Debate Presidencial 2021: Analistas evalúan las propuestas de seguridad ciudadana y anticorrupción

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, y el exprocurador anticorrupción, César Azabache, analizaron este martes en RPP el segundo día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que solo participaron cinco postulantes.

Seguridad ciudadana

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, indicó que la mayoría de propuestas de los candidatos presidenciales en el bloque de seguridad ciudadana "han sido bastante acotadas" y en algunos un "tanto decepcionantes". Además, consideró que la "mejor propuesta" proviene del candidato Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), y Daniel Urresti por mostrar indicadores claros.

"El general Urresti se ha mostrado como una persona tremendamente ansiosa por querer colocar sus puntos de vista (...) a diferencia de otros candidatos que se han mostrado a establecer el punto fijo de su mensaje. Ollanta Humala se ha concentrado en los temas de seguridad ciudadana y en los éxitos de su Gobierno, ese ha sido el eje de su discurso en este debate al mostrar lo bien que lo ha hecho", dijo

"Alcántara se ha preocupado básicamente en defender el referéndum. Castillo ha estado más preocupado por la nueva Constitución y por enganchar con el sector popular (...) y creo que Hernando de Soto ha estado más preocupado en su currículum y demostrar que sabe demasiado y que ha intervenido en prácticamente en todas las soluciones del país", comentó.

Ricardo Valdéz sostuvo que para atender la seguridad ciudadana debe haber una aproximación mixta en la coyuntura con la Policía Nacional del Perú y una intervención estructural desde el Gobierno. "La política de inseguridad no es una política policial", agregó.

El exviceministro del Interior afirmó que encontró un vacío en las propuestas de los candidatos sobre seguridad ciudadana al no precisar "el cómo lo van a lograr" basado en un correlato presupuestal.

"No he escuchado propuestas concretas, he escuchado una suerte de vista de la batería. No he escuchado cómo se van a poner en práctica. El presidente que entre en julio va a entrar con una economía bastante golpeada y por lo tanto todas las acciones que se quieren hacer no solamente en lucha contra la inseguridad ciudadana, sino en la pandemia y lucha contra corrupción tienen un sustento económico y se tiene que analizar con qué recursos se cuenta", dijo.

Lucha contra la corrupción

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, consideró que las "cuestiones de corrupción" no se convirtieron en un diferencial entre las propuestas y planes de Gobierno de los candidatos a la Presidencia.

"Lo que se va a encontrar es una serie de estados de cuestión más o menos comunes, es decir, todos estamos girando en el discurso general hacia el reforzamiento de las instituciones de persecución del delito de corrupción, la discusión sobre sanciones que debe recuperar la Contraloría para ese tipo de casos, el papel de las procuradurías y su reforzamiento, esto son puntos comunes transversales", dijo.

César Azabache indicó que le llamó la atención que varios candidatos, como el señor De Soto, hicieron comentarios sobre actividades anticorrupción que no están en su plan, y que otros candidatos hablaron de temas generales en el bloque de corrupción.

El abogado experto en derecho penal indicó que varios planes de Gobierno sí tienen una narrativa alrededor de la descentralización en prevención de delitos de corrupción y en algunos de ellos se intenta utilizar las mesas de regidores para producir acciones de fiscalización semejantes a la del Congreso. Sin embargo, señaló "que ese no es el camino".

"La única diferencia fuerte que he encontrado está en el señor Humala, fuera del debate en la puerta hizo un comentario sugestivo sobre la politización de la lucha anticorrupción y el intercambio de funcionarios entre jueces  y fiscales, pero no lo dijo en el debate. Y una propuesta que no voy a llamar interesante, sino singular es la del señor Pedro Castillo: regresar a la muerte civil, que en su discurso lo asocia inmediatamente con denunciar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", sostuvo.

Publicado en RPP el 31 de marzo de 2021

La unanimidad sería sospechosa

Creo imposible negar el impacto que las fiscalías del caso Odebrecht han causado en el sistema legal. El equipo especial representa el punto de llegada de un proceso largo y complejo en el que las fiscalías penales han venido formando una imagen y una eticidad propias, diferenciadas de las judiciales y distintas de las que tenían en los 80. El proceso no es perfecto, como dejó en evidencia la reciente crisis en el equipo a cargo del caso de los llamados “cuellos blancos”, por citar un ejemplo; pero existe y no puede pasar desapercibido. Por alguna razón además ha sido más veloz entre fiscales que entre jueces de primera instancia. Quizás eso explique porqué antes de la pandemia las fiscalías del equipo especial obtuvieron del judicial casi todo lo que pidieron. Las fiscalías impusieron una forma de ver las cosas que impregnó al sistema judicial. El Tribunal Constitucional comenzó a cortar el proceso al anular las prisiones preventivas impuestas a Humala y a Heredia primero y a Keiko Fujimori después. Pero ahora, terminada la segunda cuarentena, el judicial ha comenzado a tomar cierta distancia de las fiscalías. Lo ha hecho con ocasión de dos pedidos sensibles, ambos desestimados este mes: la suspensión de Fuerza Popular y la prisión preventiva de Vizcarra.

Para mirar el proceso que parece comenzar es imprescindible dejar al margen toda preferencia personal. No se trata de insistir en que la señora Fujimori y su entorno aún deben explicar qué hicieron exactamente con casi 3 de los aproximadamente 9 millones de dólares o más que recolectaron en la campaña del 2011. Tampoco se trata de insistir en el significado y alcance de las revelaciones sobre la verdadera conducta de Vizcarra. Para ambas cosas habrá que esperar que estos casos lleguen a juicio, cosa que, hay que decirlo, parece aún lejana. Entender el proceso actual requiere mirar en otra dirección; hay que establecer qué significa que la judicatura le haya dicho “no” a la fiscalía en estos dos casos, que tienen por cierto signos políticos distintos.

En general no debería sorprendernos que el judicial desestime pedidos de la fiscalía, por más sensibles que sean. El sistema legal supone que las fiscalías y el judicial tiendan a pensar distinto. El equilibrio del sistema legal se construye en la continua diferenciación entre fiscalías y tribunales. Es la continua unanimidad, cuando se produce, la que debe llamar a sospecha. Y quizá antes de estas dos decisiones el sistema estuvo aproximándose demasiado a algo semejante a ella.

Es el pasado del que parece que salimos el que debía llamar a sospecha, no el presente que ahora se insinúa.

En las audiencias de esta semana la diferenciación entre la jueza Álvarez y el fiscal Juárez quedó en evidencia en un movimiento que encuentro particularmente ilustrativo. Hemos observado varias veces que las fiscalías tienden a sobrecargar sus pedidos de prisión preventiva, en texto y en palabra, con cuestiones relacionadas a la culpabilidad de la persona investigada, cuando deberían demostrar que realmente necesitan la prisión que solicitan. Esta semana, creo que haciéndose cargo de ese problema, la jueza Álvarez dividió la discusión en dos sesiones, dejando para la segunda la cuestión sobre la necesidad de la prisión. Este movimiento dejó descubierto que el fiscal Juárez tenía un set enorme de evidencias contra Vizcarra, pero no un caso que supere los estándares que el TC impuso en los casos Humala y Heredia y Fujimori para anticipar la prisión.

Lo que surge en la escena no es entonces un triunfo de Vizcarra. Es la imagen de un judicial que comienza a notar que un discurso propio sobre lo que debe hacerse y lo que no impregna de legitimidad su propio entorno institucional.

Más que un buen comienzo, sin duda.

Publicado en La República el 21 de marzo de 2021

Expresión de extrañeza

Estoy entre quienes desconfían de las iniciativas de control político de este Congreso. Salvo excepciones, no encuentro en su conformación visiones claras sobre lo público ni esfuerzos de representación que vayan más allá de pescar cámaras y ganar respaldos clientelistas. En los últimos años, atrapados en la ecuación fujimorismo/antifujimorismo, descuidamos al extremo la manera en que la política se vaciaba de contenido. Hoy parece reducida a un ejercicio plano de captura de posiciones de influencia que terminan subordinadas a intercambios desvinculados de metas institucionales. Entonces desconfío, porque el control político desarrollado en estas condiciones se convierte en algo sospechoso.

Sin embargo, la escena abierta por el caso de las fiscales Castro y Sánchez ha puesto en evidencia más de un problema institucional. Y por una vez el Congreso ha tomado una decisión que no puede desdeñarse de buenas a primeras.

Al margen de las usuales voces altisonantes que se escucharon en el pleno, el jueves 4 el Congreso expresó su extrañeza y malestar por la forma en que se ha conducido la crisis derivada del caso de ambas fiscales. No se ha lanzado a la enorme desproporción que representaría convertir este evento en una cuestión sobre suspensiones o inhabilitaciones. Este es un asunto de responsabilidades políticas, pero no alcanza para eso. De hecho la expresión de extrañeza fue provocada por la inasistencia de la fiscal de la Nación a la Comisión de Justicia, que la citó hasta dos veces para escuchar su versión sobre el escándalo. La moción es una reacción al desplante. Pero fuera del lenguaje de los gestos, el desplante ha ido de la mano de un silencio inexplicable frente a una crisis que se despliega en más de una dirección. Nombrar los reemplazos, algo que logró hacerse más de una semana después del destape, no es lo único que hacía falta. Situaciones como esta solo se superan con un plan claro diseñado para poner las cosas en orden. Ese plan aún hoy brilla por su ausencia. Y su lugar lo ocupa una narrativa que se limita a repetir lo evidente: Que congresistas como Merino o Alarcón ganan si la fiscal de la Nación pierde. Eso ya lo sabemos. Precisamente por eso era tan mala idea generar las condiciones que dan ocasión para algo semejante a una derrota, aunque sea transitoria.

La cuestión puesta sobre la mesa compromete la forma de gobierno y el liderazgo del Ministerio Público. Hasta hace muy poco las fiscalías estuvieron enfrascadas en defenderse a sí mismas en medio de las disputas que provocó el caso del fiscal Chávarry. La fiscal de la Nación ganó legitimidad en esa pelea. Pero hoy el señor Chávarry esta fuera de la entidad. A partir de su salida, los tiempos en el Ministerio Público deberían comenzar a cambiar. Los factores que pueden aumentar o reducir la legitimidad de quien está a cargo ya no pueden depender solo de la defensa de la institución. Ahora deben definirse en atención a ideas claras sobre la gobernanza de las fiscalías y la obtención de resultados medibles en áreas tan complejas como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la defensa del ambiente y la protección a mujeres víctimas de violencia, por citar algunas. Se trata también de tener capacidad para contener a tiempo crisis internas como la que se desató hace unos meses por la cuestión sobre las competencias para investigar a Vizcarra. Y se trata de prevenir y evitar que se produzcan reyertas innecesarias como la que ha dibujado el marco que dio origen a la salida de las fiscales Castro y Sánchez.

Esta crisis ha puesto en evidencia vacíos que es urgente comenzar a resolver. Cambiar la línea del discurso, pero además ajustar la concepción desde la que se están gobernando las fiscalías resulta impostergable.

Publicado en La República el 7 de marzo de 2021

Después de Chávarry

En julio de 2018 las primeras evidencias que se hicieron públicas sobre la red de magistrados denominada “Los cuellos blancos” incluyeron conversaciones que indicaban que César Hinostroza, para entonces juez de la Corte Suprema, se había aproximado a Chávarry ofreciendo ayudarle a manejar su imagen en medios con ocasión de su postulación como fiscal de la Nación.

Varios observadores veían la posible elección de Chávarry con desconfianza, a raíz del papel que se le atribuyó en los años 90, en el periodo de Blanca Nélida Colán, antecedente que le costó el puesto en el 2002. Hacia el verano de 2018 se voceaba que Pablo Sánchez, fiscal de la Nación en funciones, postularía a la reelección.

Gonzalo Chávarry quería el puesto y apoyaba su candidatura en una tradición generalmente respaldada por la Junta de Fiscales Supremos: entregar el cargo al más antiguo de sus miembros. La elección de Carlos Ramos, en 2014, había pasado por alto esa costumbre, pero la crisis derivada de esa elección fue de tal envergadura que la regla estaba, al 2018, “grabada en piedra”. Sánchez era algo más antiguo que Chávarry, de modo que si postulaba, se quedaba con el cargo.

Hinostroza parece haber aprovechado la tensión de ese momento para construir un puente que haría que Walter Ríos, el principal protagonista del caso “Cuellos blancos” llegara a afirmar que, con Chávarry en el cargo, la red tomaba el control de las fiscalías. La historia de la pendiente que sigue a su elección, que incluye su renuncia, su suspensión como magistrado y ahora su destitución, es ya conocida.

Más allá de los personajes, la historia del caso Chávarry muestra las enormes disfunciones que pueden generarse cuando una entidad que debe gestionar un recurso tan escaso como la persecución del delito se gobierna por una regla tan poco sostenible como la antigüedad. La antigüedad de un magistrado puede decir mucho sobre su autoridad en cuestiones legales, pero no dice nada sobre el modo en que puede gobernar una entidad pública.

La antigüedad, de hecho, no tiene anclaje en ninguna regla vigente para encargar un gobierno. No se usa para las presidencias de los poderes públicos; no se usa en ninguna magistratura y no se usa en entidades autónomas como el Banco Central de Reserva o la Defensoría del Pueblo. La antigüedad, de hecho, suele emplearse para conformar órgano consultivos, no para conformar órganos de gobierno.

La Junta de Fiscales Supremos se refugió en la antigüedad después del fracaso de la designación de Ramos Heredia. Pero ese incidente no valida la regla de antigüedad. Solo deja en evidencia que el simple juego de correlaciones y votos en una asamblea tan pequeña como la Junta de Fiscales Supremos no genera por si sola ninguna regla segura de elección.

“Con el caso Chávarry la antigüedad deja en evidencia su insuficiencia como criterio para entregar a alguien en particular el gobierno de una entidad tan sensible como la que reúne las fiscalías”.
Tal vez si adoptáramos la costumbre, que no es obligatoria como en el caso de la Defensoría del Pueblo, de solicitar que la fiscal de la Nación presente un informe de resultados al Congreso o a la comunidad una vez al año podamos estimular el desarrollo de elecciones internas basadas en planes de gestión y políticas explicitas.

Probablemente un esquema de ese tipo alentará además reformas que modifiquen la estructura y la forma de gobierno de una organización que, 40 años después de creada, necesita ya un nuevo impulso para renovarse.

Estamos en tiempos que exigen volver a pensar en la forma en que se organizan nuestras autoridades. La Fiscalía de la Nación no puede ser una excepción.

Publicado en La República el 7 de febrero.

Tráfico de dosis y red de influencias

Ni siquiera los números parecen estables. Al cierre de estas notas, son 479 personas identificadas, más de 200 que ni siquiera estaban vinculadas a los ensayos, las que recibieron dosis en prueba o ya autorizadas en estos últimos 6 meses.

En total, 1,200 unidades internadas al país a solicitud de la embajada China, no sabemos para qué. Otras 2.000 destinadas al tráfico interno.

Hasta hoy son 122 funcionarios por investigar; 8 negociadores, dos ministras y un expresidente que violaron de manera grosera las reglas sobre imparcialidad al intervenir o no detener el tráfico de estas dosis.

Pero ¿quién o quiénes decidieron que estas unidades ingresen al país? ¿Por qué 3,200? ¿Quién o cuántas personas eligieron a los beneficiarios no vinculados a las pruebas clínicas? Los estudiantes, los padres de quienes hicieron este reparto, sus hijos e hijas y las parejas que dependan de ellos, no todas, podrán alegar que confiaron en quien les dijo que podían vacunarse.

Algunos investigadores podrán alegar que confiaron en esa cláusula del protocolo que, aunque en violación de la imparcialidad científica, les permitía vacunarse. El trabajo de la fiscalía, más que extender la lista ciegamente, consistirá en encontrar a los responsables del internamiento de estos compuestos; identificar a quienes calcularon cuántas unidades necesitarían y a quienes organizaron el reparto de estas dosis.

Aquí se tejió una red. No se trata exactamente de una organización criminal, porque no parece tener la vocación de permanencia que caracterizó por ejemplo al “grupo Orellana”, entre otros tantos. Las redes son algo distinto a las organizaciones criminales, pero existen.

Reconstruirlas permite entender el modo en que se organizan los procesos de este tipo, aunque este que parece haberse interrumpido cuando aún quedaban las 861 unidades que ha encontrado la fiscalía estos días; aparentemente el saldo del lote de 2,000 y de las 400 unidades de respaldo que no se emplearon en las pruebas clínicas.

Las tesis sobre conspiraciones casi nunca aciertan, pero los crímenes de tráfico responden casi siempre a una conspiración. Lo que no sabemos es si la red de influencias que se tejió o se estaba tejiendo llegó a utilizarse efectivamente en algún momento, ¿este tráfico fue parte de las condiciones que determinaron que los primeros ensayos aprobados sean los de Sinopharm? ¿Quienes iban a recibir estas dosis retrasaron de alguna manera las negociaciones con otros laboratorios?

Sabemos que la red fue tejida. Sabemos que se le quiso encubrir mezclando autoridades y personas elegidas por ellas con investigadores, enfermeras, estudiantes, asistentes y voluntarios usados como pretexto o como factor de encubrimiento del tráfico. Lo que no sabemos es si la red fue usada alguna vez para algún fin en particular. Al menos no lo sabemos todavía.

Despejar estas dudas requerirá de las autoridades un plan de aproximación al gobierno chino y requerirá además una oferta abierta de clemencia a las personas que recibieron las vacunas; a Sinopharm y a sus representantes. Solo en base a estas aproximaciones las autoridades podrán obtener a una velocidad razonable los testimonios, los documentos y las demás evidencias que necesitan para completar esta historia.

Los procesos por delación y colaboración con la justicia siempre generan escenarios difíciles de manejar. Son procesos incómodos. Pero es imposible dejar de usarlos ante casos plagados de incógnitas como estos.

Esta es aún una historia incompleta. Tendrá culpables, arrepentidos e inocentes. Pondrá a prueba nuestra capacidad para ensamblarnos en pleno desmoronamiento de nuestra confianza en las autoridades.

Pero porque queremos recuperar la confianza, tendremos que intentarlo.

Publicado en La República el 21 de febrero de 2021

Ustedes no nos representan

Los bicentenario. Un colectivo que no delimita su existencia por proclamas de panfleto reivindica sin embargo la muerte de dos manifestantes desarmados, Inti y Bryan, usando grafitis, murales y altares. Estos homenajes no se organizan sobre un texto que busque hegemonía, sino sobre el rostro de las víctimas a las que se recuerda, por las que se demanda justicia. Se organiza en el ejercicio de un duelo compartido que permite sentir la ausencia de los que fueron arrancados violentamente de la calle. La expresión urbana convierte el duelo en un proceso vivo, fundacional. Dos ausencias que confrontan la inhabilidad del Gobierno, que se constituyó sobre el peso de esas ausencias, para hacer algo tan sencillo como reconocer la evidente responsabilidad del Estado en ambas muertes y reparar a quienes recibieron disparos, sin someterles a lo que representa esperar debates judiciales que aún resultan lejanos en el tiempo. Dos ausencias que nos impiden olvidar que tuvimos delante un plan autoritario que fue tan absurdo como puede ser absurdo intentar ponerse de pie tirándose desde el suelo por los cabellos. 

Los grafitis, los murales y al menos uno de los altares han sido atacados más de una vez. La provocación intenta, sin éxito, producir una resaca, una respuesta violenta que de alguna manera iguale al colectivo agredido con el colectivo agresor. La violencia perfecta necesita siempre igualar a quien elige como víctima, retarle hasta convertirle en bestia. No admite que la víctima se mantenga al margen de la agresión que le impone. Pero quienes salieron a las calles en noviembre no se han impregnado de esa violencia que por además les resulta ajena. No han salido a cazar retaliaciones. Los movilizados de noviembre restauraron los altares, volvieron a pintar los murales, han vuelto al grafiti y a las calles a demandar justicia para los caídos y para quienes fueron heridos o heridas en las manifestaciones. 

El lenguaje más bien actual que verbal que explotó en noviembre no ha generado un “anti” que confirme y alimente el mensaje ensayado a gritos por los agresores. No le ha concedido espacio para ensamblar una perversa danza binaria de legitimaciones mutuamente agresivas. La narrativa de quienes se movilizaron en noviembre ha ignorado el mensaje del atacante y se ha alojado en la reconstitución de su recuerdo fundacional; la épica de la protesta. El recuerdo se mantiene aquí intacto en su función de ser recuerdo. Las agresiones del negacionismo se registran como lo que son, ataques que han sido repetidos, pero no serán replicados por un colectivo que encuentra su propio sentido en ser encuentro.  

No deja de llamar mi atención que una sociedad que ha renunciado o ha olvidado cómo ser verbal, como usar el lenguaje como espacio de encuentro, se tope de pronto con un impulso colectivo que muestra tal vocación de ser en el gesto. Noviembre nos ha dejado una expresión de lo que representa decir “no” sin reclamar protagonismos personales. 

El gesto convertido en expresión importa. Pero también importa notar que toda esa inteligencia emocional agregada debe enfrentarse ahora a un proceso electoral que ha sido escrito en otros códigos de referencia. No quiero faltar el respeto a nadie, pero en estas elecciones no tenemos ante nosotros una sola expresión política que corresponda a lo que hemos visto en noviembre. Desencaje casual sin duda. Y es que a veces los relojes no coinciden. Entonces el azar nos impone el desafío de elegir entre discursos que ahora resultan, en mucho, anacrónicos, alejados del tiempo presente 

¿Podrá alguna de las candidaturas ofrecer a los electores una opción que supere el reto expresado en la consigna que convocó las movilizaciones de noviembre?: “Ustedes no nos representan”.

Publicado en La República el 24 de enero de 2021.

SUNAT y el secreto bancario

Encubrimiento y omisión en el 14/11

La recuperación de la carretera en Trujillo ocasionó tres muertes. La represión a las movilizaciones ciudadanas de noviembre en Lima dos. Las investigaciones iniciadas por la muerte de Jorge Muñoz, el 3 de diciembre en Chao, víctima de un disparo de pistola, han permitido identificar un probable autor del disparo, el suboficial Hoyos Agip. Una fotografía tomada por Iván Orbegozo ha permitido hacer lo propio en el caso de las dos muertes del día 30, atribuidas al suboficial Bueno Alva. En ambos casos los hechos revelan el uso de pistolas fáciles de identificar que fueron expresamente prohibidas por la propia Policía antes de la recuperación de la carretera. Había entonces órdenes que no fueron obedecidas. Así las cosas en ambos casos parecen mostrar eventos de responsabilidad individual; dos agentes de la Policía sin conexión entre sí emplean armas prohibidas y disparan sobre personas a las que no había por qué matar.

Al otro lado, las investigaciones sobre la represión de las protestas de noviembre en Lima parecen enfrentar riesgos distintos. Más allá de la buena disposición que muestra la Fiscalía, Ronald Gamarra, que defiende a los deudos de una de las víctimas, ha denunciado públicamente el riesgo de que las investigaciones se empantanen. Los sucesos de Lima no corresponden, como los de Trujillo, al comportamiento individual de agentes que pierden el control y disparan sus armas. Las evidencias halladas en los cuerpos de los manifestantes revelan el uso de municiones de plomo y vidrio en un contexto en el que no ha habido nada semejante a una lluvia de piedras empleada como ataque. Y el evento fue televisado y registrado en video por suficiente tiempo para hacer obligatorio a los mandos interrumpir la represión, evitar que ocurra lo que estaba pasando ante nuestros ojos.

A pesar de las evidencias, la Policía se empeña en negar el uso de las municiones halladas. Y en el relato de Ronald se aprecia una Fiscalía que, con la mejor intención, parece buscar las evidencias de un caso perfecto en los archivos en los que esas evidencias no están o quizá jamás estuvieron. Eso como tratar de saber qué había dentro de las cajas que los subordinados del fiscal Chávarry retiraron de las ofi cinas lacradas por el fiscal Pérez en enero de 2019. Enorme esfuerzo inútil.

Las municiones de plomo y vidrio existen; los videos muestran un ataque frontal de la Policía a los manifestantes; los testimonios recogidos permiten reconstruir las circunstancias en que se perpetraron los disparos y el intento de secuestrar los restos de las municiones extraídas de los cuerpos de los manifestantes. Parece imposible identificar de qué escopeta salió qué proyectil; dónde se almacenaban esas municiones antes de los hechos, quién autorizó que se les emplee y porqué. Se trata de elementos que ni siquiera estaban registrados en los arsenales formales de la Policía. Pero fueron usados. Las evidencias de su presencia están ahí, el intento por eliminarlas también, la omisión perpetrada al no detener el operativo está y no existe una teoría que explique su presencia distinta a la de una decisión de respaldar los hechos y encubrir a los autores directos.

Enorme paradoja. La negación intenta dejar las cosas en la bruma. Pero la negación es precisamente la evidencia que permite, haciendo la diferencia con los sucesos de Trujillo, organizar un caso sobre la responsabilidad de los superiores a cargo del operativo sin necesidad de identificar a los perpetradores directos de los crímenes cometidos.

A veces el caso perfecto no es el que completa todos los requisitos del manual. A veces el caso perfecto es el posible, el que logra presentarse ante los tribunales a tiempo para dejarnos sentir que la justicia aún puede alcanzarse.

Publicado en La Repíublica el 10 de enero de 2021.

Las barricadas

La pregunta por resolver ha sido formulada sobre las tomas de carreteras. La cuestión es si pueden o no ser reconocidas como una manifestación del derecho a la protesta, establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al otro extremo la pregunta supone establecer si las tomas de carreteras, las que hemos visto desplegarse en la Panamericana Sur y la Norte en diciembre, deben ser consideradas y sancionadas como un delito o no, considerando que el Código Penal, en términos literales, sanciona la obstrucción de toda vía pública sin más diferencias. 

 Tal vez la complejidad de la pregunta provenga de un error en su formulación. Tomar una carretera puede ser algo semejante a tomar una vía de alto tránsito, en tanto implique concentrarse en ella o desplazarse por ella. Tal vez las cosas sean más claras si nos concentramos en algo que los sucesos de diciembre incorporaron y no tuvieron los de noviembre: la construcción de barricadas. 

 Por mi parte no encuentro que los colectivos tengan derecho a instalar barricadas en las carreteras. Reconocer un tipo de actividad como ejercicio de un derecho importa establecer el deber de las entidades del Estado de proteger su desenvolvimiento. Creo que los manifestantes que se reúnen a protestar en una plaza pública y se concentran o desplazan por calles adyacentes o incluso por las carreteras deben ser protegidos por las autoridades. Pero no encuentro manera de pretender que se proteja barricadas o se impida a la policía desmontarlas si puede intervenir en ellas a tiempo y con el mínimo de violencia física posible. Por eso no encuentro que tenga sentido tratar las tomas de carreteras, por sí mismas, como delitos. Las tomas de carreteras o de vías públicas son el punto de explosión de procesos de marginación institucional sostenidos por demasiado tiempo con el aval del Estado. Entonces las responsabilidades por el origen del evento deben reconocerse como compartidas. A partir de este reconocimiento, el discurso de la criminalización debería ser excluido del debate. O instalado en el uso de dispositivos prohibidos. Porque está más que claro que el derecho a la protesta no incluye el uso de armas, el ataque a la propiedad privada o pública y tampoco la instalación de barricadas. 

 Las protestas necesitan protocolos que incluyan límites. Remoción de las barricadas en un plazo determinado cuando la policía llega tarde y no pueda desmontarlas sin violencia; espacios de circulación de ambulancias y de protección para personas vulnerables; treguas para desentrampar la circulación por la vía; protocolos para que los manifestantes mismos reconozcan en su verdadero significado y eviten desbordes vandálicos; mesas de negociación que hagan visibles a los dirigentes de la protesta cuando ello sea posible; procedimientos de generación de representaciones espontáneas allí donde nos las haya establecidas; reflejos inteligentes y símbolos de respeto y reconocimiento. En fin, un lenguaje nuevo de relación que reconozca que la política ha salido de los pasillos del Congreso para instalarse en el mapa de conflictos sociales que ensamblan la Defensoría del Pueblo y la PCM. 

 La quema de una ambulancia en la Panamericana Sur, absurda e innecesaria, justifica notar que las protestas sobre carreteras, por definición, pueden incluir niveles mayores de riesgo que las protestas urbanas. Pero por eso es imprescindible impregnar de responsabilidad las manifestaciones. No es posible exigir el cumplimiento de deberes a quienes no reconocemos al mismo tiempo como sujetos de derechos. 

 Quienes han sido marginados por demasiado tiempo se impregnan también de la exclusión a la que los redujimos. Por eso el proceso será largo. Sin embargo solo puede ser completado si decidimos iniciarlo.

Publicado en La República el 27 de diciembre de 2020.

Cuando el error se convierte en un estorbo

El gobierno del presidente Sagasti se inauguró con una promesa sobre el modo de manejar las secuelas de las marchas del 14 de noviembre. Mañana habrá pasado un mes desde entonces. Y hasta ahora el gobierno no ha avanzado ni siquiera en la indemnización a las víctimas y a los heridos. No encuentro explicación a esto. Si encuentro sencillo describir, no explicar, por qué el gobierno no ha podido avanzar en investigaciones que, por lo que le toca, solo requieren una rápida confirmación pública de tres cosas básicas: de dónde salieron los proyectiles de canicas y plomo que se lanzaron sobre el cuerpo de las víctimas; quién autorizó que se portaran y quién ordenó disparar.

El gobierno se entrampó a sí mismo con la destitución impulsiva de 18 generales de la policía. Había que publicar a tiempo el nombre de quienes determinaron que el 14 de noviembre tuviera la forma específica que tuvo. Había que separarlos; no ofrecerle la absurda coartada de esconderse detrás de un colectivo purgado sin fundamentos objetivos.

La purga se ha convertido en un estorbo. Nos ha impedido generar un nuevo protocolo de actuación de la policía frente a manifestaciones. El derecho a la protesta está definido o está en pleno proceso de definición al menos. Impulsado su reconocimiento por las marchas del 14 de noviembre, deberíamos estar modificando ahora mismo los códigos de referencia con los que se organiza la reacción de la policía cuando un grupo organizado o un colectivo espontáneo se lanza a las calles o a las plazas o a las vías para hacerse escuchar.

Los protocolos aplicables a estos casos deberían abandonar ya el eje de la contención y el ataque para pasar a definirse sobre un perfil de protección a las personas que protestan. Basta una comunicación pública previa para hacer explícitos los límites que no deben transgredirse en una marcha o en una concentración pública o al interrumpir una autopista. Basta con publicar los procedimientos que deben respetarse para contener el bloqueo a ambulancias o la exposición de niños y mujeres embarazadas o personas vulnerables a situaciones de peligro.  Basta con marcar plazos y treguas obligatorias.

No es complejo. Pasa solo que la purga nos estorba. La purga ha vuelto el proceso de construcción de la memoria de noviembre de este año un asunto confrontacional, no dialógico. Bastaba un gesto público; algo como lo que hizo la policía de Florida con ocasión de las movilizaciones por la muerte de George Floyd: hincarse de una rodilla ante todas y todos. Tendríamos que haber forjado un espacio que permita a los manifestantes de nueva generación y a la policía encontrarse, reconciliarse. Pero en lugar de eso la purga ha abierto el espacio por el que transitan cosas como el ataque al mural pintado en homenaje a Bryan e Inti y el atrevimiento de siete congresistas, liderados por Merino, que pretendieron poco menos que vetar la exposición de fotografías de las protestas abierta esta semana en el LUM.

Son demasiadas las voces que han dejado en claro que la remoción de la mayoría de los 18 generales purgados no ha tenido sentido. La lista de purgados no refleja una acción arreglada a facilitar las acciones de investigación sobre lo ocurrido el 14 de noviembre. Simplemente no tiene sentido.

Pero siempre está el reconocimiento como opción. La mejor manera de enfrentar un error es aceptarlo en su entidad. Disculparse, pedir perdón, hacerse responsable; los formatos son variados. En cualquiera de ellos se trata de asumir el peso que se genera cuando el error se convierte en un estorbo.

El presidente nos ha dicho que no le tiembla la mano cuando escribe, cuando acaricia ni cuando golpea.

Espero que tampoco le tiemble ahora, cuando le toca reconocer que se está equivocando.

Publicado en La República el 13 de diciembre de 2020.

Antes de seguirnos destrozando

Escribo esta nota lamentando la confrontación que ha estallado entre este diario y la fiscalía especial que dirige Rafael Vela. La disputa se ha organizado alrededor de una versión sobre el comportamiento de la fiscalía en el caso Vizcarra que afirma que al menos uno de los delatores del caso Vizcarra habría sido inducido a declarar contra él por la propia fiscalía. Además la propia fiscalía habría filtrado a la prensa copias de las declaraciones contra Vizcarra con el propósito de provocar su vacancia y precipitar la imposición de Merino como presidente de la República. 

Hay muchas cosas por discutir aquí. Estimo que el caso Vizcarra no debe depender de las versiones de los delatores, sino de las evidencias que haya reunido ya y aún pueda obtener la fiscalía. Las evidencias no pueden ser inducidas; existen o no existen; se obtienen o no se obtienen, eso es todo. Sobre la cuestión de las filtraciones, he notado ya hasta qué punto es imprescindible que las fiscalías comiencen a usar procedimientos de apertura equilibrada de información a los medios basados en vocerías y ruedas de prensa que eliminen la sombra de dudas que se levanta cada vez que aparecen en los medios fotocopias de documentos de investigaciones penales reservadas (LR, 30/10/2020).  

Pero el asunto más importante a revisar proviene de la teoría sobre la conspiración contra Vizcarra. Imagino fácilmente a Merino conspirando. Pero no imagino a los fiscales Juárez ni Vela en medio de esa conspiración. Creo que una teoría así de concluyente, que si llegara a confirmarse descalificaría permanentemente a dos de los mejores fiscales del medio, requiere el apoyo de evidencias confiables e indiscutibles. Al momento de escribir estas líneas, debo decirlo, no veo evidencias que reúnan estas características.  

Encuentro en cambio imposible dejar de notar que somos nosotros mismos, como comunidad (me incluyo e incluyo a la propia fiscalía en esto), quienes hemos abierto el espacio que permite que teorías como la de la conspiración contra Vizcarra, basadas en impresiones legítimas pero puramente circunstanciales, adquieran ribetes categóricos o concluyentes y generen consecuencias drásticas sin controles estrictos sobre sus fundamentos.  

Digo esto porque encuentro en la teoría de la conspiración contra Vizcarra una estructura narrativa muy semejante a la que las propias fiscalías están usando para sostener que Fuerza Popular debe ser suspendida como si fuera una organización criminal constituida únicamente para lavar activos. Pero además encuentro una narrativa muy semejante en las disputas que hace poco pusieron en cuestión la cohesión de las fiscalías encargadas del caso de los llamados “Cuellos Blancos”. También la encuentro en los intercambios públicos que marcaron la contienda por las competencias fiscales para dirigir el caso Vizcarra. Y la encuentro en el anuncio de una posible querella de las fiscalías contra LR.  

Estamos usando esta manera de organizar nuestros discursos desde más de un lado y en más de una dirección. Admitimos con una condescendencia que ahora lamento teorías inclementes lanzadas contra otros y otras antes de haber confirmado la solidez de lo que estamos diciendo o de haber considerado con cuidado las consecuencias de decirlo.  

Debemos abandonar esta manera de agredirnos. Esta forma de tratar asuntos que requieren más calma ha mostrado ya ser por completo ineficiente. Nos está dividiendo en dos o en más pedazos. Nos está dejando incapacitados para encontrar soluciones equilibradas a problemas que merecen ser tomados bastante más en serio.  

Tenemos que salir de esta espiral, porque esta espiral nos está devorando. Salir sin un atisbo de impunidad. Pero salir; no quedarnos atrapados en esta enorme caja de disputas.

Publicado en La República el 29 de noviembre de 2020.

Demanda competencial en el TC

Entrevista en Canal N, el 19 de noviembre de 2020

 

Rutas de salida

En las calles se etiquetó la instalación del gobierno de Merino como un golpe de Estado. Hasta anoche la referencia apelaba a la forma en que el proceso iniciado el día lunes representaba una ruptura. Hoy expresa la indignación que producen al menos dos asesinatos perpetrados a mansalva. 

Esta crisis, hasta el cierre de estas líneas, nos viene costando ya dos muertes. Dos jóvenes asesinados por la absurda insistencia con que se ha intentado contener una protesta legítima contra una imposición absurda. Perpetradas estas dos muertes la única ruta admisible de salida de esta crisis es la renuncia inmediata de Merino y de los ministros de este gabinete.  

De todos. Porque Merino no debe gobernar.  

Hasta anoche pensaba que debíamos dirigir la protesta hacia el Congreso, para impulsar la negación de la confianza al gabinete de Florez Araoz. Cierro esta versión de mis comentarios a media noche, comenzando el día 15. Y en este momento pierde absolutamente todo sentido cualquier cosa distinta a que Merino y el gabinete en pleno se vayan de inmediato. Ahora la fiscalía debe iniciar una investigación penal dirigida a establecer quien autorizó que se use en la represión de estas movilizaciones armas letales, quien no lo evitó, quien quiso no enterarse.  

Ahora se trata de establecer la responsabilidad que resulta de al menos dos asesinatos.  

Esto ya no es solo una cuestión de arbitrariedades. Es una cuestión referida a la perpetración de crímenes de violencia física directa.  

La tarea, además de la fiscalía, está entonces en el Congreso. El señor Merino debe renunciar y su gabinete completo también. Los crímenes perpetrados deben ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Y nadie debe reemplazar a los ministros de Merino hasta que Merino se vaya, para luego responder por lo que ha hecho o dejado hacer.  

El Congreso debe reemplazar de inmediato a la mesa directiva y elegir una segunda mesa que quede lista para establecer, en un procedimiento abierto ante todas y todos, quien ocupará la presidencia de la república. Todas las bancadas deben declarar que no concederán la confianza a nadie a quien Merino pretenda presentar como ministro. La Fiscalía de la Nación debe abrir investigación contra él por los asesinatos cometidos aunque deba suspenderla, en tanto se pretende presidente. Luego, cuando el Tribunal Constitucional resuelva que su posición como presidente fue producto de una forma inaceptable de usar las reglas sobre vacancia, y podría hacerlo esta semana, la fiscalía podrá levantar la suspensión para proceder contra él directamente. Porque lo que ha hecho o dejado hacer no lo hizo como congresista, y tampoco como presidente legítimo.  

Mañana en el Congreso debemos tener otra mesa directiva. Una organizada atendiendo a las demandas de la ciudadanía, de electoras y electores, a los que se supone que el Congreso representa. La nueva o el nuevo presidente del Congreso debe asumir la presidencia de la república en cuanto Merino renuncie. El nuevo gabinete debe ocupar ese espacio moral que el actual ni siquiera rozó. De modo que debe ser ensamblado de una manera enteramente distinta.  

El proceso constitucional sobre el significado de la incapacidad moral permanente sigue ocupando en este proceso una importante función. Lo que está en discusión allí es el alcance de una regla imprecisa que se empleó en la imposición de Merino como presidente. Hoy queda absolutamente claro que el Tribunal debe aceptar que la interpretación de esta confusa fórmula no puede justificar cosas como las que comenzaron el lunes que pasó.  

El equilibrio se obtiene si el Congreso hace lo que nunca debió dejar de hacer: Estructurar una salida política negociada en condiciones socialmente aceptables.  

Comencemos. No tenemos tiempo que perder.

Publicado en La República el 15 de noviembre de 2015.