NO TOMAR LAS PROHIBICIONES BÁSICAS DE UNA SOCIEDAD EN SERIO REPRESENTA TANTO COMO NO ABORDAR SERIAMENTE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS. ES LO MISMO QUE NO RESPETARNOS.
Con el establecimiento de la República fueron abolidos los castigos impuestos sobre el cuerpo de los condenados, las flagelaciones y las mutilaciones practicadas en plazas públicas. Después de la Segunda Guerra Mundial un enorme movimiento que desembocó en la constitución de Amnistía Internacional ha convertido la tortura en un crimen reconocido por la ley. Otros movimientos en desarrollo promueven aun ahora la abolición de la pena de muerte. En paralelo el terrorismo ha sido reconocido como un crimen distinto a los atentados individuales y a los asesinatos que comenten sus adherentes; el lavado de activos ha tomado forma también como un delito autónomo y las empresas ‘offshore’ y el secreto bancario comienzan a ser mirados bajo sospecha. A principio de los años ochenta se reconoció entre nosotros, en términos prácticos, que el uso de la violencia cotidiana en la educación de los niños está prohibido y ahora se aplican sanciones por acoso a profesores universitarios y jefes de oficina por la imposición de estilos de relación sexista que antes se mantenían invisibles.
La línea de las prohibiciones efectivamente acatadas o sancionadas se mueve con el paso del tiempo. De pronto encontramos que lo que antes parecía usual o cotidiano se reconoce como prohibido y se castiga. Nuestra tolerancia a determinadas situaciones que en verdad son transgresoras se mueve atendiendo a procesos de toma de conciencia sobre el ser y el merecer ser respetadas y respetados. Y se mueve también atendiendo a necesidades de control y protección reconocidas por las autoridades públicas.
Prohibiciones y tolerancia se mueven también en función a la lenta, demasiado lenta entre nosotros, conversión de espacios no regulados en espacios institucionalizados. Estamos comenzando a reconocer que en el país se trafica con niñas y niños, pero todavía no reconocemos que está prohibido comprar predios invadidos por mafias que los ponen en el mercado paralelo, sin títulos formales. “Prohibido pagar sobornos” y “prohibido apoderarte de bienes del Estado” son reglas que no fueron aprendidas por completo en tiempos de la transición pos-90. Pero pueden serlo ahora. Comenzamos a reconocer además que falsos mecenas clandestinos han financiado nuestros partidos políticos, pero no todos han encontrado valor para contar sus historias personales en voz alta.
En estos procesos las curvas de tolerancia se mueven; tienden a estrecharse con el paso del tiempo reduciendo progresivamente los espacios de impunidad “natural”, “asumida como normal”, o desplazándolos a nuevos nichos de impunidad que luego habría que abordar también y desmontar. La magia estriba en que este proceso no crea nuevas prohibiciones. Simplemente activa o redefine algunas que ya existían, pero aceptamos pasar por alto; algunas entre aquellas cuya transgresión venimos aceptando con absoluta naturalidad.
La impunidad es solo un subproducto de nuestra enorme e inaceptable tendencia aprendida a tolerar infracciones con absoluta indiferencia.
¿Cuántas prohibiciones reconocidas como vigentes aceptamos transgredir sin exigir consecuencias prácticas? Deberíamos incorporar entre nuestros indicadores de desarrollo institucional una “tasa de tolerancia aprendida”, una TTA que exprese en un coeficiente la cantidad de abusos frente a los que simplemente somos incapaces de reaccionar. Un país debería poder ser reconocido como “institucionalmente sólido” si la TTA resulta baja. Y debería ser considerado “inelegible” para colectivos como el OCDE, si la tasa resulta alta.
No tomar las prohibiciones básicas de una sociedad en serio representa tanto como no abordar seriamente los derechos de las personas. Es lo mismo que no respetarnos. Y sin respeto compartido conformarse como comunidad se convierte en imposible.
Sin embargo, podemos mover las curvas de tolerancia por nuestra propia iniciativa. “Ni Una Menos” esta ahí, como están los equipos de fiscales anticorrupción y contra la trata de personas. Están también el periodismo de investigación, el movimiento de defensa de derechos humanos y la defensoría. Me gustaría enumerar más agencias de contención de impunidad, pero temo que no abundan. Sin embargo, las pocas agencias que tenemos nos han dado más de una muestra de las cosas que se pueden hacer para confirmar que no somos una comunidad totalmente fallida.
Necesitamos convertir la reducción de nuestra tasa de tolerancia aprendida (que por cierto habrá que medir) en una meta colectiva. Necesitamos ser conscientes de que suma en este proceso cada movimiento que reclame la vigencia de una prohibición, cada acción colectiva que reclame nuevas formas de protección efectiva a personas expuestas, cada demanda de nuevos espacios que hagan posible que la responsabilidad de los infractores sea reclamada y hecha efectiva ante todos, de manera visible.
No es este un momento en que podamos esperar que la construcción de la ciudadanía, condición básica para la conversión de un conjunto en un país, nos venga de algún lugar distinto a nuestros propios espacios de interacción e intercambio.
Se trata de convertir el respeto mutuo en fundamento de nuestra coexistencia.
Publicado en El Comercio, el 26 de agosto de 2019.
