Seguridad y Poder Judicial
Cualquier revisión de datos sobre los recursos de los que disponen la policía y el INPE pone en evidencia que el sector reúne todos los elementos necesarios para ser considerado en emergencia. Pero estas líneas no buscan insistir en las razones por las que estamos en una situación semejante a una bancarrota. Estas líneas quieren que revisemos el modo en que organizamos la mesa que debe resolver estos problemas.
Los acuerdos sobre metas e inversión que es preciso adoptar en en este sector los deben tomar la Fiscalía de la Nación y los ministerios de Economía, Interior y Justicia. No encuentro asiento en esa mesa para el Poder Judicial. Al Poder Judicial no le toca intervenir en discusiones sobre políticas públicas de este tipo, ni siquiera en situaciones de emergencia.
La Constitución requiere mantener la imparcialidad de los tribunales. Un tribunal deja de ser imparcial cuando se involucra cuando se involucra en las decisiones de planeamiento de otros órganos del Estado, si se compromete con metas -como elevar el promedio de detenidos que llegan a prisión- o prioriza el uso de las cárceles para delitos violentos. En un sistema que busca equilibrio, al Poder Judicial no le toca esto. Le toca fijar contrapesos a la acción pública, que es exactamente lo contrario.
Los contrapesos judiciales funcionan limitando la actividad de las demás agencias públicas, fiscalías incluidas, caso por caso y conforme a reglas legales y constitucionales. Entonces la fiscalía y la policía pueden estar de acuerdo en desactivar los planes de toma violenta de carreteras antes que se ejecuten. Sobre esta base pueden definir planes de acción basados en casos legales. Si esto ocurre, los jueces deberán establecer, caso por caso, si las solicitudes que la fiscalía presente están suficientemente claras o no. Si no lo están, los jueces deben rechazar el pedido, aunque no nos guste.
La cuestión consiste en impedir que los tribunales se conviertan en factores que multipliquen interferencias arbitrarias, burocráticas o incluso perversas.
Este riesgo se previene convirtiendo a los jueces en magistrados visibles para la comunidad. Sólo la visibilidad puede reforzar la responsabilidad de los magistrados hasta el punto de prevenir decisiones absurdas, arbitrarias o caprichosas. Al mismo tiempo, la visibilidad puede reforzar la legitimidad de los magistrados hasta hacerla resistente a las críticas que origina toda decisión impopular.
La visibilidad se obtiene: 1) municipalizando los juzgados, 2) haciendo accesibles a la comunidad todas las decisiones de jueces y tribunales, 3) concentrando los casos más graves en un solo distrito nacional y 4) limitando la cantidad de casos que debe recibir cada juzgado, cada tribunal y cada sala de la Corte Suprema.
La meta urgente, entonces, es impregnar el sistema judicial de visibilidad.
Publicado en Semana Económica el 27 de Noviembre de 2016
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