lunes, 27 de julio de 2015

Para detener la erosión



REFORMAS PENDIENTES

Para detener la erosión

Por César Azabache Caracciolo

Algo está cambiando muy rápidamente entre nosotros. Ese algo se está expresando en una ebullición sin precedentes de denuncias e investigaciones sobre asuntos que antes resultaban invisibles o simplemente no queríamos mirar. La expansión del mercado produce cambios en el modo en que se valora la conducta de los demás. La desaceleración y la apertura de la sociedad a informaciones de todo tipo también. En cualquier caso, el sistema de circulación de dinero entre los sectores público y privado está en cuestión. Y su crisis debe reflejarse, más temprano que tarde, en cambios drásticos en el financiamiento (público) de proyectos de infraestructura y en el financiamiento (privado) de actividades políticas.

El proceso ha generado una lista larga de casos que se postulan como muestra de la corrupción que ha impregnado estos dos sectores. Sin duda no todos los casos propuestos merecen este estatuto y no todos los casos que lo merezcan terminarán igual. En el camino pueden modificarse los roles asignados o asumidos por cada protagonista; pueden modificarse las narraciones que portan y pueden modificarse las reglas de juego o nuestra percepción sobre los hechos. En cualquier caso la cuestión por resolver en esta crisis no depende solo de los casos propuestos. La cuestión supone abordar la reforma de los circuitos de circulación de dinero que están en discusión de modo que el proceso pueda adoptar una dimensión institucional constructiva, independiente del efecto que en un tiempo más comenzarán a producir absoluciones y condenas.

El proceso en marcha debería modificar, para bien, la función de los límites que deben respetarse en el uso del dinero cuando se trata de política y de decisiones públicas sobre infraestructura. En el primero de estos sectores hemos ignorado que la dedicación a la política y la adhesión que ella debe generar en otros son fuente de un complejo sistema de intercambio de bienes y servicios. El principal factor de regulación del mercado formal son los impuestos. Pero como la actividad política no genera precios de mercado ni márgenes de ganancia (al menos no márgenes reconocidos), los impuestos (y el control de ingresos que conlleva) han permanecido al margen del sistema. Una manera de introducir el control de los intercambios en la política consiste en convertir las donaciones a organizaciones políticas en un componente del gasto deducible para fines tributarios. La otra consiste en promover el desarrollo de fundaciones que intermedien entre donantes y perceptores de donaciones, evitando el falso mecenazgo.

El financiamiento de obras públicas genera la segunda cuestión por resolver. Aprendimos ya que las empresas públicas no son una opción por diversas razones. Pero la asignación de proyectos por concurso se ha mostrado insuficiente para evitar la corrupción en este sector. Creo que es momento de cerrar las listas de proveedores a un sistema controlado por una superintendencia que tenga facultades de fiscalización semejantes a las que rigen en el sistema financiero. La vulnerabilidad de nuestro sistema a fondos de origen incierto es demasiado grande para no pensar en opciones de este tipo.


Confiar en que los tribunales se encargarán de los casos ahora en marcha y concentrarnos en un debate verdaderamente constructivo sobre el sentido de las reformas que debemos abordar, parecen ser condiciones indispensables para recuperar la estabilidad institucional que estamos poniendo en riesgo.

sábado, 11 de julio de 2015

Entrevista en La Hora N sobre demanda de hábeas corpus de Alberto Fujimori


La noche del jueves 9 de julio, el programa La Hora N, conducido por Jaime de Althaus, entrevistó al Dr. César Azabache sobre la demanda de hábeas corpus de Alberto Fujimori para anular su sentencia de 25 años por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos porque el juez San Martín no había actuado con parcialidad.

“Desde que la pena contra Fujimori se dictó, ha habido por los menos cinco intentos registrados, de producir cambios o nulidades, sobre más o menos el mismo eje de razones, y todos estos han sido rechazados por tribunales. Si hay alguien con ideas distintas sobre interpretar leyes penales a las que tiene el juez San Martín es el juez Villa Stein y sin embargo, también la Sala Permanente ha desestimado este tipo de pedidos”, indicó Azabache.

Azabache explicó que la demanda se sustenta en correos electrónicos del juez San Martín de origen no establecido que aparecieron el año 2010. “Se está lanzando al mercado una señal que estimula la circulación de correos robados o producto de espionaje”, señaló Azabache.

“Los casos legales no se pueden discutir en función a productos de espionaje de ningún tipo, ni correos tuyos, ni míos, ni de San Martín, porque la regla principal en este asunto está en que el sistema legal no puede depender, menos en asuntos de esta envergadura, en productos de crímenes como las interceptaciones telefónicas implican”, agregó Azabache, quien también cree que la pena de 25 años es excesiva

jueves, 9 de julio de 2015

César Azabache: Fallo sobre Chavín de Huántar demuestra que la Corte IDH no es el monstruo que nos pintaron

Entrevista a César Azabache realizada por Alejandro Castro Backus

Editor general de LaMula.pe

Leer el comportamiento de un tribunal en base a prejuicios es un mal negocio. Esa es la principal conclusión a la que llegó el abogado César Azabache sobre el caso del emerretista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, 'Tito',  versus el Estado peruano.

"La Corte Interamericana ha demostrado que es un tribunal de verdad", nos dice en su oficina, donde lo buscamos para conocer su opinión sobre el fallo que pide investigar la muerte de 'Tito' y concluye que no hay razones suficientes para pensar que otros dos emerretistas, Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza, hayan sido abatidos fuera del enfrentamiento ocurrido durante la operación militar que puso fin al cautiverio de 72 rehenes, tras 126 días en manos de miembros del MRTA  en la residencia del embajador de Japón en Lima, en 1997.

Porque si hay alguien que conoce bien este proceso es él: fue agente del Estado peruano ante la Corte de San José en los albores de este caso.

Azabache sostiene que para esclarecer la muerte de 'Tito' hay un nombre clave: el coronel (r) José Zamudio, un exoficial de la Policía Nacional del SIN de Vladimiro Montesinos. Para empezar a cumplir el mandato de la Corte, el Estado debe primero ubicarlo y luego ponerlo en manos de la justicia.

¿Cuáles son sus impresiones del fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Cruz Sánchez versus el Estado peruano?
En su decisión, la Corte concluye que no hay razones para pensar que Peceros Pedraza y Meléndez Cueva hayan sido abatidos fuera del conflicto, y reconoce que un conflicto de la intensidad del de la embajada puede producir decesos que no son susceptibles a ser vistos bajo las reglas de violaciones a derechos humanos, es decir, la parte más dura del caso está resuelta a favor del Estado.

¿Y el otro extremo del fallo, el de Cruz Sánchez?
Ese extremo de la sentencia no se refiere a los comandos, se refiere a las intervenciones post recuperación de la embajada y fueron la base desde el primer día sobre los que se organizaron los cargos contra una persona en especial, que era el coronel Zamudio, jefe del grupo Júpiter del SIN. Esa parte de la sentencia de la Corte Interamericana es la misma que subsiste en la sentencia del tribunal ordinario y de la Corte Suprema, de modo que es una sentencia que dice que hay incógnitas no resueltas, como las condiciones en que se produjo el deceso de Cruz Sánchez en concreto, no contiene ningún juicio negativo contra el operativo.

Si el escenario que plantea la Corte IDH es el mismo que planteaba la decisión que emitió el Poder Judicial peruano, ¿qué posibilidades hay de que los comandos Chavín de Huántar vuelvan a ser investigados?
Ninguna. Este no ha sido un caso contra los comandos, es un caso sobre las condiciones en que murió Cruz Sánchez. La falta de claridad con que tocamos la muerte de Peceros Pedraza y Meléndez Cueva desde el principio es una de las grandes fuentes de confusión que se han arrastrado a los largo de todos estos años. De hecho, el tema de los comandos fue el gran factor disociador, creo que no está totalmente claro entre nosotros que el operativo y la historia legal de los comandos con este caso no tiene conexión con la investigación sobre el deceso de 'Tito' y la fuga del coronel Zamudio, quien es el que no ha estado presente en el procedimiento y no nos ha explicado qué cosa es lo que puede haber pasado. Ese el cabo que está pendiente, no tiene nada que ver con los comandos.

¿Por qué entonces cree que el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, dice que el Gobierno  ha hecho una defensa sin precedentes de los comandos en este caso? ¿Qué pretende con ello?
Quiero pensar que el ministro, que además estuvo involucrado en este caso como procurador del Ministerio de Defensa, está tratando de expresar el respaldo que la sociedad y el Estado le deben a los comandos en un entorno en que la preocupación por la suerte de estos ha existido, pero no creo que una declaración de ese tipo tenga más alcance que ese. Ahora, investigar las condiciones en que Cruz Sánchez pueda haber sido abatido, ni es una tarea compleja ni tiene porqué ser sobredimensionada. La escena es muy clara y se delimita a un momento posterior a la conclusión de la recuperación de la embajada. Cruz Sánchez se había 'colado' entre los rescatados, se 'disfrazó' como uno de ellos, pero es identificado y es devuelto al equipo que Zamudio dirigía después de la recuperación de la embajada. ¿Qué ocurrió luego? ¿Por qué 'Tito' tenía un tiro que provocó esta investigación? ¿Por qué su cuerpo estaba fuera del área de enfrentamiento? ¿por qué murió luego de que combate había acabado? Esas son cosas que justifican una investigación, que deben tener explicación, pero sobre las que no hemos tenido ninguna versión en 18 años, eso es lo produce esa suerte de entrampamiento. Es incómodo que el Estado no pueda dar cuenta del destino final de personas como Zamudio que tendrían que responder sobre este tema, que provocó un falso riesgo sobre muchos agentes de la Marina y el Ejército que no debían haber padecido las consecuencias de esta historia sin aclarar en todo este tiempo.

¿Quién o quiénes son los principales responsables en toda esta historia?
No entiendo por qué el señor Zamudio no se presenta y nos cuenta toda su historia. Algunas veces, en mesas o conferencia hice el ejercicio de preguntar a alumnos de Derecho cuál sería la máxima sanción posible si es que fuera cierto que Zamudio estuvo involucrado en las circunstancias post evento en las que muere Cruz Sánchez, y las conclusiones son seis años o cuatro años. La posibilidad de que el deceso de Cruz Sánchez corresponda a un exceso de un operativo militar conduce a un caso legal de intensidad mediana, de modo que no haber asumido el procedimiento que se debió asumir sobre el coronel Zamudio y sus subordinados desde el principio, nos  costó todo esto, habría sido mucho más sencillo aclarar las condiciones en que ocurrió este deceso desde el primer día, no entrampar los juicios y generar un caso ante la corte IDH que solo se explica porque nunca pudimos dar una respuesta a esta escena.

¿Ya con el caso en la Corte Interamericana, la defensa jurídica del Estado fue la adecuada? ¿Por qué le cuesta al Estado aceptar las circunstancias en que murió 'Tito', si ya internamente habían dos sentencias judiciales en ese sentido?
Yo la frase la cambiaría. Yo diría, ¿por qué es tan difícil aceptar un caso que merece una discusión? Creo que el problema es que no se comprende de qué se tratan estos casos internacionales. Y es probable que algunos resultados desfavorables, y algunos inexplicables como del caso del penal Castro Castro, hayan afectado mucho nuestra posibilidad de poder relacionarnos de manera adecuada con la jurisdicción internacional. Rescato la enorme coincidencia de contenido entre los fallos de la Corte Suprema y el de la Corte Internacional. Eso muestra que estamos ante un tribual en forma, es una prueba de que nuestros propios tribunales merecen la comparación. Fuera de eso, creo que tenemos una cuestión interna por terminar de resolver, que pasa por aclarar y reforzar los términos de solidaridad con los oficiales que expusieron su vida en ese rescate. Creo que no es necesario confundir la cosas para expresar esa solidaridad.

¿Fue correcta la lectura oficial que ha habido sobre este fallo? ¿Es un triunfo de este gobierno como se nos dice?
Creo que no es el triunfo de alguien en particular, es básicamente el triunfo del último tramo en que se asumió el procedimiento judicial por nuestros tribunales. Lo más importante para mí es confirmar de qué manera el fallo de un tribunal como la Corte Interamericana coincide y respeta la solvencia de la justicia local. La Corte dice prácticamente lo mismo que el tribunal de Carmen Rojjasi y la Corte Suprema dijeron al concluir el proceso. La sentencia no tiene una sola crítica a la forma en que esos dos tribunales locales se pronunciaron, y hay muchas sobre el modo al que, innecesariamente accidentado, el Estado peruano manejó el caso en este último tramo.

Llama la atención la insistencia en que voceros del gobierno y el propio presidente Humala decían que se ponía en entredicho a los comandos y a la operación ¿Qué hay detrás de todo eso?
Eso fue un gran error. Ahí es donde yo creo que tenemos confusiones por resolver, en la forma en que encaramos la solidaridad con los comandos.

¿Es solo una confusión o hay un tema político detrás?
No sé si la palabra político sea muy grande. Creo que junto a esa confusión, hay una necesidad desbordada de confirmar que protegemos a personas que no estaban expuestas, también hay errores serios en la percepción de lo que significa una Corte de Derechos Humanos. Nos hemos 'sobreideologizado' en nuestro modo de abordar el sistema interamericano. Tenemos un problema no resuelto sobre cómo percibimos las cuestiones de derechos humanos. Todavía creemos que esa cuestiones se resuelven con un eje que divide a los pro y anti, entre polos opuestos que tienen opiniones irreconciliables sobre, por ejemplo, las conclusiones del informe de la CVR. Creo que esta sentencia muestra que esa forma binaria se abordar este tipo de temas no corresponde ni a la realidad ni a una manera adulta de encarar desafíos que comprometen las cuestiones relativas a derechos humanos.

¿Cuál sería su lectura del fallo y de la Corte IDH?
Esta corte Interamericana ha demostrado que no es una reproducción del modo en el que, por ejemplo, la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) abordó este caso. Hay una distancia infinita, entre lo que las ONG y la propia comisión pueden hacer con este tipo de asuntos y lo que a corte es capaz de decir. Creo que la mejor muestra de imparcialidad y profesionalismo de esta corte esta expresada en esta sentencia, como lo expresó en su día la sentencia del caso Berenson. El fallo demuestra que esto de tratar de calcular lo que Corte va decir sobre la base de prejuicios solo lleve a enormes dislates, a tremendas confusiones que luego provocan dificultades para acomodar el discurso. Hay varias cosas que creo se han dicho en esta historia que han sido innecesarias. Hay temores que se han difundido y han perturbado el modo de comprender las cosas.

¿Cómo calmar el griterío que hay en contra de la Corte Interamericana?
Esta sentencia nos debe ensañar que la Corte no es ese monstruo que nos han pintado. Si la corte fuera todo eso que se dice de ella pues tendríamos una reproducción en esta sentencia de la cadena de confusiones que la Comisión Interamericana tenía en la demanda. Cuando la comisión presentó este caso decía que el operativo entero de rescate estaba afectado por un defecto en el planeamiento. La Comisión pretendía que en el diseño del operativo tenía que haber dispositivos que permitan que los terroristas que habían tomado la residencia sean arrestados y se les conduzca a calabozos ordinarios. Eso era no entender en absoluto de qué se trataba una operación militar de esta envergadura. La Corte tomó una distancia absoluta de ese enfoque, ha descartado toda esta teoría gruesa que la Comisión planteaba, según la cual los comandos tenían que entrar prácticamente con las manos amarradas y luego esposar a los emerretistas. Esa distancia nos debería empezar a enseñar mucho, porque no la estamos viendo. Creo que muchas de las personas que pretendían hacernos creer que esto era blanco o negro, es decir, o se ganaba todo o se perdía todo, deben empezar a notar que se equivocaron, que el sistema funciona de otra manera y que no se le puede predecir en base a prejuicios.

Si hubiera seguido a cargo de la defensa jurídica del Estado, ¿habría hecho algo distinto a lo que se hizo?
Esa una pregunta que no querría contestar, creo que he dejado en claro qué pienso de este caso. Insisto, lo que quiero resaltar ahora es el modo en que esta sentencia valida el desempeño de los tribunales peruanos, que han dicho lo mismo que la Corte Interamericana, con algunos matices, pero el resultado del juicio interamericano es el mismo que se produjo aquí.

Como Estado, ¿debemos continuar y fortalecer el sistema interamericano o, como piden algunos sectores políticos, retirarnos?
Retirarnos de un espacio que es capaz de ratificar el carácter ejemplar de un un operativo como el de Chavín de Huántar, no parece ser sensato. Este caso demuestra que el sistema judicial peruano es capaz de reconocer las cosas correctas más allá de las distorsiones que el propio Estado imponga, yo estoy seguro que los que más criticaron al sistema interamericano, sobre todo los que más lo criticaron todo este tiempo, pueden prever que el sistema puede diferenciar cosas complejas como la Corte lo acaba de hacer. Eso nos enseña a todos que este sistema sí funciona y que sí podemos creer en él, y lo que es más importante, que si dejamos de lado nuestros prejuicios, sí vamos a poder calcular totalmente sus resultados. A lo tenemos que entrar es a una revisión profunda sobre qué estamos haciendo cuando enfrentamos un caso de derechos humanos, eso es lo que hay que hacer ahora.




miércoles, 1 de julio de 2015

Entrevista en La Hora N sobre el fallo del Caso Chavín de Huantar


La noche del martes 30 de junio, el programa La Hora N entrevistó al Dr. César Azabache sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al Caso Cruz Sánchez y si afecta o no a los comandos Chavín de Huántar.

jueves, 25 de junio de 2015

Entrevista en Redes y Poder sobre el caso Nadine Heredia


El Dr. Azabache fue entrevistado el martes 23 en el programa Redes y Poder de Willax TV, conducido por Alfonso Baella, sobre el caso Nadine Heredia y el financiamiento de los partidos políticos.

Para Azabache, el comportamiento de la primera dama Nadine Heredia comprueba que existe una situación de vulnerabilidad.

“Lo peor que puede pasar a nivel de partidos políticos es que permite, y este sistema aparentemente lo tolera, es que sectores privados, o incluso mafias, puedan contratar políticos de manera simulada. Eso es intolerable”, señala Azabache.


“La política es parte de nuestra actividad social diaria y no puede estar fuera de las reglas y los mecanismos que todo el resto de actividades ya tenemos establecidos”, argumentó Azabache. 


lunes, 22 de junio de 2015

La agenda pendiente



LA INCLUSIÓN DE NADINE HEREDIA EN LA LISTA DE INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN BELAUNDE LOSSIO

La agenda pendiente

Por César Azabache Caracciolo

La inclusión de Nadine Heredia en la lista de personas investigadas por la Comisión Belaunde Lossio confirma que los casos notables no admiten respuestas elusivas. Bloquear las investigaciones sobre las cuentas originales de la señora Heredia no ha sido útil para nadie. En los casos que tienen impacto institucional, no ofrecer explicaciones claras sugiere que ellas no existen.

Por cierto, los hechos que conocemos hasta ahora (los depósitos originales y los gastos más recientes) no tienen dimensión suficiente para justificar el modo en que están escalando las cosas, pero a veces los casos legales adquieren el tamaño de las reacciones de los involucrados, y no el de las evidencias que los soportan.

Para investigar el caso de la señora Heredia, bastan las reglas de los fraudes en impuestos. Estas reglas bastarían incluso si se confirmara que sus gastos provienen de fondos originalmente captados para financiar la actividad política del nacionalismo.

La enorme porosidad de las reglas sobre financiamiento de partidos políticos posibilita varias formas de fraude, desde el mecenazgo, que supone contratar políticos profesionales como si fueran empleados de empresas privadas, hasta la generación de remuneraciones ocultas sostenidas con fondos desviados de donaciones.

Por cierto, sea cual sea el destino final de las investigaciones sobre los gastos de la primera dama (hoy parcialmente paralizadas por una sentencia judicial), la sola existencia del caso debería ser suficiente para encarar ya una reforma intensa del sistema que imponga a los partidos el mismo estándar de deberes que tienen ahora los bancos para manejar fondos originados en terceros.

De hecho, no encuentro razón que impida que los partidos sean obligados a publicar balances, transparentar las remuneraciones de quienes se dedican a la política a tiempo completo y designar oficiales de cumplimiento.

Tampoco veo algo que impida que se encargue a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fiscalizar sus ingresos y gastos, y a la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fiscalizar las donaciones dirigidas al sostenimiento de actividades políticas y la regularidad de los ingresos de los políticos profesionales.

Por lo que toca al Caso Heredia, la historia no cambia si se confirma que Martín Belaunde Lossio intervino en la organización de la economía del primer nacionalismo. La historia solo cambiaría, de una manera trágica por cierto, si existiera evidencias que mostraran que algún intermediario empleó la porosidad del sistema para colar en el financiamiento del partido fondos de mafias organizadas. Cambiaría también si alguna parte importante de las donaciones percibidas por el partido hubiera sido desviada a un intermediario para financiar negocios clandestinos.

Espero sinceramente que ninguna de estas dos cosas haya ocurrido, pero las referencias muestran cuando estaríamos ante un verdadero caso sobre lavado de activos. Una cosa es apoderarse de fondos destinados a sostener las actividades de un partido para sostenerse a sí mismo y otra distinta contratar a un intermediario para captar fondos de mafias o para invertir fondos recibidos en donación en negocios clandestinos. La línea que separa ambos perfiles es muy clara, y para cruzarla se requiere evidencias y testimonios específicos, no solo sospechas.

En cualquier caso, la oscuridad del proceso es lo suficientemente intensa como para esperar que todos los involucrados admitan que las dudas actuales son perfectamente sensatas y merecen todas las explicaciones que sea posible ofrecer.

Publicado en El Comercio el lunes 22 de junio del 2015

martes, 9 de junio de 2015

Entrevista en La Hora N sobre las tarjetas de crédito que usaba Nadine Heredia


El Dr. Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus el lunes 8 de mayo en el programa La Hora N sobre el caso Nadine Heredia. 

"Si los ingresos y gastos no cuadran, hay que investigar si existen ingresos no declarados. Quien debiera tener la primera palabra es la SUNAT", señaló Azabache.

"Los fondos de Nadine Heredia tiene que ver con esos fondos que se organizan durante la campaña. Deben haber dos investigaciones: uno de los ingresos de Nadine Heredia y otra del financiamiento del Partido Nacionalista. Se debe dividir la investigación en tramos", indicó Azabache.


Las compras de la primera dama

Por César Azabache Caracciolo


1. Lavar activos es algo bastante más complejo que no declarar ingresos o registrar algún deslabone patrimonial. Lavar activos supone que alguien ha establecido un punto de contacto consciente con una mafia en operación o con los frutos de un crimen evidente cometido con alguien. En un segundo momento, supone también agentes financieros o económicos que hacen negocios con lavadores relajando al menos negligentemente los controles que les corresponde mantener sobre el origen de los fondos que emplean en sus transacciones. El delito por lavado de activos se construye sobre la base de una prohibición general impuesta a todos los ciudadanos a prestar servicios o “ponerse a disposición” de quienes necesitan intermediarios para colar en el mercado fondos de origen criminal. Los casos por lavado de activos son formas de cooperación con organizaciones criminales o con criminales evidentes. La especialidad de las reglas que contiene se pierde de vista si confundimos los objetivos de estas prohibiciones con los que corresponden a otros paquetes de delitos, como el enriquecimiento ilícito, los fraudes tributarios o el encubrimiento.


Foto: USI

Puestas así las cosas parece sencillo notar que ni la información sobre los depósito en las cuentas de la señora Heredia que se difundieron en el 2,009 ni la cuestión sobre las compras suntuosas denunciadas al comenzar junio del 2,015 ofrecen un soporte concluyente para una investigación por lavado de activos. Pero no nos confundamos: La información de los depósitos difundida en el 2,009 y la información sobre las compras suntuosas que se ha difundido este mes son asuntos muy serios y merecen, sin duda explicaciones muy claras, vaciadas de cualquier coartada evasiva. Pero no son material para un caso por lavado de activos.

2. La SUNAT está en deuda en este caso. Salvo por algunas singularidades especiales, la información difundida en el 2,009 y la información sobre las compras de la Primera Dama sugiere que ella vive con bastante más comodidad que la que permitiría organizar la remuneración que le asigna el Partido Nacionalista: S/. 6 mil al mes. Por cierto, en este asunto hay una paradoja alarmante. Espero que nadie se ofenda, pero ni una Primera Dama, sin un Alto Magistrado de la Nación ni el jefe de un Partido Político podrían sostener el perfil de actividades e imagen personal que les corresponde desarrollar con una remuneración de esas dimensiones. Sería perfectamente natural entonces que la Primera Dama o la Presidenta del Partido en el gobierno gane bastante más de US$ 2 mil al mes. Y aunque pueda parecer frívolo, me parece absolutamente adecuado que un personaje público como la señora Heredia use accesorios de marca y proyecte una imagen apropiada a los ambientes en que debe moverse. Claro, la Primera Dama en zapatos Ferragamo no es más la bucólica jovencita de jeans y polo de las campañas presidenciales. Pero ese es un problema de imagen y de mensajes políticos. La cuestión es que no parece tener sentido que se pretenda, por un lado, mantener la imagen que concede una remuneración conservadora y por el otro que se asuma una imagen estéticamente adecuada pero evidentemente refinada en gustos que revela el acceso a fondos que sería mas elegante declarar como ingresos propios. La paradoja, por cierto, sólo se resuelve asumiendo las consecuencias tributarias que este desorden genera. Y por cierto, haciéndose cargo de las consecuencias institucionales de un error que proviene de la escasa consolidación que tienen entre nosotros, por desgracia, las buenas prácticas políticas.

3. El financiamiento de la actividad política, en nuestro medio, se mueve en una bruma del más absoluto desorden. Alguna vez conversé con una persona que había intervenido en campañas políticas y que tuvo el desenfado de comentar que el asunto era un excelente negocio: Los fondos para campaña, me dijo, suelen circular en efectivo, de modo que nadie se molesta si los organizadores reservan algo para sí. De hecho, a los organizadores no se les paga formalmente aunque se dediquen a la campaña a tiempo completo. Este esquema que espero sólo describa lo que ocurre en organizaciones de menor nivel, espero que no sea general, supone que el apoderamiento de fondos es una forma de remuneración y supone además lícito proceder sin hacer ninguna declaración en absoluto. Descritas las cosas de este modo, el financiamiento se parece más a los sobornos que a una forma institucionalmente estable de sostenimiento de la actividad política. La matriz entonces (fondos en efectivo sin rendición de cuentas y con tolerancia al apoderamiento individual) es fuertemente corrupta. Y espero firmemente que no sea sostenible en el tiempo. No existe ninguna razón por la cual el financiamiento de actividades políticas no pueda basarse en donaciones formales, susceptibles incluso de descuentos en impuestos, intermediadas por fundaciones que concentren el deber y la responsabilidad de aseguraron que estas actividades no se están empleando para lavar fondos de origen ilegal. Tampoco veo que esta razón alguna que impida que estas fundaciones se encarguen de las remuneraciones de los profesionales de la política mediante esquemas por cierto semejantes a los que mantienen las ONGs desde hace años: Proyectos, actividades docentes, actividades propiamente partidarias son asuntos que requieren dedicación a tiempo completo y por cierto retribuciones razonables. Las normas sobre secreto tributario deberían proteger las remuneraciones de los políticos profesionales, pero a cambio de eso la SUNAT debería controlar el funcionamiento del sistema. La actividad política se organiza como un mercado imperfecto, en la medida en que está basado en subvenciones. Pero en esto no ya nada distinto a lo que ocurre en la actividad humanitaria y social también o en la investigación universitaria.

La crisis que ha provocado el caso Heredia debería entonces servirnos al menos para racionalizar la dimensión económica del sistema político.

4. Las cosas sin embargo podrían mostrarse distintas según lo que la Fiscalía encuentre en sus investigaciones sobre el caso Belaúnde Lossio. La manera explosiva en que Belaúnde Lossio pasó de ser sólo un hombre del entorno del candidato a convertirse en un broker de contratos públicos; su presencia simultánea en Ancash, Chiclayo, Madre de Dios y Cuzco y la probable secuela de casos de fraude al fisco que parecen estar asociados a los proyectos en que estuvo involucrado, unidos a ciertos rasgos comunes que parecen mostrar los casos de desfalco en gobiernos regionales y locales detectados hasta ahora, justifican sospechar (pero ésta aún es sólo una sospecha) que Belaunde Lossio podría ser la bisagra visible de un complejo plan orquestado para un desfalco de dimensiones importantes. La Fiscalía y el Congreso están investigado esta historia, aún incompleta, con un nivel de profesionalismo y seriedad que debe alabarse. En su día, tal vez será necesario que el Informe que está preparando el Congreso se mantenga en reserva hasta que la Fiscalía tenga un caso completo ya organizado que presentar a los tribunales. Pero si las sospechas se confirman (espero sinceramente que esto no ocurra) las dos cuestiones finales que habrá que establecer son (1) Cómo se lavaron los fondos recaudados en ese (por ahora hipotético) esquema de acumulación de fondos basados en sobornos y (2) Si todo o parte de ese (aún supuesto) fondo fue concebido o empleado como fuente de financiamiento de alguna organización política o de algún agrupación de algún tipo en particular o si fue pura y simplemente el resultado de un negocio privado ilegal. Insisto en dejar en claro mi más profundo deseo de que las investigaciones confirmen que Belaúnde Lossio no es lo que parece y que la historia no corresponde a ninguna de nuestras sospechas. Pero mis esperanzas no me impiden observar la gravedad del asunto que tenemos entre manos.

5. La bruma, lo he dicho ya en otra parte, ha poblado la historia del caso Heredia de sospechas que se han acumulado y se han vuelto serias incluso antes de estar confirmadas. Sigo creyendo que la bruma sólo será despejada cuando tengamos ante nosotros todas las explicaciones que esta historia evidentemente exige.


En la revista Ideele N° 250

jueves, 4 de junio de 2015

Entrevista en RPP sobre el Caso Nadine Heredia


Hoy en la mañana, fue entrevistado el Dr. César Azabache por la periodista Patricia del Río sobre el caso de la primera dama, Nadine Heredia, para RPP Televisión.

Azabache señaló que cuando una persona dispone de ingresos no declarados, se debe investigar una evasión tributaria, no se puede atribuir directamente a las personas algo tan complejo como el lavado de activos, que involucra la participación de un criminal que quiere insertar su dinero en el mercado.

“El lavador de activos es un comerciante, un bróker, puesto al servicio del criminal”, indicó Azabache.

“Era buena idea abrir es caja en el Banco de Crédito, pero era mala idea incautarla”, agregó.


En demanda de una explicación




LOS INGRESOS DE LA SEÑORA NADINE HEREDIA

En demanda de una explicación

Por César Azabache Caracciolo

Fue una pésima idea haber dejado en la bruma las investigaciones sobre los depósitos hechos en cuentas de Nadine Heredia a mediados del 2009. La filtración, por cierto, creó una situación institucionalmente incómoda, porque en nuestro medio la revelación de información bancaria está prohibida. Pero los hechos posteriores demuestran que habría sido más útil explicar desde el principio cómo se organizan los ingresos de la señora Heredia antes que dejar que el asunto se sedimentara en el ideario colectivo como una cuestión pendiente, no resuelta o sospechosa.

Los ingresos y el comportamiento financiero de los personajes de la política es un asunto demasiado sensible para tratarlo con evasivas. La manera más clara de demostrar inocencia en estos temas consiste en tomar el toro por las astas y probar la transparencia del comportamiento propio.

Aunque las leyes aseguren que debe presumirse la inocencia de todos, quienes se colocan a sí mismos en la agenda pública asumen un nivel de exposición que les debe hacer sentir obligados, moral e institucionalmente, a cumplir con un estándar de transparencia y claridad mayor al que corresponde a cualquier ciudadano promedio. Necesitamos una explicación muy honesta y detallada sobre el modo en que se organizan los ingresos y los gastos de la primera dama antes que este asunto multiplique el nivel de impudicia y mal gusto que está adoptando.

Si fuera cierto (lo he sostenido antes) que la presidenta del humalismo ha recibido permanentemente fondos donados por terceros para sostenerse, entonces lo que tendríamos no sería un caso por lavado de activos sino un caso de financiamiento político encubierto. Por cierto, si esos terceros registran sus donaciones como si fueran gastos en negocios y la señora Heredia consiente en eso, o si los ingresos no son declarados y son encubiertos de alguna forma, entonces tendríamos un caso de defraudación tributaria. Aunque aparentemente no ha quedado aún suficientemente claro entre nosotros, lavar activos es algo bastante más complejo que no declarar ingresos. Lavar activos supone un punto de contacto consciente con una mafia en operación o con los frutos de un crimen evidente; supone prestar un servicio casi profesional o “ponerse a disposición” para colar en el mercado fondos de origen criminal. Los casos por lavado de activos son formas de cooperación criminal. Los de defraudación tributaria (con ser graves) significan algo completamente distinto.

La bruma, sin embargo, ha poblado esta historia de sospechas que se han vuelto serias aunque no estén confirmadas. Las dudas han cogido la forma de indagaciones sobre el sentido real y la extensión del negocio de Martín Belaunde Lossio (¿era él quien daba cierta uniformidad a los patrones de corrupción detectados en gobiernos regionales distantes entre sí?) y a sus relaciones con Palacio de Gobierno (¿tuvo apoyo o no de Palacio?, ¿compartió sus ganancias o no con Palacio?). Preguntas así de serias requieren respuestas concluyentes confirmadas institucionalmente.

Me gustaría decir que para hacerlas se requiere, además, evidencias (aún inexistentes) que las justifiquen, pero ya es tarde para eso. En situaciones de este tipo la multiplicación de los errores políticos en el manejo de las cosas justifica la demanda de explicaciones muy claras que en situaciones equilibradas serían, por cierto, innecesarias.

Publicado en El Comercio el jueves 4 de junio del 2015

miércoles, 3 de junio de 2015

Entrevista en No Hay Derecho sobre el Caso Nadine Heredia


El abogado Dr. Cesar Azabache fue entrevistado hoy por Glatzer Tuesta, en el programa No Hay Derecho de radio San Borja, sobre el caso de los ingresos y gastos de la primera dama de la nación, Nadine Heredia.

“El caso está afectado por una serie de distorsiones, sin duda las hay políticas, pero también en el plano de lo legal arrastra confusiones. Asimismo nunca fue un caso de lavado de activos, porque se describían pagos con entidades conocidas y se hacían con cierta permanencia en sus cuentas. Eso puede marcar una historia de ingresos no declarados o de ingresos simulados como si fueran honorarios. En todo caso estamos frente a un caso de donaciones políticas encubiertas o un caso de defraudación tributaria.”, señaló Azabache.


La entrevista completa puede escucharse aquí.

jueves, 28 de mayo de 2015

Entrevista en La Hora N sobre el proceso de extradición de Martín Belaunde Lossio


El Dr. Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus el miércoles 27 de mayo en el programa La Hora N sobre el caso Martín Belaunde Lossio y su fuga por un probable soborno


lunes, 25 de mayo de 2015

Tablada de Lurín



MERCENARIOS EN CRECIMIENTO

Tablada de Lurín

Por César Azabache Caracciolo

¿Cuál es el proceso que posibilita que alguien organice la invasión de un predio (sea zona arqueológica o no), que pueda reclutar 100 o 200 voluntarios que se alquilan para simular una acción espontánea, que pueda mantener en la reserva una milicia urbana que espera para arremeter contra la policía y que asuma, además, que puede quedarse con el lugar? Si quieren conocer la respuesta, visiten, por ejemplo, el kilómetro 23,5 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo.

Encontrarán una caseta que vende públicamente terrenos que fueron invadidos en el verano del 2012 por una turba falsamente espontánea que, después de destrozar las marcas y derrumbar el galpón de trabajo de los obreros que estaba en la zona, cedió el paso al grupo de traficantes que dirigió el despojo y ahora cotiza en 120 o 160 dólares en efectivo el metro cuadrado invadido.

A ese precio, casi 20 hectáreas invadidas producen una utilidad de más de 20 millones de dólares, que luego deben ser lavados y que, parece innecesario decirlo, no pagan impuestos ni serán detectados jamás por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Así, tenemos instalado en nuestra economía un mercado clandestino que trafica con el resultado de las invasiones y que está generando un mercado secundario de organización de milicias urbanas que ya hacen más que invadir tierras. Tenemos consumidores a los que no les importa si la tierra que compran está registrada formalmente o no; lavadores de los fondos que se generan en este circuito que, no debería sorprendernos, pronto formarán bancas de usura; y oportunistas metidos en política que están comenzando a alquilar estas milicias para organizar protestas o, preferiría decir, chantajes sociales que les permitan mantenerse en sus cargos.

¿Cuántas invasiones se están comerciando en este momento en Lima? ¿Qué representan estas ventas en términos de generación de fondos de origen clandestino? Todos los mercados descansan en el desarrollo de sistemas de seguridad.

¿No es acaso evidente que un mercado clandestino como el que generan las invasiones está en el origen de las milicias urbanas que actuaron en La Parada, en Ilave y ahora en Tablada de Lurín? ¿No es evidente que milicias como estas tienden a expandirse hasta estar en la base de las prácticas de extorsiones y asesinatos a sueldo que aumentan en la ciudad? ¿O qué creemos que hacen los milicianos en sus “tiempos de para”?

Me pregunto qué ocurriría si una de las fiscalías de criminalidad organizada comenzara a juntar testimonios sobre invasiones organizándolos por zonas, y preparara investigaciones sobre la base de identificar los patrones comunes que cada una revela.

¿Qué pasaría si comenzáramos a abordar el mercado clandestino de tráfico de tierras en nuestro medio, como abordamos el de tráfico de drogas, con operaciones para interrumpir el ciclo de comercialización y atacando no a los consumidores finales, sino a quienes concentran las ganancias de estos negocios?


La Parada, Tía María y ahora Tablada de Lurín demuestran que las invasiones están en la base del desarrollo de un mercado secundario de mercenarios en plena expansión. Las escenas que se han generado en estos incidentes ilustran de manera muy clara la dimensión del riesgo que enfrentamos como país. Detengamos el proceso o nos arrastrará. La decisión es nuestra.


Publicado en El Comercio el lunes 25 de mayo del 2015