LAS RESPONSABILIDADES QUE OLLANTA HUMALA
ASUME SOBRE EL CONTENIDO DE LAS AGENDAS
Debe
ser cierto
Por
César Azabache
En determinadas condiciones, el comportamiento
irracional se convierte en algo absolutamente convincente. Por eso, tiendo a
pensar que el presidente Ollanta Humala dice la verdad cuando se reconoce el
responsable por el contenido de las agendas ya reconocidas como propias por su
esposa, Nadine Heredia.
De hecho, esta declaración no ayuda a nadie, ni a
la defensa de la señora Heredia ni a la de su entorno. Al contrario, con estas
afirmaciones el presidente acaba de confirmar los cargos contra su esposa y de
crear un caso legal que antes no existía: el suyo propio.
Revisemos las consecuencias. Quien admite ser
responsable por determinados hechos puede confirmarlos si su declaración es
creíble, pero no adquiere el derecho a determinar las consecuencias de su
propio reconocimiento.
Por supuesto, no adquiere el derecho a canjear su
confesión por la exoneración de otros. Menos con una admisión parcial y tardía.
Entonces, el caso contra la señora Heredia no se detendrá por esto.
Al contrario, el reconocimiento de responsabilidad
del presidente confirma que las agendas contienen referencias a fondos que la
cúpula del nacionalismo ha manejado. Asimismo decisiones adoptadas de manera
consciente y compartida sobre el modo de asignarlos a determinados fines.
Además, la evidencia indica que los fondos han sido
asignados en algún porcentaje al sostenimiento de gastos personales, en algún
otro (no está claro cuánto) al sostenimiento de gastos políticos y en alguno
(esto parece ser lo nuevo, a partir de las conclusiones de fiscalización) a
formar fondo de reserva, sin declaraciones a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) ni a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) de por medio y con varias simulaciones en el
camino.
En estas condiciones, ya estamos ante un caso legal
en forma. Y el caso ya es grave, pero puede serlo más si los saldos obtenidos
en estos procesos han sido encubiertos para esconderlos o reinvertirlos, o si
han sido mantenidos fuera del sistema para obtener ganancias adicionales en
negocios ilícitos, como la explotación clandestina de minerales.
La evidencia reunida parece seguir, todavía, lejos
de esto. Sin embargo, las cosas pueden cambiar de manera dramática en poco
tiempo. Y cambiarían más drásticamente si resultara (espero que esto no ocurra)
que los fondos o parte de los fondos se originaron en negocios visiblemente
clandestinos.
Siempre pensé que este no era un caso sobre lavado
de activos. Los hallazgos recientes no me han llevado a cambiar de opinión aún,
pero me dejan ver que nuevas investigaciones y más hechos pueden cambiar el eje
de las cosas.
Así, creo que sería recomendable que el presidente
y su esposa consideraran optar por el camino más corto y útil
institucionalmente que el sistema legal ofrece para este tipo de
circunstancias. Es decir, clausurar la escena plagada de incertidumbres que
ahora tenemos con un acuerdo con la fiscalía que despeje toda duda y, a base de
un reconocimiento conjunto de las responsabilidades que ya parece inevitable
reconocer, pongan punto final a una historia que parece conducir al despeñadero
de un juicio extenso y desgastante.
Un juicio para llegar al mismo lugar o a uno peor
parece innecesario.
Publicado en El Comercio el lunes 25 de abril del 2016
