presidente Humala equivalía a anunciar un cambio temporal en el foco de atención de la investigación. Además concedía a la fiscalía una patente para tomarse algo más de tiempo antes de terminar las pesquisas. 

Ahora, con la orden de retorno ya librada, la fiscalía va a tener que recortar sus propios plazos, lanzar un nuevo rol de diligencias que vuelvan a poner la atención sobre la señora Heredia y anunciar públicamente cuándo espera estar lista para presentar acusación. 

Queda por resolver la cuestión de la FAO. La orden impartida el viernes 25 no implica que la señora Heredia deba renunciar a su nuevo puesto. Será incómodo instalarse en una posición como esta y tener que viajar continuamente a Lima. Pero este es un riesgo que ella y la FAO han asumido. Falta todavía ver cómo reaccionará la FAO a una acusación cuya preparación debe ser anunciada pronto. Y falta ver cómo reacciona si la señora Heredia, tomando la posta de las reacciones impulsivas, comete el enorme error de comenzar en el cargo desacatando una orden emitida por un juzgado que apenas ha dispuesto que se presente ante las autoridades en Lima, donde residía y era investigada antes de ser contratada. 

¿Volverá la señora Heredia? No creo que nadie en su sano juicio en el exterior le ofrezca protección diplomática solo porque las autoridades que la investigan le ordenan presentarse ante ellas. Menos si se obtienen nuevas evidencias.

Pero esperemos al siguiente movimiento de esta partida.

Publicado en el Comercio el lunes 28 de Noviembre de 2016

Seguridad y Poder Judicial

Seguridad y Poder Judicial

Cualquier revisión de datos sobre los recursos de los que disponen la policía y el INPE pone en evidencia que el sector reúne todos los elementos necesarios para ser considerado en emergencia. Pero estas líneas no buscan insistir en las razones por las que estamos en una situación semejante a una bancarrota. Estas líneas quieren que revisemos el modo en que organizamos la mesa que debe resolver estos problemas.

Los acuerdos sobre metas e inversión que es preciso adoptar en en este sector los deben tomar la Fiscalía de la Nación y los ministerios de Economía, Interior y Justicia. No encuentro asiento en esa mesa para el Poder Judicial. Al Poder Judicial no le toca intervenir en discusiones sobre políticas públicas de este tipo, ni siquiera en situaciones de emergencia. 

La Constitución requiere mantener la imparcialidad de los tribunales. Un tribunal deja de ser imparcial cuando se involucra cuando se involucra en las decisiones de planeamiento de otros órganos del Estado, si se compromete con metas -como elevar el promedio de detenidos que llegan a prisión- o prioriza el uso de las cárceles para delitos violentos. En un sistema que busca equilibrio, al Poder Judicial no le toca esto. Le toca fijar contrapesos a la acción pública, que es exactamente lo contrario. 

Los contrapesos judiciales funcionan limitando la actividad de las demás agencias públicas, fiscalías incluidas, caso por caso y conforme a reglas legales y constitucionales. Entonces la fiscalía y la policía pueden estar de acuerdo en desactivar los planes de toma violenta de carreteras antes que se ejecuten. Sobre esta base pueden definir planes de acción basados en casos legales. Si esto ocurre, los jueces deberán establecer, caso por caso, si las solicitudes que la fiscalía presente están suficientemente claras o no. Si no lo están, los jueces deben rechazar el pedido, aunque no nos guste. 

La cuestión consiste en impedir que los tribunales se conviertan en factores que multipliquen interferencias arbitrarias, burocráticas o incluso perversas. 

Este riesgo se previene convirtiendo a los jueces en magistrados visibles para la comunidad. Sólo la visibilidad puede reforzar la responsabilidad de los magistrados hasta el punto de prevenir decisiones absurdas, arbitrarias o caprichosas. Al mismo tiempo, la visibilidad puede reforzar la legitimidad de los magistrados hasta hacerla resistente a las críticas que origina toda decisión impopular. 

La visibilidad se obtiene: 1) municipalizando los juzgados, 2) haciendo accesibles a la comunidad todas las decisiones de jueces y tribunales, 3) concentrando los casos más graves en un solo distrito nacional y 4) limitando la cantidad de casos que debe recibir cada juzgado, cada tribunal y cada sala de la Corte Suprema. 

La meta urgente, entonces, es impregnar el sistema judicial de visibilidad. 

Publicado en Semana Económica el 27 de Noviembre de 2016 

Integridad

Más comentarios sobre la Comisión de Integridad.

Entrevista del 26 de octubre en la Hora N con Jaime de Althaus

Integridad

Comentarios sobre la Comisión Presidencial de Integridad.

Entrevista del 25 de octubre en Edición Tarde de RPP Noticias

Entrevista del 25 de octubre en Primer Plano de Wilax TV

Integridad

LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO

Integridad

El lanzamiento de la Comisión Presidencial de Integridad debe marcar un punto de no retorno en esta eterna lucha desarticulada –o a veces solo aparente– que mantenemos contra una corrupción que parece entrenada para corroernos inevitablemente. 

¿Qué aporta una comisión? Nada si solo se dedica a hacer estudios y diagnósticos o a consolidar las innumerables listas de planes y acciones acumuladas en los 16 años que han pasado desde que se lanzó la primera consigna anticorrupción, uno de los tantos ideales de la transición que no cuajaron en resultados sostenibles. Y mucho si en lugar de repetir experiencias fallidas, se encarga de generar una serie de pactos efectivos de contención de prácticas corruptas en cada sector de la actividad social y económica de nuestra comunidad.

¿Cuándo un pacto es efectivo? Cuando no se agota en declaraciones de principios y se proyecta hasta la implantación de mecanismos capaces de generar resultados susceptibles de medición. 

Necesitamos un pacto que justifique una renuncia colectiva a la protección extrema del secreto bancario. Un pacto que convierta en indebida la colecta de fondos no controlados con ocasión de las campañas políticas y que transparente las condiciones en que se concursan y ganan las licencias para obras públicas. Un pacto que resuelva el problema de las remuneraciones de la policía y elimine las sombras de sospecha que permanentemente se tejen sobre la manera en que esta interviene en casos legales.

Pero también necesitamos un pacto que establezca límites a la acción de los lobbies y a la gestión de intereses privados de las firmas legales. Un pacto que fije reglas claras que concentren la actividad de las agencias de investigación estatal de actos de corrupción en problemas reales (y no aparentes o solo sugestivos). Y necesitamos, por supuesto, un pacto que incremente visiblemente el margen de respaldo a iniciativas como el reforzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la extensión de los impedimentos para que personas condenadas por delitos dolosos graves no puedan volver a ejercer funciones públicas y la eliminación de límites como la prescripción para casos de sobornos y otros semejantes. 

Dentro de esta larga lista, desde mi punto de vista, el acuerdo más importante debe ser un pacto dirigido a impedir el pago impune de sobornos. El soborno es el núcleo esencial de la corrupción, su expresión más intensa, el modelo básico de lo prohibido. Pero si revisamos las principales estadísticas de nuestro sistema, notaremos que estamos más preocupados por investigar contratos públicos (sin duda un objetivo importante) que en investigar los sobornos que pueden esconderse detrás de ellos. Y esto crea una distorsión. Es como si, siendo el primer país exportador de cocaína, nos preocupáramos solo por los insumos (actividad sin duda importante) y no por el tráfico en sí mismo.

¿Qué tan difícil puede ser ponernos de acuerdo en financiar el equipamiento de una nueva policía anticorrupción y las ya existentes fiscalías anticorrupción de manera que puedan reaccionar inmediatamente ante casos de soborno como reaccionan la policía y la fiscalía antidrogas ante los actos de tráfico de estupefacientes? ¿Hemos notado que las fiscalías antidrogas pierden menos casos que las fiscalías anticorrupción? ¿No será porque las primeras tienen más recursos para intervenir en casos flagrantes que las segundas?

Pero claro, a una comisión como la de Integridad no le toca establecer los detalles con los que debería reorganizarse la política de persecución de delitos de corrupción. Para eso está el Ministerio Público, y su conducción está en uno de los mejores momentos, de modo que hacer virar el centro de atención del sistema no debería ser un problema. 

Lo que toca a la comisión es fijar las bases del acuerdo colectivo que debe sostener los objetivos y el volumen de asignación de recursos que un esfuerzo como este supone. 

La cuestión sobre los sobornos constituye una llave fuerte para dar un golpe de timón a la conducción del sistema. Encuentro en esto un factor más intenso y más útil que la propia concentración de las procuradurías en un solo organismo (idea, por cierto, nada mala). En este momento necesitamos ideas claras y sencillas. Concentrarnos en un foco visible de tráfico ilegal como son los sobornos me parece todavía más importante que otras cosas también importantes, como esperar que la contraloría multiplique sus revisiones sobre contratos públicos ya firmados.

Debemos grabar en piedra una idea eje: El soborno está verdaderamente prohibido. Sobornar debe tener consecuencias prácticas claras, concluyentes e ineludibles. Nos toca construirlas.

Publicado en el Comercio el lunes 24 de Octubre de 2016

Pizango

-¿Por qué considera errónea a la sentencia que absuelve a 52 nativos que participaron en el ‘Baguazo’ de 2009, donde murieron 12 efectivos policiales?

Los sucesos de violencia del ‘Ba­guazo’ tienen dos eventos sucesi­vos. El enfrentamiento en la Curva del Diablo, donde murieron 12 po­licías, y el secuestro y asesinato de otros nueve policías en la Estación 6 del oleoducto en Imacita, más un policía desaparecido. Sobre este segundo suceso se lo descri­be como una suerte de represalia ante el modo en que se abordó el incidente de la Curva del Diablo. Pero lo real es que ambos sucesos producen muertes en las fuerzas de seguridad en su intento de recuperar el orden. Más allá del juicio que se pueda hacer sobre la falta de trabajo de inteligencia en la reacción del Estado, hay 12 poli­cías muertos en la Curva del Dia­blo, y nueve policías secuestrados y asesinados, más un desapareci­do en la citada Estación 6.

-¿Considera que este secuestro y posterior muerte de nueve po­licías no ha sido visto con minu­ciosidad por la justicia?

Este segundo evento –en la esta­ción 6– impregna de sentido toda la historia en el modo en que se organizó la movilización y la can­tidad de violencia que se introdujo y se desplegó. En el repaso de la cronología de movilizaciones en la zona se observa incluso la uti­lización del secuestro como una constante. Esa variable no puede ser desconocida y la sentencia del 22 de septiembre la descono­ce. Hay un solo fragmento de las 400 páginas en que la sentencia menciona ligeramente que hay incidentes donde habrían muer­to varios policías, pero no regis­tra ni precisa cuántos y lo pone en supuesto o en condicional. Dice: en circunstancias “no esclarecidas”. Este es el evento que la sentencia pasa por alto como si fuera poco rele­vante, sin embargo es central.

-¿Qué es lo que más le parece inaceptable en este fallo?

La investigación ha tomado dos años, y en los dos años de debate se refleja claramente que no se puso ninguna atención a un even­to que, independien­temente de ser in­aceptable, se le señala en condicional como un supuesto, cuando es un hecho real sumamente violento. Pues se trata de nueve policías secuestrados y luego asesinados. La sentencia deja en claro que los organizadores de la movilización no tuvieron intención de evitar muertes y da a entender que los secuestros a trabajadores y fun­cionarios públicos son actos de protesta legítimos.

-¿Cómo ve la absolución de los 52 nativos? ¿Le parece justa la sentencia?

Hay que ver la revisión de este tema en dos partes. La parte de los homicidios, de modo que el despliegue de toda esta violencia marca el sentido con el que se organizó el even­to, y el tipo de responsabilidad que se debe exigir a quie­nes lo organiza­ron. Veo claro que intervenir en la movilización en la Curva del Diablo, por sí mismo, hace a una persona responsable de toda la gravedad de los suce­sos, desde el hecho de movilizar­se sobre una vía pública. Es muy probable que no sea injusta la ab­solución de los 52 nativos, pero la absolución de los dirigentes que estuvieron en ese grupo disperso es imperdonable.

-¿Cree que la actuación del señor Pizango como azuzador no tiene justificación para haber sido ab­suelto?

Lamento decirlo, pero no cabe justificación. Es más, en estas condiciones el señor Pizango y los demás dirigentes llevados a juicio debieron ser condenados. En un caso de este tipo, la única forma de organizar un evento violento y ser absuelto, es decir, no merecer ninguna condena por ello, supone un expediente muy complejo. Su­pone a un dirigente que organiza una movilización que, al mismo tiempo, adopta dispositivos ex­presos, objetivos, reconocibles como para contener la cantidad de violencia que se despliega. Un dirigente que convoca a una mo­vilización y advierte a los organi­zadores, a los asistentes y demás que no deben tener armas punzo­cortantes ni armas de fuego, sino que la movilización debe ser pací­fica... Pero invadir vías públicas y mucho más es de por sí un delito y fue lo que sucedió.

Culturalismos que no vienen al caso

“Es difícil entender que –sobre todo en un caso que trata sobre homici­dios– no se visibilicen los asesinatos de la Estación 6 del oleoducto de Imacita en Bagua; y que una senten­cia que discute una acusación tan seria como esta tenga casi la mitad del texto de las casi 400 páginas, meras reflexiones culturalistas so­bre los derechos de los pueblos in­dígenas, cuando este es un caso de homicidio. No es pues de variables culturales ni antropológicas”, reite­ra Azabache.

Publicado en Expreso el miércoles 28 de setiembre de 2016

No, señor Pizango

LA SENTENCIA QUE ABSOLVIÓ A LOS PROCESADOS EN EL CASO CURVA DEL DIABLO EN BAGUA

No, señor Pizango

No puedo entender cómo más de 40 años después de los debates sobre la masacre del fundo Huayanay y 35 años después de la masacre de Accomarca, todavía podemos equivocarnos tanto. 

Para comenzar no tiene sentido haber acumulado cargos contra 53 personas, muchas elegidas casi al azar, para llevarlas a juicio a la vez, como una muchedumbre no delimitada con precisión. Tampoco tiene sentido que el juicio se haya concentrado en la toma violenta de la carretera Fernando Belaunde, en el tramo denominado Curva del Diablo, que produjo la muerte de 12 policías, y que al mismo tiempo se haya hecho invisible el asesinato de otros nueve policías secuestrados en la estación 6 del oleoducto en Imacita. Si el primer hecho es grave, el segundo es aberrante. No puedo entender cómo un juicio que tomó dos años no fue interrumpido en algún momento para revisar en detalle las circunstancias de esos asesinatos.

Los hechos sin duda están conectados. Aparentemente en el imaginario de los autores del segundo crimen, el asesinato de los policías secuestrados en Imacita era algo así como una represalia a la violencia (la real y la imaginaria) desplegada por las autoridades en la represión de la toma de la Curva del Diablo. No haber reparado en la manera en que este segundo crimen carga de sentido el caso por completo muestra hasta qué punto la sentencia difundida el jueves 22 yerra.

El asesinato de la estación 6 y las muertes en la Curva del Diablo son crímenes reprochables al menos por la enorme irresponsabilidad con que los organizadores de la movilización (el principal de ellos el señor Pizango) desplegaron y promovieron el uso de la violencia física directa como si fuera una forma de lenguaje social reivindicativo.

No lo es. La violencia física directa es sencillamente el fundamento de una larga lista de crímenes posibles, en este caso, cometidos. Desatarla promoviendo su uso multitudinario hace al organizador responsable. Y el tribunal ha pasado esta regla por alto, en medio de un texto cargado de un culturalismo totalmente fuera de lugar en un caso sobre homicidios. Quienes organizan un evento especialmente violento, por el solo hecho de organizarlo, son responsables de las consecuencias extremas que ocasionan, siempre que pueda demostrarse que eran previsibles y les fueron indiferentes. 

Cuando alguien lanza ácido o una roca sobre un campo vacío tiene la obligación de evitar que se ocasionen daños que no pueda controlar. Imaginen cuánta responsabilidad tiene si en el lugar en que lanza el ácido o la roca hay una escuela de niños, un hospital o una comisaría. Quien distribuye materiales de este tipo es tan responsable por las muertes que ocasiona como quienes lo emplean, incluso aunque estos últimos no puedan ser identificados personalmente. ¿Cuál es la diferencia si el organizador de movilizaciones masivas admite el secuestro como instrumento? 

La mezcla de los sucesos de la curva con los asesinatos ha hecho que todos, también el tribunal, pierdan de vista la especificidad de cada evento. No estamos hablando de un caso de muertes provocadas en un enfrentamiento. Se trata de asesinatos representados como una represalia y eso es enteramente distinto.

Pertenezcan a la comunidad intermedia a la que pertenezcan (el señor Pizango es un importante dirigente nativo) y hayan enfrentado el nivel de represión y abuso histórico que hayan enfrentado, quienes deciden organizar reacciones violentas a escala masiva son responsables por sus consecuencias, cualquiera que sea la entidad autora de los abusos que hayan padecido.

Cuando alguien organiza un despliegue de violencia como el que contienen los sucesos de junio del 2009 solo puede exonerarse de responsabilidad por las consecuencias si prueba, y sin duda le toca probar, que también desplegó esfuerzos serios y consistentes por imponer verdaderos límites a las personas que movilizó. Difícil cirugía, por cierto, desplegar violencia e intentar contenerla al mismo tiempo. Pero no es imposible. Sin embargo, no encuentro en la sentencia que la defensa del señor Pizango haya hecho el menor esfuerzo por probar que al organizar el evento se haya adoptado alguna previsión seria para impedir que la violencia se desborde. En estas condiciones, concluyo, el señor Pizango y los demás dirigentes llevados a juicio debieron ser condenados.

Publicado en El Comercio el lunes 26 de setiembre de 2016