Para continuar con la agenda de nuestra aún desordenada versión del caso Lava Jato toca que las nuevas Procuradoras Ad Hoc, las Doctoras Ampuero y Meza, presenten sus planes de trabajo.
A diferencia de la Fiscalía, la Procuraduría no trabaja con delaciones premiadas ni con evidencias reservadas, sino con información pública que proviene de los archivos del Estado y se refiere a los activos, créditos, de derechos y expectativas de quienes fueron sus proveedores. Esta información, que a estas alturas debe estar ya compilada, tendría que ser usada como fundamento de las medidas y procedimientos a emplearse para asegurar que Odebrecht pague la reparación de los daños que haya producido en el marco de los sobornos ya reconocidos.
Aquí entonces no hay espacio para reservas ni para más dilaciones. Hemos esperado todo el mes de enero a tener el plan del Ejecutivo para este caso. Hemos entendido que intentar rescatar el gasoducto, una inversión de US$ 4,000 millones valía la pena aunque haya salido mal. Hemos entendido que los anuncios sobre el uso de fideicomisos para que Odebrecht “no se lleve un centavo” han sido un buen comienzo (aunque el Presidente haya llegado a sostener que Odebrecht debía dejar “la parte que toca a las reparaciones” que no es lo mismo).
Pero además hay un desafío que no se puede pasar por alto y que va a permitir medir la efectividad con que se aborde el plan. A diferencia de lo que ocurrió a principios de este siglo, las Procuradurías ahora están trabajando con casos de corrupción que, a excepción del Metro de Lima, afectan negocios en marcha. No es lo mismo intervenir negocios ya cerrados y ejecutados, como las compras de los aviones rusos del 98, que intervenir en proyectos en plena ejecución como Olmos, Chavimochic o las propias IIRSA. De hecho, encontramos ejemplos claros de lo que no debe hacerse si miramos las consecuencias económicas de la intervención masiva en proyectos dirigidos por gobiernos regionales de mediados del 2,014, o, más claro aún, si miramos las consecuencias de la intervención sobre la construcción de la Vía Expresa de la avenida Faucett de noviembre del 2,007.
Una intervención legal está sin duda plenamente justificada en casos de este tipo, pero las consecuencias económicas que produzca deben ser calculadas con precisión, porque en caso contrario puede tener resultados contraproducentes, y terminar causando un daño mayor al que se pretende resarcir.
Y por supuesto, bajo ningún punto de vista las consecuencias económicas de estas intervenciones pueden ser un pretexto para que Odebrecht gane un sólo dólar por las prácticas de corrupción que ha probado haber desplegado en el Perú.
Los daños a resarcir
La Contraloría ha estimado en US$ 283 millones los daños producidos por Odebrecht, pero empleando un período más extenso que el que corresponde al caso (si nos centramos en el período 2,005/ 2,014 la estimación parece reducirse a US$ 272 millones) y sin especificar si sus números son definitivos o no. Los daños que ha presentado al Congreso no incluyen una estimación de daños relacionada con la Línea 2 del Metro ni incluyen estimaciones claras sobre daños asociados a la construcción de las IIRSA.
A estas alturas de las discusiones debería haber quedado claro para todos que las diferencias entre los valores provisionales o referenciales empleados a la firma de los contratos de este ciclo y los valores finales no construyen un indicador de sobre costos ni de perjuicios, sino el resultado de una pésima manera de contratar sobre supuestos no confirmados, que fue ya comentada en extenso por la Contraloría en un documentado informe publicado en julio del 2,015. Las estimaciones sobre daños deben apoyarse entonces en cálculos específicos. Y siempre es posible que contratos obtenidos a partir de sobornos, como las IIRSA, no hayan causado daños específicos en su ejecución. Pues bien, considerando esto, los números de la Contraloría (US$ 272 millones) están fuertemente concentrados en un solo caso (Línea 1 del Metro, con US$ 111.30 millones). Si esa es la referencia, entonces las nuevas Procuradoras deben explicarnos cómo planean emplearla.
El gasoducto y los activos
Por lo que toca al Gasoducto, sobre el que aún no se revela ningún soborno, la Contraloría ha reportado daños por US$ 136 millones. Pero antes que acabe enero el Ejecutivo ha resuelto el contrato no por causa de corrupción, sino porque la concesión no logró cerrar su plan de financiamiento. Por este incumplimiento el Ejecutivo ha ejecutado una carta fianza por US$ 260 millones, y al ejecutarla, ha activado un complejo cronograma que concede a la concesión (por tanto también a Odebrecht, que es una de las socias de la concesión) expectativas de recuperación sobre las inversiones que se hicieron mientras el contrato estuvo en vigencia. En este punto la Procuraduría Ad Hoc deberá explicarnos cómo entienden que se relaciona (si es que tiene alguna relación) la ejecución de la carta fianza con las responsabilidades que Odebrecht debe asumir, y cómo se evitará en este caso que los derechos de Odebrecht (de Odebrecht específicamente, no de la concesión que lidera) deben afectarse para reparar los daños causados.
La regla es muy simple: Si una persona me atropella conduciendo su auto y me causa lesiones, no responde sólo con el valor del vehículo que conducía al atropellarme. Responde con todo su patrimonio. Por eso los activos enteros de Odebrecht están expuestos, no sólo los derechos relacionados a cada proyecto contaminado. Y en la relación de activos de Odebrecht están además sus derechos sobre la venta de Olmos (actualmente a la espera de aprobación por el gobierno de Lambayeque), sus derechos sobre el proyecto Chavimochic (a la espera de un certificado de bancabilidad que debe emitir el Ejecutivo -o no- y de la aprobación de una nueva adenda) y Chaclla, una Hidroeléctrica que le pertenece, pero que no puede operar sin licencia del Estado.
Los procesos judiciales
Pero además la Procuraduría debe explicarnos cómo actuarán en los tres principales procesos que ya están en marcha: Gasoducto del Sur (sobre el que aún no hay información de soborno alguno, pero sí una teoría sobre daños que alcanza los US$ 136 millones y una fianza por US$ 260 millones ejecutada); IIRSA (con US$ 20 millones en sobornos documentados y ninguna teoría clara sobre daños) y Metro (con US$ 8.1 millones en sobornos también documentados y US$ 111.30 millones en perjuicios alegados por la Contraloría).
Las nuevas Procuradoras han anticipado que no negociarán con Odebrecht. No queda claro aún si el anuncio significa que todas las garantías que deben obtener serán promovidas a través de decisiones judiciales. Pero en este caso deberán obtener decisiones parciales conforme a las estimaciones de perjuicios que corresponden a cada caso.
Palabras finales
Esperamos el plan con muchísimas expectativas. Y por cierto esperamos que su contenido tenga tanta claridad que permita que, en adelante, los abogados independientes pasemos a ocupamos de lo que nos toca en esta historia: Ejercer la defensa de los casos que sea necesaria o que corresponda defender y mantener abierta la discusión sobre los límites y los excesos que aparezcan en el camino. Nuestro papel no debería ser por cierto decirle al Ejecutivo qué debe hacer sino consolidar los inevitables y necesarios contrapesos que es preciso mantener en historias como la que comienza ahora a desplegarse ante nosotros.
Entrevista en "La Hora N" con Jaime de Althaus, 8 de febrero de 2017
